Puerto Rico ha estado siempre sometido a una junta de control colonial. Desde los tiempos en que los gobernadores eran nombrados directamente por la metrópolis hasta nuestros días han sido los Estados Unidos quienes han mandado sobre los asuntos importantes del país. El gobernador y la asamblea legislativa, siempre han tenido que actuar dentro de los parámetros de la ley de relaciones federales. La discusión en el Congreso norteamericano de la posible imposición de una junta de control fiscal, cuyos poderes le darían autoridad para suplantar al gobernador y la asamblea legislativa en la toma de decisiones sin tener que dar cara por ello ni rendir cuentas a nadie, dramatiza esta vergonzosa verdad. La momia del Estado Libre Asociado ya no aguanta más remiendos, y tras sus vendas hechas cantos se devela, con todo su hedor y putrefacción, la indignante realidad colonial denunciada siempre por el independentismo.
Por eso, tal y como ha planteado este periódico en su editorial de hoy, nuestra candidata a la gobernación, María de Lourdes Santiago, ha insistido en reiterar como punto prioritario en su agenda el reclamo histórico del Partido Independentista Puertorriqueño de exigir al gobierno norteamericano que cumplan con su responsabilidad descolonizadora. Más aún, luego de que el Presidente de los EE. UU. admitiera, por voz del Procurador General, en su propio Tribunal Supremo el engaño perpetrado en la década del 50 y hacer alarde de los poderes plenarios que sobre Puerto Rico tienen.
Ahí está el proyecto de Asamblea de Estatus (http://mariadelourdesgobernadora.com/wpcontent/uploads/2016/02/ps719.pdf) radicado por la senadora Santiago desde principios del 2013 durmiendo el sueño de los justos, junto a otras medidas también radicadas. Ahí está la renuencia del presidente del Partido Popular, David Bernier, a tan siquiera sentarse a conversar con el presidente del PIP, Rubén Berríos, y el Presidente del PNP, como representantes de las diversas alternativas ideológicas, sobre la posibilidad de articular una exigencia conjunta al Presidente y el Congreso de los EE. UU. para que atiendan nuestro problema de estatus. A pesar del incuestionable nivel de indefensión política, económica y social que hoy nos impone el ELA colonial, el liderato popular se obstina en su actitud inmovilista.
Ya las advertencias hechas por el PIP, por más de cuatro décadas, a los efectos de que la estrategia institucional de acentuar aún más la dependencia no impediría el colapso total del sistema económico del ELA, se han cumplido.
Desde la década del 70 y de manera actualizada en décadas posteriores propusimos un nuevo plan de desarrollo económico dirigido a retener el capital manufacturero norteamericano y, además, a atraer capital adicional de otros países industriales. Sin embargo, tanto gobiernos populares como estadistas se hicieron de oídos sordos e ignoraron las propuestas del PIP.
Llegó la hora de delinear una nueva estrategia, amparada en los poderes de la independencia, que nos permita insertarnos en la economía globalizada del presente para abrirle paso al capital puertorriqueño, proteger racionalmente nuestra producción agrícola e industrial, ampliar las fuentes de capital y atraer empresas tanto norteamericanas como japonesas, europeas y de otras partes del mundo, mediante tratados comerciales de carácter multilateral.
Lo otro, a corto plazo, es no volver a cometer el error de votar por los líderes del PNP y del PPD. El PIP le ofrece a Puerto Rico una excelente candidata. Sobre cómo el país gana votando por María de Lourdes Santiago hablaremos en nuestra próxima columna.
