Justicia Contributiva
Por: Calixto Negrón Aponte
Secretario Comunicaciones PIP
Publicado en Periódico Metro
05 septiembre 2014
Durante décadas de alternancia en el poder, los líderes populares y penepés, en alianza y contubernio, han tomado las peores decisiones para el país. A los más acaudalados le aprueban privilegios y exenciones. Para las familias trabajadoras, los pensionados y los sectores más vulnerables, le brindan la imposición de un IVU que ha encarecido abusivamente su costo de vida, la instauración de una política de despidos insensible, la condena a la pobreza y la desesperanza de miles de ciudadanos en la etapa más vulnerable de sus vidas con la destrucción de los sistemas de retiro, y la aprobación de un conjunto de leyes que les arrebata a los trabajadores de golpe y porrazo derechos y beneficios que les ha tomado décadas conseguir a fuerza de sacrificio, sudor y lucha.
En el tema contributivo, las acciones, propuestas o reformas implementadas por estos dos partidos también han sido erradas y devastadoras, al punto en que tienen al país sumido en una crisis fiscal y económica que nos lleva jalda abajo. Por eso a muchos sectores les causa suspicacia y temor escucharlos hablar sobre iniciativas para un nuevo sistema contributivo. Todos nos preguntamos si los que actualmente están en el poder -el PPD- tienen idea de la urgencia de transformar el sistema contributivo de Puerto Rico para garantizar su progresividad y eliminar el peso confiscatorio al que está sometido el contribuyente asalariado.
Cualquier esfuerzo debe ir encaminado, en primera instancia, a superar las fraudulentas propuestas pasadas del PNP y del PPD con las que han perpetuado su visión proteccionista a unos sectores que no han aportado lo justo en términos contributivos. El PIP ha insistido en que cualquier reforma contributiva tiene que ser una integral y debe poner a pagar contribuciones justas a los que más tienen, como las megaempresas extranjeras exentas, y aliviar la carga de los que menos tienen y más necesitan.
Específicamente proponemos una re-estructuración de las tasas contributivas aplicables a las empresas que cualifican para incentivos contributivos de manera que paguen, como máximo, una tasa de 10 por ciento sobre su ingreso neto de operaciones y que paguen no menos de 5 por ciento, cuando apliquen los créditos y deducciones especiales a las que tengan derecho.
Ya hay evidencia que con una Reforma Contributiva Integral en la que se ponga a pagar más a este sector corporativo exento, como por décadas lo ha propuesto el PIP, se asegura que la recaudación de impuestos por parte del gobierno sea una eficiente y justa. La adopción parcial por parte de la administración de Luis Fortuño, y que el actual gobierno del PPD extendió, de imponer un tímido cuatro por ciento a filiales de corporaciones extranjeras que operan en la isla, es la tabla de salvación que ha evitado la bancarrota del gobierno.
Además, es indispensable la reducción de las tasas contributivas aplicables a los distintos niveles de ingreso, la eliminación total del arbitrio general y del IVU estatal y municipal, y revisar el esquema de deducciones y créditos contributivos para los individuos.
En fin, debe ser una Reforma Integral que garantice, avance y fomente de manera efectiva la implantación de un modelo que cree las bases para un sistema contributivo orientado por el principio de justicia social y equidad, aumente la actividad productiva y el empleo, y eleve los recaudos para estimular las actividad económica en todos los sectores, incluyendo la promoción de cooperativas y de corporaciones de trabajadores. Veremos si hay voluntad para hacer, lo que hay que hacer.
