El PIP en la Legislatura, en tiempos de la Junta Colonial

Durante el pasado proceso eleccionario algunas personas me cuestionaban por qué ir a la Asamblea Legislativa en una época en la que la Junta de Control Fiscal era quien iba a determinar la legislación y a tomar las decisiones de política pública en Puerto Rico. La contestación a dicha interrogante es diversa. No obstante, la más fundamental es la importancia de la presencia, la voz y la acción del independentismo en dicho cuerpo. Somos la voz y la acción de la fiscalización, del cuestionamiento, de la denuncia, de presentar otras opciones viables para el desarrollo de nuestro país desde la verdadera oposición que siempre es necesaria en cualquier foro, particularmente en la Legislatura, puesto que es ahí donde se aprueba la legislación que afecta a todo el país.

 Estos dos primeros meses demuestran claramente la importancia de dicha presencia. En primera instancia, al igual que en cuatrienios pasados, se mantiene la abominable práctica de sesionar hasta altas horas de la noche y de aprobar medidas rápidamente y a última hora. Un ejemplo ilustrante, de la crasa falta de transparencia, fue la aprobación del proyecto que trasforma el ordenamiento legal en el servicio público, el llamado ‘empleador único’, proyecto que objetamos durante las vistas públicas al plantear graves problemas de violación de derechos constitucionales. Sin embargo, el mismo se aprobó aun con dichas violaciones, razón por la cual ya radicamos legislación para atender cuanto antes esas faltas.

 Asimismo, la presencia del PIP en la Legislatura ha permitido denunciar y hacer públicas las consecuencias que conlleva la aprobación de la reforma laboral, la liberalización de las llamadas Alianzas Públicas Privadas, la extensión de la Ley 66 –aprobada en el pasado cuatrienio y que le entrega al Gobernador poderes que le pertenecen a la Cámara  y al Senado– el establecer como política pública el pago a los bonistas por encima de los servicios esenciales al país, el intento de revertir legislación ambiental –como es el caso de la prohibición del uso de bolsas plásticas en el comercio–  y de declarar vehementemente que la salud, los servicios de salud, no pueden estar en manos del lucro, y sobre la necesidad de optar por un Plan Universal de Salud como por décadas ha reclamado el PIP para hacer justicia a todos los ciudadanos.

 Durante la pasada semana estuvimos inmersos en el proceso de discusión de la nueva ley de permisos, que es otra estocada neoliberal al proceso de planificación y de preservación de recursos importantes para el futuro del país. Son múltiples la instancias de cuestionamiento legislativo y de mostrarle al país las nefastas consecuencias de estas leyes sobre la ciudadanía.

 Por otro lado, también hemos presentado legislación de diversos tipos en áreas como la protección del ambiente, economía, salud, desarrollo social, laboral. En la discusión de los proyectos de enmienda a la Ley 54 insistimos en la necesidad imperante de incluir la educación sobre perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad. Cuestionamos también la ausencia del matrimonio igualitario en el proyecto para una nueva ley de adopción, que representa un burdo retroceso en la reivindicación de los derechos humanos. Queda mucho trabajo por hacer y el compromiso de los legisladores del PIP es continuar siendo agentes fiscalizadores y de continuar denunciando las acciones de esta Asamblea Legislativa que se ha convertido en vocero y portavoz de la Junta de Control Fiscal. Una lectura de las legislaciones aprobadas, los proyectos ya convertidos en ley, particularmente en las exposiciones de motivos y en las declaraciones de política pública, demuestran claramente el cumplimiento y entrega total para con los mandatos de la Junta de Control Fiscal. 

Durante la discusión del proyecto del plebiscito a celebrarse el próximo 11 de junio planteamos que la redacción del mismo estaba sesgado a favor de la anexión. También cuestionamos que el Secretario de Justicia federal certificara las opciones de estatus. Desde el hemiciclo expresamos nuestra oposición al proyecto tal y como estaba redactado y, junto al Senador Juan Dalmau, insistimos en enmiendas que modificaran las definiciones de libre asociación e independencia. Enmiendas que fueron aceptadas. No obstante, desde el punto de vista político, el Partido Independentista Puertorriqueño decidió participar en tal plebiscito y nosotros estaremos defendiendo la soberanía nacional. No permitiremos que los anexionistas se despachen con la cuchara grande. Cada voto por la soberanía nacional, será un clavo en el ataúd de la estadidad.

 Durante estos próximos años de arduo trabajo legislativo vamos a continuar con la agenda trazada de justicia social mediante la presentación de proyectos de ley que estimulen una discusión de los mismos para beneficio de todos –y no de unos pocos– y a su vez, reclamar una denuncia a la legislación neoliberal presentada por el Gobierno de Puerto Rico.

La presencia de los legisladores del PIP va dirigida a ser la voz de aquellos que no tienen voz ni visibilidad en la Legislatura. Nuestro propósito es de recibir y servir de apoyo a los distintos grupos de interés, ya sean los sindicatos, grupos en pro del ambiente, trabajadores, estudiantes, grupos que defienden la equidad de género y sectores marginados a que continúen teniendo, como ha sido históricamente, un lugar de trabajo, un espacio donde puedan ser escuchados para que formen parte de este proceso legislativo. Ese es el compromiso de los legisladores del PIP y lo continuaremos llevando a cabo durante el transcurso de este cuatrienio.