Actitud "antiobrera"
9 de enero de 2008
Laura N. Pérez Sánchez - Prensa Asociada
SAN JUAN — Para el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la determinación de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de descertificar a la Federación de Maestros es una muestra más de la actitud antiobrera de la administración popular.
El candidato independentista a la gobernación, Edwin Irizarry Mora, dijo sentirse "consternado y sorprendido" por la decisión que, a su juicio, atenta contra la libertad de expresión de los maestros federados.
"Es la manifestación más contundente de la política antiobrera de la administración de Aníbal Acevedo Vilá... La orden de la Comisión contra la Federación de Maestros se convierte en una nueva Ley de Mordaza contra el sindicalismo puertorriqueño", indicó en conferencia de prensa.
Y es que los líderes del PIP entienden que la sanción impuesta por la Comisión no es correcta en derecho, ya que para ellos la mera aprobación de un voto de huelga no constituye una violación a la Ley 45 de sindicación de los empleados públicos.
"Lo que la determinación de la Comisión hace es violentar el derecho a la libre expresión. Lo que la Federación hizo fue expresar su determinación de ir a la huelga, no ejecutarla", dijo, por su parte, el comisionado electoral del PIP, Juan Dalmau.
El funcionario político argumentó que, aunque la ley también prohibe la promoción de la huelga, ese concepto no aplica a la aprobación de un voto de huelga, sino a las actividades que se realizan durante la protesta, como impedir la entrada al lugar de trabajo, entre otras.
El martes, la Comisión de Relaciones del Trabajo emitió una orden de descertificación contra la Federación de Maestros —representante exclusivo del magisterio— tras determinar que el sindicato violó varios artículos de la Ley 45 de Sindicación al promover la huelga.
Rafael Feliciano, presidente de la Federación, adelantó que apelaría la determinación por considerar la Ley 45 "inconstitucional".
Entre las disposiciones de la orden, la Comisión solicita a la Federación de Maestros que someta por escrito los nombres de cada uno de los delegados que estuvieron presentes en la asamblea en la que se aprobó el voto de huelga, lo que Irizarry Mora catalogó como "carpeteo".
La orden dispone, además, que los líderes de la Federación de Maestros —incluyendo a los más de 1,000 delegados que participaron en la asamblea— serían impedidos de participar en la directiva de cualquier organización sindical que solicite ser certificada como representante exclusiva del magisterio por los próximos cinco años a partir de la descertificación.
También impone al sindicato una multa de $30,000
