#Puerto Rico sin IVA

Por: Juan Dalmau Ramírez
Secretario General PIP
Publicado en El Nuevo Día
13 marzo 2015

JuanDalmau11Tristemente, el país hoy ve de frente el resultado de una guerra avisada. Durante décadas, el Partido Independentista Puertorriqueño ha advertido sobre las consecuencias de un sistema contributivo desigual e inefectivo y de una estructura gubernamental cimentada sobre la politización y la incompetencia. El llamado a atender el problema toma una nueva, pero igualmente atropellada forma a través del proyecto del Impuesto al Valor Añadido.

Hay que señalar el argumento falaz de que "en más de 150 países en el mundo...tienen sistemas contributivos para que tribute mayormente el consumo". La realidad es que un IVA requiere, para ser exitoso, una economía con posibilidad de crecimiento, medidas que permitan combatir la regresividad, y un aparato gubernamental con capacidades reales de recaudo y fiscalización. Ninguno de esos elementos existen en Puerto Rico.

Tampoco se puede ignorar la contradicción que el gobierno ha querido promocionar: alega la administración que el IVA logrará que se aumenten los recaudos, pero que a la misma vez, proveerá para que los puertorriqueños "estén mejor". La realidad es que esos nuevos recaudos no procederán de las empresas foráneas, y no están atados a los intereses privilegiados que reciben deducciones, exenciones y créditos.

Serán los sectores locales los forzados a pagar para cumplir las expectativas del gobierno. El Departamento de Hacienda ha aceptado que el resultado inmediato de los cambios contributivos propuestos será una contracción económica. En el caso de los pequeños y medianos comerciantes, el IVA aumentará la enorme desventaja que tienen ante los grandes comercios extranjeros. Para la mayoría de las familias, cuyo consumo principal (contrario a lo que sugiere el gobernador cuando indica que "ahora tú escoges cuánto tributar") no es opcional, sino de subsistencia, el aumento en el costo de vida les dejará con menos ingreso disponible, y en muchos casos, obligados a prescindir de bienes o servicios esenciales.

El PIP propone una revisión de todas las leyes contributivas y de incentivos, de tal forma que el puntal del sistema contributivo sea la capacidad de pago real de cada uno de los sectores que componen nuestra economía. Si las empresas foráneas pagasen 10% de tasa contributiva efectiva, los recaudos del gobierno central serian de $3,000 millones.

Hay que partir de la realidad económica de un país que en el curso de siete años ha perdido el 20% de los empleos remunerados. Esto se refleja en la responsabilidad contributiva, con empresas cobijadas por decretos que les permiten contribuir al bienestar común con una migaja (tributando a una tasa efectiva de un 2% a un 4%) mientras que los individuos pagan al estado, casi una cuarta parte de su ingreso.

La deuda pública es impagable. El gobierno tiene que asumir la realidad fiscal tal y como es, y proceder con iniciativas para la renegociación de la deuda.

Cualquier esfuerzo de reestructuración contributiva presupone además un Departamento de Hacienda funcional, moderno y efectivo. Si vamos a empezar por reestructuraciones, empecemos por la del Departamento de Hacienda.

Finalmente, es imperativo atender el tema de fondo. En el más reciente editorial de la revista Bloomberg titulado "Helping Puerto Rico Prosper", luego de analizar la crisis económica del país concluye lo siguiente: "Such regulatory and legal oddities are the product of the island's century-plus status limbo... Sooner or later, Puerto Rico's inhabitants will have to decide their island's future destiny."

Es fundamental rediseñar las relaciones que tenemos con los Estados Unidos para poder ampliar nuestra facultad para acceder a los mercados internacionales. Puerto Rico no puede aspirar a un desarrollo pleno si no mandamos en nuestra casa. El que no lucha por conquistar los poderes que no tiene, no puede aspirar a usar bien los pocos que tiene.