POLÍTICA
Van tras la médula del problema
El plan anticorrupción de los candidatos a Cámara y Senado del PIP va tras el financiamiento de las campañas políticas y su consecuencia
lunes, 26 de septiembre de 2016 - 8:02 AM Por Leysa Caro González
Juan Dalmau, candidato al Senado, y Denis Márquez, candidato a la Cámara de Representantes por el PIP. (Juan Luis Martínez Pérez)
Aspirar a un puesto electivo y pretender combatir la corrupción gubernamental dejando al descubierto el tema del financiamiento de las campañas políticas -a pesar de su estrecha relación con la corrupción gubernamental- es simplemente imposible.
“El que escuche a alguien que diga estar comprometido con acabar con la corrupción y no maneje ni quiera atender el tema del inversionismo político es puro aguaje y pose, no es compromiso real”, sostuvo el candidato al Senado por acumulación por el Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.
La agenda legislativa anticorrupción, tanto de Dalmau como de su compañero de papeleta, el aspirante independentista a la Cámara de Representantes, Denis Márquez, está centrada en combatir el financiamiento de las campañas políticas y su consecuencia natural que es la corrupción gubernamental.
La Casa de las Leyes, coincidieron, será el medio que les permitirá ir a la “médula” del problema e impulsar legislación dirigida a reformar el financiamiento de las campañas políticas. Será también la plataforma para ser esa voz fiscalizadora para combatir la corrupción.
Ambos reconocen que sus propuestas no son noveles. Ya hay jurisdicciones a nivel internacional con distintas modalidades dirigidas a que el Estado tenga mayor control de las campañas políticas. El momento, sin embargo, hace necesario atender este asunto. El juicio por corrupción gubernamental y venta de influencias gestionado por el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández que se lleva a cabo en el Tribunal Federal ha sacudido la imagen de la Legislatura, reconocen.
“Cuando digo control no me refiero a un control que sea de censura o que sea de persecusión de parte del Estado, sino a un control de cómo se financian”, expresó Dalmau.
Como primera propuesta, Dalmau destacó la prohibición de las aportaciones a campañas políticas. A su juicio eso solo es posible con un financiamiento público de campaña ajustado a las necesidades y a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno.
Sería un financiamiento público muy moderado pero que permita tener la autoridad jurídica de prohibir el recibir aportaciones privadas. “No puede ser como sucede ahora que, por ejemplo, en el pareo de fondos los partidos que parean hasta $5 millones, potencialmente le cuestan al País más de $10 millones y yo creo que eso es excesivo”, indicó Dalmau.
Esta propuesta va de la mano con un plan de de acortar el período de campañas políticas dos meses previos a la elección general. En el pasado, recordó, se trató de una propuesta que tuvo resistencia. Irónicamente las circunstancias económicas del País han obligado a los partidos a
limitar las campañas mediáticas en estas elecciones.
Reconoció, sin embargo, que debe haber un complemento de orientación por parte de los medios de comunicación del Estado para que todos los candidatos, con anticipación y mediante condiciones de igualdad, puedan presentar las propuestas de su programa de Gobierno.
“En un país donde ya hay un consenso amplio, eventualmente unánime, donde el problema de la corrupción comienza con el financiamiento de las campañas, evadir atender ese tema es que en el fondo no se quiere atender el problema de la corrupción”, sentenció Dalmau.
Otras restricciones
Con respecto a lo que son las aportaciones por parte de comités de acción política, corporaciones o sociedades permitidas a través de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos Citizens United, Dalmau indicó que es necesario aprobar prohibición a esos efectos aun cuando se impugne en los tribunales.
Citizens United establece que los miembros de esos grupos pueden donar sin límite alguno, siempre y cuando el dinero sea para hacer gastos y no para aportar fondos directamente a un candidato o partido.
“Al que impugne tal prohibición en los tribunales quedaría retratado ante el país como alguien que quiere influenciar de forma desmedida mediante la inversión económica el proceso político”, planteó.
De lograrse la impugnación, señaló, propondrían legislación para que dentro del marco de ese pleito federal las jurisdicciones locales puedan imponer condiciones de, por ejemplo, divulgación de información de esas corporaciones, sociedades y sindicatos. “Imponer condiciones a través de las cuales haya el mayor nivel de transparencia pero, al mismo tiempo, el mayor nivel de dificultad para evitar que mediante subterfurgio elementos privados continúen interfiriendo en el proceso político”, apuntó Dalmau.
“Todo esto parte de una filosofía o de una premisa fundamental: el proceso político es un bien público por excelencia, es el proceso mediante el cual llegan los funcionarios gubernamentales a las posiciones de autoridad. Por lo tanto si desde el inicio de la campaña se inyecta un ingrediente o un germen que es el inversionismo privado, luego los que salen electos se deben a esos intereses”, agregó.
A nivel de individuo, actualmente una persona puede donar hasta $2,600 a un candidato o a una institución política al año. Dinero en exceso de esto implica una violación a la ley.
“Paternalismo gubernamental”
Del otro lado de la moneda están los receptores de ese inversionismo, o sea, el Gobierno, los municipios y la Legislatura, explicó Márquez.
Para el candidato, una manera que es constantemente utilizada para el inversionismo político es
a través del desarrollo de obras y los servicios contratados mediante subastas.
Una de las propuestas del PIP, particularmente en los municipios, es que haya representación de todos los partidos políticos en la Junta de Subasta. “Lo que pasó en la Cámara de Representantes o una de las tantas cosas que pasaron es que ese proyecto de tal envergadura lo hicieron a través de propuestas”, dijo en referencia al contrato otorgado a la compañía 3Comm de Anaudi Hernández para remodelar el cuadro telefónico de dicho cuerpo legislativo.
Más allá de la Oficina del Contralor, que lleva un registro de los contratos, Márquez sostuvo que es fundamental la divulgación por parte de las agencias del Gobierno de cómo usan el presupuesto, a quiénes contratan y cuáles fueron los resultados de las subastas.
A este cuadro, Márquez agregó la urgencia de que la contratación de servicios profesionales sea la excepción y no la regla. Más aun cuando en alguna de las mayores partidas de contratos - como lo son bufetes y publicidad- el Estado cuenta con personal con el peritaje y y la experiencia necesaria para hacer ese trabajo.
Una legislatura municipal más representativa y hacer de la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) una permanente, forman parte también del plan anti corrupción de ambos candidatos. “Qué tienen que estar los gobiernos y los municipios anunciando con bombos y platillos sus llamados logros, actividades y promesas cumplidas cuando esa es la obligación en ley”, puntualizó el candidato a la Cámara.
¿Qué pasa con los atornillados?
El movimiento de otorgamiento de plazas en el Gobierno justo antes que entre en vigor la veda electoral meses antes de unas elecciones generales es uno que se repite constantemente detrás de “un falso esquema de convocatorias y entrevistas”, dijo Márquez.
En este aspecto, proponen elevar a rango constitucional el principio del mérito, así como derogar la legislación que permite el otorgamiento automático de permanencias a empleados
transitorios. “Es que deben ser los más aptos los que deben llegar al Gobierno”, insistió.
“Hay que establecer mecanismos más científicos, más objetivos al momento del reclutamiento, el uso de modelos de exámenes, de entrevistas... unido también a que haya una transparencia en las convocatorias”, insistió.
Desconfianza
Restaurar la imagen de la Asamblea Legislativa es crucial, específicamente hay que trabajar en lo que es la labor fiscalizadora que vienen llamada a hacer sus miembros cuando otro de los
suyos falla.
El problema radica, dijo Dalmau, en que las comisiones que se crean para investigar o enjuiciar está compuesta por los mismos colegas y al final del proceso no pasa nada. “Así que realmente
la impresión que ha tenido el país, y yo creo que es justificada, es que se rascan las espaldas mutuamente. Solo la presencia del legislador del PIP es una garantía de fiscalización”, señaló Dalmau.
Consideran que es necesario crear un cuerpo independiente a la Legislaturay sus propios miembros para que sean de primera instancia los que evalúen el alcance de las querellas e investigaciones que se realicen contra legisladores.
“Aquellos que en el ejercicio de una función gubernamental actúen ilegalmente que tenga consecuencia de afectar los fondos públicos, deben responder con su propio bien, es decir con su propio dinero, con aquello robado al País”, agregó.
Ambos entienden que en la Legislatura existe el ambiente para darle paso a la legislación que proponen de salir favorecidos en los comicios electorales. El que se oponga “que paguen el precio político ante el País y de la imagen pública”.
“Se estarían oponiendo a más garantías, más garras para que este país pueda tener un sistema mas transparente, más pulcro que le cueste menos al erario”, sentenció Dalmau.
La propuesta de ambos candidatos incluye, además, poner en vigor la Ley que crea el Registro de Personas Convictas por Corrupción para impedir y convertir en ilícita la contratación gubernamental de personas o entidades inscritas en el Registro, sus alter ego y el gobierno. “Todo este plan es un poco un plan de limpiar la casa”, sostuvo Dalmau.
