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4 de marzo de 2017. San Juan, Puerto Rico - "En los casos relacionados a víctimas de hostigamiento sexual, es importante proteger a los y las perjudicadas y que los procesos judiciales, investigativos y administrativos, no tengan la consecuencia de revictimizarlas.

Con eso en mente, tampoco puede tolerarse la impunidad, por lo tanto las agencias de Gobierno, en aras de proteger el interés público, tienen la obligación de comenzar e investigar todas las alegaciones en contra del alcalde de Guaynabo. Es preciso señalar, que estamos frente a un caso en el que existe la posibilidad de que se hayan cometido delitos graves, delitos menos graves, que implican depravación moral y conducta immoral, todas causas establecidas en la Ley de Municipios Autónomos para destituir a un alcalde.

Basta ya de expresiones de compromiso sin que estén acompañadas de un proceso dirigido a imponer responsabilidades. Es tiempo de acción. Los funcionarios o agencias que se nieguen a actuar se convierten en cómplices de la impunidad, revestida, en este caso, de un aparente manto proteccionista por razones de favoritismo partidista".