PIP Legislators Oppose Incinerator in Arecibo

 

ARECIBO- Juan Dalmau and Denis Márquez,  candidates for positions as representatives-at-large under the Puerto Rican Independence Party (PIP by its Spanish initials), reaffirmed Saturday their support to the communitarian fight against the establishment of an incinerator in Arecibo’s barrio Cambalache.

“Organizations such as the Anti-Incineration Coalition, Arecibo’s Madres de Negro (Mothers in Black), the Sierra Club, and the College of Physicians-Surgeons of Puerto Rico, joined by [PIP] leaders, like Javier Biaggi –PIP mayoral candidate in Arecibo-, have raised serious doubts about the proposed incinerator and the contamination it would generate,” affirmed Dalmau, candidate for Senate.

 

Juan Dalmau (File)

Left to Right: Juan Dalmau and Denis Márquez (File)

 

Dalmau added that the incinerator, proposed by Energy Answer, would affect more than 100,000 people that work, study or shop near the proposed construction site. “My commitment is to continue from the Senate the support the PIP has firmly given to the community’s fight in favor of the environment and health, against this nefarious project,” he asserted.

Likewise, Márquez, a candidate for representative, manifested his worries over “burning 2,100 tons of waste daily, which would not only emit toxic substances, but would also generate over 500 daily tons of ash that would worsen the situation in communities near the country’s dumps, where said waste would be deposited,” he expressed, drawing a comparison to toxic ashes from the AES bunker deposited in Peñuelas and Humacao.

The pro-independence politician reassured that, if elected, both he and Dalmau will vouch from the House and Senate for a contamination-free environment, “stopping dangerous projects such as the incinerator, and promoting recycling and renewable energy sources as real alternatives.”

The politicians made their expressions during a regional caravan the PIP orchestrated, celebrating the party’s 70th anniversary, set to conclude in Arecibo. These caravans will continue in other regions during October, facing the Nov. 8general elections.

No a la dictadura

por María de Lourdes Santiago

Publicado en El Nuevo Dia

28 de agosto 2016

 

 

La Junta de Control Fiscal es la representación más cruda de la inferioridad política del Estado Libre Asociado -y de cómo el colonialismo opera como una emboscada sicológica, capaz de aniquilar en algunos todo sentido de dignidad.

La Junta es la dictadura sin disfraces: siete individuos nombrados por el presidente de los Estados Unidos tendrán poder de veto sobre la legislación aprobada por funcionarios electos, manejarán el dinero público producto de nuestro esfuerzo a su entera discreción e impondrán medidas de austeridad que lastimarán a los más necesitados en el país.

Y frente a esa escupida en la cara, frente a esa humillación monumental, la norma entre candidatos y funcionarios es actuar con la sumisión del ganado camino al matadero.

Es una comparsa patética.

Ante la imposición de esa dictadura, la única respuesta digna es la de cero colaboración. Cualquier actitud de cooperación con la Junta es equivalente a amarrarle los cordones del zapato a quien nos está pateando. Bajo el control de los Estados Unidos hemos estado por 118 años, y el resultado ha sido de la quiebra del Estado y el éxodo de cientos de miles.

Las medidas para levantar a nuestro país, como la reestructuración de la deuda, deben ser en términos favorables a nuestros intereses, no a los de ellos.

Por eso, cada voto por mi candidatura es un voto de indignación, de respeto propio, de confrontación al colonialismo y de repudio a los que, después de castigarnos por décadas con su incompetencia y corrupción, ahora entregan ante el altar del Estado Libre Asociado (ELA) las migajas de democracia y gobierno propio que nos permitía el régimen.

 

Enlace

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/noaladictadura-columna-2235020/

 

 

Desafiará los poderes de la junta María de Lourdes Santiago

La candidata independentista insiste en la Asamblea de Status para atender la situación política de la Isla

 

lunes, 15 de agosto de 2016 - 8:00 AM

Por Rebecca Banuchi

 

La candidata por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago busca posicionarse ante las elecciones generales como la única aspirante a la gobernación que desafiará los poderes de la Junta Federal de Control Fiscal con un solo objetivo en la mira: sentar las bases para acabar de una vez con la relación colonial que, desde hace 118 años, mantiene a Puerto Rico subordinado a los Estados Unidos.

Santiago reconoce que ese cambio solo sería posible si, antes de los comicios del 8 de noviembre, el electorado cobra conciencia sobre el poder de su voto para transformar las condiciones actuales, y cómo el problema del status incide en cada uno de los  ámbitos del país, desde la economía, la salud y la educación hasta el ambiente. 

 

“En un momento complejo como el que está atravesando Puerto Rico, se necesita más que nunca un liderato de principios y con determinación. La persona que llegue a Fortaleza va a llegar respaldada por cientos de miles de votos, ¿qué mayor legitimidad que esa para adoptar una posición de desafío ante una expresión tan antidemocrática como es la junta? Para mí, es incomprensible que haya candidatos para distintas posiciones que piensen que la opción es el acomodo”, manifestó la abogada en entrevista con El Nuevo Día desde su oficina en la sede del PIP, en Hato Rey. 

Santiago censuró a aquellos aspirantes de otras ideologías que, según dijo, han presentado “propuestas de acomodo” bajo la premisa de que oponerse a la junta fiscal “va a ser peor”.

Afirmó enfática que llegará “hasta donde sea necesario” en su afán por retar los poderes de la junta fiscal impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Y comparó esa resistencia con la lucha que libró hace casi dos décadas como parte del movimiento civil para sacar a la Marina de Guerra estadounidense de los terrenos de Vieques.

“Uno no puede funcionar dentro del marco pequeñito de lo colonial. Hay que utilizar, en la política, un mínimo de imaginación, y plantearnos como algo posible, como algo real que solamente depende de los votos de los puertorriqueños, una gobernadora que ha dicho 'no vamos a colaborar con la junta y cuál va a ser la actitud de los Estados Unidos'. Eso es posible, es posible que ocurra, y te aseguro que esa es una situación completamente distinta a la que plantea la postura de sumisión, de entrega y de acomodo”, señaló.

“La gente dice ‘eso sería crear una crisis, eso es confrontación’. Así mismo es, ningún conflicto puede resolverse hasta tanto no se encuentren los elementos que están llamados a confrontarse, y de eso es que se trata mi postura ante la junta de control fiscal, porque lo otro es decir, ‘ay, que horrible, que viene la junta, la ofensa a la democracia’,  que fue el lloriqueo del Partido Popular para luego terminar plegándose a él”, añadió de inmediato.

Para Santiago, el PIP es la única alternativa viable para alterar la situación política actual, y reconoció que buscará sumar votos de todo tipo de ideologías, incluyendo anexionistas y estadolibristas descontentos con el status vigente y decepcionados con la manera en que los funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han manejado el asunto.  

 

 

Recalcó que Puerto Rico urge un cambio político en dos vías: lograr su descolonización y derrumbar la hegemonía que por décadas han compartido el PNP y el PPD. Para ello, insistió en que es necesario que los votantes le “pierdan el miedo” al cambio y aprendan a valorar el sufragio. 

“Aquí, hay que perderle el miedo, ese terror que se percibe en tantos sectores a la confrontación. La confrontación no es un paseo por el campo, ciertamente no lo es, como tampoco lo va a ser la llegada de la junta y las medidas que estaría  adoptando. Entonces uno tiene que decidir si lo que prefiere es la impresión de estabilidad a toda costa, que es la posición de otros candidatos, o si uno prefiere la confrontación,  el desafío, para llevarnos al punto que se ofrece como una posibilidad tan cercana, que es el inicio de un proceso de descolonización”, aseveró.

Asamblea de status

Ese proceso de descolonización, Santiago lo impulsaría a través de la Asamblea Constitucional de Status, un mecanismo que siempre ha favorecido el PIP. La iniciativa estaba incluida en el Proyecto del Senado 719, que la legisladora presentó en septiembre del 2013 y fue ignorado por la mayoría parlamentaria. 

En la Asamblea de Status, se ponderarían alternativas no coloniales ni territoriales reconocidas por el derecho internacional y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con el programa de gobierno del PIP, también se promoverán otras iniciativas políticas que adelanten la causa independentista para Puerto Rico, y que confronten al Congreso estadounidense “con sus obligaciones descolonizadoras”. 

“El gran mérito del proyecto nuestro es que, para nosotros, la Asamblea de Status no debe ser el vehículo para ir a votar por una opción que se cabildee de forma exclusiva, porque es que aquí -y esto es fundamental cada vez que hablamos de descolonización- Puerto Rico no es colonia ni de populares ni de penepés. Los americanos la han tenido fácil diciéndonos con esta actitud condescendiente, despectiva, diciéndonos: ‘ustedes resuelvan el problema del status, y cuando tengan la respuesta, entonces vienen donde mí”, sostuvo la candidata a la gobernación.

“No se puede permitir que persista esa actitud de los Estados  Unidos, como si el asunto no fuera con ellos, por eso, nuestro proyecto de Asamblea de Status es para emplazar a los Estados Unidos y que nos digan qué están dispuestos a conceder”, aseveró.

Santiago subrayó que las determinaciones o acciones recientes de las tres ramas del gobierno federal, a través del caso de Pueblo v. Sánchez Valle y la ley PROMESA, denotan un cambio de actitud de los Estados Unidos al abordar el tema de su relación política con la Isla, y crean las condiciones idóneas para que en el país se trace el camino hacia la solución definitiva del problema de status. 

“Están cambiando las condiciones, y eso quiere decir que aquí, si las instituciones políticas que han gobernado optan por quedarse al margen de esa enorme verdad que está ahí, entonces el electorado tiene que ir delante de ellos y asumir que ese cambio es irreversible, es inevitable”, puntualizó la aspirante del PIP. 

 

 
Perfil de Autor

Por Lcdo. Carlos A. Frontera Santana

Publicado: martes, 26 de julio de 2016

 

La crisis del modelo colonial tiene sus raíces en los siguientes factores:

1. La dependencia casi exclusiva de la inversión de capital norteamericano en la manufactura con exención contributiva total.

Este modelo fue generando cada vez menos empleos en la medida que se extendía a Puerto Rico la aplicación del salario mínimo federal. Con el alza en el precio del combustible el modelo se redujo prácticamente a inversiones en la industria farmacéutica con enlaces menos intensos con el resto de la economía. A pesar de generar grandes ganancias el Gobierno no fue diligente en imponer una carga contributiva como lo sugería el PIP desde hace décadas. Por otro lado la incapacidad de aumentar los empleos limitó la capacidad Ver foto galeríafiscal del gobierno forzándolo a aumentar la deuda pública y eventualmente a aumentar la contribución sobre el consumo personal.

2. La dependencia en el acceso exclusivo al mercado norteamericano libre de impuestos.

La objeción principal a la independencia de Puerto Rico en 1946 por parte del Congreso de Estados Unidos era que la economía de Puerto Rico iba a depender siempre del acceso al mercado norteamericano libre de impuestos-sobre todo a los nuevos productos que los inversionistas americanos generarían desde Puerto Rico-. Paradójicamente se quería ofrecer ese modelo como paradigma para el desarrollo económico de países independientes. Esta contradicción se ha resuelto con el tiempo en contra de Puerto Rico. Hoy países independientes ya sea por medio de tratados bilaterales-gozando del trato de nación más favorecida- o por ser miembros de CAFTA y NAFTA tienen el mismo acceso al mercado americano que Puerto Rico.

Puerto Rico permanece con la contrapartida negativa al libre acceso al mercado americano: el tener que usar la marina mercante más costosa por virtud de las leyes federales que regulan el tráfico marítimo entre puertos dentro de su territorio. Ello no sólo encarece las mercancías que importamos desde Estados Unidos sino que hacen menos competitivas nuestras exportaciones hacia Estados Unidos.

3. El acceso a los mercados financieros norteamericanos con las emisiones de bonos exentos totalmente de contribuciones y la dependencia en fondos federales.

Endeudarse no es malo si con su gasto generas el volumen de ingresos futuros suficiente para pagar la amortización de la deuda y los intereses. Menos malo aún si la deuda la adquieren los residentes del país, lo que significaría un aumento en el ahorro del país y que el dinero recircule dentro de los circuitos de la economía nacional. Endeudamiento para financiar gastos improductivos o consumo conspicuo y obtenido de fuentes externas iba a terminar con obligarnos a aumentar las contribuciones al consumo, reducir el gasto público y emigrar si el sector privado no era capaz de generar mayor actividad, como efectivamente ha sido incapaz de hacerlo. (Vale la pena añadir que por factores como el alza en el salario mínimo, el alza en el precio del combustible, el costo de transportación marítima y en algunos sectores el acceso a materia prima a costos competitivos por la naturaleza del comercio internacional de Estados Unidos; ninguno de estos factores bajo nuestro control).

En cuanto a las ayudas federales, la realidad es que estas han aumentado en proporción de nuestra producción en la medida en que la economía se ha estancado y decrecido en el pasado reciente.

En 1985 el economista Richard Weisskoff resumía el funcionamiento de la economía puertorriqueña de la siguiente manera:

“In short, the U.S. public underwrites the Puerto Rican people, while U.S. corporations shifts profits through the Puerto Rican plants and back to the United States, tax free. The Puerto Rican family buys its consumption needs, which consists for the most part of imported goods, shifting its public grant money back to the U.S. private sector. As its own economy decomposes, Puerto Rico becomes the revolving door for funds flowing from the American public back to the American corporation and from the multinational company back to itself to avoid taxes. Puerto Rico has become a geographical laundry for corporate profits to avoid federal taxes. Meanwhile, these corporations employ only a token Puerto Rican work force.”1

Desde los inicios del modelo de industrialización se hicieron planteamientos para hacerle las siguientes modificaciones:

• Aumentar el ahorro nacional mediante medidas que estimulasen al sector financiero a no financiar el consumo conspicuo y por otro lado ayudar a fomentar empresas de capital puertorriqueño.

• Industrializar la agricultura.

• Fomentar la sustitución de importaciones.

Aumentar la carga contributiva de las empresas acogidas a los beneficios de la exención contributiva total o casi total.

El PIP de por sí y a través de economistas, simpatizantes si no del partido, de la independencia, apoyaron estas medidas reconociendo que en algún momento chocarían con las limitaciones impuestas por el Gobierno Federal las que nos impedían:

• Abaratar los costos de transportación marítima

• Acceder libremente a fuentes internacionales de materias primas y mercados de exportación

• Proteger nuestras industrias nacientes sin la aplicación de la cláusula de comercio interestatal de la constitución norteamericana.

• Protegernos de la publicidad consumista.

Esas críticas se comenzaron a hacer desde la década del 1950 y se agudizaron en la década de los sesenta y setenta. Incluso el Informe Tobin de 1974 se hizo eco de algunas de ellas.

En resumen: los administradores del gobierno colonial quisieron que el consumidor puertorriqueño alcanzase los niveles de consumo del consumidor norteamericano sin lograr la capacidad productiva que permitiese el empleo de la mayor parte de la fuerza trabajadora y con las limitaciones señaladas arriba que han resultado en la presente crisis. Ni la presidencia de los Estados Unidos ni el liderato bipartidista del Congreso de Estados Unidos han estado ajenos a los problemas del modelo, al menos desde la década del 1970. En respuesta ellos aprobaron el Programa de Asistencia Nutricional y la Sección 936. Luego quitan la Sección 936, crean “Grupos de Trabajo” sobre Puerto Rico y saben de la incapacidad de la economía de Puerto Rico de pagar la deuda creciente que se incurre para compensar la caída de la inversión privada. 

Los responsables de la crisis han sido el Gobierno Federal y los partidos coloniales que se han turnado en el poder; y no se les puede achacar la responsabilidad a los electores, que en su mayoría han sido engañados y desinformados. Pero incluir al PIP en esa responsabilidad me parece una gran mezquindad, un insulto, porque quienes han hecho esas ‘equiparaciones’ en la prensa no son ignorantes. (¿O lo son…más que los abogados que tanto critican?).

Finalmente quiero concluir con explicar tres actuaciones del PIP en torno a medidas relacionados con la crisis:

1. Nos opusimos al IVU porque creemos que es más justo y hubiera sido más efectivo que se aumentase la carga contributiva de las empresas acogidas a la Ley 73-2008. Nos opusimos también porque la medida –que recarga a los más pobres– no era parte de un plan de desarrollo económico viable.

2, Nos opusimos a la quiebra criolla porque esta medida se auto-limitaba, no incluía las deudas del Gobierno Central; y no garantizaba un plan de desarrollo económico ni la necesaria negociación para ello con el Gobierno Federal. Nuestra posición, incluida en legislación radicada a tales efectos, es la de iniciar un proceso de negociación donde el pago de la deuda se discuta dentro de un marco de negociación que también incluya los cambios a las relaciones con los Estados Unidos que garantice un desarrollo económico sustentable. (Como tímidamente lo sugiere el Informe Krueger).

3. Nos oponemos a la Junta de Control Fiscal no porque trastoca los limitados poderes del ELA, (alguien habla de colonia lejana y olvida el servicio militar obligatorio de Korea y Viet-Nam, Vieques y Culebra, el desempleo y el estancamiento de la economía y de la colonia sostenida con cupones y deuda fomentada desde Washington), sino porque es la evidencia de la tiranía que permite toda legislación federal que emane de la Cláusula Territorial de la constitución norteamericana. Es porque no hemos tenido soberanía y aspiramos a ella que nos oponemos a la Junta de Control Fiscal.

 

Bibliografía mínima

Aparte de incluir información sobre algunos de los asuntos discutidos arriba; la bibliografía incluye información sobre aspectos relacionados con la transición a la independencia y el asunto de la ciudadanía.

Alvarez, José Julián, The Empire Strikes Out, Ruminations on the Citizenship Status of Puerto Rico, Harvard Journal on Legislation, Summer 1990, p. 341-362.

Berríos, Catalá y Martín: Puerto Rico: Nación Independiente Imperativo del Siglo XXI, Santo Domingo, Editora Corripio, 2010.

Calero, Aristalco y J.A. Herrero, Tres hechos: Ponencia ante la Comisión de Status, U.S.-P.R. Commission on the Status of Puerto Rico, Vol. III, Washington, U.S. Government Printing Office, 1966, pp. 1-16.

Catalá, Francisco: Guerra, Dorfman y la Realidad Práctica de Muñoz, Luis Muñoz Marín: Perfiles de su Gobernación, Editor Fernando Picó, San Juan, Fundación Luis Muñoz Marín, 2003, págs. 208-227.

Frontera Santana, Carlos, El año del juicio final, Claridad, edición del 19 de marzo del 2014.

González, Antonio J., La Economía y el Status Político de Puerto Rico, Revista de Ciencias Sociales, Vol. X, Marzo de 1966, Núm. 1, págs., 5-49.

 

El autor es Asesor legislativo del Partido Independentista Puertorriqueño

 

NOTAS

1 “En resumen, el público norteamericano financia al pueblo puertorriqueño, mientras las corporaciones americanas transfieren las ganancias de sus inversiones en Puerto Rico libre de impuestos a Estados Unidos. La familia puertorriqueña satisface sus necesidades de consumo, de bienes importados en su mayoría, transfiriendo el dinero de las ayudas al capital privado norteamericano. Así como se descompone la economía de Puerto Rico, Puerto Rico se convierte en la puerta giratoria para fondos que provienen del público norteamericano a las corporaciones americanas y de las inversiones americanas a sus matrices evitando pagar contribuciones. Puerto Rico se ha convertido en una lavandería para el capital norteamericano no pagar contribuciones. Mientras tanto, esas corporaciones emplean una porción insignificante del total de la fuerza trabajadora.” FACTORIES AND FOOD STAMPS JOHN HOPKINS UNIVERSITY PRESS, BALTIMORE: 1985.p 59.

¿Qué queda de la Constitución del ELA?

(Josian Bruno Gómez / Archivo NotiCel)

 NotiCel

 25/07/2016 12:55 pm

A sus 64 años, la Constitución del Estado Libre Asociado parece haber llegado a la edad de retiro.

 

Con dos decisiones recientes del Tribunal Supremo federal que reiteran que Puerto Rico es un territorio bajo el completo control del Congreso de los Estados Unidos, y con la Ley PROMESA que impone una Junta de Control Fiscal como solución al problema de la deuda pública exorbitante, nos sentamos con el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos I. Gorrín Peralta, para buscar la solución a la pregunta ¿qué queda de la Constitución del ELA?

 

 

 

Relación con los Estados Unidos

Sistema de Gobierno

Carta de Derechos