Aunque los antecedentes del debate del idioma en Estados Unidos se remontan al siglo 18, la enmienda del senador Inhofe recién adoptada por el Senado de Estados Unidos para hacer del inglés el idioma oficial de ese país es sólo el incidente más reciente del irreductible nacionalismo anglosajón al que se han asimilado diversas olas de inmigrantes. Esta ronda apenas comienza y sus repercusiones sobre el estatus de Puerto Rico son innegables –aun por aquellos que las quieren minimizar. Sin embargo, limitarlas al problema político del bando anexionista resulta tan simplista como la pueril tesis de una "estadidad jíbara".

El reciente requisito de asimilación adquiere mayor importancia para el sector estadista cuando, entre documentos históricos, aparece aquél firmado por el liderato político de 1991, incluyendo a Pedro Rosselló, reiterando que el español no era negociable bajo ninguna fórmula de estatus. Más importancia adquiere todavía cuando, en vistas públicas sobre el Informe de Casa Blanca el mes pasado en el Congreso, el que le dijo al mismo Inhofe durante la lucha por la desmilitarización de Vieques, "Don’t push it!", confrontó nuevamente al americano a "decidir si Estados Unidos seguiría siendo un país imperialista", como demuestra su colonialismo en Puerto Rico.

Esta candidez podría causarle más problemas al Presidente del PNP con aquéllos en su partido con quien aún no los tenga. Pero esta ronda del debate del idioma en Estados Unidos comenzó hace al menos dos décadas. Entre noviembre de 1986 y marzo de 1987, Arkansas, California y Dakota del Norte adoptaron el inglés como idioma oficial. Hoy más de la mitad de los estados han adoptado disposiciones similares.

En septiembre de 1996, el Proyecto Young –tan temido y vilipendiado por el liderato popular– dio la señal con respecto a la condición territorial de Puerto Rico. Pero también anunciaba una política pública que declaraba "el inglés como el lenguaje común de mutuo entendimiento", añadiendo que, el Congreso retendría la autoridad de "expandir los requisitos del idioma inglés en el Commonwealth de Puerto Rico". Más aún, establecía que una transición hacia la estadidad habría de promover el uso del inglés en nuestro país para asegurar su ampliación como idioma oficial "en consonancia con la unidad nacional en diversidad y la prevención de divisiones por estirpe lingüística".

El liderato del PPD celebró en grande cuando la Cámara de Representantes pasó un debilitado proyecto Young por sólo un voto para luego morir en el Senado. Pero ésa era la época liberal en Washington –unidad nacional y unidad federal. Ahora la "seguridad nacional" denodadamente militariza la frontera con un país con quien no hay guerra, autoriza la construcción de una muralla para que no entren mexicanos o (casi como sinónimo) terroristas hispanohablantes, y se busca la asimilación pura y dura mediante el inglés como idioma "oficial", "común" o "unificador".

A medida que el mítico "melting pot" se enfría, el americano se asusta y no entiende los contornos de la identidad diferenciada de los hispanohablantes. El incremento de xenofobia, racismo y provincianismo cultural son predecibles y a Estados Unidos a menudo se le va la mano. Hoy en día, los vínculos de lealtad y solidaridad con el país de origen perduran, contrario al caso de los europeos a principios del siglo pasado, que emigraban para no volver. Y la lealtad a la cultura propia facilita su práctica en el país donde han tenido que emigrar por el fracaso imperialista –ése del que hablaba Rosselló en Washington– de promover mejores condiciones de vida. Por eso, desde Puerto Rico, le debemos solidaridad y apoyo a nuestros hermanos en Estados Unidos, cuya cultura latinoamericana podría ayudar a civilizar un poco más al americano promedio, a ampliarle sus horizontes.

Pero el problema para el liderato del PPD es que lo que pueden hacer en Washington con los estados también lo pueden hacer con los territorios. Por eso, los líderes populares exhalan humaredas de confusión y desempolvan viejas tesis adolescentes de sus viejos líderes para hablar de pactos y otras mediocres metáforas del ELA. Hacen barullo con la desgracia anexionista para desviar la atención, como si las leyes federales no les aplicaran a su engendro colonial y cacarean una asamblea constituyente fatula en negación de la realidad. El territorio colonial del ELA, desnudado oficialmente por Casa Blanca en diciembre pasado, es la puerta abierta a la dependencia que engendra estadistas –y Estados Unidos va a cerrarla.

Tenemos el deber y el derecho inalienable de proteger nuestro idioma y nuestra cultura, abiertos a otras corrientes enriquecedoras. Pero el territorio colonial del ELA nos deja en un estado de indefensión y su único antídoto es la soberanía plena. Casi todas las naciones del mundo han legislado idiomas oficiales y en la Unión Europea tratan de controlar el flujo migratorio. La globalización y la informática actual conllevan desplazamientos poblacionales y culturales y, naturalmente, cada país debe proteger su acervo cultural dentro del marco de los derechos humanos.

La estadidad para un país hispanohablante, latinoamericano y caribeño como Puerto Rico tiene tantas probabilidades como la estadidad para México o Nicaragua. Y ante los regocijos destemplados de Aníbal Acevedo y Rafael Hernández Colón por el más reciente golpetazo a los estadistas, no puedo olvidar el viejo refrán, "¡Alábate, pollo, que mañana te guisan!"