El fenómeno psicológico del secuestrado que defiende a su secuestrador se conoce como el Síndrome de Estocolmo. Hace tres años en estas mismas páginas, la vicepresidenta del PIP y hoy senadora, María de Lourdes Santiago, comparó este síndrome con nuestra experiencia colonial; por consiguiente lo que pasa ahora no debería sorprendernos. La actual crisis fiscal y contributiva es también ejemplo de hasta dónde la identificación con el victimario puede llevar a sus víctimas.
Nos ha tocado la época en que, al echarnos la mano al bolsillo, buscar en las gavetas y revisar la chequera, nos percatamos del estado de indefensión económica sin precedentes en que nos ha colocado el gobierno. Los crecientes déficit estructurales, la burocracia "batatera", la vestimenta lujosa con que algunos líderes pretenden disfrazar su jaibería colonial, la corrupción, el regresivo sistema de "sales tax" con que le roban al contribuyente asalariado y de clase media, y la absurda retórica con la que se pretenden disimular todos estos atropellos han traumatizado a los puertorriqueños serios y trabajadores, de todas las ideologías y credos más allá de la lógica racional.
Se sabe que los culpables por el deterioro social y económico son los líderes de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista que se han alternado en el gobierno de Puerto Rico durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, el trauma comprensible causado por los que de manera flagrante han permitido y fomentado la subordinación y dependencia que nos ha arruinado como pueblo ha llevado a algunos a culpar –con un chorrito de lógica pero con inmensas lagunas– al actual sistema electoral de financiamiento público de partidos políticos.
La falacia psicológica llega al extremo de que los trastornados por el secuestro parecen convencidos de que los secuestradores son sus salvadores. El atontamiento los lleva a plantear que, como no ha desalentado la influencia de los intereses privados en los partidos, el financiamiento público –en vez del privado– debe ser eliminado. Es decir, como no pueden defender el cristianismo, da lo mismo que los leones se coman a los cristianos.
Más aún, los secuestradores, en contubernio con algunos mercenarios ideológicos que se hacen pasar por patriotas, se aprovechan de la mentalidad antiindependentista creada por 108 años de dominio colonial para excoriar de manera especial el financiamiento público que ayuda a llevar el mensaje del Partido Independentista Puertorriqueño que, elección tras elección, se sobrepone a derrotas electorales para seguir denunciando la farsa de la democracia en la colonia. La tullidura psicológica los lleva a concluir falazmente que sin financiamiento público y con la desaparición del PIP se purificaría la democracia en Puerto Rico.
Aunque la idea de la democracia en nuestra cultura se asocia con la práctica electoral, hay países –como Estados Unidos– en que los pocos que tienen mucho poder económico convierten las aspiraciones de democracia de los muchos en un chiste de mal gusto. La Corte Suprema de EE.UU. ha dictaminado que no se pueden limitar demasiado los gastos privados de los candidatos en elecciones porque los mismos forman parte de la libertad de palabra. En otras palabras, en Estados Unidos la mentalidad de "money talks" tiene rango constitucional. Aunque no es así en otros sistemas democráticos más igualitarios, en una colonia como Puerto Rico, lo que pasa por democracia no es sino la peor parte de un sistema injusto, específicamente en el ámbito electoral.
La promesa perjura del gobernador durante la última campaña política de que no firmaría ninguna ley que impusiera un "sales tax" –y luego esmerarse por hacerlo– pone de manifiesto cómo el poder económico privado obra en detrimento del interés público. Los votos legislativos canjeados por puestos y prebendas han convertido en banales el diálogo político y el debate parlamentario. Las batatas legislativas de una legislatura que, salvo honrosas excepciones, está en deuda con el financiamiento privado se han convertido en caricaturas de Fellini al mando de camaritas de seguridad para violar los derechos de los ciudadanos. Es decir que en la colonia, la corrupción, el servilismo y la injusticia económica se han convertido en marionetas de los titiriteros del poder económico privado.
Aunque no ganara las elecciones, la responsabilidad que conlleva el subsidio público permitió durante la pasada campaña que al menos un partido, el PIP, desenmascarara la hipocresía electoral de los secuestradores de la democracia en la colonia. Impedir que un partido político tenga siquiera la opción de decir la verdad es convertir en piltrafas la poca democracia posible en la subordinación colonial para alimentar los lobos del gran capital. La verdad ineludible es que hasta que los electores secuestrados no superen el trauma, asuman responsabilidad por los votos que emiten y exijan mayores y más efectivas restricciones al financiamiento privado de las elecciones seguiremos ensordecidos por la gritería de los mismos guacamayos del mismo sainete electoral.
Tómele el lector la temperatura a los que endiosan el financiamiento privado del sistema electoral y verá. La calentura no está en la sábana.
