El proyecto de estatus que el gobernador hizo presentar ante el Congreso de Estados Unidos la semana pasada no dice nada sobre la responsabilidad del Congreso de disponer del territorio. No adelanta la descolonización de Puerto Rico. De aprobarse ese proyecto, el Congreso no se obliga a nada, a menos que le pidan aprobar o modificar. El gobernador, que no ha tenido un historial particularmente luminoso en penetrar el problema del estatus, ahora pretende una cortina de humo sobre la ilegitimidad del ELA actual para ilusionar a algunos incautos con una soberanía de cantos de sirenas.
El proyecto que el gobernador le ha encomendado a los congresistas Velázquez y Gutiérrez dispondría que el Congreso – y subrayo – "reconoce la autoridad inherente del Pueblo de Puerto Rico a convocar una Convención Constitucional … según la legislación aprobada por el Commonwealth de Puerto Rico…".
¡Reconocimiento de lo obvio por tratarse de una autoridad inherente! Si esto es importante, exijamos que el sol salga por el este y se ponga por el oeste.
Si no hacemos nada, repito, el Congreso no viene obligado a hacer nada; pero si algo ocurriera, su proyecto adopta – sin decirlo – el mismo procedimiento de la Ley 600 que creó el ELA colonial. Aunque el derecho de Puerto Rico a su independencia es inalienable, el gobernador en su proyecto parece querer someterla, igual que cualquier otra opción, a la aprobación o rechazo del Congreso. Más aún, admite que el Congreso le haga cambios a cualquier propuesta—como hizo con la llamada constitución del ELA en 1952—antes de entrar en vigor.
El lado positivo de la propuesta del gobernador es que podría abrir nuestra condición colonial a escrutinios más rigurosos. Por más que los líderes colonialistas insistan en que la colonia de Puerto Rico no es un territorio, no van a convencer al dueño del circo de que la convulsionada juridicidad de sus elucubraciones va más allá de payasadas jurídicas. Ni siquiera los que, para disimular internacionalmente, bautizaron como "commonwealth" el territorio colonial que invadieron en 1898 creen ya el cuento de que el pan no es pan, ni el vino es vino
Sólo hay que recordar la propuesta del ELA que un ex gobernador llevó en 1991 al Congreso bajo el proyecto del senador J. Bennet Johnston. Su naturaleza colonial salió incólume –"under the sovereignty of the United States", decía textualmente el informe del Senado. Luego, bajo otro congreso demócrata en 1994 y bajo un congreso republicano en 1998, la Cámara de Representantes de Estados Unidos consideró dos versiones del proyecto Young, aprobando finalmente que el ELA aún era un territorio de los Estados Unidos. El informe de enero del 2001 del Departamento de Justicia del presidente Clinton remachó la naturaleza colonial del territorio que reiteró un informe del "Congressional Research Service" y, finalmente reconoció el Informe de Casa Blanca, en el 2005.
Nada tendría de malo una Asamblea Constitucional de Estatus sin subterfugios para escoger una opción claramente no colonial y no territorial a negociarse con el gobierno de Estados Unidos para su ratificación por nuestro pueblo. (Con el derecho a la independencia, naturalmente, únicamente los términos de transición serían negociables.) El Partido Independentista Puertorriqueño viene proponiendo esto hace décadas. Y si ahora los colonialistas del patio están de acuerdo, nada impediría que la llevásemos a cabo una vez le digamos inequívocamente a Estados Unidos que no queremos seguir como territorio colonial. Por eso el PIP ha apoyado un proyecto similar al de los senadores federales Salazar y Martínez presentado en el pasado Congreso, para que se someta a votación el ELA colonial. Y una vez rechazado este estatus ilegítimo, podemos proceder a una asamblea constituyente de verdad.
Que el gobernador no apoye un proceso así levanta sospechas bien fundadas. Y oírlo ahora autoproclamarse "el primer gobernante que pone por escrito" que cualquier fórmula de estatus que se discuta en una Asamblea Constitucional, incluyendo el ELA, tiene que ser soberano y no sujeto a la cláusula territorial (EL VOCERO, 1ro. de marzo) no impresiona.
Podría tomarse en serio si no viniera de un gobernador que ante las cámaras de televisión le confesó al entonces senador Fernando Martín en vistas públicas su creencia de que el ELA actual no es colonial ni territorial. Su credibilidad también sufre al recordar que renegó del "sales tax" tres veces en el debate de candidatos a la gobernación, y después de electo atacó con el "IVU" el dolido bolsillo de los puertorriqueños. También debe estar fresco en la memoria del país que, cuando presidía el Partido Popular y tenía una gobernadora y una legislatura propias, ni siquiera auspició un proyecto de ley para una Asamblea de Estatus. Y más que nada, está prohibido olvidar que, recién electo, dio su palabra de que firmaría la legislación aprobada por unanimidad para requerirle al gobierno de Estados Unidos que se comprometiera con la descolonización de Puerto Rico; pero vetó la ley, faltando de nuevo a su palabra.
Ciertamente, es positivo que el gobernador al menos diga que propone enfrentarse al tema del estatus. Pero, ¡cuidado los esperanzados y los desesperados con la ayuda retórica de algunos colaboradores de la llamada sociedad civil! ¡Ciudado con montajes costosos de relaciones públicas para rebautizar la colonia! Sería moralmente inaceptable – y patético – que alguien volviera a alegar haber caído de incauto una vez más.
