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Por María de Lourdes Santiago Negrón
Portavoz en el Senado del Partido Independentista Puertorriqueña
Publicado en El Vocero
el 11 julio 2014

La designación por parte de la Internacional Socialista de un Grupo Especial de Trabajo con la encomienda de promover que el caso de Puerto Rico llegue a la consideración de la Asamblea General de la Naciones Unidas, marca un hito en el desarrollo de la solidaridad internacional con la causa de nuestra descolonización e independencia. A través de este instrumento de la IS (que es la organización de partidos políticos más amplia y antigua del mundo) las gestiones diplomáticas necesarias para dar ese paso, conminando a los Estados Unidos a asumir su responsabilidad histórica, tomarán un nuevo matiz. La determinación tomada en México por el Consejo de la IS se une a las expresiones reiteradas del Comité Especial para la Descolonización de la ONU, y a la importante mención del caso de Puerto Rico en la resolución adoptada por la Comunidad de Estados Caribeños y Latinoamericanos (CELAC) en enero de este año.

 

Urge ahora más que nunca, que de la misma forma que reclamamos a nivel internacional que los Estados Unidos hagan lo que le corresponde y reconozcan las profundas implicaciones de la victoria del No a la colonia en la consulta de noviembre del 2012 - es decir, la certificación electoral de que ejercen su poder sobre Puerto Rico en abierta contravención a la voluntad de nuestro pueblo-se redoble el llamado de todos los sectores con aspiraciones descolonizadoras para que el partido en el poder haga buena su promesa de campaña de convocar a una Asamblea de Estatus.

En el programa de gobierno del Partido Popular, se estableció de forma indubitada, que "...si en un plazo de un año, la Casa Blanca no ha cumplido con su compromiso, entiéndase, que el Presidente no ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para encaminar una consulta en la que Estados Unidos se comprometa a acatar en su totalidad la decisión del pueblo de Puerto Rico, el Gobernador impulsará una Asamblea Constitucional para atender el tema del estatus. A esos efectos, el Partido Popular se compromete formalmente a legislar para constituir una Asamblea Constitucional de Estatus". El plazo otorgado expiró, y desde el pasado año están presentados en Cámara y Senado tres proyectos de ley (propuestos por el PIP, el Colegio de Abogados, y varios legisladores del PPD) que deben ser atendidos por la Comisión Especial Conjunta creada a esos fines hace meses, pero que aún no inicia sus trabajos. El gobernador y un sector del PPD, buscando cómo evadir el compromiso contraído con el país, proponen ahora, a través de la Resolución Concurrente del Senado Número 35, que se alteren las funciones de la comisión legislativa, de tal manera que se desvíe del tema de Asamblea de Estatus, y se reduzca a un mero ejercicio para documentar "el impacto fiscal y económico sobre Puerto Rico de las alternativas de estatus".

Esta propuesta, a la que ciertamente se oponen los promotores de la Asamblea de Estatus dentro del mismo PPD, además de constituir una gravísima falta a la palabra empeñada, persigue extender la agonía del cansado modelo colonial, manifestada a través de la crítica situación económica y ausencia de poderes para enfrentarla de manera efectiva. En momentos de tan dramática devaluación de lo material, harían bien en recordar los que hoy quieren burlar su compromiso, que la convergencia de palabra y acción es la moneda que con más precisión refleja el valor de un político.