19 de junio de 2017
En primer lugar, justo es felicitar a este Comité por su valiosa colaboración en los esfuerzos por la excarcelación de Oscar López. El regreso de Oscar a nuestra patria, además de ser motivo de gran celebración, es el recordatorio de cuánto logra la persistencia de las causas justas.
En este año de 2017, nuestra comparecencia ante este Comité ocurre mientras Puerto Rico enfrenta circunstancias que sólo pueden catalogarse como escandalosas. En ningún lugar del mundo, en la historia reciente, se ha visto una involución política tan dramática como la que ha sufrido Puerto Rico en el último año. La imposición de la Junta de Control Fiscal, un grupo de siete personas designadas por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos e investidas con poder de veto sobre toda medida aprobada por el gobierno de Puerto Rico, no es otra cosa que una dictadura en toda regla. Actuando con el único fin de asegurar recursos para el pago de la deuda pública en manos de acreedores estadounidenses, la Junta ya ha comenzado a hacer sentir su poder mediante la imposición de medidas de austeridad que hacen blanco en los sectores más vulnerables del país. De hecho, el manejo de la deuda pública de Puerto Rico está ya bajo la jurisdicción de la estructura judicial del gobierno de Estados Unidos, en virtud de la misma ley del Congreso que creó la Junta de Control Fiscal. Con la entrada en funciones de la Junta, los Estados Unidos se quitaron la última hoja de parra que cubría lo que les quedaba de su pudor como potencia colonizadora. Ha desaparecido la mínima noción de autonomía que permitía a los defensores del coloniaje a perpetuidad reclamar como suficiente la miserable dosis de autogobierno que hasta ahora permitía el régimen cínicamente bautizado como Estado Libre Asociado.
En línea con ese destape impúdico, se ha celebrado hace poco más de una semana una consulta plebiscitaria en Puerto Rico en la que se presentó al país una papeleta diseñada según la voluntad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como condición para un aval que nunca proveyeron, exigieron la inclusión de la opción del "actual estatus territorial", alternativa inequívocamente rechazada en la consulta celebrada en el año 2012, en una votación que acabó con la posibilidad de esgrimir el absurdo argumento de "colonialismo por consentimiento". Si en algún lugar tiene que resonar como ofensivo un mandato para ofrecer a un pueblo la alternativa de continuar bajo un sistema declarado como un crimen contra la humanidad, es en este recinto, ante este Comité de Descolonización. Vale, sin embargo, resaltar, cómo esta farsa, a la que sumisamente accedió el partido en el poder, proponente de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, sirvió para proveer una muestra más de la resistencia de la nacionalidad puertorriqueña. Luego de 119 años de dominio estadounidense, en los que ese país ha ensayado la asimilación cultural, la criminalización del independentismo, la ocultación de nuestra realidad colonial a la comunidad internacional, la incepción en nuestra población de un sentido de minusvalía insuperable, la negación de toda responsabilidad en la creación de un mecanismo que nos conduzca a la descolonización; en ese escenario tan propicio para el desarrollo de una voluntad absolutamente sometida al país invasor, apenas un 23% del electorado se sintió convocado a un plebiscito unilateral e inconsecuente diseñado para llevar una mayoría artificial a favor de la de anexión al Congreso de los Estados Unidos. La inmensa mayoría de nuestro país ha respondido al llamado al boicot realizado por el Partido Independentista y otras organizaciones que abogamos por la soberanía del pueblo puertorriqueño.
Ante ese recrudecimiento de la vocación colonial de los Estados Unidos, que, repito, debe ser objeto de repudio y escándalo, urge más que nunca que el caso de Puerto Rico, según se solicita en el proyecto de resolución ante la consideración de este Comité, se eleve al pleno de la Asamblea General.
