Señor Presidente y Señores Delegados:
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Mi nombre es María de Lourdes Santiago y comparezco como vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. Me acompaña el Senador Fernando Martín, Presidente Ejecutivo del PIP.
Al igual que el año pasado, comparecemos ante este Comité mientras en Puerto Rico se revela nuevamente la expresión más cruda del dominio político de los Estados Unidos sobre nuestra isla. La Marina de Guerra de los Estados Unidos ha reiniciado, contra la voluntad de los puertorriqueños, el bombardeo sobre la isla de Vieques. Tal y como ha ocurrido durante las últimas maniobras, decenas de desobedientes civiles han logrado penetrar la zona restringida, arriesgándose a las cada vez más severas condenas impuestas por el brazo jurídico de la Marina, el tribunal federal norteamericano en Puerto Rico. Como cuestión de hecho, el presidente de nuestro Partido, Rubén Berríos Martínez, se encuentra encarcelado en estos momentos, y celebra hoy su cumpleaños cumpliendo una sentencia de cuatro meses, tras su más reciente entrada al polígono en Vieques. En cuanto a él y a los demás hombres y mujeres que se encuentran ya o que próximamente serán ingresados en la prisión de las autoridades norteamericanas en Puerto Rico (y en Nueva York, en el caso de los que han sido trasladados) repetimos en este foro nuestra exigencia de que se respete su seguridad y su integridad física.
La semana pasada el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció un posible cese de maniobras en el 2003. Esta nueva posición del gobierno norteamericano sólo refleja una anticipación de los resultados que habría obtenido el referéndum que por imposición de la administración del Presidente Clinton se celebraría en Vieques en noviembre de este año. Y al igual que dicho referéndum, el anuncio de Bush falla de forma imperdonable al no ofrecer lo que efectivamente es la voluntad de la inmensa mayoría de los puertorriqueños: el cese inmediato y permanente del bombardeo y la devolución ordenada de los terrenos. Como en toda la política colonial de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, lo propuesto por Bush aspira a encubrir bajo un manto de comprensión y magnanimidad lo que no es sino otra expresión de la vocación de dominio de ese país hacia los puertorriqueños. Porque más allá de los evidentes problemas de derechos humanos o civiles, o del tema ambiental, Vieques es fundamentalmente un problema político causado por la relación de subordinación política de nuestro pueblo con los Estados Unidos.
Para quien no pudiera entender el problema colonial de Puerto Rico, Vieques le ha dado el ejemplo a la vez más dramático y sencillo: se trata de que los Estados Unidos, a plena conciencia, e ignorando por completo nuestra voluntad, logren insistir en mantener un curso de acción en claro perjuicio de los puertorriqueños. Esta carencia de un mínimo de autodeterminación, esta imposibilidad de actuar para proteger la integridad de nuestro suelo y la salud de nuestra gente, es sólo un síntoma del más profundo y complejo problema colonial. Así, aún el gobierno de Puerto Rico-- que por primera vez en 103 años de coloniaje, empujado por la voluntad del pueblo, no ha seguido ciegamente a la metrópoli-- sólo puede quedarse con la evidencia en la mano sobre los daños que los ejercicios bélicos causan a la salud y al ambiente, sin poder hacer nada para detener el bombardeo.
Es la misma impotencia que se impone ante el reciente dictamen de un tribunal apelativo norteamericano, según el cual la pena de muerte puede ser aplicada en nuestro territorio por las autoridades norteamericanas en casos bajo su jurisdicción, aun cuando la Constitución de Puerto Rico disponga expresamente que no existirá la pena de muerte; la misma incapacidad de actuar ante la determinación del tribunal de los EU en Puerto Rico, cuando decide que el gobierno de Puerto Rico no tiene autoridad para pasar juicio sobre el proceder la Marina desde su base en el municipio de Ceiba, cuando sustrae sin pagar por ello millones de galones de agua potable (muchos de los cuales son arrojados al mar), condenando a una sequía permanente a miles de familias puertorriqueñas que dependen del mismo abasto de agua.
Esta nueva calidad de tangibilidad e inmediatez del dominio norteamericano en Puerto Rico ha servido para crear conciencia más allá de nuestro país. Los ojos del mundo están puestos sobre la colonia más antigua del planeta. Y ahora más que nunca, el resultado final en el caso de Vieques, dependerá en una medida importante del apoyo que la comunidad internacional brinde a nuestra causa.
Hace apenas unos días, el 11 de junio, en Buenos Aires, el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista aprobó de forma unánime una resolución reiterando su apoyo a la lucha del pueblo puertorriqueño por lograr el cese inmediato de las maniobras de la Marina de los EU en Vieques, y en particular manifestando su solidaridad con Rubén Berríos (Presidente Honorario de la IS) y con los cientos de puertorriqueños de todos los partidos políticos que han sido encarcelados por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos por sus actos de desobediencia civil pacífica en Vieques. Igual posición adoptó recientemente la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, como también el Foro de Sao Paulo. En esa resolución la Internacional Socialista para América Latina también expresó su confianza en que este Comité de Descolonización habría de aprobar la resolución que hoy tiene ante su consideración.
Aún dentro de los Estados Unidos, la causa de Vieques ha generado un ola en la opinión pública sin precedente en nuestra historia: por un lado, conocidos norteamericanos como el abogado ambientalista Robert Kennedy, el Rev. Al Sharpton, la Sra. Jackeline Jackson (esposa y colaboradora del líder afroamericano Jesse Jackson) y el actor Edward James Olmos, padecen ya o enfrentan cárcel por haberse integrado a los actos de desobediencia civil. Por otra parte, el New York Times ha publicado el día 16 del corriente un editorial deplorando la insuficiencia de la iniciativa de Bush sobre el cese de prácticas en el 2003 y subrayando la urgencia de finalizar el bombardeo de una vez y por todas.
Es nuestra esperanza que ante esta situación los Estados Unidos no puedan eludir más el enfrentamiento de su responsabilidad, según se ha exigido a través de muchos foros, de forma especial a través de este Comité, y se inicie un verdadero proceso de descolonización a través de una Asamblea Constituyente, en el que los puertorriqueños puedan ejercer su derecho a la libre determinación, con pleno conocimiento de las opciones de status y sus implicaciones, y tomadas previamente medidas dirigidas a compensar el daño que la criminalización y persecución al ideal de la independencia han causado a esa opción.
Para que esto suceda, repetimos, será un factor determinante la participación que a nivel internacional se genere. Por ese motivo, confiamos en que en este momento especialmente significativo se repita el logro del año pasado, cuando este Comité, por primera vez en su historia, aprobó por consenso una resolución sobre Puerto Rico reafirmando el derecho inalienable del Pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.
El Partido Independentista Puertorriqueño apoya plenamente el proyecto de resolución que ha circulado entre los miembros de este Comité. Esperamos que la consideración del mismo represente un paso más hacia la concretización del apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes al que hace refererencia la Resolución 1514 (XV).
