El Tribunal Supremo, en una decisión que ha causado gran revuelo y confusión, ha dictaminado que los puertorriqueños tienen dos ciudadanías, la americana y la puertorriqueña. La americana es una ciudadanía impuesta en el 1917 por la Ley Jones. La puertorriqueña a la que se refiere el Tribunal es una ciudadanía colonial que viene desde el 1900 con la Ley Foraker. El PIP no aspira ni a la ciudadanía americana ni a la colonial. Aspira y lucha por la verdadera ciudadanía puertorriqueña, que sólo puede hacerse realidad cuando Puerto Rico sea libre y soberano. La media ciudadanía americana y la media ciudadanía colonial no suman, ni siquiera se aproximan a esa verdadera ciudadanía puertorriqueña.

El liderato del PPD está de fiesta. La decisión exalta al ELA colonial como un status de dignidad política. El liderato PNP anticipa su campaña de miedo presentándose como exclusivos garantizadores de la ciudadanía americana. El PIP, con el voto unánime de los presidentes de sus comités locales reunidos en Comité Central, repudia la decisión como un intento por glorificar a un ELA moribundo, particularmente ahora que republicanos y demócratas en el Congreso, la Casa Blanca y hasta teóricos del ELA aceptan lo que hemos sostenido por casi medio siglo, que el ELA es una colonia.

Hay quienes alegan que la decisión contribuye a que los puertorriqueños pierdan el miedo a vivir sin la ciudadanía americana, que ayuda a la descolonización psicológica y que abona el camino para que poco a poco lleguemos a la plena soberanía. El que sin ser colonialista, y luego de estudiar la decisión del Tribunal, acepta esas alegaciones, se engaña y peor aún corre el riesgo de ser utilizado por el colonialismo, no importa sus buenas intenciones. No es de extrañar, pues, que el Presidente del PPD expresara recientemente: "Los reclamos (de los que renuncian a la ciudadanía americana) son el resultado del espacio político que el ELA le ha dado a la ciudadanía puertorriqueña sin entrar en contradicción con nosotros mismos ni con la nación americana".

No es cierto que luego de la decisión del Tribunal, a los puertorriqueños se les va a hacer más fácil descolonizarse y perder el miedo a la libertad. Por el contrario, la decisión ha llevado a algunas personas a confundir su propia nacionalidad puertorriqueña con la ciudadanía colonial que reconoce el Tribunal. Somos puertorriqueños, no porque unos jueces colonialistas digan que somos ciudadanos puertorriqueños. Somos puertorriqueños por que somos parte de la nacionalidad puertorriqueña. No se puede confundir el concepto de la ciudadanía con la realidad de la nacionalidad, ni con la puertorriqueñidad.

Esa confusión de la nacionalidad puertorriqueña con la ciudadanía colonial -esa falsificación del concepto de ciudadanía de la cual es responsable el Tribunal- fomenta la engañosa ilusión de que la soberanía no es necesaria para alcanzar la verdadera ciudadanía puertorriqueña y, por lo tanto, puede tener el efecto de confundir a algunos y evitar que se sumen a la lucha por la independencia. La carreta no puede ir delante de los bueyes. La verdadera ciudadanía puertorriqueña no puede llegar antes que la independencia.

El problema real que enfrenta la lucha por la independencia no es la ciudadanía americana, es el colonialismo americano. Y la tarea de los independentistas no es convencer a los puertorriqueños de que renuncien a la ciudadanía americana, sino de que repudien el colonialismo. Por eso don Pedro Albizu Campos y don Gilberto Concepción de Gracia lucharon por la independencia toda la vida sin ilusionarse con la teoría de que adelantarían su causa renunciando a la ciudadanía americana. Con la independencia, la verdadera ciudadanía puertorriqueña viene por añadidura.

Pero el peligro mayor de la decisión del Tribunal es que fortalece la teoría de que el ELA debe respaldarse o exaltarse como punto de partida, como un instrumento político meritorio ya que, supuestamente, bajo ese status se puede ir ganando poderes poco a poco hasta llegar a la plena soberanía. La decisión no rescata ni un solo poder para los puertorriqueños.

Pero mas importante aún, el mito de que dignificando el ELA o colaborando con el PPD se promueve el rescate de poderes auténticos para Puerto Rico no es otra cosa que la misma trampa colonial del 1952 y de siempre que solo ha servido para retrasar la descolonización.

Hagamos un poco de historia, hace más de medio siglo, luego de la fundación del PIP, muchos independentistas permanecieron en el PPD porque ese partido supuestamente traería la independencia, cayendo así en la trampa de la colonia. Más tarde, en 1978, el PIP advirtió contra el peligro de la colaboración con el PPD, colaboración que finalmente desembocó en lo que se conoció como el "melonismo", (es decir, la práctica de proclamarse independentista y votar por la colonia). Señalamos entonces y reiteramos ahora que, en cuanto a la posibilidad de acuerdos o entendidos con el PPD u otros sectores políticos, "que sólo son positivos para el independentismo si esos acuerdos parten de una posición de fuerza relativa y garantizan la integridad y fortaleza numérica del independentismo al mismo tiempo que abren las puertas para su mayor crecimiento."

Los que en 1978 optaron por una línea contraria a esta pagaron el más alto precio. En las elecciones del 1980 una gran parte del PSP se diluyó electoralmente en el PPD y eventualmente el PSP desapareció. Pero, desafortunadamente, hay quienes al presente se inspiran en esa vieja estrategia. La siempre alegada inminencia de la estadidad, el coqueteo con el PPD previo a las elecciones de 1996, el reciente intento en la ONU de revivir la Resolución 748 en donde se glorifica el ELA, y la Euforia de algunos con la " recién descubierta " ciudadanía de la colonia son los últimos eslabones en esa larga cadena.

La decisión del Supremo sobre la ciudadanía es la contribución judicial al melonismo, es la más reciente trampa del colonialismo. El PIP la ha desenmascarado, y por eso se multiplican los ataques a nuestra institución.

El PIP continuará promoviendo la suprema definición- yanquis o puertorriqueños- como estrategia del independentismo. En ese contexto, cuando en el futuro el PIP (como lo hizo al gestar y promover el referéndum de 1991) pueda dictar condiciones que adelanten la independencia, entonces y sólo entonces estaremos dispuestos a entrar en acuerdos con cualquier partido o sector político.