NO CABE la más mínima duda de que el origen de una gran parte de la corrupción creciente que ha caracterizado la gestión gubernamental durante las últimas décadas reside en la manera en que tanto el PNP como el PPD financian sus campañas políticas.

Es de todos conocido que la inmensa mayoría de las cantidades multimillonarias utilizadas en las campañas de esos dos partidos provienen de fondos privados, y que un pequeño grupo de donantes y recaudadores en cada uno de ellos es el que tiene la responsabilidad de amasar esas cantidades.

La realidad es que esos "donantes" son más bien inversionistas. Ya sea el PPD o el PNP el que triunfa, los inversionistas que financian la campaña les presentan de inmediato sus pagarés al cobro a los nuevos incumbentes. Tratándose de un gobierno que cada vez contrata más compras y servicios con la empresa privada, el acceso preferencial a esos contratos que suman cientos de millones de dólares se convierte en el pago de la deuda electoral en que esos partidos tuvieron que incurrir para llegar al poder. Los inversionistas se vuelven los dueños del Gobierno y los funcionarios electos meramente sus agentes y facilitadores en el asalto frontal al presupuesto del país.

La manera más efectiva de atajar este mal radica en ir a la raíz del problema, convirtiendo el financiamiento de las campañas en uno público en vez de uno privado. El Partido Independentista lo ha venido proponiendo insistentemente por décadas ante los oídos sordos de aquellos partidos que han visto siempre en el financiamiento privado la manera de obtener ventaja económica en sus perspectivas de alcanzar o retener el poder público.

La más reciente ola de revelaciones escandalosas sobre el grado a que ha llegado la corrupción pública ha generado un reclamo generalizado en el país, exigiendo reformas al sistema vigente. A pesar de que el Senado actuó diligentemente aprobando un proyecto de ley que contiene importantes reformas que apuntan en la dirección correcta, la Cámara de Representantes no ha endosado este proyecto ni ha logrado hasta este momento- articular una propuesta alterna dirigida al saneamiento del desacreditado sistema de financiamiento de campaña que hoy existe.

Le hago hoy, a nombre del pueblo puertorriqueño, un llamado urgente al partido de gobierno en la Cámara para que descargue fielmente y de una vez su responsabilidad de no permitir que las próximas elecciones pongan en subasta pública el Gobierno del país como ha ocurrido en el pasado. No hay justificación o excusa para que la inacción legislativa vaya a dejar intacta la raíz de la corrupción.

Hago igualmente un llamado al Gobernador de Puerto Rico y al Presidente del Partido Nuevo Progresista para que ejerzan su liderato en este tema tan crucial y sensitivo. Quedaría revelada como retórica hueca e inútil el discurso de repudio a la corrupción que tanto el gobernador Rosselló como el doctor Pesquera proclaman si éstos son incapaces de lograr que su delegación legislativa en la Cámara actúe a la altura que requiere el momento actual.

El tiempo apremia y estoy seguro de que debe ser la estrategia de algunos aliados y beneficiarios de la corrupción el darle de largas al asunto con la esperanza de convertirlo en académico. De no lograrse la reforma del sistema de financiamiento de campañas ahora -rompiéndole al espinazo al sistema de inversionistas privados y asegurando que cada partido tenga igual acceso a los medios de comunicación sin tener que deberle a nadie para poder hacerlo- se estará dando luz verde a que continúe la espiral ascendente de corrupción y saqueo público que ha azotado al país por demasiado tiempo.

Los líderes del partido de Gobierno tienen la palabra. Puerto Rico aguarda y observa.