LA DISCUSION sobre el tema del status es un tema ineludible en estas elecciones. Nuestro país es la única comunidad política de tamaño ni remotamente comparable que queda en el planeta donde las reglas políticas, económicas y jurídicas fundamentales son decididas por el gobierno de otro país. No es posible dirigirse responsablemente a nuestro pueblo sobre la política pública a seguirse en los próximos años sin proponerle al país un camino a seguir para que Puerto Rico pueda resolver su indiscutible problema de subordinación política a la mayor brevedad posible.

A pesar de las enormes diferencias sobre cuál debe ser nuestro destino final, existe en Puerto Rico un área de consenso fundamental con respecto al status. La inmensa mayoría de los puertorriqueños está convencida de que nuestra actual situación se ha vuelto inaceptable. Los independentistas y los estadistas tienen cada cual su alternativa precisa, y el grueso de los estadolibristas -aunque no todo su alto liderato- aspiran a lograr importantes modificaciones al presente status que lo liberen de su actual carácter colonial.

El reto que enfrentamos los puertorriqueños en este momento y en esta campaña electoral es el de articular un mecanismo procesal que convierta ese consenso en una exigencia descolonizadora que los Estados Unidos no pueda ignorar.

En distintos momentos, todos hemos señalado la necesidad de que el Congreso de los Estados Unidos le hable claro a nuestro pueblo y que se manifieste sobre las alternativas de status que estaría dispuesto a considerar, al igual que las condiciones en que estaría dispuesto a concederlas. Tal expresión congresional es necesaria porque, contrario a la independencia, las alternativas de anexión y asociación, por no ser un derecho, dependen no sólo de lo que los puertorriqueños quieran, sino de que sean política y jurídicamente aceptables para los Estados Unidos. Cómo podremos lograr que el Congreso se defina?

La negativa explícita del Congreso tanto al rechazar el Proyecto Johnston en 1991 como al dejar morir el Proyecto Young en 1998 debe servirnos de punto de partida. No cabe duda de que el Congreso no proveerá para una votación plebiscitaria en Puerto Rico la cual incluya la estadidad como alternativa. Por eso fracasaron ambos proyectos; porque el Congreso no estuvo dispuesto a incluir una alternativa que sabía de antemano que no estaba dispuesto a conceder.

Si el Congreso hubiera manifestado un rechazo formal a la estadidad, le hubiera hecho un gran favor a Puerto Rico. Nadie tiene más derecho a ser notificado de que la estadidad para Puerto Rico no es una opción real para el Congreso que los puertorriqueños, que hoy equivocada e ilusamente -pero de buena fe- favorecen esa alternativa; alternativa que, en todo caso, para nosotros los independentistas no representa una opción válida puesto que constituiría una abdicación impermisible del derecho inalienable de nuestro pueblo a su libre determinación e independencia.

Cuando escucho al doctor Pesquera decir que hay que volver a insistir en apoyar una legislación federal para celebrar un plebiscito en Puerto Rico, pienso que se le ha escapado la principal lección política de esta pasada década en lo que a status se refiere. No cabe duda de que los proyectos Johnston y Young cumplieron la importantísima función de evidenciar los insuperables obstáculos a que se enfrenta la estadidad en el Congreso y así despejar la preocupación entre muchos opositores a la estadidad de que ésta constituía un peligro inminente que había que enfrentar aferrándose al colonialismo. Resulta igualmente claro, sin embargo, que ningún proyecto de plebiscito federal que incluya la estadidad tiene oportunidad de ser aprobado en el Congreso en el más lejano futuro previsible. Insistir en ello, por lo tanto, es condenarse a que no haya mecanismo efectivo para lograr superar nuestra actual inferioridad política. Tal insistencia se convierte pues -perversamente- en una forma de inmovilismo y de perpetuación del coloniaje.

La señora Calderón, por su parte, se limita a insistir en que desde 1952 no hay tal problema colonial. Parece creer, como afirmaba aquel filósofo alemán, que "ante el misterio, sólo el silencio".

Ni el ahora comprobado callejón sin salida del plebiscito federal que urge el doctor Pesquera ni el avestruzamiento negatorio de la realidad que exhibe la señora Calderón ofrecen el camino de solución que la mayoría del país exige y necesita.

Desde su programa de 1984, el Partido Independentista Puertorriqueño ha postulado la necesidad de que se convoque en Puerto Rico una Asamblea de Pueblo o Asamblea Constituyente electa separadamente de las elecciones generales y basada en representación proporcional- con el propósito exclusivo de que delibere entre sí y luego negocie con los Estados Unidos a nombre de nuestro pueblo la descolonización de Puerto Rico.

Para ponernos de acuerdo tan sólo se requiere que los partidos políticos reconozcan y expresen que los puertorriqueños todos -estadistas, estadolibristas e independentistas- rechazamos la continuación de la actual subordinación política.

La convocatoria misma a tal Asamblea será de por sí la más elocuente manifestación de nuestra voluntad colectiva y obligará a los Estados Unidos a responder a esa Asamblea que, constituida y reunida en Puerto Rico, estará comprometida a permanecer en sesión permanente hasta que nuestro pueblo ratifique el resultado de su gestión emancipadora.

Invito al doctor Pesquera y a la señora Calderón a que adopten también en sus programas este mecanismo procesal de tal manera que, cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, el país tenga la garantía de que el tema del status no dormirá el sueño de los justos el próximo cuatrienio. Conversemos y afinemos, pero actuemos.

Faltaríamos gravemente a nuestra responsabilidad como dirigentes políticos si no fuéramos capaces, ahora, de darle cauce procesal al consenso sustantivo que ya existe