DESARROLLO ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN

El Partido Independentista Puertorriqueño concibe la organización del sistema económico de Puerto Rico dentro del marco filosófico de la socialdemocracia. Tanto bajo las administraciones del PNP como del PPD, las políticas de privatización y de desreglamentación han sido la orden del día, como parte de su prédica neoliberal. Para el PIP los factores de producción tradicionales -tierra y capital- ciertamente son elementos instrumentales en el proceso de desarrollo económico. No obstante, el trabajo no es un mero factor instrumental: el ser humano es el fin y el objetivo mismo del desarrollo; es el centro de cualquier estrategia para levantar el nivel de vida de todos y todas en nuestra Patria. En contraste con la posición del PIP, el neoliberalismo considera al ser humano como una pieza o factor productivo al servicio de los grandes intereses.

A su vez, la globalización de la economía constituye una realidad fundamental del mundo moderno la cual es preciso tener en cuenta a la hora de diseñar la política económica de Puerto Rico. La internacionalización de los mercados y la globalización han transformado radicalmente las potencialidades de las economías de los países de escasa extensión geográfica. No es casualidad que de los diez países más prósperos del mundo, nueve tengan menos de siete millones de habitantes y seis menos de un millón. Estamos en un mundo donde cada día más naciones con menos territorio y población tienen mayores ingresos y mayor crecimiento económico que Puerto Rico. La apertura e integración de los mercados ha logrado que las economías de escala, anteriormente exclusivas de los países grandes, ahora estén accesibles a los más pequeños. Más aún, los países pequeños compiten con la gran ventaja de estar libres de los costos económicos de la diversidad y la complejidad, problema insalvable para los países grandes.

Globalización significa, entre otras cosas, mayor transnacionalización de la producción, mediante la cual las diferentes fases de trabajo de un proceso productivo se ubican en diferentes países, conjuntamente con más intercambio comercial y financiero, lo que se traduce en mayor interdependencia. Mediante una serie de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que serán claves en el inicio del Siglo 21 se han estado constituyendo bloques regionales con diversos grados de integración económica entre los países independientes que los integran. Ya pertenece al pasado la hegemonía económica norteamericana y cobra fuerza un mundo económico multipolar donde los bloques centrales son la cuenca del Pacífico Occidental, la Comunidad Económica Europea y Norte América.

Para enfrentarse exitosamente a estos cambios y participar plenamente en la búsqueda de nuevas oportunidades hay que ser miembro en propiedad de la comunidad internacional, con facultad de participar en las mesas de negociación en las que se fraguan estos acuerdos. La capacidad de negociar acuerdos comerciales y financieros de carácter bilateral y multilateral es lo que posibilita la ampliación de los mercados de exportación y al mismo tiempo que la soberanía política garantiza la protección selectiva de aquellos sectores con potencial de competir favorablemente en el mercado internacional y asegurar el abasto de alimentos para el mercado doméstico.

I. EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

Se hace impostergable la adopción de una estrategia de desarrollo sustentable que oriente la utilización racional y ordenada de los recursos naturales con que contamos las generaciones del presente, de forma tal que conservemos ese patrimonio para el uso y disfrute de las generaciones futuras. Ese es precisamente el enfoque adoptado por los países más avanzados del planeta, particularmente aquellos gobernados por partidos políticos fraternos del PIP.

El PIP propone una visión de crecimiento económico centrado en el ser humano, amparada en las nuevas corrientes de pensamiento del desarrollo internacional y suscrito por la Organización de Naciones Unidas y agencias similares. Nuestro enfoque de desarrollo económico sustentable busca impulsar medidas que promuevan una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza; que enfaticen en una mejor educación y salud colectivas como medios para lograr un crecimiento equilibrado entre todos los sectores poblacionales y como una forma de garantizar aumentos en la productividad; que mejoren las condiciones de trabajo, incluyendo formas innovadoras de participación laboral en empresas privadas y cooperativas; y que garanticen a la vez la conservación de los recursos naturales no renovables. Pero por sobretodo que el resultado combinado de todos estos objetivos sea el que todos los puertorriqueños en edad productiva puedan encontrar un trabajo que le provea atender sus necesidades como ser humano y que se pueda generar la riqueza para atender las necesidades de los menores de edad, y los incapacitados para trabajar por condición de salud.

Sólo con este enfoque se podrá superar la crisis social del país y la crisis fiscal del gobierno. El desempleo es uno de los factores principales en el deterioro social; está vinculado a la criminalidad, a la adicción a drogas y a la marginación social; además agrava la crisis fiscal del gobierno al reducir los recaudos contributivos y requerir más ayudas sociales. Una reducción significativa del desempleo y una política fiscal que aumente modestamente la responsabilidad contributiva de las corporaciones foráneas – según se propone adelante – permitirá al gobierno obtener los ingresos para realizar aquellos gastos de inversión social en la salud, la transportación colectiva, el medioambiente, la educación y la cultura que eleve la calidad de vida de los puertorriqueños y su mayor incorporación en los procesos políticos.

II. FUNDAMENTOS PARA UN MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Existen múltiples elementos favorables al desarrollo de la economía puertorriqueña aún dentro de las condiciones actuales. Puerto Rico cuenta con una infraestructura relativamente buena, aunque en deterioro, y un conocimiento tecnológico adecuado. Su red de centros educativos puede agilizar la preparación de los recursos humanos, que son abundantes tanto en el área de servicios como en el de producción. La localización de Puerto Rico como centro geográfico de rutas comerciales es un recurso de fundamental importancia para promover el comercio internacional.

El potencial de su mercado interno, trátese de bienes de consumo o de bienes intermedios y de capital, es considerable. Cuenta con tierra cultivable cuyo potencial de producción no ha sido explotado. Dispone de un sector financiero sumamente experimentado y diverso, con un sector cooperativo cuyos activos sobrepasan los $7 mil millones, en el cual sobresalen las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas de seguro. Además, la estabilidad política que representa nuestra tradición más que centenaria de participación en procesos electorales iniciada mucho antes de 1898, nuestro respeto por los derechos humanos y la existencia de un sistema judicial independiente, constituyen importantes condiciones que favorecen el desarrollo económico mediante la inversión de capital extranjero y local.

A lo anterior se añade el potencial de producción de bienes y servicios que existe en nuestras comunidades urbanas y rurales de ingresos bajos y moderados, el cual no ha recibido el apoyo necesario para su pleno desarrollo, debido a la visión prejuiciada de las administraciones de los gobiernos coloniales.

El problema no es, pues, ausencia de recursos y de potencial de crecimiento, sino la falta de poderes y la voluntad política para ponerlos al servicio de una política coherente de desarrollo industrial, agrícola, comercial y comunitario. Es necesario "soltar amarras" para colocar los activos con que cuenta Puerto Rico al servicio de una política económica orientada en función de los intereses de nuestro pueblo.

Es particularmente importante contar con la voluntad política para vencer las restricciones institucionales que como consecuencia de nuestra condición colonial limitan nuestras posibilidades de desarrollo. Entre éstas cabe citar la incapacidad para suscribir tratados y acuerdos comerciales, las Leyes de Cabotaje que encarecen la transportación marítima y dificultan una planificación más adecuada de las redes de intercambio comercial, y el sistema arancelario norteamericano respecto a terceros países, que nos dificulta la articulación de relaciones comerciales con éstos. La superación plena de estas restricciones presupone la Independencia; no obstante, esto no significa que no podamos exigir y negociar al presente. El PIP considera impostergable la necesidad de poner en manos de Puerto Rico el control sobre su economía y sobre su comercio con el resto del mundo.

III. POLÍTICA INDUSTRIAL: PLAN MAESTRO DE INCENTIVOS INDUSTRIALES

La política industrial orientada a la competitividad y a la transferencia de recursos hacia los sectores e industrias de futuro y a la promoción de productos cuya demanda en nuestros mercados de exportación crece significativamente debe ser el fundamento de la política económica. Además, por razones estratégicas, debe sustentar el fortalecimiento de un mercado interno que garantice un abasto eficiente de las necesidades alimentarias de nuestra población. Para ello Puerto Rico tiene que establecer nichos competitivos basados en calidad y diferenciación. Algunos ejemplos concretos van desde el café que exportamos al mercado japonés, las plantas ornamentales y otros productos agrícolas que exportamos al mercado norteamericano, hasta varios productos manufacturados, algunos de alta tecnología, a través de los cuales el país ya ha ganado reconocimiento internacional, como lo son los productos farmacéuticos, instrumentos profesionales y científicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, o componentes de computadoras.

Resulta, entonces, imperativo, identificar empresas y productos, tanto en la manufactura como en los servicios y la agricultura, para concentrar allí los esfuerzos de promoción de exportaciones. La ventaja comparativa de que goza Puerto Rico en el renglón de los servicios y en la producción de muchos bienes manufacturados en la Cuenca del Caribe es crucial en nuestros vínculos comerciales con nuestros vecinos.

Vinculada a la estrategia industrial, tiene que definirse una política tecnológica. La producción en masa ha comenzado a ser desplazada por sistemas flexibles de producción en los que predomina no el volumen y la consecuente economía de escala, sino la diversidad, que se traduce en lo que ahora se llaman economías de alcance. Estos sistemas, que se están generalizando en numerosas actividades como ropa, textiles y muebles, representan una extraordinaria fuerza de ventaja competitiva, particularmente en países pequeños donde se requiere generar economías aunque se opere en pequeña escala. Todo esto es pertinente, tanto cuando se trata de la producción orientada al mercado nacional, como cuando se trata de aquella orientada al mercado externo.

Muchos de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales recientes establecen parámetros específicos para simplificar los procesos de inversión extranjera y crean mecanismos para proteger al inversionista, lo cual sumado a la eliminación de barreras comerciales promueve el volumen de inversiones en los países en desarrollo. Los inversionistas locales deben aprovechar esta realidad y es necesario el diseño de una estrategia conjunta para captar la atención de inversionistas extranjeros. En la atracción de inversiones debe otorgársele particular prioridad a las empresas de capital conjunto (doméstico y externo), lo que estimula al empresariado local, promueve la transferencia tecnológica y facilita la tarea de mercadeo en las plazas de nuestros socios comerciales.

Puerto Rico debe tener un papel central en la provisión de servicios (desarrollo tecnológico, servicios financieros, mercadeo y todo tipo de servicio profesional) en el área del Caribe.

Para el logro de estos objetivos, el PIP propone:

1. La reconversión de la Compañía de Fomento Industrial en Compañía de Fomento Empresarial como una incubadora de empresas de todo tipo en coordinación con el Banco Gubernamental, el Banco de Desarrollo Económico, el Sistema Universitario Público (sin excluir la aportación que pueda hacer el privado) y el movimiento cooperativo. Su objetivo es la provisión del capital financiero – público y privado, el talento empresarial y el asesoramiento de mercadeo que permita la creación de nuevas empresas de todo tipo organizativo cuya viabilidad sea demostrada. Ello incluiría los negocios de tipo personal y familiar, la corporación convencional, las cooperativas – especialmente de servicios y producción – y las corporaciones de trabajadores.

2. Crear un Fondo de Desarrollo Nacional que sirva para el financiamiento de la infraestructura que sea clave para la atracción de inversión privada; o para el establecimiento de empresas cooperativas, corporaciones de trabajadores o empresas de capital mixto y que contribuyan a la utilización de energía de fuentes renovables y reduzcan la producción de desperdicios. Este Fondo Desarrollo Nacional trabajaría en coordinación con la Compañía de Fomento Empresarial para financiar las empresas promovidas por ésta y se financiaría con parte sustancial de las recaudaciones adicionales que se espera obtener de elevar modestamente las contribuciones sobre las ganancias o exportaciones a subsidiarias o asociadas de corporaciones foráneas de manera que no excedan el 10% de su ingreso neto antes del pago de contribuciones y arbitrios.

3. El PIP propone la creación de un nuevo Plan Maestro de Incentivos Industriales, de aplicación inmediata y universal (cobijando a todas las empresas industriales), que tomará en cuenta tres categorías básicas: (1) Las empresas que se han acogido de inmediato y eventualmente a las que se acojan a los beneficios contributivos dispuestos en el Código de Rentas Internas de EE.UU. para las corporaciones foráneas controladas (CFC). (2) Las empresas no cobijadas por tales secciones, sobresaliendo entre éstas las empresas locales, tanto de capital privado como comunitario y cooperativo; y (3) Las empresas de financiadas con capital fuera de los Estados Unidos. Se tomará en consideración que la gestión de la Compañía de Fomento Empresarial podrá combinar las fuentes de capital y las formas de organización empresarial que estime apropiada para la ejecución del plan.

Con el Plan de Incentivos Industriales como guía y la Compañía de Fomento empresarial y el Fondo de Desarrollo Nacional como instrumentos de ejecución se llevarán a cabo las siguientes políticas:

1. Promover empresas, productos y servicios para exportación, en forma diversificada, y en renglones en que podemos desarrollar una ventaja competitiva en el mercado internacional.

2. Promover acuerdos de cooperación que faciliten el comercio y la transferencia de tecnología, especialmente -aunque no estrictamente- con países de la región caribeña y latinoamericana.

3. Promover la investigación y desarrollo requiriendo que las empresas que se establezcan dediquen recursos significativos a la investigación y desarrollo de nuevos productos y técnicas de producción. Así mismo, el propio Gobierno destinará recursos a la investigación y desarrollo como incentivo a la inversión. Se promoverá la colaboración entre las universidades del país y la empresa privada en este esfuerzo. En este contexto promover el desarrollo integrado de la industria 'biotecnológica'.

4. Promover empresas de capital conjunto (extranjero y local) sin limitar el tipo de actividad a la que puedan dedicarse y enfatizando en las que tengan un gran potencial de generación de empleos con niveles de salarios superiores al promedio en la manufactura. Promover el establecimiento de centros industriales completos en Puerto Rico, el Caribe y América Latina, que conjuguen las diversas funciones empresariales.

5. Promover la exportación de servicios tecnológicos, financieros, de mercadeo y profesionales, especialmente al área del Caribe, en la cual Puerto Rico ostenta una posición competitiva favorable.

6. Identificar alternativas de inversión para colaborar con el sector cooperativo y la banca en el diseño de estrategias financieras y de inversión

7. Promover formas nuevas de organización empresarial como las cooperativas de producción y las corporaciones propiedad de trabajadores, donde ya existe el marco jurídico legal.

Cuando Puerto Rico cuente con los plenos poderes en la Independencia, tendrá la facultad- inexistente bajo el ELA o en la estadidad- de concertar tratados con otras naciones, para beneficio mutuo. Eso le permitirá suscribir tratados contributivos similares a los que ya existen a la comunidad internacional, especialmente entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Mediante estos tratados se logra la inversión de capital externo de diversos países- no sólo capital estadounidense, como ocurre actualmente en Puerto Rico para beneficio no sólo del país inversor, sino como fuente de empleo, productividad y desarrollo en el país que recibe la inversión externa.

El Fondo de Desarrollo Nacional, con el Plan Maestro tendrá el objetivo de aumentar la capacidad competitiva de las empresas mediante una gestión conjunta entre el Gobierno y el sector privado. Se buscará hacer más atractiva la inversión en Puerto Rico con un programa de incentivos vinculados a los objetivos de Política Pública. Entre estos objetivos se destacan:

1. Proveer infraestructura moderna y adecuada al costo más bajo posible para el usuario.

2. Proveer adiestramiento y educación continua para empleados y gerentes.

3. Crear un Programa de Investigación y Desarrollo de nuevos productos y técnicas de producción, organización y mercadeo.

4. Promover un ambiente participativo para mejorar las condiciones de trabajo, la estructura de salarios y la productividad.

5. Propiciar la participación de empleados y empleadas en la adquisición de acciones y otras formas de inversión en las empresas.

6. Facilitar la utilización de equipo y sistemas para proteger el medioambiente.

7. Fomentar la integración de la economía y generar eslabonamientos en la compra de materias primas, bienes de capital y en el mercadeo de productos finales.

8. Promover la exportación de bienes y servicios con la reducción de costos marítimos mediante la eliminación de las leyes de cabotaje, la provisión de servicios especializados de búsqueda de mercados, el estudio continuo de las reglas de comercio internacional, y la introducción de un seguro de exportación.

IV. POLÍTICA FISCAL

La recaudación de impuestos por parte del Gobierno tiene como propósito evidente allegar recursos para la prestación de servicios. Se requiere eficiencia y justicia en ambos lados de la ecuación, es decir, tanto por el lado del sistema contributivo como por el lado del programa de servicios públicos.

La eficiencia en el sistema contributivo significa garantizar la recaudación necesaria con el menor gasto posible; significa allegar recursos para los programas de gobierno con el menor peso impositivo posible; también significa cerrar vías de evasión en el cumplimiento de la responsabilidad contributiva. Esto, claro está, requiere de una estructura contributiva que el ciudadano entienda como justa y de un aparato administrativo eficaz en la tarea de recaudación.

La justicia tributaria supone cumplimiento con la equidad horizontal y con la equidad vertical. El principio de equidad horizontal postula que los que son esencialmente iguales deben pagar los mismos impuestos. Si fulano y zutano son iguales en todos los aspectos, salvo en el nombre y en los rasgos físicos, el principio más elemental de justicia nos dice que deben pagar los mismos impuestos. Pero como es un hecho que hay diferencias abismales en niveles de ingresos y de riquezas, hay que invocar la equidad vertical.

El principio de equidad vertical establece que para lograr justicia hay que dar trato fiscal diferente a las personas de diferentes ingresos. Este principio se hace valer con impuestos de carácter progresivo. Los impuestos progresivos son aquellos que aumentan a medida en que el ingreso de la persona es más alto: a medida que el ingreso aumenta se grava una fracción mayor del mismo.

El impuesto progresivo por excelencia es el que se impone al ingreso, ya que se disponen tipos o tasas tributarias más altas a las escalas más altas de ingreso. En contraste, los impuestos sobre el consumo son regresivos, es decir, pesan más sobre los grupos de ingresos bajos.

La debilidad del impuesto sobre el consumo, ya sea en su versión de impuesto sobre el valor agregado o en la de impuesto sobre las ventas al detal (como el IVU) radica en que el peso que cae sobre los hombros del consumidor es regresivo. Esto tendría sentido en una sociedad con una gran igualdad en la distribución del ingreso y en la posesión de riqueza. Ese no es el caso en Puerto Rico.

Se aduce que el impuesto que se impone sobre la venta de artículos y servicios tiene la ventaja de que todo el que compra tiene que pagarlo y que, aún los que reciben ingresos en la economía informal, pagarían al hacer sus compras en el mercado regular. Pero esto no elimina su regresividad. Además, lo que se capturaría de la economía informal vía el impuesto sobre el consumo sería una fracción de la misma. De hecho, a la economía informal envuelta en actividades criminales y socialmente dañinas hay que eliminarla. Respecto a la economía informal dedicada a actividades socialmente beneficiosas, hay que diseñar mecanismos, como el crédito contributivo para familias trabajadoras de bajos ingresos, que incentiven su desplazamiento hacia la economía formal.

El Gobierno de Puerto Rico se encuentra inmerso en una crisis fiscal continua debido al intento de mantener la provisión de servicios públicos esenciales que necesita el país en un nivel de excelencia y el depender casi en un 75 por ciento de las recaudaciones contributivas que de una u otra manera pagan los asalariados. De otra parte la tasa efectiva que pagan las corporaciones que gozan de incentivos contributivos es de menos de un 4 por ciento de sus ganancias. Esta tasa es mucho más baja que la que pagan las corporaciones en conjunto (tengan incentivos o no) en Irlanda y Singapur.

El PIP propone como medidas fundamentales de su política fiscal la eliminación del IVU y la re-estructuración de las tasas contributivas aplicables a las empresas que cualifican para incentivos contributivos de manera que paguen – como máximo una tasa de 10 por ciento - sobre su ingreso neto de operaciones y que paguen no menos de 5 por ciento, cuando apliquen los créditos y deducciones especiales a las que tengan derecho.

Componentes específicos de la propuesta del PIP

Revisión de las clasificaciones de niveles de ingresos para el cómputo de la contribución sobre ingresos de individuos con el propósito de:

1. Otorgar alivio contributivo a las familias.

2. Garantizar la progresividad del sistema contributivo.

3. Eliminar el peso confiscatorio al que está sometido el contribuyente asalariado.

4. Reducción -que en promedio sea de 20 por ciento- de las tasas contributivas aplicables a los distintos niveles de ingreso pero que sea una reducción mayor para los contribuyentes de bajos ingresos y menor para los contribuyentes de altos ingresos.

5. Aumentar la capacidad de recaudo del gobierno fijando la tasa básica de las corporaciones que gozarán de incentivos contributivos en un 10 por ciento sobre su ingreso neto de operaciones y estableciendo que no pagarán menos del 5 por ciento una vez apliquen los créditos y deducciones a los que tengan derecho. Además se restablecerá la tasa de 15 por ciento sobre el pago de regalías por el uso de licencias y patentes a las casas matrices. Esta es una contribución que puede reclamar como deducción lo que paga la casa matriz en su país cede – que en la mayoría de los casos si no en su totalidad – es los Estados Unidos, donde la tasa a la que tributarían es mucho mayor.

6. Restablecer una tasa contributiva alterna de 20 por ciento sobre la venta de activos de capital consistente en bienes inmuebles. Además se debe simplificar la estructura contributiva aplicable a las corporaciones y sociedades que no cualifican para incentivos contributivos sin que ello conlleve una reducción en los recaudos mediante una eliminación de deducciones cuya eficacia nunca se ha demostrado, en combinación con una reducción en la tasa contributiva por escala de ingreso corporativo.

7. Eliminar el IVU.

8. Revisar los créditos contributivos para las personas de bajos ingresos para que , además de otorgar justicia contributiva, se incorporen a la economía formal mediante la radicación de planillas.

9. Revisar el esquema de deducciones y créditos contributivos para los individuos y corporaciones, de suerte que se eviten los abusos que se cometen actualmente para otorgar privilegios a los ricos.

Esta reforma estará dirigida a armonizar los objetivos de justicia social y equidad con la ampliación en la base contributiva y el aumento en las recaudaciones. Los alivios contributivos tienen el propósito de estimular la productividad en el trabajo y la actividad empresarial en sectores específicos de actividad económica y localización. El aumento en las recaudaciones tiene como objetivo financiar el Fondo de Desarrollo Nacional y ayudar a ejecutar los objetivos del Plan de Incentivos Industriales y la operación de la Compañía de Fomento Empresarial. Se exige más responsabilidad contributiva a quienes pueden aportar más pero al mismo tiempo se estimula la creación de empresas y el clima industrial en general.

V. COMERCIO INTERNACIONAL

Puerto Rico es una economía abierta, es decir, el valor combinado de sus exportaciones e importaciones tiene un gran peso cuando se compara con el valor de la producción total. Por lo tanto, la consideración de la política comercial es un elemento indispensable en una estrategia de desarrollo económico nacional. Esto es ahora más cierto que nunca, a la luz de la dinámica que ha asumido la economía internacional.

Como objetivos básicos de la política de comercio exterior están los siguientes:

1. Establecimiento de vínculos con otros países, tanto en la dimensión bilateral como en la multilateral que nos permita el acceso a mercados y servicios financieros en armonía con nuestra estrategia de multiplicación de opciones.

2. Atracción de inversiones de capital extranjero privado y público dentro del marco de los acuerdos financieros mencionados arriba.

3. Desarrollo en renglones viables de un proceso de sustitución racional de importaciones agrícolas y de productos manufacturados en armonía con los compromisos que se contraigan por la vía de acuerdos bilaterales y por vía de los foros de negociación multilateral. El apoyo a aquellas empresas que en sus etapas iniciales necesitan ayuda especial hasta que logran la eficiencia y la escala que son necesarias para competir en igualdad de condiciones, será garantizado como suelen disponer las salvaguardas de los foros de negociación comercial.

4. El diseño de estrategias de comercio exterior que nos acerquen más a nuestros vecinos caribeños y latinoamericanos, que constituyen tanto nuestro mercado natural como nuestras fuentes potenciales de materias primas y bienes de consumo y de capital a precios más competitivos y bajo condiciones más favorables para nuestra economía. Evaluar la posibilidad de convertir a Puerto Rico en un centro de exportación de servicios al Caribe y América Latina.

El cumplimiento cabal de estos objetivos supone la superación de las restricciones que responden a la naturaleza colonial de nuestro sistema económico. No obstante, aún dentro de las limitaciones actuales se puede comenzar a sentar las bases que permitan a Puerto Rico encaminarse hacia el logro de los objetivos de comercio externo antes mencionados. De conseguir el poder dentro de la actual condición territorial o dentro de los puestos legislativos que consigamos presionaremos al Congreso de los Estados Unidos para que se gestione mediante las apropiadas resoluciones concurrentes que se suspenda la aplicación en Puerto Rico de las Leyes de Cabotaje y las que limiten las facultades para proteger la agricultura, y la negociación de acuerdos internacionales.

El PIP, por lo tanto, propone implantar a corto plazo las siguientes medidas en el contexto del Plan de incentivos Industriales señalado arriba:

A. Promoción del desarrollo de industrias de manufactura flexible que se especialicen en producción variada y ajustable en diseño -mediante técnicas de "justo a tiempo"- a los cambios continuos en la demanda regional e internacional.

B. Promoción de nuestra experiencia y conocimiento en el manejo de empresas de alta tecnología.

El día que Puerto Rico sea un país independiente, también tendrá la capacidad necesaria para:

1. Controlar todo el comercio exterior, exento de los aranceles norteamericanos que se imponen a los productos provenientes de países fuera de Estados Unidos, y Puerto Rico podrá, a su vez, imponer, si así lo desea, sus propios aranceles a esos productos. Esto servirá tanto para disminuir el precio al consumidor de productos que actualmente pagan los aranceles norteamericanos en Puerto Rico, como para proteger industrias nacientes que ahora se encuentran indefensas en el sentido tarifario.

2. Fortalecer su política de comercio externo mediante su participación en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio (WTO por sus siglas en inglés), la Asociación de Estados del Caribe y otras organizaciones de la región.

3. Suscribir acuerdos comerciales con otros países, especialmente con el objetivo de lograr acceso preferencial a los mercados de Europa, América Latina y el Caribe.

4. Concertar tratados contributivos con el resto del mundo, especialmente con el objetivo de lograr que se apliquen a Puerto Rico cláusulas de condonación contributiva (tax sparing) que representan incentivos similares a la antigua Sección 936 y que países como Japón, Alemania, Francia e Inglaterra ofrecen a países en vías de desarrollo – y que ahora no cualificamos porque se nos considera parte de Estados Unidos.

5. Utilizar barcos de cualquier marina mercante del mundo para el comercio entre Puerto Rico y puertos de los Estados Unidos, porque ya no serían aplicables a Puerto Rico las Leyes de cabotaje.

VI. COMERCIO INTERNO

Gran parte del comercio interno de Puerto Rico está en manos de empresas comerciales extranjeras que operan grandes cadenas de tiendas. Estas tiendas compiten en desigualdad de condiciones, lo que les permite desplazar a los comerciantes pequeños y medianos, en su inmensa mayoría puertorriqueños. Esta dinámica ha provocado a lo largo de los años no sólo que muchos comerciantes del patio hayan sucumbido y cerrado operaciones, sino que también ha resultado en el deterioro de las áreas comerciales tradicionales en nuestros pueblos y ciudades, mientras emergen nuevos centros comerciales en las afueras. Este fenómeno, además de sus consecuencias económicas, acarrea graves problemas de expansión urbana horizontal y de reducción de los terrenos con potencial agrícola y de gran valor ecológico. Desafortunadamente, son pocas las leyes que protegen a los pequeños y medianos comerciantes, o que promueven su actividad comercial ayudándoles a competir más igualitariamente frente a las llamadas "mega-tiendas". Esta situación se ha agravado durante los últimos años a pesar del gran número de medidas legislativas presentadas por las delegaciones del PIP en Cámara y Senado. Como era de esperarse, las mismas no han recibido la consideración de la mayoría parlamentaria.

Para enfrentar esta situación, el PIP propone lo siguiente:

1. Decretar una moratoria en la autorización de proyectos de grandes centros comerciales en las afueras de los pueblos.

2. Prohibir la re-zonificación de terrenos agrícolas, de bosques, pastos, humedales o en cualquier estado natural, a cualquier clasificación o categoría que pueda abrir paso a la construcción de instalaciones comerciales adicionales.

3. Ampliar incentivos económicos, infraestructurales y de servicios para promover la renovación y el desarrollo comercial de los cascos tradicionales de los municipios, haciéndolos más atractivos a los consumidores como centros comerciales y de recreación. Esto incluirá: ampliar los incentivos para lograr la repoblación de sectores comerciales tradicionales mediante la rehabilitación o reconstrucción de edificios abandonados, y la restructuración urbana para proveer servicios indispensables.

4. Proveer apoyo técnico a los pequeños y medianos comerciantes en torno a técnicas de gerencia y mercadeo. Esto incluirá la elaboración de un currículo de educación y adiestramiento coordinado por el Departamento de Desarrollo Económico a través de la Compañía de Fomento Empresarial según lo propuesto arriba.

5. Proveer a los pequeños y medianos comerciantes la reorientación y el financiamiento necesario, a intereses bajos, para que puedan modernizar sus negocios y competir en condiciones más equitativas.

6. Revisar la actual Ley de Monopolios para proteger al comercio local.

7. Fortalecer la capacidad de DACO para darle seguimiento a las fluctuaciones en precios de productos esenciales al consumidor. Colocar la Oficina de Asuntos Monopolísticos bajo la jurisdicción de DACO.

VII. DESARROLLO REGIONAL

Resulta inaplazable re-enfocar el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la adopción de una Estrategia de Desarrollo Regional (EDR). La EDR partirá de cinco regiones claramente definidas, a saber: Norte y Metropolitana, Este, Sur, Oeste y Central. Cada región en la EDR se definirá como un Polo de Desarrollo Autónomo (PDA), con sus propias características, programas y proyectos de infraestructura, industriales, comerciales, de servicios y agrícolas. Los planes de desarrollo que se diseñen en cada PDA no atentarán contra la integridad de los recursos naturales y del medioambiente. Es decir, el principio de desarrollo sustentable regirá por encima de cualquier otra consideración.

Cada PDA utilizará sus activos estratégicos como eje de sus proyectos y programas, incluyendo el uso óptimo de los cinco puertos marítimos, a saber: San Juan, Ceiba, Ponce, Guayanilla, Peñuelas y Mayagüez. Estos puertos se habilitarán para que funcionen de forma complementaria y coordinada, lo que se traducirá en grandes ahorros en transporte terrestre y marítimo para los empresarios de la manufactura, el comercio, los servicios y la agricultura.

La EDR supone también el empleo óptimo de los aeropuertos regionales, además del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. En el caso del Aeropuerto Rafael Hernández proponemos que se convierta en el segundo aeropuerto internacional del país, complementado con el Aeropuerto Mercedita de Ponce. Con la liberación del aeropuerto de la antigua Base Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico cuenta ahora con cuatro áreas estratégicas en las que se combinan puertos marítimos y aéreos. Estas son: San Juan, Ceiba, Ponce y Aguadilla. La modalidad de establecer operaciones de ensamblaje, con un alto contenido de valor añadido, puede ensayarse perfectamente en estos cuatro PDA.

La flexibilidad que otorga la existencia de puertos aéreos y marítimos en el mismo lugar permite diversificar las opciones de movimiento de carga, tanto de materia prima como de productos intermedios y finales. Igualmente, la mano de obra cualificada, incluyendo técnicos, supervisores y gerentes, además de inversionistas potenciales, pueden moverse libremente entre los cuatro puntos cardinales del país, utilizando los cuatro aeropuertos.

Concebimos también que la Estrategia de Desarrollo Regional incorpore a la industria turística dentro de los planes de desarrollo de ésta. Así, cada región podrá presentar sus atractivos turísticos en perfecta armonía con el uso eficiente de los puertos marítimos y aéreos. Este enfoque requerirá la creación de una red de información compuesta por todas las empresas de cada región –restaurantes, hospederías, museos, parques y demás instalaciones turísticas- de modo que el visitante del exterior pueda moverse por cada rincón del país con información precisa de los servicios con los que puede contar y los atractivos de los que puede disfrutar.

El desarrollo de la región central debe ser planificado cuidadosamente, ya que se trata de la fuente más grande de los recursos hidrológicos del país y de buena parte de nuestra producción agrícola. Por lo tanto, los proyectos que se impulsen en esta región serán aquellos que no impacten la integridad de los invaluables recursos naturales de la zona y que, por el contrario, estimulen el uso y disfrute de los mismos siguiendo, como hemos establecido, un enfoque sustentable. En ese sentido, la infraestructura que es necesaria en la región tiene que levantarse utilizando el asesoramiento directo de peritos en ciencias ambientales, geología, hidrología y disciplinas afines.

Con relación al desarrollo de Ceiba el PIP propone un plan especial que comprenda su desarrollo dentro del contexto de las posibilidades de desarrollo de Vieques y Culebra. Este plan se discute más adelante con detenimiento en la próxima sección.

Finalmente, el dinamismo que impulsará a cada una de las cinco regiones en las que hemos concebido la EDR se amparará también en el diseño de nuevos esquemas de incentivos regionales (contributivos y no-contributivos) para la inversión externa, siguiendo los principios esbozados en el Plan Maestro de Incentivos Industriales. Esto garantizará que las inversiones de capital fluyan de manera más equilibrada y menos desigual hacia todos los municipios de Puerto Rico, lo que contrasta marcadamente con las administraciones del PNP y el PPD, que han discriminado contra el resto del país a favor de proyectos dentro de la zona metropolitana de San Juan.

A. Desarrollo socioeconómico del Noreste, Ceiba, Naguabo, Vieques y Culebra

Esta sección del programa de Gobierno se dirige específicamente a la situación particular de las islas- municipio de Vieques y Culebra, y de Ceiba, Naguabo, Fajardo y Toa Baja (Sabana Seca). Ello responde a la importancia que el país completo le ha reconocido a la necesidad de un proceso de desarrollo económico y social sustentable una vez culminen la desmilitarización, limpieza y descontaminación de las tierras que estuvieron en manos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Tras la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques y Ceiba, nuestra prioridad es incorporar a los compatriotas residentes en estos municipios en el diseño y planificación de su desarrollo.

Desde principios de la década de los cuarenta, la presencia de la Marina estranguló el potencial de desarrollo de varios municipios en Puerto Rico al utilizarlos para propósitos militares. Esta situación ha cambiado radicalmente para beneficiar a todo el país. Desde que el PIP penetró en las playas culebrenses a principios de los años setenta, hasta el triunfo obtenido en Vieques y el cierre "voluntario" de las instalaciones de Roosevelt Roads en Ceiba, se sentaron las bases de un futuro distinto para nuestros hermanos y hermanas de esos municipios y de todo Puerto Rico. Se comenzaron a abrir las puertas para la elaboración de un plan de desarrollo que, por primera vez, respondiera a los intereses de los puertorriqueños y no a los de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Sin embargo, esta apertura inicial esperada se ha hecho en parte, sal y agua. En el caso de Vieques, tanto en los terrenos en manos del Gobierno federal como en aquellos devueltos al Municipio, no ha habido propuestas de desarrollo alguno. En el caso de Roosevelt Roads, la Marina pretende que unas tres mil cuerdas de terreno de la antigua estación naval sean vendidas al mejor postor para su explotación, en un proceso ajeno y a espaldas de las comunidades circundantes con el aval del Gobierno de Puerto Rico.

Las estadísticas en estos municipios evidencian décadas de estancamiento: ausencia de nuevas industrias, porcentajes de desempleo por encima del promedio en el resto de Puerto Rico, alto costo de vida, altísimo nivel de dependencia en las ayudas gubernamentales y de dependencia sicológica en torno a la presencia de las instalaciones militares estadounidenses. En gran medida, la vida cotidiana en estos tres municipios refleja el desinterés gubernamental, provocando en los residentes una gran desesperanza. En Vieques, la ausencia de servicios de salud para atender las enfermedades provocadas por la presencia de la Marina agrava la situación; en Vieques y en Culebra la distorsión en el precio de las tierras que las ponen fuera del alcance de sus residentes, las deficiencias en el servicio de transportación marítima, oportunidades educativas inadecuadas, ausencia de instalaciones y actividades deportivas y recreativas se conjugan para proyectar un futuro muy difícil.

Es importante subrayar que, tanto en el caso de Culebra como en el de Vieques, la geografía de ambas islas-municipio exige unas consideraciones particulares. Por ejemplo, para recibir un servicio de salud, para que un estudiante identifique una fuente de información, o para asistir a una actividad recreativa, no hay tal cosa como "un municipio adyacente". Las necesidades que la ciudadanía no pueda satisfacer dentro del municipio, por esenciales o básicas que sean, quedan totalmente insatisfechas debido a su realidad geográfica particular.

Para atender los problemas de esos municipios, presentamos las propuestas que se detallan a continuación.

Limpieza y descontaminación de los suelos y la zona marítima

El primer paso en el proceso de re-desarrollo de los tres municipios tiene que ser demandar del Gobierno de Estados Unidos la limpieza y rehabilitación de todas las tierras que durante sesenta años la Marina de dicho país contaminó, ya sea mediante ejercicios militares, depositando desperdicios tóxicos o como consecuencia de la desidia y la negligencia. El Gobierno de Estados Unidos tiene la obligación legal y moral de reparar los daños causados. En el caso de Vieques, a pesar de la creación de una agencia pública –ya desaparecida- y de varias comisiones gubernamentales para estimular su desarrollo, lo cierto es que el proceso de reconstrucción ha sido extremadamente lento y caracterizado por el desinterés institucional.

El PIP se compromete a:

1. Demandar del Gobierno de Estados Unidos la indemnización de todos los daños causados directa o indirectamente por las actividades de la Marina en Vieques.

2. Crear un Fondo de Compensación y Rehabilitación de Vieques que tendrá a su cargo diseñar los procesos para canalizar las reclamaciones individuales de toda persona que haya sufrido perjuicios como resultado de las actividades de la Marina en Vieques.

3. Dicho Fondo también elaborará una estrategia para invertir parte de los fondos de indemnización a fines comunitarios orientados hacia el desarrollo económico de Vieques. La estrategia deberá abarcar áreas tales como el desarrollo del turismo, la construcción de viviendas, el desarrollo de la infraestructura necesaria para servicios adecuados de salud, educación, transporte, recreación y deportes, y para el apoyo que necesitan la pesca y la agricultura. El Fondo será administrado por una Junta de Directores integrada por funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, el gobierno municipal de Vieques y la comunidad viequense.

4. En el caso de Culebra, es preciso actualizar la información científica relacionada con las zonas terrestres y marítimas que, luego de casi treinta años de salida de la Marina, aún permanecen contaminadas. La información que se levante servirá de base para documentar nuestras exigencias con respecto a los fondos que debe asignar el Gobierno de Estados Unidos para la limpieza y rehabilitación total de la isla-municipio.

5. Una vez nos aseguremos de que contamos con un ambiente completamente sano para el disfrute del pueblo culebrense, se implementará una estrategia de desarrollo económico integral, coordinada y en armonía con la que proponemos para Vieques (véase más adelante).

Efectos de las prácticas militares sobre la salud pública

Durante décadas, el PIP ha denunciado el uso de Puerto Rico como centro para la experimentación militar por parte del Gobierno Federal y contratistas privados de las Fuerzas Armadas. De esta manera, hemos alertado sobre la realización de actividades experimentales relacionadas a actividades militares de distintos tipos, incluyendo la utilización y desarrollo de sustancias químicas, tóxicas y armas biológicas en nuestro suelo, en áreas cercanas a zonas densamente pobladas. El PIP ha denunciado que esta situación no ocurrió exclusivamente en las instalaciones militares estadounidenses en Culebra, Vieques, Ceiba y Sabana Seca, en Toa Baja.

Desde el año 2003, el PIP informó que el Gobierno de Estados Unidos admitió la experimentación en Puerto Rico con agente naranja, y otros herbicidas conteniendo dioxinas en por lo menos ocho lugares en Puerto Rico para distintos experimentos de defoliación, desecación y como agentes mortales en vegetación tropical. El PIP exigió al Gobierno de Puerto Rico que, ante esta alarmante admisión, tomara las medidas necesarias a los fines de medir el impacto de estas actividades en la salud de las poblaciones expuestas y en los ecosistemas impactados. Nuestra delegación en la Asamblea Legislativa también promovió en aquel momento medidas legislativas encaminadas a investigar este asunto. Todavía esta exigencia no ha sido satisfecha.

No cabe duda que el desarrollo y la experimentación indiscriminada con sustancias químicas y tóxicas representa un potencial problema de salud pública, cuyas manifestaciones y consecuencias en el caso viequense se han probado fuera de toda duda. Robusta evidencia científica vincula a sustancias que contienen dioxinas, tales como el agente naranja, con una gran cantidad de enfermedades perniciosas como diabetes, cáncer y defectos congénitos, y su impacto puede extenderse durante varias generaciones. Por otro lado, el daño causado a nuestros recursos naturales es incuantificable, puesto que algunas de estas sustancias son perecederas y de lenta degradación, persistiendo su efecto nocivo durante décadas.

En vista de esta cruda realidad el PIP aunará recursos públicos y privados para:

1. Exigir al Gobierno de Estados Unidos la divulgación de información total y detallada sobre la experimentación con sustancias químicas y tóxicas en Puerto Rico durante las pasadas décadas.

2. Promover un esfuerzo multisectorial para investigar las dimensiones y consecuencias de las prácticas experimentales con sustancias tóxicas y químicas en la Isla Grande, en las islas municipios de Vieques y Culebra, y en las demás islas, islotes, cayos y aguas adyacentes a Puerto Rico.

3. Realizar un esfuerzo institucional para identificar las poblaciones expuestas directa e indirectamente a actividades de experimentación realizadas en toda la jurisdicción de Puerto Rico.

4. Recopilar información sobre la prevalencia de enfermedades asociadas a las sustancias utilizadas en las áreas impactadas, y en las poblaciones expuestas.

5. Desarrollar y establecer un programa especial de servicios de salud y monitoreo, dirigido a atender las necesidades de salud particulares que puedan presentar las poblaciones expuestas a sustancias tóxicas y químicas.

6. Identificar las áreas impactadas y mitigar el daño a nuestros recursos naturales.

7. Requerir al Gobierno de Estados Unidos compensación y mitigación por los daños causados a la salud y al medioambiente.

8. Es bien sabido que los problemas de salud del pueblo de Vieques son mucho mayores que los del resto de Puerto Rico. Como se mencionó, la separación geográfica impone responsabilidades especiales al gobierno en torno a los servicios de salud disponibles, tanto en la Isla Nena como en Culebra. Ya se conoce, por ejemplo, que la incidencia de cáncer en la población viequense es significativamente superior que la del resto de la población puertorriqueña. A pesar de que no se conoce a ciencia cierta la magnitud del problema, se puede asegurar que la contaminación producida durante décadas es responsable, actual o potencialmente, de otras condiciones médicas en la población.

9. Por lo tanto, en el área de salud, el PIP se compromete a:

10. con realizar un estudio epidemiológico abarcador, contando con todos los recursos que sean necesarios, para precisar cuáles son las necesidades especiales de la población en la actualidad y en el futuro, como consecuencia de la contaminación a la que ha estuvo sometida por décadas.

11. Es impostergable la necesidad de dotar a los CDTs de Vieques y Culebra con el equipo y el personal necesario para superar su función como proveedor de servicios primarios y convertirlos en centros médico-hospitalarios capaces de brindar servicios secundarios y hasta terciarios.

12. En cuanto a la situación con el cáncer se refiere, debido a las alarmantes cifras de incidencia de cáncer en la isla nena, y la distancia y condiciones que tienen que enfrentar los viequenses para recibir tratamiento para distintos tipos de cáncer, proponemos la construcción y operación en Vieques, con todos los especialistas y equipos necesarios, de una clínica para la detección temprana y tratamiento de cáncer.

B. Desarrollo económico y social de Vieques y Culebra

La situación económica de Vieques se caracteriza por el desempleo, la pobreza, la escasa actividad productiva, y la dependencia de ayudas gubernamentales. Esta limitada actividad productiva no es vigorosa, sino más bien de subsistencia. Aún tras el tiempo transcurrido tras la salida de la Marina, en el ámbito económico prevalece un clima de impotencia y desesperanza. Hace muchos años que el PIP planteó que la salida de la Marina tenía que venir acompañada de una agresiva estrategia de desarrollo económico que sacara al pueblo de su actual dependencia y lo colocara en una ruta de prosperidad para toda la población. Lo mismo sucedió en el caso de Culebra y hoy, casi tres décadas después, esta isla-municipio no ha logrado concretar un plan de desarrollo que responda a los intereses de su gente.

A estos efectos, el PIP se compromete con la implantación de las siguientes medidas inmediatas para propiciar la rehabilitación económica de Vieques y Culebra:

1. La pesca es una actividad vital en Vieques. Representa una de las actividades económicas con mayor potencial de crecimiento; de hecho, Vieques tiene la más grande proporción de pescadores entre sus habitantes de todo Puerto Rico. A pesar de esto, a los pescadores se les ha considerado como participantes de una actividad marginal o de mera subsistencia. El PIP entiende impostergable el desarrollo de una verdadera industria pesquera en manos de los viequenses. Es necesario proveer un programa de desarrollo de infraestructura pesquera y de incentivos. Para comenzar, se deben rehabilitar los muelles tanto de la costa norte como de la costa sur. Se debe también proveer el financiamiento para la compra o reparación de embarcaciones y artes de pesca, de manera que los pescadores puedan, de forma segura, aprovechar las pesquerías más lejanas alrededor de la isla. Para que los pescadores puedan desarrollar su potencial económico, se les debe proveer entrenamiento sobre aspectos financieros y empresariales. Para más propuestas en torno a los pescadores comerciales, vea la sección "Pesca Comercial" dentro del tema "Desarrollo Económico" en este Programa.

2. Los medios de transporte existentes en la actualidad son totalmente inadecuados para vencer los problemas que genera por la separación geográfica de Vieques y Culebra. Los planes del Gobierno de proveer una ruta alterna (Mosquito-Ceiba) todavía no han cristalizado, puesto que ni siquiera los muelles, terrenos y estructuras de apoyo en Ceiba han sido transferidos de manos de la Marina al Gobierno de Puerto Rico. Mientras esto ocurre, sostenemos que debe adquirirse al menos una lancha adicional de gran capacidad (500 pasajeros) para que siempre haya una en servicio hacia y desde Vieques y Culebra y se le pueda dar mantenimiento programado a las tres lanchas grandes sin que se menoscabe el servicio a los residentes y visitantes.

3. Además, para el transporte de vehículos hacia y desde Vieques y Culebra, se debe establecer en ambos municipios una oficina de la Autoridad de los Puertos, para servir a la población en el lugar en que ésta se encuentra.

4. También en el área de la transportación, es preciso facilitar el acceso aéreo a Vieques y Culebra mediante el establecimiento de un depósito de combustible. Sólo de esta forma se puede ampliar el servicio y regularizar los vuelos, a la vez que abarataría los costos de transporte aéreo.

5. Las opciones de recreación en Vieques y Culebra son mínimas. Proponemos establecer varios Centros de Recreación Comunal para que los niños y jóvenes puedan participar de actividades recreativas y deportivas en instalaciones adecuadas, contando con personal entrenado y con el equipo requerido. Algunas instalaciones gubernamentales en desuso (como las que son propiedad de Fomento) pueden muy bien rehabilitarse para esos fines.

6. Las escuelas viequenses, al igual que las de Culebra, requieren de forma especial acceso a sistemas de información en línea (Internet) para suplir acceso a fuentes no disponibles en los municipios. Más que en otros distritos escolares, el dominio tecnológico representa aquí una herramienta educativa indispensable para acortar la distancia que impone la separación geográfica Es preciso, proveer a cada escuela, a los centros comunales y a las bibliotecas, el equipo, adiestramiento y servicio para cumplir este propósito.

7. Vieques y Culebra son de los municipios que más lenta respuesta y recuperación experimentan tras el embate de un huracán. La imposibilidad de navegar hasta esas islas en medio del mal tiempo dilata el envío de ayudas, la reparación de estructuras y la restauración de servicios. Las delegaciones legislativas del PIP han presentado proyectos de ley dirigidos a crear "Depósitos de Suministros de Emergencia". en los que se almacenen equipos de emergencia y rescate (tales como generadores eléctricos y equipo de levantamiento de líneas eléctricas), equipo médico y medicinas, equipo de comunicación, alimentos y artículos de primera necesidad para distribuir entre la población cuando ello sea necesario. Vieques y Culebra deben ser definitivamente los municipios con prioridad para la creación de estos centros.

8. En el caso específico de Vieques, debemos planificar para el uso óptimo de las 27,000 cuerdas de terreno que hasta hace poco ocupaba la Marina. Aunque, desgraciadamente, todavía los puertorriqueños no podremos administrar la totalidad de estas tierras, debe iniciarse un proceso abarcador de planificación participativa que se traduzca en el acceso directo de los viequenses, no sólo a las tierras de sus ancestros, sino a toda decisión que se vaya a tomar con respecto al uso que se le dará a éstas. De no haber tal participación todo esfuerzo sería en vano y se reproduciría en Vieques exactamente el mismo modelo de exclusión de las comunidades que se ha escenificado en el resto de Puerto Rico.

9. Además de aspirar al uso adecuado y planificado de las tierras, debe delinearse un plan de conservación de las costas y playas que no restrinja el acceso de la población y que armonice con proyectos ecoturísticos de bajo impacto ambiental administrados por los propios viequenses. Debe iniciarse un plan de inversiones en proyectos manufactureros, comerciales y de servicios cuya ubicación óptima sería en el perímetro de la zona urbana -es decir, cerca del puerto- y que sea administrado por un consejo de residentes en forma de cooperativas.

10. A nivel municipal debe formalizarse el diseño de un programa articulado de creación de empleos, con énfasis en el adiestramiento de los residentes en los oficios y profesiones que requieran las empresas que se crearían en cada sector industrial. Las empresas manufactureras, comerciales y de servicios que proponemos serían gestadas por la misma población, por lo que dependerán de la habilidad gerencial y laboral de los viequenses. De ahí su relación estrecha con el programa de adiestramiento sugerido.

11. Tanto en Vieques como en Culebra urge dar paso a un proyecto amplio de producción agrícola diversificada y sustentable, con tecnología moderna y con énfasis en el autoabastecimiento. Las tierras están disponibles y los estudios de suelo confirman el gran potencial para la agricultura.

12. El enfoque de ecoturismo que proponemos contempla la participación de los viequenses y culebrenses como empresarios y gestores de actividades económicas innovadoras. Ya existen ejemplos en el Caribe de cómo se puede desarrollar un tipo de turismo en el que los residentes no só1o se auto-emplean, sino que se convierten en codueños, guías y guardianes del patrimonio del cual disfrutarán los turistas. En ese contexto los pescadores se convierten no sólo en abastecedores de alimentos para una gran industria, sino en co-manejadores de un recurso que les pertenece por derecho propio y que conocen mejor que nadie.

13. La puesta en marcha de los distintos componentes del plan sugerido implica un mejoramiento sustancial de la infraestructura de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones.

C. Potencial de desarrollo de Ceiba, Naguabo y la Región Este

En el periodo de 1988 a 1995 el cierre de instalaciones militares en distintos lugares de Estados Unidos resultó en un aumento sustancial en el número de empleos civiles así como en la inauguración de cientos de empresas manufactureras, comerciales, agrícolas y de servicios en todas y cada una de las jurisdicciones donde antes se empleaban apenas unos pocos militares. Este es el hallazgo principal de estudios realizados por la Oficina de Contabilidad General de ese país (GAO por sus siglas en inglés), así como de investigaciones realizadas por el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT). Al día de hoy existe un reconocimiento generalizado en el sentido de que el cierre de las bases militares ha resultado en economías locales más diversas y fortificadas, siempre que se planifique y se use creativa y adecuadamente el suelo y las instalaciones que sobre él quedan.

Debemos destacar que ni las instalaciones ni la infraestructura de la mayoría de las bases navales y aéreas cerradas recientemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos son semejantes a las de Roosevelt Roads en los municipios de Ceiba y Naguabo. Tampoco esas bases cuentan con la localización estratégica que caracteriza a esta última y que abre las puertas para actividades de comercio internacional como en prácticamente ningún otro lugar en nuestro país.

La evidencia de los enormes beneficios que ha traído el cierre de bases militares norteamericanas en otras partes del mundo es aún más contundente. En el caso de Panamá, la clausura de las catorce (14) bases militares estadounidenses se tradujo en el inicio de un proceso de crecimiento económico sin precedentes en la historia panameña. El establecimiento de zonas francas para la manufactura y el comercio, el desarrollo de proyectos turísticos y hasta de centros de alta costura y de modas, generan en este momento cientos de millones de dólares y decenas de miles de empleos con los cuales la hermana nación no podía siquiera soñar antes de la salida de las fuerzas armadas norteamericanas. En el sureste asiático y en el Pacífico la experiencia ha sido similar. En las antiguas instalaciones del Ejército Sur en Filipinas se inició recientemente el proceso para instalar más de una docena de fábricas que generarán 12,000 empleos directos, mucho más de lo que jamás empleó la base militar.

Llama nuestra atención el hecho de que en Puerto Rico hemos pasado por una experiencia similar. Un examen detenido de lo que ha ocurrido en la antigua Base Ramey en Aguadilla refleja que el número de empleos que se han generado en actividades de transporte de carga y de pasajeros, turísticas, comerciales y de servicios ya sobrepasa el total de puestos de trabajo que una vez tuvo la base bajo la administración de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Su potencial de desarrollo es enorme, a pesar de la administración ineficiente de los recursos con que cuenta esa instalación.

En el caso de la antigua Base Naval en Miramar y su traspaso al Gobierno de Puerto Rico, el cierre ha sido de beneficio económico ya que en sus terrenos se construyó el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que deberá generar muchos empleos, y otras edificaciones que forman parte del proyecto de desarrollo estratégico del turismo para Miramar y Condado.

Si tomamos en cuenta el valor y el uso potencial de las propiedades que dejó la Marina en Roosevelt Roads, no tardaremos en concluir que el traslado de esos activos a Puerto Rico se traducirá en un gran negocio para el país. Se trata de una finca de casi 9,000 cuerdas (8600 acres), 110 millas de carreteras, 42 millas de costa, nueve muelles de hondo calado, una pista de aterrizaje de 11,000 pies de largo (una de las más largas del mundo), dos plantas de tratamiento y la toma de agua del Río Blanco de Naguabo. En términos de edificaciones, cuenta con 1,342 edificios que incluyen un hospital y una escuela.

El Partido Independentista Puertorriqueño propone la utilización más efectiva de estos terrenos conforme a su localización e infraestructura. Nuestra propuesta también incluye:

1. Requerirle al Presidente de los Estados Unidos la devolución al Pueblo de Puerto Rico de las cerca de tres mil cuerdas que la Marina pretende vender al mejor postor. No hay nada en la legislación norteamericana que prohíba esta transferencia, y las administraciones populares y novoprogresistas sencillamente no se atreven a reclamar lo que es de todos nosotros.

2. Continuar trabajando, junto con los residentes de Naguabo y Ceiba, en el proceso de descontaminación, limpieza y devolución de los terrenos de la antigua Estación Naval.

3. Formular un plan de desarrollo junto a las agrupaciones vecinales y comerciales de la zona que clasifique los terrenos conforme a su uso óptimo y permita integrarlos a la actividad económica, social, recreativa y cultural de las comunidades de Ceiba y Naguabo. Este plan tendrá como eje central el hecho de que la antigua Estación Naval está localizada en un lugar privilegiado: de frente al mar y al Caribe Oriental.

4. Conservar los humedales y el acceso del público a las zonas costeras susceptibles de explotación como playas. En estos humedales, que han sido entregados para su administración al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, debe planificarse junto a las comunidades de Ceiba y Naguabo actividades ecoturísticas de tal forma que los vecinos tengan oportunidad de establecer empresas comunitarias de guías turísticos; alquileres de kayaks, canoas y equipo de snorkel, pesca recreativa, entre otras actividades.

5. Utilizar las instalaciones portuarias para el tráfico comercial y de pasajeros por la vía marítima y aérea. Promover este uso prioritariamente para proveer comercio y servicios a nuestros vecinos de las islas de Vieques y Culebra y del Caribe Oriental.

6. Negociar con la Corporación de Servicios de Salud Episcopal, a la cual el Gobierno de Puerto Rico y la Marina le han otorgado incondicionalmente las instalaciones del hospital de la antigua Estación Naval, que los residentes de Ceiba y Naguabo reciban un trato preferencial en los servicios de salud provistos en estas instalaciones.

7. Coordinar con los municipios aledaños a través de un consorcio intermunicipal o de una corporación pública la promoción de aquellas actividades industriales, comerciales y turísticas que se adapten al perfil de los terrenos previamente clasificados.

Este mismo enfoque se debe seguir en los casos de Sabana Seca y el Fuerte Buchanan para garantizar un proceso de desarrollo sustentable.

D. El Puerto de las Américas

A fines de la década de 1990, en Ponce y en varios municipios del Sur, dirigentes comunitarios, empresarios, líderes cívicos y de diversas organizaciones, incluyendo al PIP y a otros partidos políticos, comenzaron a evaluar la conveniencia de desarrollar la zona portuaria de Ponce con el propósito de construir un puerto de hondo calado, de transbordo internacional, con zona libre, zona de valor añadido y fuera de las leyes de cabotaje. Bajo este concepto o misión, la meta era que el Puerto de Ponce se convirtiera en el motor para el desarrollo socioeconómico de toda la región Sur de Puerto Rico. En síntesis, según la propuesta del liderato multisectorial ponceño, el proyecto se convertiría en puntal del desarrollo socioeconómico, mediante el establecimiento de las zonas de valor añadido, que permitirían la llegada o creación de empresas que ensamblen, empaquen o transformen los productos que arriben al Puerto, con el propósito de venderlos en el mercado doméstico o en el extranjero. Esto generaría decenas de miles de empleos bien remunerados.

Luego de un proceso largo de permisos comenzó la construcción en el año 2004 bajo los auspicios de una nueva entidad gubernamental conocida como la Autoridad del Puerto de las Américas (APA). Poco tiempo después, ante la muerte del alcalde ponceño de entonces, se cambió el nombre a Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.

Al presente el Puerto de Ponce se ha desarrollado con un muelle de más de mil pies de largo y calado de 50 pies, suficiente para acomodar un buque Post-panamax con servicio de dos grúas súper Post-panamax, un estacionamiento para manejar un volumen de 250,000 TEUs al año, siete grúas RTG para manejo de contenedores y una ampliación del estacionamiento para aumentar ese volumen de contenedores a 500,000 TEUs. Además, se está construyendo una zona de valor añadido colindante al puerto en una finca de alrededor de 50 cuerdas.

A pesar de que el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago está en capacidad operacional desde hace más dos años, todavía no ha comenzado sus trabajos y, por el contrario, está perdiendo día a día su atractivo para la carga marítima, encontrándose prácticamente en la insolvencia económica.

En su etapa de planificación el proyecto fundamentó racionalmente la expectativa de crear a corto plazo al menos 15,000 empleos. Estudios posteriores han señalado la posibilidad de crear más de 50,000 empleos a mediano y largo plazo. Bajo las circunstancias actuales, y con la estrategia propuesta por el liderato multisectorial del Sur para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas, es posible alcanzar la meta de 15,000 empleos en menos de tres años. Lamentablemente, a menos que se logre un cambio dramático en las circunstancias, no se vislumbra luz al final del túnel del desarrollo del Puerto.

Los dirigentes cívicos, profesionales y comerciantes del Sur contemplan en escenario abarcador, que han denominado "Trasbordo con Valor Añadido". Ante el volumen de productos que se reciban en el centro de distribución, se establecerían compañías en las zonas de valor añadido para que los productos pasen por diferentes etapas de modificación, renovación, reciclaje, ensamblado, renovación, empaque y etiquetado. Este es el modelo deseado, porque en las empresas que realizan estas actividades se generan los puestos de trabajo proyectados.

La intervención de un operador de calibre internacional y de un centro de distribución en esta empresa estratégica, serán decisivos en el desarrollo pleno y rentabilidad del Puerto. El operador y el centro de distribución generarán influencias en su región o continente de origen para impulsar tráfico marítimo de los países exportadores y conseguir que otras operaciones de distribución se interesen en operar en el Puerto. Consecuentemente otras empresas marítimas moverán sus operaciones portuarias a Ponce, creando una sinergia que puede llevar al Puerto a un desarrollo de magnitud insospechada.

Paralelamente, es necesario que concurran otras empresas complementarias o auxiliares, particularmente de servicios, para que puedan apoyar las actividades que se desarrollen. Estas oportunidades de negocios están disponibles para los empresarios de la Región Sur en tiempos de una crisis económica y social sin precedentes. Por ende, la inauguración de las operaciones del Puerto es cada vez más urgente.

Las expectativas de desarrollo resumidas en los párrafos anteriores son más evidentes ante la apertura del Nuevo Canal de Panamá planificada para el año 2014, con capacidad para buques Post-Panamax que podrán hacer escala directa en Ponce. A esto se añade la formación de la Unión de Países Suramericanos (UNASUR), que se erigirá como un estado supranacional al estilo de la Unión Europea para el año 2017, y que unificará sus fronteras, moneda, aduanas, proyectos estratégicos, relaciones exteriores, etc. UNASUR impulsará el desarrollo económico de Suramérica y creará una clase media con poder adquisitivo para adquirir productos de Europa y Asia. Esta dinámica comercial requerirá transbordo en el Caribe. Ponce es el puerto de trasbordo más cercano a UNASUR, por lo que el Puerto de Las Américas constituye la infraestructura de excelencia para este propósito.

Es indispensable concebir e implantar un plan de acercamientos privados y directos en sus países de origen, con todas las compañías que podrían operar en el Puerto de las Américas. Paralelamente, deben organizarse misiones comerciales al Caribe, Centro y Suramérica para establecer lazos con importadores y exportadores que estén disponibles para realizar negocios con el Centro de Distribución de Ponce. De esta manera, las gestiones del centro de distribución y la demanda por productos acelerarán el desarrollo del tráfico marítimo.

No obstante, para que todo lo anterior pueda convertirse en realidad, el PIP propone que:

1. La APA, actualmente controlada por intereses de la administración gubernamental de turno que no representan los intereses de las partes concernidas en la zona sur del país, debe restructurarse para que su Junta Directiva se convierta en una Junta ciudadana.

2. La llamada "Solución Ponceña" tiene que derogarse, porque no recoge los consensos que fueron construidos a lo largo de los pasados años por distintos sectores de la sociedad ponceña y del sur del país.

3. La reorganización de la APA facilitaría la emisión de bonos y que la entidad realice todas las actividades necesarias para su pleno desarrollo.

4. Es necesario que, de forma urgente, se establezcan empresas que comiencen operaciones en el Puerto de las Américas, como paso esencial par que un operador se interese en establecerse allí.

5. Es necesario que Puerto Rico se abra al mercado suramericano y que el Puerto de las Américas sea el proyecto de infraestructura que permita tal acercamiento.

E. Designación del Corredor Ecológico del Suroeste

Otro proyecto crucial para el desarrollo sustentable de la región suroeste consiste en designar una parte sustancial de la zona como un gran proyecto de Infraestructura Verde. Desde la Laguna las Salinas en el Tuque en Ponce, incluyendo el Islote Caja de Muerto pasando por Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Lajas y hasta Cabo Rojo se encuentra una de las franjas costeras más importantes de Puerto Rico. De hecho, el litoral costero del Suroeste de Puerto Rico es considerado como una de las Áreas Tropicales Marinas más importantes del Caribe. Es una zona de gran belleza natural y valor ecológico, geológico, científico, histórico y cultural. Es también hábitat de especies endémicas, aves migratorias, numerosos organismos, en fin, es un lugar donde interactúan varios ecosistemas importantes para la subsistencia de flora y fauna.

La zona cuenta con sistemas de cuevas tales como El Convento en Guayanilla, Mapancha en Peñuelas y las Cuevas del Bosque Seco entre otras, además de bellas playas. El Bosque Seco de Guánica fue designado por la UNESCO como Bosque para la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad siendo éste una de esas maravillas naturales que caracterizan este litoral costero, como los impresionantes arcos marinos y acantilados en Punta Ventana en Guayanilla. Tierra adentro encontramos el Bosque de Guilarte entre los municipios de Adjuntas, Guayanilla, Peñuelas y Yauco, el Bosque de Susúa entre Sabana Grande y Yauco, y el Lago Lucchetti en Yauco. Además, en este litoral existen áreas agrícolas como el Valle Agrícola de Lajas, la zona cafetalera en Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, que deben incluirse en lo que identificaríamos como la Ruta Agroturística y así conservar y proteger nuestros terrenos agrícolas.

En estos momentos se cierne sobre este litoral la amenaza de un desarrollo desmedido representado por proyectos de carácter industrial pesado tales como el Gasoducto, originalmente el Gasoducto del Sur, actualmente el Gasoducto del Norte y el Gasoducto del Oeste desde Guayanilla a Mayaguez, la construcción del parque eólico Windmar y así como el posible desarrollo en el área de la Playa las Pardas en Guánica, entre otros. Esta amenaza es razón más que suficiente para luchar por proteger esta zona y determinar las maneras en que se pueda planificar un desarrollo sostenible dirigido a garantizar su conservación.

Las comunidades de este litoral: El Tuque en Ponce, Tallaboa en Peñuelas, Barrio Playa, Rufina, Indios y Boca de Guayanilla, Barinas en Yauco y los barrios de la montaña en nuestros pueblos se beneficiarán grandemente mediante la autogestión comunitaria participando en la toma de decisiones en el desarrollo ecoturístico de la zona. Esta propuesta contempla también revitalizar las Villas Pesqueras en Guayanilla, Peñuelas y Ponce; estimular el crecimiento económico de la región creando proyectos para desarrollar microempresas mediante la autogestión comunitaria el cooperativismo y el turismo de naturaleza. Además, se propone apoyar el Proyecto PR#127–Guayanilla-Peñuelas, donde se ha iniciado un proceso de planificación para la reutilización de los terrenos baldíos en el complejo petroquímico entre Peñuelas y Guayanilla. Finalmente, proponemos elaborar planes de manejo adecuados para esta zona, dirigidos a desarrollar proyectos educativos, científicos, recreativos y culturales que estimulen el sentido de pertenencia entre las comunidades que la componen.

En síntesis, no debemos perder un palmo más de tierra, ni un metro de playa ni de bosque. Hay que proteger el litoral costero de esa región del país, declarando el área como el Corredor Ecológico del Suroeste de Puerto Rico.

VIII. POLÍTICA AGRÍCOLA

La agricultura es uno de los sectores económicos fundamentales para el desarrollo equilibrado y autosostenido de la economía nacional. A pesar de que las estadísticas oficiales reflejan un total de 19 mil empleos agrícolas, lo cierto es que la agricultura provee sobre 42 mil empleos directos, si consideramos los puestos de trabajo que se producen en la industrialización de la producción agrícola. Además, la agricultura es la principal fuente de empleo para la población de veintiún municipios de la zona central montañosa del país.

La política de desarrollo agrícola del PIP está fundamentada en el principio de que la tierra y los recursos naturales de Puerto Rico están vinculados estratégicamente a la supervivencia y el bienestar de la nación. El desarrollo agrícola debe estar dirigido a producir el mayor porcentaje posible de los alimentos y materias primas agrícolas que consumimos. Esto implica el uso intensivo y pleno de nuestros recursos agrícolas y la debida planificación que conduzca a la creación de 25 mil a 50 mil empleos permanentes adicionales en el sector. A más corto plazo, el objetivo debe ser el de lograr un crecimiento de al menos 20 por ciento de ingreso bruto agrícola, el que, a pesar de las condiciones impuestas por nuestra realidad colonial, sobrepasa al presente los $756 millones anuales.

Será fundamento de la política agrícola el uso intensivo y sustentable de la tierra, con la participación del mayor número de agricultores, generando la distribución más justa y equitativa posible de los beneficios producidos, en armonía con la conservación de los recursos no renovables y la protección del ambiente. Se le dará prioridad a la creación de programas que generen el mayor número de empleos y beneficios a la economía. El objetivo tiene que ser el de abaratar costos y mejorar la eficiencia y la calidad de la producción.

La función del Gobierno debe ser necesariamente una de colaboración, fomento, estímulo, promoción de la investigación y desarrollo, y cohesión. Debe ser promotor de actividades y educador. Debe estimular la producción, no la dependencia. Esto requerirá la restructuración del Departamento de Agricultura, para adaptarlo a su nueva misión. Esta restructuración debe cimentarse sobre una amplia y efectiva comunicación y participación de los agricultores con los sectores agroindustriales y la fuerza trabajadora, y una estrecha colaboración entre los componentes privados y el gobierno. Gradualmente se debe estudiar la conveniencia de transferir aquellas actividades de producción agrícola pública, de ventas, de servicio y de mercadeo para las que se demuestre fuera de toda duda la ineficiencia gubernamental, a empresas cooperativas, o a asociaciones de agricultores. La intención es promover el desarrollo empresarial agrícola entre los puertorriqueños, buscar eficiencia operacional y generar competencia, para viabilizar exportaciones y la sustitución de importaciones.

En vista de todo lo anterior, el PIP propone legislación para:

1. Incorporar el Desarrollo Agrícola dentro del Plan Maestro de Incentivos Industriales y promover la creación de empresas de todo tipo que ayuden a mejorar la producción y mercadeo utilizando las herramientas de la Compañía de Fomento Empresarial y el Fondo de Desarrollo Nacional.

2. Reorganizar el Departamento de Agricultura con los objetivos de descentralizar y despolitizar sus operaciones. La estructura debe incluir Oficinas de Industria para cada sector agrícola, dirigidas por un Secretario Auxiliar.

3. Crear Juntas Especializadas por Industria, compuestas por agricultores, agroindustriales y obreros, correspondientes a cada Oficina de Industria, con la responsabilidad de auxiliar al Secretario de Agricultura en su obligación de formular la planificación de los programas de desarrollo.

4. Crear un Consejo Asesor Agrícola a nivel de la Asamblea Legislativa que colabore con el Departamento de Agricultura en la revisión de legislación y en la elaboración de proyectos nuevos que beneficien al sector.

5. El Gobierno fortalecerá el programa de compras de productos agrícolas a precios que aseguren un beneficio mínimo al productor, con las debidas salvaguardas para evitar la creación de excedentes que no puedan ser adquiridos por el gobierno. Los productos así adquiridos se utilizarán en los programas institucionales del Gobierno tales como los comedores escolares, las instituciones de corrección y otras.

6. Promover eficiencia y eliminar la burocratización y la politización de los incentivos agrícolas, mediante su concesión exclusivamente a base de producción.

7. Fortalecer el programa de suplemento de salario agrícola para que le provea a los agricultores el asesoramiento necesario para preparar todo tipo de planilla y sistemas de cuentas, de manera que cumpla con los requisitos del pago de seguro social, seguro de desempleo, y seguro social de los trabajadores agrícolas. Esto debe ir de la mano de una nivelación del salario básico del trabajador agrícola para atemperarlo con el salario mínimo aplicable a otros sectores de la economía. El Gobierno central financiará el diferencial actual en salarios a base del mismo concepto utilizado para el suplemento de salario agrícola.

8. Estructurar un sistema de crédito agrícola ágil, eficiente y capaz de responder a las necesidades del negocio de la agricultura. Se crearán incentivos y garantías al sistema cooperativo y a la banca para el financiamiento agrícola, y se proveerá acceso rápido y directo a la banca gubernamental.

9. Capacitar a la Autoridad de Tierras para crear y administrar un Banco de Tierras Agrícolas, que adquiera tierras que no estén en producción y que sean adecuadas para la actividad agrícola. Conjuntamente con las tierras ya poseídas por la Autoridad, la agencia las arrendará a largo plazo a agricultores y cooperativas. Si la Autoridad vende parte de las tierras utilizará todo el producto de la venta para fortalecer el Banco de Tierras. Se prohibirá por Ley la venta de estas tierras para propósitos urbanos, industriales y comerciales. La única excepción serían las fincas en terrenos a ser conservados a perpetuidad debido a su alto valor ecológico.

10. Establecer medidas legales de zonificación para prohibir la expansión urbana, industrial y comercial adicional en tierras agrícolas.

Por último, en cuanto a las consideraciones ambientales de la actividad agrícola, el uso intenso e indiscriminado de plaguicidas, de abonos y de medicamentos, así como la preparación agresiva de los terrenos, sin la debida protección, hacen que una gran cantidad de compuestos químicos y de sedimentos entren a los ríos y los lagos, contaminando y mermando nuestros abastos de agua potable. El procesamiento de los alimentos constituye otra fuente de contaminación al ser humano debido al uso de substancias químicas legales (preservativos, colorantes, estabilizadores y sabores artificiales). El PIP se compromete a desarrollar legislación encaminada al establecimiento de proyectos que promuevan la agricultura ambientalmente responsable con un enfoque sustentable, según se ha definido a nivel internacional. En Puerto Rico ya existen experiencias que demuestran lo correcto de este enfoque y actualmente técnicos y agrónomos del Servicio de Extensión Agrícola trabajan afanosamente para ampliar esta nueva concepción de la producción agrícola y agropecuaria.

IX. PESCA COMERCIAL Y ARTESANAL

En Puerto Rico hay poco más de mil cien pescadores con licencia de pesca comercial y aproximadamente 39 villas pesqueras – una reducción de mil pescadores y 23 villas con relación al 1996. Históricamente, las agencias gubernamentales llamadas a asistir a los integrantes de este sector económico los han abandonado y su situación socioeconómica ha sido y continúa siendo de gran precariedad.

En las últimas dos décadas, la pesca se ha reducido dramáticamente. Según estadísticas del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del Departamento de Recursos Naturales correspondientes al año 2008 que tomaron como base los datos provistos por los pescadores en torno a los desembarcos de pesca nos indican que se entregaron 2 millones de libra de pescado. El promedio durante la década de 1990 a 1999 fue de alrededor de 5 millones de libras. Desde el 2004 el promedio es alrededor de 2 millones de libras.

Entrevistas con pescadores de distintos puntos de la isla nos han revelado la difícil situación que enfrentan estos trabajadores del mar, que está a punto de hacerlos desaparecer como faena económica. Las situaciones que ponen su subsistencia en riesgo son comunes a toda la isla y entre otras, se destacan:

1. La falta de apoyo y en ocasiones hasta persecución por parte de las agencias de gobierno que tienen el mandato de atender las necesidades de los pescadores comerciales;

2. La ausencia de ayudas económicas o crédito a bajas tasas de interés sin la necesidad de gran colateral, es el reclamo de la mayoría de los pescadores que como su actividad económica cae bajo el Departamento de Agricultura, las ayudas e incentivos se agotan con los agricultores y nunca hay para ellos;

3. La contaminación por diversas fuentes en la costa como las descargas de aguas usadas tanto de las plantas de la Autoridad de Acueductos como de particulares y la erosión de los terrenos por obras de construcción mal ubicadas;

4. La privatización de la costa por marinas, proyectos residenciales y proyectos turísticos; la competencia por parte de la gran cantidad de pescadores recreativos que no tienen que regirse por las normas tan estrictas que aplican a los pescadores comerciales.

5. Un reglamento de pesca excesivamente restrictivo, calcado de reglamentos norteamericanos, cuya relevancia en nuestras aguas tropicales es dudosa;

6. La competencia desigual por los dineros del consumidor y de los restaurantes que representa el pescado congelado barato que venden los importadores de pescado extranjero y las grandes cadenas de alimentos;

7. La estructura de costos asociados a la industria pesquera artesanal (lanchas, combustible, aceite, aparejos, trabajadores, etc.).

8. El IVU;

9. Las trabas para que las nuevas generaciones aprendan a pescar desde jóvenes.

10. El precio del combustible.

11. Para atender algunas de estas preocupaciones principales de los trabajadores del mar, proponemos:

12. Dotar a la Oficina de Desarrollo Pesquero que actualmente se encuentra bajo el Departamento de Agricultura de independencia fiscal y programática para garantizar la debida atención a la industria pesquera y sus trabajadores.

13. Promover Corporaciones Propiedad de Trabajadores y Cooperativas de Productos y Servicios asociados a la pesca como lo puede ser la elaboración y venta de comestibles y artesanías o el ecoturismo para que los pescadores y sus familiares puedan ampliar su base económica.

14. Proveer capacitación empresarial y técnica a los pescadores y administradores de las villas pesqueras, con incorporación del recinto de Mayagüez a la promoción de cooperativas pesqueras donde sean viables.

15. Facilitar y financiar intercambios de experiencias, conocimiento y tecnologías con pescadores de los demás países de la cuenca del Caribe.

16. Extender la legislación vigente que ampara a los jóvenes trabajadores menores de 16 años para permitir que los jóvenes menores de 16 años interesados se inicien en la industria de pesca. Establecer un programa de suplemento de salario como existe para el sector agrícola para ayudar a los pescadores con la contratación de proeles, escamadores y demás personal asociado a esta actividad.

17. Dotar de mejores equipos y embarcaciones a los grupos de pescadores bonafide debidamente organizados.

18. Promover los cursos de construcción de lanchas y reparación de motores de botes en las escuelas vocacionales o para los jóvenes en las comunidades costeras.

19. Revisar todos los reglamentos aplicables con el insumo y la participación de los pescadores, académicos y científicos especializados en el tema.

20. Crear un programa de garantía de préstamos para la adquisición de barcos de pesca de diferentes tamaños y equipos para la pesca costera y de aguas internacionales. Además, se ofrecerá toda la capacitación de personal que sea necesaria por medio de escuelas pesqueras y de los programas de educación vocacional y se incentivará la creación de cooperativas pesqueras.

21. Se promoverá la acuacultura para aumentar la producción nacional de peces, camarones y otras especies comestibles, pero sólo en aquellos casos en que los proyectos de charcas destinadas a tales fines, no afecten el medioambiente ni requieran de la extracción de arena en las costas y litorales del país.

X. COOPERATIVISMO

El cooperativismo, como sistema económico, es solidario, democrático y busca mejorar los ingresos, la producción y la calidad de vida de los seres humanos. Sus principios y filosofía básica concurren con la esencia del programa económico y social del PIP, que pretende desarrollar plenamente la sociedad puertorriqueña, por vía de un crecimiento saludable anual de la producción de bienes y servicios, lograr que ésta se distribuya cada vez más en forma equitativa entre los ciudadanos y que sean éstos los que tomen las decisiones políticas y económicas fundamentales. En ese contexto la voluntad del pueblo se ejercería igual que en el cooperativismo, libre y democráticamente.

El cooperativismo es una fuerza económica y de participación ciudadana que todavía no ha podido alcanzar el máximo de su potencialidad de inversión, producción de bienes y servicios, generador de ingresos y creador de empleos. Tiene mucho que contribuir como organismo educativo y demostrador de la capacidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas para progresar, dirigirse a sí mismos y ser más justos con sus ciudadanos y los diferentes pueblos del planeta.

De conformidad con sus postulados históricos, el PIP se compromete con ampliar la legislación y los reglamentos vigentes para que el cooperativismo se libere de las ataduras burocráticas y reguladoras públicas, de modo que el sector pueda aunar sus recursos y esfuerzos y propiciar su desarrollo pleno. Creemos que el cooperativismo tiene que hacer más para resolver los problemas de vivienda, transportación y salud, desarrollo agrícola y manufacturero. El sector podría usar las aportaciones de capital de los que trabajan, de los ahorristas y de las cooperativas existentes para crear anualmente centenares de viviendas cooperativas, empresas de transportación y servicios a transportistas, firmas manufactureras y agroindustriales que propicien la producción y reduzcan la dependencia externa del país en esos renglones.

A la luz de los reclamos recientes del movimiento cooperativo y de sus propuestas para el desarrollo de este importante sector, proponemos aprobar legislación para ayudar al fortalecimiento del cooperativismo de la siguiente forma:

1. Integrar al sector cooperativo – y en particular al banco Cooperativo, a las cooperativas de ahorro y crédito y a la Liga de Cooperativas - en la ejecución del Plan de Incentivos Industriales y del esfuerzo de fomento empresarial mediante la liberalización de los requisitos de inversión del excedente, de manera que pueda complementar los recursos de Fondo de Desarrollo Nacional.

2. Promover la creación de cooperativas de producción dentro del marco del Plan de Incentivos Industriales y de los esfuerzos de la Compañía de Fomento Empresarial.

3. Promover la creación de cooperativas de servicio en el sector de la transportación colectiva.

4. Crear centros cooperativos de acopio y mercadeo, tanto de productos agrícolas como de los recursos que se necesitan en la agricultura, (semillas, fertilizantes, maquinaria y asesoramiento técnico).

5. Expandir el financiamiento de las cooperativas de vivienda. Este sector es indispensable para un mejor aprovechamiento del espacio urbano, la conservación de los terrenos para la agricultura y la protección del ambiente y proveer viviendas de interés social.

6. En el área de la educación cooperativa se tomarán las siguientes medidas:

7. Promover el desarrollo de cooperativas juveniles en el sistema educativo público.

8. Implantar la educación en cooperativismo dentro del currículo del sistema de educación pública y crear juntas municipales de asesoramiento cooperativo para ayudar implantar ese curso en todas las escuelas.

9. Crear un instituto para el desarrollo cooperativo en Vieques, Culebra, Fajardo y Ceiba con atención especial en el desarrollo de la industria pesquera.

10. Promover la creación de cooperativas pesqueras desde y con los recursos del recinto Universitario de Mayaguez.

11. Ofrecer orientación periódica sobre el cooperativismo a todos los funcionarios gubernamentales.

12. Asegurarse de que las emisoras del pueblo de Puerto Rico separen tiempo de su programación regular para la educación cooperativa.

13. Establecer mecanismos de consultas previas con los organismos de dirección del movimiento cooperativo en los procesos de legislación y definición e implantación de normas, reglamentos y en los nombramientos de funcionarios gubernamentales a cargo de las agencias del cooperativismo.

14. Crear los mecanismos para instruir a los municipios, el CRIM y el Departamento de Hacienda, sobre las disposiciones legales vigentes de las exenciones que tienen las cooperativas de toda tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrios, patentes y otros.

XI. TURISMO

La localización geográfica de Puerto Rico en el Caribe y la riqueza, variedad y belleza natural de nuestro país y sus aguas circundantes hace que el turismo sea un importante renglón de nuestra economía. Podemos aprovechar nuestra realidad física, compartiéndola con visitantes de otros países, como parte de nuestras estrategias de desarrollo económico. Por supuesto, no estamos solos en el Caribe; la competencia de otros centros turísticos es fuerte, por lo que es preciso afinar una política efectiva sobre turismo.

La primera deficiencia de las políticas tradicionales que han implantado los diversos gobiernos que se han turnado en el poder radica en haber limitado servilmente nuestra promoción turística al mercado estadounidense, y no haber aprovechado el potencial de otros mercados como Europa y América Latina.

Por otro lado, se ha abandonado nuestro propio mercado y no se ha desarrollado adecuadamente el turismo interno. Una parte importante de los recursos que gastamos en el exterior podrían permanecer en Puerto Rico si desarrollamos adecuadamente nuestros propios recursos para el exigente turismo puertorriqueño.

Por último, la política pública relacionada con el turismo debe estar ligada estrechamente a la protección del ambiente. El turismo tradicional en Puerto Rico ha causado conflictos entre las poblaciones locales y el sector privado por el uso de terrenos costaneros y de áreas de mar; por las pérdidas de áreas de playa para los ciudadanos al éstas "privatizarse"; por cambios a los patrones hidrológicos en la costa, que causan inundaciones en áreas que antes no las sufrían; por transformaciones en la ecología y la topografía de áreas costaneras con beneficios económicos para unos pocos a expensas de los recursos naturales de todos. El turismo debe integrarse al desarrollo de un sistema nacional de transportación colectiva, de manera que la construcción de hoteles no tenga que impactar las áreas de atractivo turístico y que se destruirían con la saturación hotelera. Desarrollaremos otro tipo de turismo -el ecoturismo- dirigido a valorar y a proteger los recursos naturales y el ambiente, a la vez que se maximiza su potencial económico.

A estos efectos el PIP implantará las siguientes medidas:

1. Se fomentará la creación de nuevos centros turísticos, en especial, para el turismo interno, de suerte que la ciudadanía tenga acceso a precios asequibles.

2. Para mejorar el ambiente de las áreas turísticas se controlará la comercialización en estos sectores, pero se contará con la participación de los comerciantes ya establecidos que representan fuentes de creación de empleos y pilares en la generación de actividades económicas que benefician tanto al visitante como a los residentes de las localidades.

3. Será criterio prioritario de las agencias reguladoras al considerar las propuestas para desarrollos turísticos en Puerto Rico que éstos no sean nocivos a la integridad ecológica de la localidad y se le dará especial prioridad a proyectos diseñados para realzar y conservar los recursos naturales del país.

4. En coordinación con los hoteles y el resto de la industria turística, la Compañía de Turismo fomentará exposiciones y promociones que motiven al turista a visitar los lugares de interés ecoturístico que existen y que se desarrollen en el futuro.

5. Las campañas publicitarias para promover el turismo interno y externo realzarán la riqueza y variedad ecológica del país, además de los lugares de interés, restaurantes y mesones gastronómicos de los pueblos fuera de San Juan.

6. La Compañía de Turismo desarrollará cursos cortos y talleres para los empleados de la industria con el fin de desarrollar conocimientos básicos y actitudes armoniosas con el nuevo enfoque ecológico.

7. Endosamos la culminación del desarrollo ordenado y planificado del Distrito de Convenciones y sugerimos la creación de una comisión de expertos que se encargue de diseñar el plan de promociones para asegurar el éxito de esta importante obra de infraestructura turística.

8. Con respecto al turismo tradicional "de casino y playa" que se concentra en la zona metropolitana de San Juan y en Carolina, proponemos legislar para proteger a los empleados de todos y cada uno de los hoteles de esas jurisdicciones, de suerte que se protejan sus derechos adquiridos y no se repitan experiencias como las varias acontecidas en años recientes al momento de decretarse cierres de hospederías.

9. En el caso de aquellas hospederías que enfrenten problemas operacionales, el PIP propone la creación de mecanismos de financiamiento interino para lograr mantener las instalaciones operando en lo que se resuelve la situación de incertidumbre y se logra sacar a flote la empresa en cuestión.

10. Ampliar la oferta turística para incluir casas de huéspedes y hospederías como sector organizado, con el objetivo de aumentar la competitividad en este sector. [ Una medida es ofrecer como alternativa a los que tienen segundas viviendas para veraneo o vacaciones el que sólo puedan reclamar deducciones por los intereses hipotecarios cuando demuestren haber obtenido ingresos de su alquiler en el mercado de turismo interno y externo mediante reglamentación que se provea a tales efectos]

11. Promover arreglos con las empresas turísticas del área del Caribe para que Puerto Rico forme parte de los planes de atracción del turismo multinacional, de forma integrada.

12. Integrar el acceso a áreas designadas como atractivos naturales, playas, bosques y parques, al sistema de transportación colectiva que proponemos para toda la isla; uno de cuyos principales objetivos será el que no sea necesario destruir los escenarios naturales con la construcción de hoteles y que éstos se establezcan o en los cascos urbanos o en áreas designadas que no afecten la conservación del ambiente ni la belleza de los escenarios ni saturen al recurso turístico.

XII. POLÍTICA DE ASISTENCIA ECONÓMICA

A tono con una política de promoción de la producción y el empleo, hay que reorientar los programas de asistencia económica. Hasta ahora, estos programas han resultado en la perpetuación de la dependencia y la pobreza, en menoscabo de los intereses de las personas a quienes supuestamente deben beneficiar. Si bien es necesario que el gobierno provea beneficios y asistencia a las personas necesitadas, no debe perpetuarse un sistema que en lugar de proveer adiestramiento y empleo, lo que hace es desincentivar y penalizar la actividad productiva.

Ninguna sociedad puede desenvolverse exitosamente si no promueve la producción. Sin embargo, en Puerto Rico se ha utilizado la asistencia pública para generar más dependencia, creando la falsa impresión de que vivimos en una economía próspera. Realmente hemos escondido la pobreza, la cual perdura bajo un enchape de prosperidad artificial y falsa seguridad económica. No nos debe sorprender, entonces, el deterioro social que sufre el país, producto precisamente, de la pobreza, el desempleo, el ocio, la dependencia.

La política federal reciente se dirige a la reducción dramática de las ayudas sociales del llamado Estado Benefactor. La reducción de los beneficios disponibles a la economía de Puerto Rico en la forma de transferencias federales hace impostergable que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se dirija efectivamente al problema de la dependencia económica de una mayoría de las familias puertorriqueñas. Lamentablemente, a pesar de la crisis que se avecina, ninguno de los otros dos partidos se ha enfrentado a la situación mediante la articulación de un nuevo modelo económico y una nueva política de asistencia pública.

La reforma de los sistemas de beneficencia debería combinar la satisfacción de las necesidades básicas con la generación de empleos que se autofinancien. Debe facilitarse el proceso para que más personas se incorporen a la fuerza laboral y/o se eduquen con miras al adiestramiento laboral y empresarial. El tipo de empleo a crearse debe ser de alta productividad y bien remunerado. La creación de pequeñas empresas comunitarias y cooperativas puede ayudar decisivamente en este proceso. Los mecanismos que se implanten para lograr tales fines deben tener como propósito no sólo la protección o la seguridad social sino también que se creen las condiciones para sobrepasar los niveles de vida de subsistencia. Nuestro objetivo no debe ser mantener la pobreza, sino eliminarla. Para eliminarla es necesario aumentar la tasa de participación y de empleo de personas hábiles que por frustración o marginalidad se han apartado del mercado de trabajo. Mientras menor sea el desempleo, mayor será el crecimiento de la base tributaria y de los recursos con los que contará el Estado para atender a la población que por razones de edad o incapacidad no se pueda incorporar al mercado de trabajo.

Hay que fortalecer el Programa de Pan y Trabajo con medidas que evalúen la elegibilidad del beneficiario de acuerdo con su capacidad de trabajo y con sus posibilidades de adiestramiento formal o readiestramiento. Para aquellos con capacidad de trabajo y que cualifiquen para la asistencia económica, el propósito central del programa no puede ser perpetuar su condición de indigentes, como de hecho ha sido en el pasado, sino incorporarles al mundo productivo, para que así sean autosuficientes y venzan la dependencia.

Un elemento central en esta gestión es la redefinición del uso de los fondos federales. Estos deben responder a las verdaderas necesidades y prioridades del Pueblo de Puerto Rico. Para ello será necesario implantar la asignación en bloque.

A estos efectos, el PIP se propone adoptar las siguientes medidas:

1. Los programas de asistencia económica habrán de diferenciar entre las personas que tienen capacidad de trabajo y las que no pueden trabajar

2. En el caso de los desempleados, evaluar la disponibilidad de éstos para realizar tareas productivas en programas públicos o privados que se diseñarán para este propósito.

3. Crear programas de adiestramiento y empleo para beneficiarios de ayudas económicas en las áreas de agricultura, manufactura liviana, construcción de proyectos públicos, limpieza y saneamiento, y otros sectores de la economía en los que se aseguren plazas de trabajo bien remuneradas y altamente productivas.

4. Como parte del Plan de Incentivos Industriales, crear un Instituto de Desarrollo Empresarial Comunitario y Cooperativo en el que se diseñen planes específicos para el establecimiento de empresas básicas utilizando la capacidad empresarial de nuestra población urbana y rural de bajos ingresos. De hecho existe una Ley originada por los legisladores del PIP en el cuatrienio de 2000-2004 que de haberse implantado adecuadamente debía servir para financiar las empresas, - cuyos propietarios son residentes, o que emplean residentes o dan servicios -, en comunidades especiales.

5. Gestionar con el Gobierno de Estados Unidos la asignación en bloque de los fondos federales de asistencia económica al Gobierno de Puerto Rico y a individuos, que no constituyan derechos adquiridos, para que Puerto Rico pueda hacer uso de esos fondos, para promover el desarrollo económico del país y con ello reducir la población dependiente exclusivamente a los que no pueden trabajar y generar los recursos fiscales autóctonos que permitan la eliminación de esta asignación para atender a ese sector de la población.

XIII. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA

El estado de derecho existente en Puerto Rico, así como el modelo económico endosado por los dos partidos que se han turnado para gobernar este pueblo, mantienen a nuestros trabajadores y trabajadoras en una desventaja en todos los renglones del quehacer diario.

Los cambios en el mundo del trabajo son numerosos. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico, cada vez más acelerado, altera constantemente la organización del proceso productivo y los requerimientos de destrezas de los trabajadores. También, hay que destacar la creciente participación de la mujer en el mercado laboral. Otro factor que no se debe pasar por alto es el aumento del llamado empleo periférico: empleados a tiempo parcial así como integrantes de la economía informal desprovistos de toda seguridad social. A esto se suma la externalización del proceso de producción, vía la cual se subcontrata y se desplaza el trabajo del taller principal a suplidores o talleres satélite en donde, generalmente, los trabajadores no están organizados y, por lo tanto, reciben salarios más bajos y muy pocos beneficios marginales, si alguno.

Los efectos de las alteraciones en el mercado laboral son múltiples: cierres de fábricas, reducción en el número de empleos disponibles, la emigración de grandes números de trabajadores. La externalización del proceso de producción y la proliferación del trabajo periférico minan la estabilidad del trabajo con perspectiva de largo plazo. El creciente trabajo parcial, tan utilizado en el sector de los servicios, particularmente, por las "megatiendas", se traduce en explotación a corto plazo y en un profundo problema de seguridad social a largo plazo. Por otro lado, la vida familiar se afecta ante la necesidad de contar con más de un ingreso o que alguno de sus miembros cuente con más de un trabajo.

La respuesta de los gobiernos del PNP y del PPD, ha sido inscribirse en las políticas del neoliberalismo: desregulación del mercado y privatización. Por un lado se aboga por la "flexibilización de las leyes laborales", lo que en realidad significa pérdida de derechos conquistados por los trabajadores; y por otro lado se montan toda una serie de estrategias que entorpecen las posibilidades de la organización y de la gestión sindical. En la instancia del sector privado la organización de los trabajadores no ha logrado penetrar. Los talleres organizadores son la minoría. Con el aval gubernamental la llamada libre empresa se confunde con la "empresa por la libre". Y en la instancia del sector público se aprobó la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (Ley Número 45 del 25 de febrero de 1998) que ha probado ser una camisa de fuerza para la gestión sindical. De hecho, esta ley luce como una lista de obstáculos. Prohíbe realizar huelgas y negociar con carácter retroactivo; y restringe la elegibilidad de la sindicación, el término del convenio y el alcance de las cláusulas económicas.

El Partido Independentista Puertorriqueño postula que en el orden económico, como en todo orden social, el protagonista es el ser humano. El trabajador no puede ser reducido a mero factor instrumental, como si fuera materia prima o una pieza de capital. Él es el protagonista del trabajo. Su participación en el fruto del trabajo constituye la verdadera esencia del desarrollo económico. Esto hace imperativa a la organización sindical como base independiente de poder de la clase trabajadora y para el logro eficaz necesitamos la soberanía.

Vislumbramos una economía que cuente con suficiente agilidad institucional para enfrentar de manera efectiva los problemas de desempleo, desigualdad y dependencia. Para lograrlo hay que contar con una base sindical amplia y activa que sirva de instrumento tanto de reivindicaciones en el taller de trabajo como de reivindicaciones en el orden social. La revalorización del trabajo requiere del sindicalismo. Resulta elocuente que estudios comparativos de talleres unionados y no unionados pertenecientes a la misma rama industrial, realizados tanto en Europa como en Estados Unidos, arrojan un saldo favorable a los talleres unionados en productividad y calidad del trabajo. Asimismo, un sindicalismo efectivo en el servicio público ayudaría a superar la politización que lastra al gobierno y que impide que éste rinda un mejor servicio.

El siglo 20 se caracterizó como el siglo del desarrollo tecnológico. El siglo 21 parece estar siguiendo sus pasos. ¿Cómo es posible que después de más de un siglo de tanto progreso tecnológico la definición de la jornada regular de trabajo sea básicamente la misma? Este progreso debería ser más compatible con otros objetivos, como el de lograr más tiempo para la atención a la familia, la labor comunal y la recreación. Hay que reorientar el cambio tecnológico hacia mayor beneficio social. La productividad que éste genera debe acompañarse de mejores condiciones de trabajo y mejor entorno ecológico, en fin, mejor calidad de vida.

Como objetivo central el Partido Independentista Puertorriqueño aspira a establecer un marco normativo favorable a la plena organización de la clase trabajadora tanto en el sector privado como en el sector público y la protección de sus derechos y conquistas. Para enfrentarse a los múltiples problemas en que está sumido nuestro país hay que abrirle al sindicalismo vías efectivas de participación a nivel del taller de trabajo y a nivel social. Entre las medidas concretas de nuestro programa destacamos las siguientes:

1. Crear un organismo con representación sindical, gubernamental y patronal para entender en los asuntos laborales desde una perspectiva amplia. Este tipo de organismo, auspiciado desde hace muchos años por la social-democracia, ha funcionado con gran efectividad en los países de la Unión Europea. Uno de los asuntos de su agenda inicial, que el proceso de globalización ha tornado más urgente, sería lograr la participación de Puerto Rico en la Organización Internacional del Trabajo.

2. Estudiar las formas de hacer viable la reducción de la jornada regular de trabajo sin afectar la tasa salarial ni los beneficios marginales. Esta medida se articularía con el propósito de aumentar la calidad de vida. Además, se vincularía al objetivo de crear más oportunidades de empleo. Valga señalar, para anticiparnos al escepticismo patronal, que este tipo de medida se asocia con aumentos en productividad y con reducción de los accidentes en el trabajo.

3. Aprobar una nueva Ley de sindicación del sector público de suerte que se garanticen plenamente los derechos laborales y se superen las prohibiciones y restricciones que caracterizan a la ley vigente.

4. Reconocer el derecho de los empleados municipales, de la rama judicial y de los empleados gerenciales de las corporaciones públicas a organizarse y a negociar colectivamente.

5. Estimular el trabajo a jornada completa a la misma vez que, en donde sea requerida la jornada parcial, se le garanticen al empleado los derechos y beneficios que merece todo trabajador.

6. Estudiar a fondo los programas de pensiones en función de los efectos que sobre éstos puedan tener el envejecimiento poblacional y la proliferación del trabajo a tiempo parcial. La guía, aparte de las bases actuariales de rigor, tiene que orientarse por la justicia y seguridad que merece toda persona en todas las etapas de la vida.

7. Asegurar la viabilidad de los fondos de pensión del sector público mediante las medidas fiscales apropiadas, aumentando la aportación patronal.

8. Aprobar legislación con el fin de mejorar las compensaciones y beneficios que reciben los trabajadores lesionados del Fondo del Seguro del Estado. Específicamente se debe eliminar la inmunidad patronal cuando la negligencia del patrono constituya la comisión de delito o la violación de normas establecidas por leyes y reglamentos sobre las condiciones de salud, higiene y seguridad en el área de trabajo.*

9. Oponernos a toda intención de restringir, como se ha anticipado, los derechos de la mujer trabajadora, como la licencia de maternidad.

10. Promover e incentivar la creación de centros de cuidado de niños en o cerca de los centros de trabajo.

11. Desarrollar mecanismos de solución informal a los conflictos entre patronos y trabajadores. El Centro de Solución de Conflictos de la Rama Judicial podría servir de modelo. Estos mecanismos son de beneficio para ambas partes: reducen costos, evitan disloques innecesarios en el proceso productivo y protegen al trabajador de medidas unilaterales por parte de la empresa.

12. Gestionar con el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos que se excluya a Puerto Rico de la aplicación de las leyes federales del trabajo que restrinjan los derechos de los trabajadores y las uniones, de manera que, en lo sucesivo, las empresas cubiertas por dicha legislación se rijan por la legislación puertorriqueña aplicable.

13. Reiteramos nuestro compromiso con la organización total de los trabajadores de Puerto Rico. Ni un solo trabajador debe estar a expensas de la arbitrariedad patronal.

XIV. TELECOMUNICACIONES Y LA INTERNET

Durante los últimos años tanto el sector público como el privado han instalado un andamiaje tecnológico muy avanzado, comparable con el de los países industrializados. En el caso específico de las telecomunicaciones y de la Internet, el número de usuarios ha aumentado dramáticamente, razón por la cual Puerto Rico tiene el potencial de convertirse en un centro de servicios especializados en este renglón en la región del Caribe.

No obstante, hasta la fecha no se ha articulado una política tecnológica coherente, que responda a los intereses de la ciudadanía, del comercio, la industria y los servicios, además de al sector público, tanto en lo que concierne a la Internet como a las telecomunicaciones en general.

Específicamente, estos sectores han planteado preocupaciones como las siguientes:

1. Pérdida de privacidad y protección del usuario de la Internet.

2. Ausencia de acceso gratuito a la Internet para toda la población vía telefónica.

3. En el caso de la industria de anuncios a través de los medios masivos de comunicación, particularmente de la televisión, la ausencia de una política clara que exija que el talento debe ser puertorriqueño.

4. En el caso del establecimiento de torres de transmisión, las comunidades han reclamado que deben limitarse, es decir, que se compartan las instalaciones existentes.

5. Finalmente, miembros del empresariado en este sector han planteado preocupación por la proliferación de cadenas de telecomunicaciones del exterior.

A la luz de lo anterior, el Partido Independentista Puertorriqueño propone los siguientes elementos centrales para el diseño de una política tecnológica:

1. La necesidad de articular un plan integral para digitalizar y ampliar acceso a información en el Gobierno.

2. La necesidad de proteger la industria local de telecomunicaciones.

3. La necesidad de proteger el derecho a la intimidad de prácticas indeseables de negocios o intromisión indebida.

4. La posible regulación y monitoreo de cómo y dónde se establece la infraestructura de telecomunicaciones.

El fenómeno de la globalización mundial tiene como una de sus características más significativas el acceso, ampliación y masificación de la información. Como resultado del surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación -Internet, facsímil, celulares, antenas de satélite, entre otras- que se unen a los medios existentes -radio, televisión, cine, periódico- la información puede fluir por múltiples canales o medios y de forma rápida a todos los rincones del mundo. Esto posibilita un acceso continuo y diversificado a la información y, a la vez, múltiples interpretaciones de la realidad social.

El impacto de los avances tecnológicos de la comunicación en la sociedad contemporánea ha trastocado la comunicación de persona a persona, entre grupos, entre el Estado y la sociedad, y las relaciones comerciales o la forma de hacer negocios a nivel global. Sin embargo, esta revolución informática acarrea también grandes interrogantes en lo que respecta a: cómo operan los medios de comunicación y estas nuevas tecnologías de comunicación; quién las posee; quién ejercita el control y divulgación de la información; qué tipo de regulación puede imponer el Estado sobre la operación de empresas de comunicaciones; qué medidas deben establecerse para proteger al consumidor y su privacidad; cómo posibilitar el mayor acceso posible a la información, dónde permitir el establecimiento de estas tecnologías y otorgar las licencias de operación; y cómo reducir el impacto en el ambiente; entre otras.

Los principios generales sobre los cuales se fundamenta nuestra posición sobre este particular son los siguientes:

1. El Gobierno de Puerto Rico debe promover la digitalización de la información en todas las agencias, dependencias y corporaciones públicas. Deberá desarrollarse un plan integral por etapas de identificación, análisis y consolidación de información relativa a la Política Pública del Gobierno y estadísticas oficiales. La meta primordial debe ser establecer una base de datos confiable, compartida entre agencias y que logre ampliar el acceso y la divulgación de la misma a la ciudadanía en general. Debe darse especial énfasis a dependencias con información sensitiva o de vital importancia para la salud pública, la seguridad, la educación, la protección de los recursos naturales, el desarrollo económico, entre otros.

2. El derecho a acceder a información que posibilitan las tecnologías de comunicación no debe atentar contra la privacidad y confidencialidad de los usuarios de las mismas. Es decir, el Gobierno reconoce la libertad de expresión y el derecho a recibir información de los ciudadanos, pero debe velar también por que las prácticas o actuaciones de las compañías de telecomunicaciones no atenten contra el derecho a la intimidad ni constituyan una intromisión indebida en asuntos de seguridad personal o familiar.

3. El establecimiento de infraestructura relativa a la operación de las nuevas tecnologías de comunicación -por ejemplo, la ubicación de antenas de telecomunicaciones- debe estar estrictamente regulado por el Gobierno en función de su impacto en el ambiente, sus efectos sobre la salud y la seguridad de los habitantes, los parámetros de planificación y estética urbana, así como evitar la saturación por regiones y la sobrecarga de la infraestructura existente, entre otros.

4. La nueva dinámica de hacer negocios a nivel global ha impactado también la manera en que opera la industria de las comunicaciones, cuyos diversos componentes se han ido consolidando a nivel mundial provocando el monopolio de grandes cadenas de negocios en detrimento de industrias pequeñas, nacionales e independientes. Es deber del Gobierno de Puerto Rico propiciar la protección de la industria de comunicación nacional y detener la incursión desmedida de empresas extranjeras que socavan nuestra identidad nacional, desplazan a empresas y trabajadores puertorriqueños y distorsionan la realidad puertorriqueña y mundial.

5. La competencia desmedida y desigual de empresas de comunicación extranjeras contra empresas puertorriqueñas amerita la intervención decidida del Gobierno de Puerto Rico para proteger el talento local, las producciones locales, aumentar los talleres de trabajo locales y reglamentar prácticas desleales de la industria en sus diversos componentes. A estos efectos, se otorgarían incentivos contributivos para aliviar la carga económica que representa competir con corporaciones multinacionales de gran poder adquisitivo.

XV. CONCLUSIÓN

A tenor con lo anterior la política económica que el PIP se propone implantar desde el Gobierno servirá para construir la transición necesaria hacia la Independencia y consistirá: primero, en la utilización de la política fiscal para estabilizar las finanzas del gobierno haciendo que las corporaciones que gozan de exención contributiva aporten efectivamente una porción mayor de contribuciones de lo que hoy aportan; lo que pueden hacer sin que estén pagando más que en otras jurisdicciones. En segundo lugar, se tratará de que el sector cooperativo aporte más en el financiamiento de la infraestructura que necesita el país, sobre todo en la generación de energía con fuentes renovables y en el reciclaje de desperdicios; ello podrá realizarse dentro del marco del Fondo de Desarrollo Nacional. Se reservarán terrenos suficientes para una agricultura moderna y se fomentará la rehabilitación de los cascos tradicionales y se desalentará el desparramamiento urbano. Finalmente la Compañía de Fomento Industrial debe retomar su función como incubadora de empresas de todo tipo.

Simultáneamente se solicitará del Congreso de Estados Unidos, como medidas de transición en lo que se resuelve el problema del status, las siguientes:

1. La suspensión de las Leyes de cabotaje.

2. La suspensión de la aplicación de toda aquella legislación que pueda afectar la protección de la producción de productos agrícolas para el consumo humano.

3. La concesión de la facultad de negociar acuerdos comerciales y bilaterales, al menos con países y organizaciones internacionales de nuestro hemisferio.

Sólo la Independencia posibilita - en un mundo donde los Estados Unidos no son el único país rico ni innovador - la ampliación del comercio exterior y la protección del mercado nacional suficiente como para estimular la inversión privada y mixta, local e internacional, en tal magnitud que el desempleo se pueda reducir significativamente y así poder liberar a una gran parte de la población de la dependencia económica y de la indigencia. Ello a su vez reforzaría la base contributiva del estado y posibilitaría medidas de alivio contributivo para los contribuyentes de ingreso bajos y moderados. Además permitiría al estado cumplir su responsabilidad de atender adecuadamente la infraestructura social que no puede dejarse al sector privado como lo son los servicios de educación, salud y seguridad pública.