ASUNTOS DE LA MUJER
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, hemos vivido importantes avances en el tema de la equidad de género: las formas más descarnadas del discrimen en el trabajo van desapareciendo. Cada vez más mujeres participan en tareas o profesiones tradicionalmente desempeñadas por hombres. Poco a poco las mujeres nos vamos haciendo de un espacio en la política y son más las parejas en las que la distribución de las tareas domésticas y de cuido de menores y envejecidos se asume como una responsabilidad compartida. Persisten sin embargo, muchas formas de desigualdad, desde el hostigamiento sexual en el trabajo hasta el terrible azote de la violencia doméstica.
El Partido Independentista propone, a través de este Programa, un acercamiento al tema de la mujer que no está limitado a esta sección. Hemos querido adoptar un enfoque transversal, que reconozca que los temas de género no tienen que estar etiquetados como tales. Por ejemplo, hemos incluido dentro del tema de salud, un acápite especial sobre salud de la mujer y otro sobre las comunidades LHBTT. En el área de desarrollo económico es imposible dejar de lado que las víctimas más afectadas por un sistema político que vive de la perpetuación de la pobreza son las mujeres, en especial las jefas de familia. En educación especial, aunque se persigue proteger los derechos de los niños y niñas con necesidades especiales, al ser las mujeres las principales custodias y cuidadoras de sus hijos e hijas, el asunto cobra una perspectiva de género. Es, pues, nuestra aspiración que como parte de la evolución de la discusión política, algún día se dé la integración natural del tema del género a todos los asuntos que deben estar sobre la mesa para conducir a nuestro país a un futuro más solidario y justo.
I. VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Nuestro país cuenta con legislación de avanzada en el tema de la prevención y de la violencia doméstica. Pero no es lo que está en papel lo que define la realidad de las miles de mujeres que son víctimas de agresiones de su pareja. El gran reto es trasladar las aspiraciones de la política pública tantas veces reiterada a la conciencia del país, y proveer a las víctimas las herramientas para superar relaciones de desigualdad y maltrato, conscientes de que se trata de un problema de múltiples ramificaciones sicológicas y sociales.
Combatir la violencia intrafamiliar conlleva identificar adecuadamente los elementos que la precipitan. Para esto, es recomendable analizar datos cualitativos y cuantitativos tales como frecuencia, zonas de mayor incidencia, factores precipitantes, entre otros. Uno de los grandes retos que enfrentan individuos y organizaciones que aspiran a viabilizar iniciativas que propendan en reducir y eliminar la incidencia de violencia doméstica es la falta de cohesión en la recopilación y publicación de datos estadísticos.
Se alega que en el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2011, 709 mujeres fueron asesinadas en casos de violencia doméstica, para un promedio de 59 mujeres asesinadas anualmente. Debido a la disparidad en los datos recopilados por la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, organizaciones no gubernamentales, entre otros, es incierta la cantidad de mujeres asesinadas durante el año 2011.
La Policía reporta que durante el 2011, 22 mujeres fueron asesinadas en casos de violencia doméstica. El Instituto de Ciencias Forenses alega que el número ascendió a 26. La Oficina de la Procuradora de la Mujer reporta que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2011 se registraron 26 asesinatos. Sin embargo, fuentes independientes que dan seguimiento a los casos reportados en los que mujeres son agredidas por su pareja señalan que durante el 2011 entre 46 y 84 fallecieron como consecuencia de incidentes de violencia intrafamiliar.
La ausencia de datos fidedignos en el renglón de incidentes de violencia doméstica imposibilita el desarrollo de respuestas coherentes que incidan en la prevención y reducción de este terrible flagelo social. Esta falta de coherencia ocurre por razones diversas, todas vinculadas a la deficiente e inefectiva gestión de administración pública en general y de la Oficina de la Procuradora de la Mujer en particular. Es, además, imperativo atender las condiciones de disparidad social que enfrentan las mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, y jóvenes, particularmente en temas relacionados con hostigamiento sexual hacia estudiantes y violencia doméstica entre parejas homosexuales.
A pesar de que el problema de la violencia doméstica surge de fisuras sociales que emergen en múltiples espacios, la ley habilitadora que dio curso a la creación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer establece que en su función cuenta con poderes investigativos, fiscalizadores y cuasi judiciales para implantar política pública. Sin embargo, la gestión pública de esta agencia dista mucho de vincular las gestiones que propendan en reducir y erradicar la inequidad de género. Es por ello que postulamos que una de las gestiones prioritarias que propone el Partido Independentista Puertorriqueño es replantear la gestión de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, resolviendo ineficiencias operacionales con el fin de crear un espacio vinculante que viabilice el estudio de la situación actual de las mujeres en Puerto Rico, así como iniciativas que inserten exitosamente las agencias concernidas.
Específicamente proponemos:
A. Promover una visión que no sea exclusivamente jurídica del tema de la violencia doméstica, y contar, para el desarrollo de un Plan Integral para la Erradicación de la Violencia Doméstica, con organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas con experiencia en programas de prevención y de atención a víctimas. Mediante dicho Plan, trazar una estrategia que vaya desde la prevención y educación a la comunidad sobre las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres hasta la atención de las necesidades apremiantes de las mujeres víctimas, como vivienda, servicios de salud, medidas de seguridad, servicios legales del ámbito civil, servicios de inmigración y de desarrollo económico. Se considerarán, en el desarrollo de esas estrategias, los factores individuales, de pareja y de entorno social que afectan la incidencia de violencia hacia la mujer.
B. Familiarizar a los más jóvenes, tanto niñas como varones, de la importancia del respeto y la igualdad como base de las relaciones afectivas y domésticas mediante la integración del tema a ciertas asignaturas desde la escuela elemental, imprimiendo desde temprana edad el concepto de que maltrato no es únicamente violencia física. También, celebrar a esos fines, Jornadas para la Prevención de la Violencia Doméstica en las escuelas del país.
C. Extensión de la aplicación de la Ley 54, a todas las relaciones de pareja, independientemente del género.
D. Proveer adiestramiento adecuado a todo el personal de Policía que interviene en la atención y manejo de querellas de violencia doméstica, proveyendo, además de cursos básicos de la Academia, un programa de educación continua.
E. Establecer el Registro Maestro de Estadísticas con el fin de validar los tipos y cantidades de casos reportados por la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, Departamento de la Familia, Administración de Tribunales, entre otras dependencias. El fin primordial es contar con datos que permitan desarrollar un manejo adecuado de política pública que redunde en una reducción y eliminación de casos en los que las mujeres son víctimas de violencia, maltrato, o discrimen.
F. Asignar un número suficiente de fiscales a los casos de violencia doméstica, para que sea proporcional al número de querellas que se presentan, y garantizar que estén preparados para un manejo especializado en este tipo de casos.
G. Asignar los fondos necesarios al Instituto de Ciencias Forenses para que la recopilación de evidencia forense relacionada con casos de agresión sexual y violencia en relaciones de pareja sea debidamente procesada.
H. Proveer asistencia a las víctimas a través de todo el proceso judicial, a través de una red de intercesoras que den seguimiento a los casos, acompañen a las mujeres a las citaciones en el tribunal y las orienten hacia el proceso posterior al fin de los casos judiciales.
I. Asignar recursos suficientes a las organizaciones no gubernamentales que dan servicios de orientación, asistencia y albergue a mujeres víctimas de violencia doméstica y a sus hijos e hijas.
J. Promover servicios de asistencia sicológica, siquiátrica y social a los agresores.
K. El concepto de violencia doméstica debe ser ampliado para contemplar la diversidad de poblaciones existentes (parejas homosexuales, trabajadoras sexuales y jóvenes, entre otros). Asimismo, es urgente desarrollar y atender el proceso de notificación de víctimas cuando los agresores son liberados de las instituciones de corrección.
II. MATERNIDAD
A. Promover la desmedicalización del parto y revisar la legislación sometida este cuatrienio sobre la partería para atender los reclamos sobre una amplitud de opciones.
B. Retomar la propuesta contenida en el P del S 2407, de la autoría de la entonces Senadora María de Lourdes Santiago (vetada por el entonces gobernador) para exigir de los obstetras que informen a sus pacientes la incidencia de cesáreas en embarazos que no sean de alto riesgo como medida para controlar la altísima incidencia de cesáreas innecesarias en Puerto Rico.
C. Fomentar el establecimiento de centros de cuido tanto en el trabajo público como en la empresa privada, con atención particular a la necesidad de guarderías en horarios no tradicionales.
D. Garantizar el cumplimiento de la ley sobre la licencia de lactancia; encomendarle a la Oficina de la Procuradora de la Mujer la tarea específica de fiscalización sobre ese estatuto y de promover entre las madres el conocimiento y reclamo de los derechos que las cobijan bajo esa ley.
E. Presentar la oposición que corresponda, si como se ha anticipado, se intenta interferir con los derechos reconocidos en la Ley de Madres Obreras a la licencia de maternidad.
F. Crear programas educativos especiales adaptados a los horarios y necesidades de las jóvenes embarazadas y madres adolescentes para que puedan completar la escuela superior o continuar estudios universitarios.
G. Proveer orientación sobre sus derechos, así como programas de respiro a las madres a cargo de hijos o hijas con impedimento, tanto aquellos en edad escolar como los que, por estar fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación, sufren de forma especial la falta de servicios.
III. RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL
A. Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género. A manera de ejemplo, la imposición del IVU ha afectado de forma especialmente negativa a las mujeres trabajadoras jefas de familia.
B. Promover participación equitativa de hombres y mujeres en posiciones electivas y gubernamentales.
C. Documentar las incidencias de discrimen por géneros en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.
D. Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan estereotipos por géneros, que expongan una imagen despectiva de la mujer o que fomenten o justifiquen la violencia de género. Por el contrario, el gobierno debe contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género en la sociedad tanto a través de campañas de orientación como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias.
IV. DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUJER
Según el Censo del 2010, en nuestro país un 57.7 % de las familias lidereadas por mujeres viven bajo el nivel de pobreza. La solvencia económica ha demostrado un factor en la violencia de género, en la posibilidad de continuar estudios superiores, en el acceso y adecuacidad de los servicios de salud, y en expectativas de progreso para sus hijos e hijas.
Urge, por lo tanto, dentro de la compleja situación económica del país, prestar atención especial a la relación mujer y pobreza, tan estrechamente ligada a los patrones de marginación que aspiramos a superar.
El Partido Independentista propone:
A. Identificar, de manera particularizada, los sectores de la población femenina con menor acceso al mercado de empleo, de manera que sea posible puntualizar aquellos factores que inciden sobre ese hecho (edad, cuido de dependientes, escolaridad, historial de dependencia familiar y otros) para trazar estrategias específicas que permitan su integración al trabajo.
B. Adoptar y ratificar el plan de desarrollo empresarial con perspectiva de género creado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el 2008 y que incluye la creación de una Oficina de Apoyo Integral para el Desarrollo Económico de las Mujeres bajo el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
C. Fomentar el desarrollo de programas de microfinanzas con servicios dirigidos especialmente a las mujeres, que les permitan acceder al crédito y a otros servicios financieros para que acumulen los activos necesarios para garantizar su autosuficiencia económica.
D. Procurar que aquellas agencias que destinan fondos a programas de desarrollo económico o de asistencia social, combinen esfuerzos para fijar un plan conjunto que incorpore la perspectiva de género, concentrado en las necesidades de las mujeres pobres.
E. Promover la creación de cooperativas compuestas por mujeres como medida para viabilizar independencia económica e integración con el colectivo comunitario.
F. Proveer orientación a mujeres y a patronos sobre los derechos de las trabajadoras y los mecanismos para hacerlos valer.
G. Establecer el Programa de Inserción para la Mujer Migrante con el fin de desarrollar y viabilizar un proyecto de justicia social y equidad a las mujeres que, en muchas ocasiones no perciben beneficios marginales ni cubiertas de salud debido a su condición migratoria.
V. EDUCACIÓN DE LAS MUJERES
En una economía globalizada, con acceso cada vez más amplio a la tecnología, la educación se impone como una herramienta imprescindible para el desarrollo económico. En nuestro país, un 30% de las mujeres no tiene el grado de escuela superior. Esta carencia opera como una desventaja automática al momento de buscar empleo.
Atendiendo lo que, es para nosotras, la imperante necesidad de incorporar la perspectiva de género al tema educativo, desde el PIP proponemos:
A. Una revisión detallada del currículo del Departamento de Educación para eliminar aquellos textos, materiales, o acercamiento en las distintas materias, que fomenten estereotipos por género, e incorporar materiales educativos que promuevan la educación no sexista, que contribuyan a prevenir la violencia doméstica, y que realcen el papel de las mujeres en la historia. Darle seguimiento a esa propuesta a través de una oficina dentro del Departamento con personal especializado en asuntos del género y en educación no sexista, para que provean adiestramiento continuo a maestros y maestras y para que se promuevan actividades educativas a ese fin.
B. Reenfocar las campañas de prevención de deserción escolar para que apelen a las mujeres jóvenes que por razones de violencia, embarazos prematuros o circunstancias económicas optan por abandonar sus estudios secundarios.
C. Reenfocar los programas de educación vocacional, incorporando más a las jóvenes a la preparación en oficios tradicionalmente masculinos, y ampliando las ofertas vocacionales.
D. Completar el plan de acción establecido entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Educación en el año 2008 para atemperar los currículos de dicho departamento a una visión de equidad por género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
VI. SALUD DE LA MUJER
En el área de salud, todavía en nuestro país el factor del género no es atendido como un elemento que puede actuar como factor de riesgo en la incidencia de ciertas condiciones, o como un elemento de socialización (la mujer como proveedora de cuidados para el resto de la familia) que puede afectar la prevención o la búsqueda temprana de atención médica. Se ha demostrado además, que en diagnósticos variados (como el alcoholismo, enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, ataques de pánico, ansiedad generalizada, el cáncer oral y el VIH SIDA) los factores sicosociales de riesgo son distintos en hombres y mujeres.
La planificación familiar es otro tema que refleja la disparidad entre la responsabilidad adjudicada y atribuida a la mujer en comparación con el rol asumido por el hombre. Se estima que un 68% de las mujeres usan algún método de planificación familiar moderno siendo la esterilización el más utilizado (46%), mientras que sólo el 4% de los hombres utiliza este medio. Es evidente que el gobierno ha fallado en asumir su rol social al proveer servicios de planificación familiar y anticonceptivos sólo al 6% de la población femenina en el país. Las enfermedades de transmisión sexual afectan a las mujeres en proporciones alarmantes y más que a los hombres.
El PIP presenta las siguientes propuestas sobre la salud para la mujer:
A. Articular una política enérgica de investigación epidemiológica que identifique necesidades y recursos de salud particulares a las mujeres con el fin de generar programas de prevención y tratamiento. Requerirá, además, la reorganización de los servicios de salud que actualmente no consideraran esas necesidades y recursos.
B. Garantizar de manera real y efectiva el acceso de todas las mujeres, con o sin plan médico, a la salud reproductiva (prevención de embarazos, prácticas sexuales seguras), incluyendo orientación, consejería, exámenes médicos, medicamentos, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.
C. Promover el acceso a servicios a servicios pre-natales, de parto y post-natales adecuados y cónsonos con sus necesidades, sociales, económicas y geográficas (de fácil acceso dentro de sus pueblos y comunidades).
D. Extender los servicios sanitarios disponibles para víctimas de agresiones sexuales y de violencia doméstica, con personal especialmente adiestrado y que funcione en sintonía con la asistencia sicológica, legal y social que requieren estas mujeres.
E. Asegurar el cumplimiento de protocolos para la identificación de violencia doméstica en las salas de emergencia. Capacitar al personal de las salas de emergencia para llevar a cabo exámenes médicos forenses para la recopilación de evidencia en casos de agresión sexual con atención a la identidad y orientación sexual de la víctima.
F. Promover investigaciones sobre la relación entre la violencia contra las mujeres y el contagio del VIH/SIDA.
G. Expandir las opciones de tratamiento y la disponibilidad de espacios en centros de desintoxicación y de tratamiento para mujeres adictas a sustancias legales o ilegales.
H. Darle especial atención a la perspectiva de género en toda iniciativa de salud comunitaria.
I. Promover el acceso a información sobre salud con campañas educativas y fiscalización de las agencias concernidas para que las mujeres tomen decisiones verdaderamente informadas sobre procedimientos y tratamientos médicos.
J. Proveer programas de prevención y atención clínica a mujeres deambulantes.
VII. MUJERES DE EDAD AVANZADA
La pobreza, la soledad, la falta de acceso a servicios sociales y médicos se acentúa en el sector poblacional más envejecido. El aumento en el costo de vida, la insuficiencia de los planes de pensiones, la amenaza que se cierne sobre el retiro de las empleadas públicas contribuye a hacer de este sector de nuestro país uno especialmente vulnerable.
Para ellas proponemos:
A. Tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas de retiro de los empleados y empleadas gubernamentales.
B. Considerar, en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.
C. Desarrollar programas a nivel municipal o regional que incentiven la actividad física y el acceso a servicios médicos.
D. Promover la integración de mujeres de mayor edad a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado o de voluntariado.
E. Promover el desarrollo de comunidades de vida asistida para mujeres envejecidas y ampliar los servicios de ama de llaves.
F. Desarrollar política pública para establecer programas de educación y apoyo a mujeres cuidadoras de pacientes de enfermedades debilitantes tales como Alzheimer o de condiciones que requieran la atención continua de personas envejecidas.
VIII. MUJERES SIN TECHO
En Puerto Rico, los gobiernos de turno han demostrado una gran apatía para atender y mitigar las condiciones de personas sin hogar. La mujer sin techo presenta características diferentes a las de los hombres, teniendo el agravante de que las causas para su condición social puede surgir de ramificaciones relacionadas con el maltrato intrafamiliar. La población de mujeres sin techo está compuesta por trabajadoras sexuales, usuarias de drogas, condiciones de salud mental, entre otros.
Muchas de estas mujeres son madres que por falta de techo se ven separadas de sus hijos e hijas, rompiendo así con su núcleo familiar. Además, la condición de inequidad de género y la vulnerabilidad de su lugar de reposo exponen a estas mujeres a agresiones sexuales que, en ocasiones, han puesto en riesgo la vida de la víctima. Estructurar un proyecto colectivo para la atención de las mujeres sin techo requiere la integración de iniciativas desarrolladas por el gobierno y la labor que realizan cientos de organizaciones no gubernamentales que atienden a esta población.
Presentamos las siguientes propuestas:
A. Viabilizar el manejo de los casos de mujeres sin techo con un enfoque salubrista para establecer alianzas entre instrumentalidades del gobierno y organizaciones no gubernamentales con el fin de desarrollar una red de servicios a mujeres sin techo.
B. Desarrollar mecanismos de recopilación de datos para la población marginada que incluya inventarios de servicios brindados por el gobierno, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones sin fines de lucro para así viabilizar la atención efectiva y eficiente a mujeres sin techo.
C. Desarrollar campañas de concienciación de conductas de riesgo usando métodos de difusión que estén al alcance de las poblaciones marginadas.
