INTRODUCCIÓN
"Para lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial es indispensable introducir cambios fundamentales en la forma en que producen y consumen las sociedades. Todos los países deben promover modalidades sostenibles de consumo y producción; los países desarrollados deben tomar la iniciativa al respecto y todos los países deben beneficiarse de ese proceso, teniendo en cuenta los principios de Río, incluido, entre otros, el de la responsabilidad común pero diferenciada. Los gobiernos y las organizaciones internacionales competentes, el sector privado y todos los grupos principales deben desempeñar un papel activo con miras a modificar las modalidades insostenibles de consumo y producción."
(Plan de Implementación de Johannesburgo, cap. III, párr. 14, Naciones Unidas, 2002)
El cuatrienio 2009-2012 ha transcurrido como uno más donde el gobierno y sus aliados intentan echar atrás avances importantes en la calidad de nuestro ambiente y la protección y conservación de los recursos naturales. Las maromas y excusas para ignorar la ley que protege nuestra fisiografía cársica; la derogación de la orden administrativa que declaró los terrenos entre Luquillo y Fajardo como Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste, para permitir la construcción de residencias caras en áreas ecológicamente sensibles; la promoción de incineradores como forma de manejo de los desperdicios; y la propuesta de construir un gasoducto entre Guayanilla y San Juan, partiendo la Isla en dos, sólo fueron algunas de las acciones y propuestas que el gobierno azul, siguiendo el rastro de su predecesor, ha desarrollado haciendo caso omiso de nuestra realidad natural y de las aspiraciones y preocupaciones de mucha de nuestra gente.
Se ha señalado, y tiene sentido, que los conflictos ambientales no han sido más y mayores porque la economía, tantos años sostenida por la industria de la construcción, sigue deprimida, y la competencia por el uso de suelos, por esta razón, no ha sido tan álgida como en otros momentos. Aun así, la tendencia de pérdida de terrenos agrícolas y ecológicamente sensibles frente al cemento, continúa.
Por otro lado, seguimos sin un Plan de Uso de Terrenos, tenemos cinco vertederos menos pero generamos más desperdicios que hace cuatro años y para nuestros gobernantes y aspirantes, tanto rojos como azules, las perspectivas sobre el cambio climático parecen reducirse a eventos que pasan en otros países pero que no nos tocan a nosotros, si se juzga por la falta de prevención, acción y mitigación en sus propuestas para el país.
Puerto Rico debe comenzar a crear políticas públicas que armonicen con las tendencias adoptadas en toda América Latina en las áreas de planificación y conservación del ambiente. El alcance y naturaleza de la legislación preparada en la isla durante la primera década del milenio ha sido limitada y desarticulada a las iniciativas que se ha desarrollado en otros países de nuestro hemisferio. Las iniciativas propuestas en esta sección han sido establecidas no solo para mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños sino para integrar a Puerto Rico en proyectos de alcance regional que están siendo desarrollados dentro de la comunidad internacional.
Los cambios registrados en el clima constituyen uno de los asuntos de mayor prioridad en nuestro ambiente natural. El calentamiento global es una realidad que no ha sido discutida ampliamente en Puerto Rico. La comunidad científica internacional –El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático- ha concluido que la temperatura promedio de nuestro planeta va en ascenso, y que esta tendencia se ha acelerado a partir de la década de 1960. Esta tendencia en el aumento significativo en la temperatura es lo que se conoce como calentamiento global, el cual es producido por la acumulación de gases en la atmósfera –bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los fluorocarbonos, y los óxidos de azufre- que capturan la radiación solar. Al absorber las ondas infrarrojas, estos gases se calientan, aumentando así la temperatura de la atmósfera, a la vez que actúan como una especie de tapa que impide que el calor generado se disipe. Los procesos industriales, la generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles los sistemas de escape de los de automóviles, la quema y descomposición de desperdicios sólidos, la deforestación y el consecuente proceso de descomposición de materia vegetal son todos factores que contribuyen en gran manera a la producción de gases invernadero.
Hoy día se emiten sobre 22,000 millones de toneladas de CO2 al año. Para el año 2008, Estados Unidos emitió cerca de 5,230 millones de toneladas, o cerca de un 25% del total. Los Estados Unidos, la República Popular China y la Federación Rusa, juntos, emiten el 50% del total mundial anual de CO2.
Puerto Rico emite unas 40 millones de toneladas anuales de gases invernadero. Aunque esto representa sólo el 0.2% del total mundial, estamos entre los mayores emisores en la región (entre los cuales se incluyen países productores de petróleo como lo son Trinidad Tobago y Venezuela). Calculado por habitante, producimos 33% más CO2 que un brasileño y 700% menos que un estadounidense. Desafortunadamente la legislación aprobada durante las pasadas administraciones omite esta particularidad local.
El cambio climático y sobre todo el fenómeno del calentamiento global afectan a todo el planeta y muy particularmente a las islas localizadas en el trópico. Se prevén cambios como el aumento en el nivel del mar, el aumento en la intensidad y tal vez la frecuencia de los huracanes, períodos de sequía seguidos de inundaciones, aumento en la temperatura, mortandad de corales, cambios en la salinidad del agua entre otros.
En el caso particular de Puerto Rico, ya estamos siendo visiblemente impactados por la subida en el nivel del mar, el aumento en la temperatura anual promedio, la disminución en la precipitación pluvial anual promedio y las rápidas variaciones entre sequía e inundación. Los fenómenos naturales que regulan el clima en Puerto Rico –El Niño, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés), entre otros, explican parcialmente estos impactos, pero igual peso tienen los factores ocasionados por el modelo económico imperante en el país. Factores como el desparrame urbano, las construcciones en áreas costeras y en lugares de alto riesgo, y la dependencia en los combustibles fósiles para la generación de energía aceleran e incrementan nuestra vulnerabilidad ante el calentamiento global.
En Puerto Rico la mayoría de la población y nuestra infraestructura más importante están ubicados en la zona costera (definida por la Junta de Planificación de Puerto Rico y la Agencia Federal para los asuntos Oceanográficos y Atmosféricos –NOAA- como 1km tierra adentro desde donde rompe la ola en la orilla del mar). En la medida en que aumenta el nivel del mar, la arena en la playa alta se va erosionando y se deposita en el fondo marino: por cada centímetro de aumento en el nivel del mar, perdemos un metro de costa. Este fenómeno es evidente en muchos lugares en Puerto Rico, donde ya podemos observar los efectos en el cambio del nivel de mar. Decenas de comunidades urbanas y rurales, al igual que edificios comerciales, industriales, escuelas y espacios públicos serán afectadas por los cambios en el nivel de mar y otros eventos asociados al calentamiento global. Actividades económicas como el turismo, la agricultura, transportación y el mercado de bienes raíces también se verán afectados por este fenómeno global.
Las costas de la isla no serán los únicos lugares afectados. También se prevén impactos a la vida y propiedad relacionados al fenómeno del calentamiento global hacia el interior de la isla. Esto se debe a que nuestro ambiente natural ha sido moldeado durante millones de años por la precipitación, es decir, tenemos una geomorfología pluvial. Nuestra topografía de pendientes pronunciadas es propensa a deslizamientos, mientras que los llanos cerca de ríos y riachuelos, por su naturaleza intrínseca como planicies de inundación de estos cuerpos de agua, regularmente están sometidas a grandes inundaciones. Estas dos características de nuestros suelos no han sido tomadas en cuentas en el proceso urbanizador del país. Aproximadamente un 25% del país ya está urbanizado, habiéndose ubicado una gran cantidad de viviendas en suelos no aptos para este fin. Algunos, porque su geología es susceptible a deslizamientos o desprendimientos. Otros, más llanos, por los cuales los proyectistas muestran una gran preferencia debido a que les resulta menos costoso ubicar en ellos grandes urbanizaciones, tampoco son aptos para este fin ya están localizados en la planicie de inundación de algún cuerpo de agua.
Ni los rojos ni los azules han considerado seriamente el cambio climático; más bien ambos partidos irresponsablemente fomentan políticas públicas que nos tornan cada vez más vulnerables. Su política energética está basada en la utilización de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). La reciente intensión del uso del gas natural en el proyecto denominado como Vía Verde" constituye el ejemplo mas reciente de la dependencia hacia el combustible fósil. ¡Vaya compromiso! De igual manera, la política de uso de terrenos del país está abocada al desastre. Se promueve la expansión urbana a suelos de alto riesgo –ya sea por su geología, relieve topográfico, alto nivel freático o por su cercanía al mar. No se reservan suficientes tierras para la agricultura. No se protegen las cuencas hidrográficas y las áreas de captación de los acuíferos. Se promueve la urbanización de las costas y de lugares de alto valor ecológico, histórico y paisajista. En fin, que se está promoviendo la urbanización del país de forma contraria a su protección y adaptación a los previsibles cambios climáticos lo que nos pone en una situación muy vulnerable y asegura futuros desastres.
El efecto del calentamiento global en la isla nos es el único elemento que enfrentaremos en los próximos años. También debemos a entender la ocurrencia de eventos sísmicos como parte de nuestro entorno natural. Por décadas, varios sectores de la comunidad científica y académica han alertado sobre las posibilidades de que la isla enfrente un evento sísmico de gran magnitud que pueda afectar gran parte de nuestra infraestructura y generar enormes pérdidas en nuestra sociedad. Este programa reconoce la posibilidad de este evento natural y propone la creación de varias iniciativas encaminadas a mitigar los efectos de los eventos sísmicos en la isla.
En su propuesta programática para el área de Ambiente, Planificación y Recursos Naturales el Partido Independentista Puertorriqueño se ha centrado en proponer iniciativas para integrar a Puerto Rico a los principios adoptados por la comunidad internacional en cuanto a desarrollo sustentable, minimizar el impacto generado por el calentamiento global y eventos sísmicos al mismo tiempo de promover la expansión urbana utilizando principios de diseño que refuercen el tejido social de nuestras comunidades y ciudades a la vez que se preserva el patrimonio histórico y el ambiente al cual tiene derecho cada puertorriqueño.
I. ENERGÍA
Las intensiones del Partido Popular Democrático en promover el "Gasoducto del Sur" y del Partido Nuevo Progresista en promover la "Vía Verde" son experiencias que jamás deberán repetirse en nuestro país. Tampoco debe repetirse la historia de CAPECO en Cataño. Proponemos un proyecto que reducirá la dependencia de nuestro país en los combustibles fósiles –de los que carecemos y sobre cuyo mercado no ejercemos ningún control. Este proyecto, además, representará, para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una reducción importante de las tarifas que pagan a esta corporación. Además, al irse implementando la fase de este proyecto que involucra al millón de casas aproximadamente que hay en Puerto Rico la aportación de nuestro país a los gases invernadero se reducirá dramáticamente.
A. UN FUTURO ENERGÉTICO DISTINTO
Las instalaciones de lo que fue el centro de la industria petroquímica en Guayanilla y Peñuelas se extienden por 3,500 cuerdas bajo el control de 42 empresas. Trece de esas empresas tienen instalaciones en uso limitado o abandonadas. Estas son: Caribe Isoprene, Chevron Texaco Limited, CORCO, Gulf Chemical, Hercor Chemical, Oxochem, PPG de Puerto Rico Inc., Puerto Rico Olefins, Pipelines PR, Rico Chemicals, Shell, Union Carbide y Universal Process. Estos terrenos, que luego de tres décadas de uso intenso por parte de la industria petroquímica se encuentran contaminados con mercurio, plomo, vanadio, y muchos otros compuestos químicos llevan además otras tres décadas de abandono. Su potencial de usos productivos es muy limitado. Más de la mitad de las corporaciones que los contaminaron ya no existen.
Proponemos por lo tanto, que el Gobierno de Puerto Rico adquiera estos terrenos para que a cambio de la inversión gubernamental en la descontaminación hasta un nivel aceptable para el uso propuesto que indicamos a continuación, nos vendan las tierras a precios por debajo del mercado establecer en ellas un gran proyecto de generación de energía renovable. La generación de energía mediante celdas fotovoltaicas es la tecnología de generación de energía de mayor crecimiento en el mundo, pues se ha venido incrementando en promedio un 48% anual desde el 2002. La posición geográfica de la isla con relación a la recepción de energía solar es favorable para el uso de celdas fotovoltaicas.
Paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica a gran escala se ubicarán en los terrenos donde antes estuvieron las petroquímicas. La corta distancia hasta la Central Termoeléctrica de Costa Sur garantiza una reducción en la pérdida por transmisión de electricidad. Para propósitos de calcular el beneficio seamos conservadores y tomemos como área productiva sólo 1,500 de las 3,500 cuerdas que totalizan el área. En esas 1,500 cuerdas podríamos generar potencialmente unos 156 a 312 millones de vatios en las horas pico (156-312 Mw/h p), dependiendo de la tecnología utilizada. Esto es suficiente para iluminar entre 75,000 a 150,000 hogares.
El costo de instalación de lo que sería la finca de generación fotovoltaica más grande del mundo fluctuaría entre 907 y 1,500 millones de dólares, inversión que se recuperaría en unos diez años partiendo del precio actual de la electricidad de cerca de $0.20/kwh. Si a esto le añadimos la reducción de gases invernadero en la generación limpia de esta cantidad de electricidad, calculado conservadoramente a 1 ton CO2/kwh generado/año, nos coloca reduciendo entre 150,000 a 240,000 toneladas menos -sólo en CO2- anuales.
El proyecto también incluye una fábrica o al menos una ensambladora de paneles fotovoltaicos en los mismos predios. A precios europeos podríamos ubicar allí una planta que fabricase paneles fotovoltaicos equivalentes a una producción potencial de 25 Mw/año por unos $12 millones. Esta inversión podría ser conjunta con el sector privado, o pública (AEE). El propósito de la fábrica es que luego de llenar de paneles fotovoltaicos la antigua zona petroquímica, se comience a promover y mercadear la ubicación de paneles fotovoltaicos en los techos de todas las casas en Puerto Rico
Además del evidente ahorro significativo, generación de empleos y la ventaja de producir localmente, esta fábrica se puede convertir también en un taller de experimentación y desarrollo tecnológico y de materiales al servicio de la tecnología de producción de energía. La cercanía de centros universitarios importantes (Hato Rey, Río Piedras, Mayagüez, San Germán y Ponce) que ya tienen programas sobre este tema vigentes, sería perfectamente complementario con el objetivo de producción de energía planteado.
Si consideramos que existen aproximadamente 1 millón de residencias en el país (y cerca de 1.4 millones de techos en total) y que en los techos de estas casas pudiéramos generar (otra vez calculando conservadoramente – 26W/m2-) unos 2.9 Kwh p. (.026kw) (112m2); o unos 34.8 Kw/dia. [(2.9 kwh) (12 horas de sol hábil)] Si multiplicamos esta cantidad por 100,000 techos, estaríamos generando 290 Mw en cada hora de sol. Esto quiere decir que por cada 100,000 techos que produzcan energía, podríamos reducir en un 8% la producción de energía durante las horas pico con combustibles sucios. Al no tener que acumular la energía en baterías, se reduce el costo de instalación de los paneles en cada casa por una tercera parte. Si añadimos incentivos contributivos y préstamos con intereses bajos para estimular la ubicación de paneles fotovoltaicos, producidos en Puerto Rico (que también ayudaría a bajar los costos) en nuestros techos, podríamos librarnos de tener que invertir en la construcción de nuevas y gigantescas centrales termoeléctricas contaminantes para la generación de electricidad por los próximos 40 a 50 años. Esta iniciativa se convertiría en la infraestructura de toda una economía verde que garantizaría el ambiente y disfrute de los recursos nacionales para futuras generaciones de puertorriqueños.
B. POLÍTICA DE FUENTES DE ENERGÍA
El problema de energía que sufre Puerto Rico es consecuencia de procesos erráticos de planificación estratégica; del compromiso de las instituciones gubernamentales con el consumo de combustibles fósiles y de una falta de visión integrada al evaluar las alternativas energéticas disponibles. El diseño de una política energética compatible con las condiciones geográficas, climatológicas y ambientales de nuestro país debe fundamentarse en la conservación de la energía, en la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes limpias y renovables de energía, en la investigación científica para convertir el sistema energético de Puerto Rico en uno sustentable y en la participación de las comunidades en el diseño de la política energética.
Proponemos:
1. Un futuro energético diferente, proyecto emblemático que se describe en la introducción a esta sección de Planificación Ambiental y Recursos Naturales encabeza nuestras propuestas energéticas.
2. La creación de un Plan Maestro de Energía (PME), revisable periódicamente según avance la tecnología, en el cual se evalúen las alternativas disponibles, sus ventajas, los problemas de contaminación que presenten y las tecnologías de control disponibles que garanticen la eficiencia de los procesos y el minimizar la contaminación. El PME no considerará la incineración de los desperdicios sólidos ni la quema de carbón, ni la utilización de fuentes radiactivas o procesos nucleares para la producción de energía en el país. Tampoco se considerará la energía eólica (del viento) en lugares sensitivos ecológicamente (como por ejemplo, en la zona de Guayanilla) o con alto valor agrícola (como por ejemplo, en los valles de Santa Isabel, Yabucoa y otros).
3. Mientras no se elabore el PME que considere todas las opciones energéticas disponibles y provea solución a los problemas de contaminación que cada opción genere, no se aprobará el establecimiento adicional de ninguna planta de energía que utilice combustibles contaminantes como el carbón, el petróleo, gas natural y sus derivados.
4. La aprobación de legislación que enfoque tanto el estudio integral de las diferentes alternativas energéticas en escalas medianas y pequeñas, como la participación directa de las comunidades en la implantación de las alternativas.
5. La transformación de la Administración de Asuntos de Energía en un Departamento de Energía Nacional (DEN) que tendrá a su cargo la implantación del programa de energía de Puerto Rico, el desarrollo e implantación de estrategias diseñadas para la investigación científica en el campo de la producción de energía limpia, así como la coordinación con la Administración de Fomento Económico para brindar el apoyo necesario a las industrias nativas que desarrollen productos o brinden servicios relacionados con la implantación de estas nuevas tecnologías de energía limpia y renovable. Este departamento tendrá a su cargo la responsabilidad de establecer las medidas necesarias para aumentar la eficiencia en la generación de energía en Puerto Rico.
6. La aprobación de enmiendas a las leyes vigentes para ofrecer incentivos contributivos reales y sustanciales a las personas que instalen y utilicen en sus hogares alternativas de generación de energía limpias y de carácter renovable. Así como también a los constructores que las instalen y se usen en los proyectos que tienen a su cargo También, para ofrecer por el propio Departamento de Energía Nacional propuesto, préstamos a bajo interés para la instalación de sistemas de producción de energía renovable individuales o colectivos (en las instalaciones comunales)
A corto plazo, y para enfrentar los alarmantes incrementos de costos de la electricidad producida en Puerto Rico por la AEE y las generadoras privadas, proponemos las siguientes acciones:
1. La distribución masiva, por cuenta de la AEE de bombillas fluorescentes compactas a todas las residencias y comercios en el país. Esta inversión podría redundar en un ahorro de 10-15% del consumo eléctrico general.
2. La negociación sin intermediarios con el gobierno venezolano de derivados del petróleo a precios preferenciales, como lo ha ofrecido ese gobierno a Puerto Rico.
3. La revaluación y restructuración de los gastos administrativos de la AEE. Resulta intolerable el gasto en helicópteros, chóferes, publicidad político-partidista y demás por parte de la jerarquía máxima de la agencia.
4. El desarrollo de una campaña intensa utilizando el sistema de educación pública promoviendo el ahorro, conservación y uso eficiente de energía, partiendo del axioma de que la electricidad mejor utilizada es la que no se utiliza.
5. La renovación de las turbinas hidroeléctricas a través de todo el país y la posibilidad de instalar turbinas micro-hidroeléctricas para aprovechar corrientes de agua disponible en los ríos perennes que existen en la región montañosa de la isla. En la actualidad, el Servicio Nacional de Geología de los EE UU (USGS) estima que los ríos de la isla depositan sobre 11 millones de galones de agua diariamente hacia el mar. Esta es una fuente de energía renovable que no se está utilizando en el país.
II. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
Proponemos medidas para evitar los previsibles impactos a la vida y propiedad que ya están ocurriendo debido al fenómeno del calentamiento global y manejo del recurso agua.
A. POLÍTICA PÚBLICA
Enfrentar los problemas ambientales de Puerto Rico exige, en primer lugar, el llevar a cabo un análisis abarcador de la legislación vigente para conservar los recursos naturales y preservar o restaurar la calidad del medio ambiente. Existe una gran diversidad de estatutos aprobados durante los últimos treinta (30) años que han respondido a visiones, circunstancias, situaciones, problemas, enfoques y prioridades cambiantes a través del tiempo. No obstante, las leyes y los reglamentos vigentes se han estructurado de forma fragmentada, de manera que no necesariamente responden coherentemente al funcionamiento sistémico de la Naturaleza y sus ecosistemas. Prioridad y énfasis serán otorgados a la evolución de la política pública sobre sostenibilidad ambiental y seguridad a la luz de los efectos ya presentes y futuros en la isla del cambio climático global.
En este contexto el PIP propone desarrollar el marco legal/institucional para la protección del ambiente en los siguientes términos generales:
1. Crear el cargo de Procurador de los Recursos Naturales y Ambiente (PRNA), con recursos y autoridad suficiente para poder iniciar todas las acciones civiles y penales que procedan por la violación de las diversas leyes ambientales en vigor. Tendrá autoridad para representar tanto el interés público como para comparecer a nombre de particulares que hayan sufrido los efectos de las violaciones.
2. Crear el puesto de Auditor Ambiental en cada agencia de gobierno, corporación pública y municipio. Este Auditor será responsable de constatar y evaluar el fiel cumplimiento de cada componente institucional con la política ambiental adoptada. Debe contar con adiestramiento formal y experiencia en el campo ambiental. Será nombrado por el jefe de la agencia y responsable directamente a éste. Producirá un informe anual que evaluará el cumplimiento institucional con las leyes, reglamentos, políticas y normas ambientales aplicables a la agencia, corporación pública o municipio.
3. Revisar toda nuestra legislación para incorporar, donde aplique, los requerimientos y disposiciones necesarias para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático y para reducir nuestra aportación de gases invernadero al clima del planeta;
4. Legislar para que los estándares de calidad de agua y aire en Puerto Rico se establezcan en función de nuestras condiciones climáticas y para proteger la salud de los sectores más vulnerables de la población, como los niños y ancianos.
5. Integrar y armonizar toda la legislación ambiental mediante la elaboración y aprobación de un Código Ambiental de Puerto Rico que organice sistemáticamente todo el marco legal referente a la protección del ambiente y los recursos naturales.;
6. Legislar para garantizar la legitimación activa de individuos, comunidades y organizaciones no gubernamentales en procesos administrativos y judiciales que involucren daños ambientales o violación a reglamentación o legislación ambiental o de planificación.
7. Aprobar nueva legislación y restructurar las agencias de la Rama Ejecutiva para asegurar la participación de éstas en la protección de los recursos naturales y la conservación, restauración y protección del ambiente;
8. Proponer enmiendas a legislación vigente para asegurar compatibilidad y uniformidad de propósitos, de procedimientos, de implantación y de requisitos sustantivos para la protección del ambiente;
9. Clasificar la reglamentación ambiental en categorías uniformes que permita su evaluación sistemática.
10. Para cubrir las responsabilidades ministeriales de las agencias reguladoras y custodias del medio ambiente se debe asignar en el presupuesto de gastos del gobierno una cantidad no menor del tres porciento (3%) del presupuesto total del gobierno. La cifra resultante conformará el presupuesto ordinario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
11. Fortalecer la enseñanza de las ciencias y protección ambiental dentro de las revisiones curriculares dentro del sistema de educación de Puerto Rico mediante la creación de estándares de temas y tópicos desde el grado primario hasta la escuela superior.
12. Creación de programa de investigación ambiental entre la Oficina del Procurador de recursos Naturales y Ambiental (PRNA) y los programas graduados en ciencias ambientales en los centros universitarios de la isla para canalizar temas de tesis y disertaciones en asuntos relacionados con la realidad ambiental y manejo de los recursos naturales en la isla.
13. Enmiendas a la Ley de Política Pública Ambiental:
1. Analizar integralmente la Política Pública Ambiental, recogida en la Ley de Política Pública Ambiental, a la luz de los nuevos conocimientos científico-técnicos y de la situación ambiental actual de nuestro país, de tal forma que podamos fortalecer más la protección del ambiente y los recursos naturales a través de esta legislación. Dentro de este análisis, se incorporarán las siguientes enmiendas a la Ley, dada la importancia sustantiva y procesal de las mismas. Estas mismas enmiendas serán aplicadas, adaptándolas a las particularidades de cada agencia, a la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico y del Departamento de Recursos Naturales:
2. Esta Junta de Directores estará compuesta:
3. por profesionales que tengan además conocimiento y capacitación formal en las áreas de ecología, planificación y en ciencias ambientales, así como amplia experiencia en el campo ambiental;
4. por representantes de las comunidades ambientalistas organizadas y reconocidas como organizaciones sin fines de lucro por el Departamento de Estado de Puerto Rico, y;
5. por representantes de las universidades del país con programas graduados y de investigación en ciencias ambientales;
6. La Junta de Directores elaborará y presentará un informe anual que se enviará a la legislatura, así como a todas las bibliotecas de las universidades publicas y privadas del país;
7. Disponer que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) tendrán en lo sucesivo un término de vigencia de no más de 5 años y que toda DIA debe venir acompañada de la documentación de un proceso secuencial dirigido a evitar, minimizar y luego mitigar cualquier impacto significativo previsible del proyecto o acción. Cualquier acción que se vaya a implantar o que se vaya a someter a un proceso de permisos después de este término de 5 años deberá someterse nuevamente al proceso del Reglamento de las DIA's. Además, se debe requerir que la DIA incluya la documentación de un proceso secuencial dirigido a evitar o mitigar cualquier impacto significativo previsible del proyecto o acción.
8. Atemperar las disposiciones de las leyes a la cambiante realidad impuesta por el cambio climático global, potencial sísmico y sus actuales y potenciales consecuencias sobre Puerto Rico, con énfasis en la mitigación de los impactos inevitables sobre el país, particularmente en las costas y la reducción de nuestra aportación de gases invernadero al planeta.
B. LEY DE COSTAS
Los mareógrafos ubicados al norte y sur de la isla indican un continuado incremento en el nivel del mar que se ha hecho más marcado desde mediados del siglo pasado. Entre 1962 y 2006 el nivel del mar en nuestras costas aumentó un promedio de 1.8 milímetros por año. Este dato, que parecería poco importante, cuando se desglosa en períodos más cortos resulta alarmante: entre 1962 y 1989 el alza promedió un 1.6 mm/año; entre 1990 y 2006 esta medida aumentó a un promedio de 3.1 mm/año y entre 2006 y 2006 el incremento fue alarmante, 7.0 mm/año. El nivel del mar está aumentando rápidamente y en un tiempo cada vez más corto el aumento es sustancialmente más grande.
El 10 de octubre de 2006, bajo el liderato de nuestra delegación y con apoyo tripartita se presentó en ambos cuerpos legislativos un proyecto de Ley dirigido a crear una Ley de Costas para Puerto Rico. Desde esta fecha, no se han aprobado legislación significativa en este asunto. Partiendo de una visión de avanzada, el proyecto de Ley, producto de dos años de trabajo de un equipo interdisciplinario que reunió a los principales expertos científicos, técnicos y legales en el área de manejo de costas y cambio climático de Puerto Rico, no fue atendido por la legislatura. Puerto Rico nunca ha tenido una Ley de Costas; todo lo relativo a éstas se rige por la Ley Española de Puertos de 1866, la Ley de Puertos de Puerto Rico de 1968 y diversos reglamentos que datan de hace más de 20 años. Debido a su antigüedad, estos estatutos no toman en cuenta el cambio climático y sus impactos previsibles sobre las costas, ni los conflictos de usos que abundan el litoral.
Las leyes y reglamentos en vigor utilizan la definición de zona marítimo-terrestre contenida en la antigua Ley de Puertos de 1866 que responde a la realidad de las costas españolas: "el espacio que bañan las olas en su fluyo y reflujo donde son sensibles las mareas y donde no lo son, las olas más altas de los temporales".
Esta definición no refleja nuestra realidad antillana. En la costa cantábrica de España, donde la diferencia entre marea alta y marea baja es de decenas de metros, la sensibilidad de las mareas es evidente; en nuestro país esa diferencia es de apenas pulgadas. Igualmente, en nuestro entorno tropical, sujeto a diversas categorías de huracanes, "las olas más altas en los temporales" no especifica si son las de una vaguada, las producidas por una onda tropical, por una tormenta o las que genera un huracán (cualquiera que sea la categoría).
El proyecto define la zona marítimo-terrestre como el espacio en las costas entre la marea más baja hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad. Estas son aquellas que alcanzan tres pies de altura en un huracán categoría 5. Esta zona nunca será menor de cincuenta metros a partir de la línea de la máxima marea alta, e incluirá hasta donde se mide la influencia del mar tierra adentro. Donde la costa sea elevada más allá del alcance de las olas, (acantilado), la zona comenzará en el tope de la superficie vertical por 50 metros hacia el interior. También se extenderá por las márgenes de los ríos y cuerpos de agua hasta donde sean navegables o se puedan medir los cambios en las mareas.
La expresión de política pública establece tres principios rectores de la Ley: 1) "proteger a la sociedad frente a los fenómenos naturales y los cambios costeros resultado de transformaciones climáticas globales y regionales"; 2) "la protección, administración y manejo sabio de los bienes del dominio público marítimo-terrestre" y "garantizar a la ciudadanía el acceso a éstos (bienes de dominio público marítimo-terrestre) de forma libre, pública y gratuita".
El proyecto toma en consideración las estructuras ya establecidas en la zona marítimo-terrestre, a las cuales si son residenciales, se les otorga una concesión indefinida mediante trámite administrativo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con la condición de que no pueden ser ampliadas ni reconstruidas en caso de su destrucción por el tiempo, los elementos o la mano del hombre. Una vez que la ley entre en vigor, ninguna persona iniciará actividad alguna en la zona marítimo-terrestre sin autorización o concesión de la agencia.
Para garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el libre acceso al dominio público marítimo-terrestre, el proyecto propone una actualización de las servidumbres de la siguiente manera:
1. Servidumbre de acceso público y gratuito al mar - accesos vehiculares en zonas desarrolladas de 11 metros de ancho a no más de 500 metros de separación; accesos peatonales, de 3 metros de ancho y a 100 metros de separación. En las zonas rurales o no zonificadas, se reduce la separación entre los accesos.
2. Servidumbre de protección - una vía expedita de 20 metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la zona marítimo-terrestre para el paso peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.
3. Insertar las disposiciones en la preparación del Plan Nacional de Usos de Terrenos de Puerto Rico y en el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico.
Dada su vital importancia, el próximo cuatrienio volveremos a presentar este proyecto.
C. CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES
Previo a la llegada de los europeos a Puerto Rico la Isla estaba cubierta prácticamente en su totalidad por bosques. Las políticas de monocultivo y el latifundismo de principios del siglo XX causaron que muchos pueblos de la Isla fueran arrasados de bosques primarios para la siembra principalmente de caña, tabaco y frutos menores. Para citar ejemplos, pueblos ubicados en la ladera norte de la Cordillera Central como Cidra, Aguas Buenas, Comerío, Naranjito, Corozal y Morovis perdieron, si no en su totalidad, en su gran mayoría, los sistemas de bosques primarios. Pueblos ubicados más al interior como Orocovis, Adjuntas, Ciales, Jayuya y Utuado, por contar con mayor cultivo de café y áreas más agrestes mantuvieron zonas con vegetación boscosas que han aumentado si lo comparamos con las primeras décadas del siglo XX.
Datos históricos indican que dicha situación cambió con las políticas que fomentaban la migración de las personas del campo a la ciudad y a los EEUU y con la industrialización de las décadas posteriores a los años cuarenta. Para el 1985, el treinta y dos (32) por ciento del territorio de Puerto Rico se componía de bosques, porcentaje que ha reflejado una tendencia descendiente debido mayormente a que en las últimas dos décadas se ha promovido la construcción desmedida en zonas rurales para proveer viviendas a precios más baratos que en el área metropolitana. Estas políticas de construcción que tratan de sustituir la industrialización que terminó con el fin de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal crea una presión para que las zonas rurales y semi-rurales cercanas o a corta distancia del área metropolitana se conviertan en municipios dormitorio creando una "bayamonización" de la ruralía (creación espontánea de suburbios residenciales de baja densidad poblacional mediante desarrollos de proyectos desarticulados espacialmente que fomentan el vehículo de motor ).
Esta tendencia va enfilada al uso de áreas que han revertido a estado natural por falta de agricultura y que son suelos aptos para bosques y agricultura además de que no están aledaños a los centros urbanos tradicionales sino que se encuentran dispersos por los barrios de los municipios. Para el año 2010, se estimó que cerca del 43% del espacio urbanizado está cubierto por residencias de baja densidad, 20% en residencias de alta densidad y 14% en carreteras (Proyecto Explorah, Escuela Graduada de Planificación, UPR).
Esta situación causa un problema adicional puesto que a estos desarrollos desarticulados hay que proveerle toda una infraestructura de carreteras, alcantarillados pluviales, energía, agua potable, recogido de aguas sanitarias, teléfono y otros que crea un encarecimiento en proveer dichos servicios a zonas alejadas de los centros urbanos donde tradicionalmente existen dichos servicios.
Otros datos indican que de ese treinta y dos (32) por ciento del territorio en bosques solamente el 7.2 % están protegidos por ley. Países caribeños y centroamericanos como Panamá, Costa Rica y Jamaica dedican cerca de un 30% del territorio a conservación. EEUU reserva aproximadamente 25% a conservación. Por lo tanto es patente que en Puerto Rico dedicamos mucha menos área a conservación que otros países caribeños y subtropicales o si queremos compararlo hasta con países con menos diversidad biológica como EEUU que se encuentra en zonas templadas.
Gran parte de la comunidad científica y ambiental del país asegura que los bosques son recursos naturales capaces de restaurar el balance ecológico del medio ambiente, producen una serie de beneficios tales como: el aislamiento de ruidos; ayuda a la conservación de cuerpos de agua, aire y del suelo; la evolución y refugio para la conservación de la flora y la fauna; la reducción de la temperatura y la estabilidad económica del sector en el cual se encuentran propiedades cercanas; y un ambiente sano para la recreación al aire libre y para el disfrute espiritual. Las diferentes especies de flora y fauna en un bosque dependen de una red de interacciones llevadas a cabo en su hábitat natural. Por lo tanto toda población de vida silvestre está sujeta al hábitat en el cual procrea u obtiene alimento necesitando además espacio adecuado para su desarrollo y multiplicación.
La relación entre el bosque y las especies resulta imprescindible para el aumento de la biodiversidad de las especies y el sostenimiento de un balance o equilibrio ecológico. El aislamiento de los bosques coloca en alto riesgo la propia existencia de las especies.
La política pública del gobierno ha establecido que "los bosques son un recurso natural y único por su capacidad para conservar y restaurar el balance ecológico del medio ambiente." Los bosques constituyen una herencia esencial por la que se mantendrán, conservarán, protegerán y expandirán para lograr su pleno aprovechamiento y disfrute por esta generación y para que sean legado para generaciones futuras. Esta responsabilidad se le delegó al Departamento de Recursos Naturales y ambientales mediante ley.
D. CORREDOR MONTAÑOSO CENTRAL (CMC)
Proponemos la protección y conservación de terrenos no-desarrollados y en gran medida continuos en los municipios que quedaron sin sistemas de bosques primarios durante las primeras décadas del siglo XX, para crear un bosque primario continuo que provea para la creación de hábitats para especies nativas tanto de flora como de fauna, protección de las cuencas hídricas, además para la recreación pasiva y el esparcimiento de la ciudadanía. Dentro de la Ley de Municipios Autónomos, estas áreas serán clasificadas como Suelos Rústicos Protegidos (SRP).
Esta propuesta contempla también el legislar para que los desarrollos residenciales en municipios cercanos a la zona metropolitana se realicen alrededor de la huella de los centros urbanos tradicionales evitando la expansión urbana espontánea y el uso de fincas con potencial agrícola o de conservación para la siembra de cemento. Las zonas de amortiguamiento alrededor de estos bosques constituirían un elemento importante ya que ofrecerían protección a su integridad fijando áreas de transición entre la vida urbana y la boscosa o rural. Por otra parte, esta propuesta de conservación integrará zonas de bosques de la región central de la Isla, estableciendo corredores que integrarán un sistema ecológico continuo lo que permitirá una mayor interacción y la no fragmentación de los nichos ecológicos de las especies.
La propuesta consistiría en la protección de los terrenos que comprenden la porción central de Puerto Rico ubicada entre los municipios de Cidra, Aguas Buenas, Comerío, Toa Alta, Naranjito, Corozal, Ciales y Morovis. Esta zona comprende pueblos que durante las primeras décadas del siglo XX perdieron sus áreas de bosque y que en la actualidad, forman una transición entre los bosques de la alta cordillera central y los de los llanos costaneros del norte y junto a estos otros dos sistemas proveerían un corredor biológico natural que uniese los llanos costaneros del norte, las laderas de la cordillera central y las zonas altas de la cordillera central.
A pesar de la pérdida poblacional en el censo del 2010, estos municipios han estado sujetos a presiones de desarrollo de terrenos para viviendas estilo urbanización en años recientes. Esta zona posee una variedad de recursos naturales como lo son: cuevas, ríos, lagos, y especies de flora y fauna, alguna de éstas consideradas en estado crítico, endémico y en peligro de extinción. Además, esta parte de la isla cuenta con recursos arqueológicos, históricos y culturales.
De estos pueblos surgen o cruzan varios de los ríos más caudalosos de Puerto Rico como el Río La Plata, Río Bayamón, Río Cibuco, y Río Grande de Manatí. Además, las zonas en varios de estos pueblos donde se unen las formaciones de roca caliza con el interior volcánico funcionan como la zona de recarga para el acuífero artesiano del Norte de Puerto Rico, al más productivo y no sujeto a contaminación. La conservación de estas áreas mediante la reforestación constituye un mecanismo natural para proteger el recurso agua para uso en la región metropolitana de San Juan.
Al proteger las áreas de alto rendimiento de producción de agua y valor ecológico se contribuye a mantener un adecuado balance del ciclo hidrológico donde el agua no se dirige inmediatamente a los cuerpos de agua tan pronto ocurre la precipitación si no que se infiltra poco a poco produciendo crecimiento de vegetación y creación de mayores áreas boscosas. Además la creación de áreas con vegetación y la reducción de la erosión alarga la vida de los embalses y reduce la posibilidad de deslizamientos en una zona propensa a los mismos como es la ladera norte de la cordillera central.
E. SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) junto a la Sociedad Nacional de Geografía (National Geographic Society) consideran imprescindible que los países tomen medidas para garantizar su seguridad alimentaria teniendo en cuenta el impacto del cambio climático. Esta organización internacional considera que éste será uno de los desafíos más grandes que la humanidad habrá de enfrentar durante este siglo. Las islas serán de los lugares más afectados por el cambio climático; por lo que deben diseñar e implementar, cuanto antes, estrategias y medidas que nos permitan enfrentar de forma apropiada la crisis alimentaria que se prevé y que ya ha iniciado con la escasez de alimentos básicos y el alza en sus precios.
Según el informe Perspectivas Agrícolas elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) previo a la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en junio de 2008, se espera que en los próximos diez años la media del precio de los alimentos básicos se sitúe muy por encima de los niveles medios actuales. Este tema será discutido nuevamente en la Conferencia sobre Sustentabilidad de la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en el 2012. Se prevé que los precios reales (precios nominales teniendo en cuenta la inflación) se incrementen en un abanico que va desde menos del 10 por ciento en el caso del arroz y el azúcar, por debajo del 20 por ciento el trigo, cerca del 30 por ciento la mantequilla, los cereales secundarios y semillas oleaginosas y en más del 50 por ciento los aceites vegetales, según el informe.
Este es un análisis conservador, ya que el incremento en precios puede se aún mayor debido a: (1) los niveles de las reservas seguirán siendo bajos, ya que una parte de la demanda de productos básicos agrícolas no reacciona ante las variaciones de precios; (2) el incremento reciente de fondos de inversión en mercados de futuros de productos básicos y (3) los efectos impredecibles del cambio climático sobre la producción agrícola mundial. Factores de tipo permanente como el alza en los precios del petróleo, la evolución de la dieta, la urbanización, el crecimiento económico y el aumento de la población también influirán en mantener el alza en los precios medios de los alimentos.
Otro factor que contribuye al alza de precios en los alimentos es el aumento de la demanda de biocombustibles. La producción mundial de etanol se triplicó entre 2000 y 2007, y se espera que se duplique de nuevo desde ahora a 2017, para alcanzar los 127,000 millones de litros anuales. El crecimiento en la producción de biocombustibles provoca mayor demanda de cereales, semillas oleaginosas y azúcar, con lo que se contribuye a mantener altos los precios. El informe indica que este crecimiento de la producción de biocombustibles ha sido promovido hasta ahora sobre todo por medidas políticas y no está claro que la seguridad energética y los objetivos medioambientales y económicos de estas políticas se alcancen con las tecnologías de producción actuales.
La planificación del uso de los terrenos adquiere entonces una importancia vital para garantizar nuestra seguridad alimentaria ante tantos factores externos que no podemos controlar. Proponemos, por lo tanto, un detente a la construcción sobre los valles con potencial agrícola mecanizable y la implantación inmediata de un Plan Nacional de Uso de Terrenos que reserve mínimamente 800 mil cuerdas para la agricultura. La legislación se concentrará sobre los suelos clasificados tipo I, II, III, IV y IV por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los mismos se localizan, en su mayoría en la región de los llanos costeros aluviales, los valles interiores dentro de la Cordillera Central y dentro de la región del carso norteño.
Legislaremos en apoyo a la agricultura local para incentivar la producción de cosechas que reduzcan la dependencia de las importaciones en renglones como la leche, la carne, granos, hortalizas y arroz, entre otros. Se evaluará las cadenas de producción y distribución de los productos agrícolas locales para reducir los costos que paga el consumidor local. De igual manera se evaluará la agonizante industria pesquera puertorriqueña para crear la legislación pertinente en beneficio al pescador local.
La posibilidad de enfrentar un evento sísmico u otro evento natural de gran escala que afecte los procesos de producción, distribución de alimentos a la isla nunca ha sido evaluada por las administraciones gubernamentales. En la actualidad, expertos en este tema aseguran que la isla no contiene los abastos para satisfacer la demanda alimentaria para una semana.
Promoveremos medidas que lleven al país a tener asegurado en todo momento abastos de proteínas y granos básicos para un mínimo de 30 días consecutivos. La red de escuelas y colegios serán la base para desarrollar un plan de emergencias de alimentación para el país en caso de algún evento natural o desastre social.
F. INFRAESTRUCTURA VERDE: CONSERVACIÓN
1. Crear el Corredor Montañoso Central (CMC), proyecto emblemático para proteger los terrenos no desarrollados de la zona de transición entre los bosques de la alta cordillera central, la región del carso norteño y los de los llanos al norte de la Cordillera Central -entre Cidra, Aguas Buenas, Comerío, Toa Alta, Naranjito, Corozal y Morovis- creando un corredor ecológico natural. La preservación de este corredor representa una vía natural para garantizar el suministro de agua y purificación del aire para las generaciones futuras de puertorriqueños.
2. Crear el Gran parque metropolitano de tierra y mar, zona verde continua que eslabonará Cataño, Bayamón, San Juan, Carolina y Loíza a través de la protección de los remanentes de los ecosistemas originales de esta región de la costa norte de Puerto Rico –ciénagas, mogotes, manglares, pastizales, lagunas y canales. Este proyecto será establecido utilizando los principios de diseño del movimiento ambientalista mundial denominado como Nuevo Urbanismo.
3. Promover el concepto de nuestros bosques y zonas verdes como parte de nuestra infraestructura verde, para que se les asigne el valor económico que le corresponde y de esta forma detener la tala indiscriminada de árboles y bosques maduros en propiedad pública y privada. Estas áreas serán designadas como suelos rústicos protegidos en los planes de ordenación territorial de los municipios y como espacios verdes en el plan nacional de usos de terrenos.
4. Crear, proteger y mantener las áreas verdes en terrenos y propiedades del gobierno. Ningún terreno remanente propiedad del gobierno en áreas rurales será vendido.
5. Establecer las acciones legales, educativas y técnicas, así como los incentivos económicos necesarios para que se encamine planificadamente la reforestación de las ciudades y las comunidades circundantes;
6. Implantar un plan masivo de reforestación en las áreas rurales, con el objetivo adicional de promover la industria maderera. Este programa se intensificará en las áreas de captación de los mayores ríos, cerros calizos y en los llanos aluviales que no sean utilizados para actividad agrícola. Planes similares han sido establecido con mucho éxito en la mayor parte de las Antillas Mayores (Jamaica, Cuba y La Española).
7. Crear redes de parques y santuarios que logren no sólo fines ecológicos, sino que sirvan además para la recreación pasiva y el esparcimiento de la ciudadanía. Bajo esta iniciativa, se reforzará el diseño para acomodar la creciente población de envejecida en la isla.
8. Promover e incentivar la naturación de techos, o siembra controlada en las azoteas, comenzando por estructuras públicas. Esta práctica ayuda a la conservación de energía, provee oxígeno y ayuda a reverdecer la ciudad. La implantación de este concepto representa la creación de una nueva industria y generación de empleos para el país. Este tipo de iniciativa ha sido exitoso en España y Alemania.
9. Aprobar una Ley de Protección de Humedales de Puerto Rico que defina la política pública para la protección de estos recursos naturales, que asigne autoridad y responsabilidad al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) para instrumentar reglamentos y procedimientos que protejan estos recursos naturales. La ley requerirá la institucionalización de un programa de manejo de humedales en el DRNA que lo faculte para recibir la delegación de la autoridad de la ley federal que actualmente se descarga en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU y que la propia ley federal contempla que se delegue a los estados. La ley también debe proveer para la asignación de fondos recurrentes de manera que el DRNA pueda adquirir terrenos de humedal que actualmente están bajo tenencia privada y como bienes patrimoniales administrados por varias agencias.
10. Enmendar la Ley de Cuevas, Cavernas y Sumideros para requerir el desarrollo de una reglamentación adecuada para proteger y fortalecer la Región del Carso Norteño y los bolsillos calizos en el oeste y sur de la isla.
11. Iniciar campañas educativas a través del DRNA y el Departamento de Educación para que se comprenda mejor la función de las cuevas como ecosistemas y no sólo como elementos geofísicos sino como centros de atracción en actividades turísticas de baja densidad (Turismo Natural) en donde se fomente el senderismo, campamentos, rutas ciclistas y actividades al aire libre. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo en España (OMT), este tipo de turismo está registrando un aumento vertiginoso a nivel mundial. La geología, ecología y geomorfología de la isla contiene los atributos necesarios para desarrollar este tipo de turismo en la isla.
12. Actualizar, digitar y preparar –para propósitos científicos y de rescate y seguridad- el Catastro de Cuevas de Puerto Rico utilizando el equipo, programas y peritaje existente en las universidades del país.
13. Declarar cuevas o sistemas de cuevas como Lucero en Juana Díaz Reservas naturales/arqueológicas, y protegerlas –y su entorno- de la creciente invasión urbana e industrial. Se realizarán investigaciones similares para identificar sistemas cavernosos que requieran protección inmediata de parte del Gobierno de Puerto Rico.
G. INFRAESTRUCTURA VERDE: AGUA Y BOSQUES
1. Asignar recursos económicos adecuados al Departamento de Recursos Naturales para que pueda implantar la Ley de Bosques de Puerto Rico y hacer efectiva la adquisición y la protección adecuada de todo tipo de bosques, teniendo como meta que para el año 2015 tengamos el 20% de nuestro territorio protegido como Bosques, Santuarios o Reservas; específicamente, proponemos duplicar el Fondo de Adquisición de Terrenos, manejado por el Departamento de Recursos Naturales, de $20 a $40 millones.
2. Asegurar, por vía de legislación, que los usos permitidos en las tierras colindantes con los Bosques Públicos sean compatibles con la función hídrica de éstos.
3. Revisar la legislación y reglamentación para estimular usos compatibles y restringir aquellos que no lo sean en los terrenos que comprenden los núcleos de las principales cuencas hidrológicas, de tal forma que logremos proteger la función hídrica de las mismas.
4. Crear una reserva ecológica que abarque los municipios ubicados en las mayores cuencas hidrográficas del acuífero del norte para que a través de este mecanismo se proteja y conserve el área de captación de nuestro mayor acuífero, armonizando las actividades económicas con la conservación de los recursos.
5. Convertir en prioridad del DRNA la restauración y conservación de los acuíferos del sur; y utilizar todos los mecanismos disponibles, tales como moratorias en la construcción de desarrollos extensos y cambios de zonificación, Plan Nacional de Usos de Terrenos de Puerto Rico, para evitar aumentar la sobrexplotación de los acuíferos.
6. Desarrollar programas intensivos de reducción de pérdidas de agua; re-uso de aguas usadas y usos más eficiente, particularmente en la agricultura, para así reducir el consumo actual de los acuíferos del sur.
H. PROTECCIÓN DE LOS TERRENOS AGRÍCOLAS
1. Aprobar legislación para continuar designando como "Reserva Agrícola" aquellos terrenos clasificados como de alto potencial agrícola. Esta ley requerirá el desarrollo de un inventario y evaluación de estos terrenos y los designará permanentemente para uso agrícola. En este enfoque ninguna agencia tendrá discreción para cambiar su uso. La Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) articulará planes de usos de terrenos que armonicen el uso de los terrenos agrícolas con el de los terrenos que colinden con éstos.
2. La rotación de las cosechas y los cultivos intercalados.
3. La selección de las variedades de los cultivos que se adapten a las condiciones naturales del suelo y del clima local.
4. El uso de los controles no-tóxicos para las plagas y las enfermedades.
5. El reciclaje de los recursos internos de la finca y de la vecindad para abaratar los costos de producción.
6. El uso de composta para la producción de bienes de consumo.
7. La protección de los suelos para evitar la erosión y subsiguiente sedimentación de los lagos y otros cuerpos de agua en la isla.
8. Estimular e incentivar el uso de metodologías alternas de producción en la agricultura, la ganadería, la crianza de pollos, en la producción de leche y de otros alimentos, mediante apoyo técnico, educación vocacional y campañas educativas dirigidas a los agricultores, utilizando el marco conceptual de la agricultura sustentable.
9. Controlar la entrada y el uso de plaguicidas químicos.
10. Controlar la entrada de alimentos contaminados con plaguicidas.
11. Adoptar un enfoque integral de agricultura sustentable en todas las ramas gubernamentales que tienen que ver con la industria agrícola.
I. PROTECCIÓN DE LOS ABASTOS DE AGUA
1. Establecer, por vía de legislación, un programa con metas alcanzables para reducir el consumo excesivo de agua a través de la educación, incentivos económicos y contributivos, que apunten hacia la sustitución de equipos ineficientes en uso de agua y el ahorro por uso sabio a nivel individual e institucional. Esta campaña girará en torno a apreciar el valor del recurso agua desde el punto de vista económico, ecológico y social.
2. Enmendar el Plan Integral de Aguas de Puerto Rico para reducir aún más el malgasto de agua y aumentar flujos para función ecológica en nuestros cuerpos de agua.
3. Instituir un programa de renovación y sustitución del sistema de distribución de agua potable, con miras a reducir las pérdidas por roturas y salideros a 15% en el 2014.
4. Integrar al sistema de distribución de agua potable en las zonas metropolitanas, de forma científica y sin sobrexplotar el recurso, los abastos provenientes de los acuíferos, que en buena medida sólo se utilizan en momentos de emergencia.
5. Legislar para proveer el apoyo técnico y material necesario para que allí donde existan la condiciones apropiadas, las comunidades puedan manejar, conservar y operar sus propios sistemas abastos de agua.
6. Establecer programas pilotos por medio de legislación y en coordinación con los centros universitarios para construir cisternas comunales, que permitan recoger el agua de lluvia de los techos de las casas, almacenándolas de esta forma para su utilización en necesidades de agua no potable.
7. Poner en suspenso los planes de construcción de más súper-acueductos, por entender que los mismos van principalmente dirigidos a servir la continua expansión y desparramamiento de las áreas urbanas a través de nuevos desarrollos urbanos.
8. Analizar para integrar y mejorar la legislación existente dirigida a proteger las cuencas hidrográficas que nos suplen –actual y potencialmente- el agua potable, de tal forma que se logre mantener, conservar y restaurar la calidad y cantidad del recurso agua en las nacientes de la red hidrográfica.
9. Lograr, a través de legislación, que para el año 2018 todas las aguas servidas en Puerto Rico tendrán al menos tratamiento secundario; y para el 2030, tratamiento terciario.
10. Implantar una política pública de reciclaje de aguas usadas, para que en lugar de lanzarla al mar, luego de tratamientos biológicos y químicos adecuados esta agua pueda reintegrarse a la red hídrica para su posterior utilización.
11. Transformar la política de construir plantas regionales de tratamiento de aguas usadas, favoreciendo la construcción de plantas locales, por ser estas más fáciles de manejar, potencialmente menos contaminantes y más económicas.
12. Promover la utilización de metodologías alternativas sustentables para el tratamiento de las aguas usadas.
J. PLANIFICACIÓN Y URBANISMO
1. La creación e implantación de un Plan Nacional de Uso de Terrenos (PNUT-PR), donde se establezca la calificación y clasificación de nuestros suelos de tal forma que se conozca qué terrenos deben ser conservados y cuáles pueden ser desarrollados en términos de las actividades necesarias para nuestra convivencia en sociedad, teniendo siempre la sustentabilidad ecológica y la justicia social como norte en toda propuesta.
2. La aprobación de legislación estableciendo como política pública la utilización de los terrenos dentro de la huella urbana existente para todo nuevo proyecto de vivienda, comercio e industria; así como para designar las cuencas hidrográficas como unidades básicas de planificación.
3. Creación de un plan de mitigación de eventos sísmicos para toda la isla. La misma será preparada por representantes de la comunidad científica, la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OPG), Departamento de Educación de Puerto Rico, Junta de Planificación de Puerto Rico y la Oficina de la Primera Dama. Las estrategias deberán ser difundidas y discutidas en escuelas, organizaciones comunitarias y en los diferentes medios de comunicación. Este plan proveerá guías para toda la ciudadanía en las acciones a seguir ante los efectos de las ondas sísmicas, licuación de suelos, derrumbes y deslizamientos.
4. Los centros urbanos tradicionales se convertirán en los centros geográficos de todo nuevo proyecto residencial, comercial, industrial en todos los municipios de Puerto Rico. Más allá de los sectores denominados como "Barrio Pueblo" solo se podrán desarrollar terrenos aledaños que se localicen entre grandes extensiones urbanas.
5. Crear los mecanismos administrativos en la creación del PNUT-PR que garanticen la amplia participación de la ciudadanía durante todo el proceso de elaboración, discusión y presentación del plan.
K. INFRAESTRUCTURA GRIS O CONSTRUIDA
1. Establecer un programa para la AAA por vía de legislación para lograr la sustitución del sistema de tubería de distribución de agua potable en 5 años; con el propósito de renovarlo y así reducir las pérdidas al menos a 15% del total producido;
2. Implantar un programa agresivo y compulsorio en todo el país dirigido a resolver la situación de los desperdicios sólidos que involucre todas las fases del tratamiento adecuado de los mismos: Reducción, Re-uso, Reciclaje y Composta. Además de una multiplicidad de propósitos, esta política permitirá extender la vida útil de los vertederos por años, puesto que las instalaciones para el relleno sanitario, a nivel municipal, serán la alternativa para disponer sólo aquellos materiales que no sean re-usables, compostables o reciclables;
3. Estimular por la vía de legislación y reglamentación un uso mayor de asfalto reciclado en la reparación y mantenimiento de carreteras; incentivar a los centros universitarios a experimentar con materiales nuevos o combinaciones nuevas de materiales conocidos para el mantenimiento de las vías de rodaje;
4. Establecer por vía de legislación para cada agencia que tiene jurisdicción sobre aspectos y elementos de la infraestructura construida, una separación porcentual obligada de su presupuesto para utilizarse exclusivamente en el mantenimiento anual de la misma;
5. En el caso de las vías de rodaje, declarar terminada la construcción de expresos una vez culmine la construcción en el año 2013. Cualquier intento de reducir tiempos de trayectoria en lo sucesivo será llevado a cabo a través de mejoras no estructurales; mejoras geométricas y por la conversión de vías existentes a expresos, para así no seguir aumentando la huella de nuestra infraestructura vial.
6. Iniciar, de forma programada, el dragado de todos los embalses de agua en el país, comenzando por aquellos cuyas condiciones de sedimentación y requerimientos de demanda son mayores y afectan el suministro de agua en la isla.
7. Trasladar a las instalaciones aeroportuarias de Punta Borinquen en Aguadilla, las instalaciones de la Base Muñiz de la Guardia Nacional en Carolina, para así convertir el aeropuerto internacional en uno enteramente civil que pueda convertirse en una de las facilidades de mayor uso en el Caribe.
8. Integrar y promover la Tecnología de la Información con la red de fibra óptica de la AEE para aumentar el uso y los servicios de la industria informática a todos los niveles.
9. Establecer consorcios municipales para el reciclaje y desarrollo de mercados de los mismos, para así manejar y promover la regionalización de esta industria.
10. Restablecer, con el apoyo gubernamental a todos los niveles, la fabricación de botellas y productos de vidrio en Puerto Rico, organizando esta empresa como cooperativa o corporación especial propiedad de trabajadores.
11. Apoyar, en coordinación a los centros universitarios especializados, el desarrollo de una red efectiva para el aviso temprano de tsunamis.
12. Establecer una red de mareógrafos alrededor de la isla.
13. Crear, con todos los atributos, enlaces y equipos necesarios, la Oficina Meteorológica Nacional para trabajar todo lo relacionado al tema climático en Puerto Rico, y dentro de un contexto regional caribeño.
14. Aumentar el presupuesto de la Red Sísmica de Puerto Rico de tal forma que puedan funcionar efectivamente las veinticuatro horas, los siete días de la semana.
L. INFRAESTRUCTURA GRIS: ACCESO A VIVIENDA
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y el Gobierno está obligado a desarrollar estrategias y acciones afirmativas para que todos los ciudadanos tengan un techo que los cobije. Sin embargo, el precio de la vivienda en general ha aumentado dramáticamente en prácticamente todas las regiones del país provocando mayores bolsillos de pobreza, especulación de terrenos, el desplazamiento de comunidades y reducido las posibilidades de personas de escasos recursos de tener una vivienda adecuada. Actualmente hay un déficit de viviendas de interés social -con valor de $125,000 o menos- que es el costo de vivienda accesible para personas de bajos ingresos, particularmente mujeres solas con sus hijos, parejas jóvenes, personas de edad avanzada y personas sin hogar que quieren reintegrarse a la sociedad.
En los pasados años la construcción y ventas de viviendas de alto valor (sobre $200,000) se han visto afectadas por la desaceleración de la economía puertorriqueña. Para el 2012, decenas de edificios y complejos residenciales recién construidos, particularmente en San Juan, están vacíos. Esta oferta de viviendas de alto valor contrasta con la gran cantidad de familias de escasos recursos que no poseen una vivienda. Esta tendencia se ha generado junto a otro patrón contradictorio; el aumento en el costo de la vivienda. Este escenario mayores bolsillos de pobreza por la incapacidad de muchas familias de poder comprar una vivienda a tan altos precios y provocando la especulación de terrenos.
Se estima que más de 200,000 mil familias viven en viviendas deterioradas o inadecuadas. Los programas federales de subsidio de alquiler y los subsidios locales, no dan abasto y las listas de espera interminables denotan el desfase entre la demanda y oferta de viviendas para familias de escasos recursos y que los problemas urbanos se han ido extendiendo a otras zonas. Esto sin contar el aumento de personas sin hogar vinculado a la errada política gubernamental en torno a la adicción a drogas, y el aumento récord en ejecuciones de hipotecas por el alza desenfrenada en el costo de vida. Las políticas ensayadas para atender la situación de la vivienda pública también han fracasado: continúan las viviendas deterioradas a falta de una política gubernamental que fomente la responsabilidad social y que otorgue a los residentes poderes reales para transformar sus condiciones de vida. El Gobierno ha optado por delegar en entes privados la administración de los residenciales y ha dejado a un lado el desarrollo de la autogestión comunitaria necesaria para propiciar el que se superen las condiciones sociales y económicas que perpetúan la pobreza y demás males sociales que aquejan a los residentes de vivienda pública.
A esos fines se propone:
1. Actualizar el inventario de viviendas y terrenos disponibles en todo Puerto Rico para determinar el uso racional de los mismos en base a la demanda y oferta existente y a la realidad socioeconómica y demográfica del país. A esos efectos debe cerrarse el desfase existente para posibilitar un techo digno para todos/as. Este inventario se hace más pertinente dada la eliminación en el Censo Federal de preguntas relacionadas al hacinamiento en viviendas. Esto dejó al Gobierno, desde el año 2000, desprovisto de datos que permiten identificar la demanda de vivienda acumulada.
2. Otorgar títulos de propiedad a familias residentes en terrenos, públicos o privados, donde las viviendas que constituyen su hogar estén ubicadas en terrenos firmes y cuya localización no constituya una amenaza para la salud. Se prestará atención especial a las áreas designadas como "comunidades especiales" entre los años 2001 y 2004.
3. Ofrecer ayuda técnica y financiera, mediante subsidios y préstamos a bajo interés, a residentes para que ellos mismos mejoren sus viviendas y comunidades.
4. En aquellos sitios donde sea necesario la relocalización de familias, porque el terreno no permite su rehabilitación, se proveerán medios, ayuda técnica y se establecerá un protocolo de desalojo con apoyo de profesionales de la conducta dejando que la comunidad participe activamente en su relocalización.
5. Se respetará la integridad de las comunidades en los Planes de Ordenamiento Territorial preparado a nivel municipal y en el Plan Nacional de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PNUT-PR).
6. En el caso de los residenciales públicos, sólo dotando a los residentes de participación activa en la administración y mantenimiento de los mismos por medios de asociaciones de vecinos, con apoyo técnico y económico del Gobierno, es que éstos se sentirán en control de sus vecindarios y se mejorará la situación en que se encuentran. La política de privatizar la administración de los residenciales no ha sido efectiva en mejorar las condiciones de vida de los residentes. Por el contrario, múltiples quejas de residentes salen a relucir en relación a: incumplimiento de funciones, patrones de persecución y hostigamiento contra residentes que fiscalizan, violación de derechos a familias por turnos o servicios preferenciales a otros residentes, componendas de funcionarios de privatizadora o municipio con algunos residentes paras controlar juntas comunitarias en toma de decisiones, entre otras.
7. Legislar para hacer realidad el derecho a la vivienda de las personas sin hogar que debido a sus problemas particulares requieren del Gobierno la asignación de recursos económicos para la creación de albergues temporeros y vivienda permanente adaptada a sus necesidades. Se enfatizará a la población envejecida que no posee los recursos para tener una vivienda digna.
8. El Gobierno promoverá el movimiento cooperativo de viviendas y la coordinación de creación de juntas comunitarias en todos los vecindarios. Estos tendrán representación en los procesos formales de planificación urbana dentro del gobierno municipal.
9. Revisar la legislación referente a desahucio de familias de sus hogares para que el incumplimiento de pagos de renta se garantice por otros métodos legales como la demanda por incumplimiento de contrato para aquellos que pueden pagar pero se nieguen y mediante subsidios gubernamentales para aquellas personas sin recursos para hacerlo.
10. Proveer incentivos para rehabilitar edificios abandonados para uso como viviendas, particularmente dentro de los centros urbanos tradicionales y a lo largo de las mayores vías de transportación.
11. Apoyar organizaciones comunitarias que se dedican a trabajar con problemas de vivienda y crear programas de incentivos para promover la participación voluntaria desde las iglesias, escuelas y centros universitarios.
12. Promover, mediante incentivos y subsidios, la compra de viviendas para matrimonios jóvenes. Esta iniciativa gubernamental será utilizada como parte de las estrategias para rehabilitar los espacios residenciales desocupados dentro de los centros urbanos tradicionales en la mayor parte de los municipios de Puerto Rico.
13. Se aumentarán las deducciones contributivas por vivienda alquilada
M. DESPERDICIOS DOMÉSTICOS
1. Implantar un programa agresivo y compulsorio en todo el país dirigido a resolver la situación de los desperdicios sólidos que integre todas las fases del tratamiento adecuado de los mismos: Reutilización, Reducción, Reciclaje, Composta; excluimos la incineración como alternativa de manejo y señalamos que nuevas tecnologías como la pirólisis y electroplasmía sólo deben ser consideradas una vez se implanten y rindan frutos las alternativas que tratan a los desperdicios como materiales recuperables y reciclables potencialmente valiosos y no como basura. En este contexto, las instalaciones para el relleno sanitario, a nivel municipal, serán la alternativa para disponer aquellos materiales que no sean reusables, compostables o reciclables;
2. la creación por la vía de legislación del Fideicomiso de Reciclaje con representación de todos los sectores: gobierno, empresas, comercio, banca, universidades y comunidades. Este Fideicomiso hará acopio e integrará las instalaciones, tecnologías, incentivos e infraestructura necesaria para promover y desarrollar tanto los mercados como los procesos de recuperación de materiales reciclables y reusables.
3. Dentro de este marco, proponemos también que la Administración de Fomento Económico incluya con prioridad entre sus gestiones:
4. estimular el establecimiento de industrias, dándole preferencia a las industrias nativas y comunitarias de autogestión económica que procesen los materiales -plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, aluminio, vidrio, aceites- en productos reciclables y el material orgánico y vegetal en compostas;
5. ofrecer incentivos a las industrias ya establecidas que implanten programas de sustitución de sustancias peligrosas o contaminantes por otras ambientalmente seguras;
6. ofrecer incentivos económicos a las industrias que implanten programas de reducción de material desechable de empaque, siempre y cuando vendan sus productos en Puerto Rico;
7. ofrecer incentivos económicos a las industrias que empaquen sus productos en envases re-usables.
8. También proponemos que por vía de legislación, la Autoridad de Desperdicios Sólidos:
9. establezca a todos los niveles de funcionamiento gubernamental programas para el recogido y acopio de materiales reciclables -incluyendo material orgánico para compostas- haciéndolo compulsorio en todas las agencias y dependencias de gobierno tanto a nivel estatal como municipal;
10. en coordinación con las oficinas de obras públicas municipales, organice y facilite el recogido casa por casa de todo material reciclable en cada municipio;
11. rinda un informe anual sobre los logros reales obtenidos, las dificultades enfrentadas, y los planes para cumplir con los objetivos y metas trazados.
12. Dentro del mismo tema, también proponemos la siguiente legislación:
13. Para que no se establezca ningún incinerador de desperdicios sólidos peligrosos o no-peligrosos en Puerto Rico;
14. para que el Departamento de Agricultura estimule a través de incentivos y otros mecanismos el establecimiento de programas de producción y utilización de compostas en la agricultura;
15. para que las Oficinas de Compras del Gobierno a nivel estatal y municipal le den preferencia los materiales reciclables y reciclados, a los productos de limpieza que no contengan fosfatos y que sean biodegradables, así como a los plaguicidas específicos en rango de acción y que se degraden en productos no tóxicos al ser humano ni al ambiente;
16. para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los municipios ofrezcan una tarifa reducida y exención del pago de patentes municipales a aquellas industrias que se dediquen en un 100% a procesar los materiales como el plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, aluminio, vidrio y aceites en productos reciclados y el material orgánico en composta.
17. Enmendar la Ley de Reciclaje para que se actualice el inventario de los desperdicios sólidos que genera toda industria y empresa en el país, donde se incluya el tipo de desperdicio, la cantidad y la frecuencia de generación;
18. se establezcan las siguientes metas de volumen de desperdicios a reciclarse:
AÑO % A RECICLARSE
2013: 20%
2014: 30%
2015: 40%
2016: 50%
N. INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA
1. Establecer, como principio de política pública, que el desarrollo de la biotecnología será exclusivamente para el beneficio de la humanidad; cualquier beneficio económico que se derive de la investigación o implantación de la biotecnología y la ingeniería genética estará subordinada a este principio.
2. Legislar para prohibir el que se trastoquen genes en fetos y adultos humanos con el fin exclusivo de conseguir ciertas características hereditarias alegadamente deseables.
3. Prohibir que se utilice la información genética de una persona con el fin de determinar sus habilidades, debilidades, tendencias, aptitudes y cualquier otra condición o rasgo que permita la posibilidad de discriminar contra o a favor de esa persona.
4. Dada la existencia de empresas en Puerto Rico que experimentan con la constitución genética y la siembra de distintos cultivos alterados genéticamente, proponemos que a través de legislación se mantenga un conocimiento a nivel gubernamental y público, de todo proceso y resultados de alteración genética en plantas, animales o microrganismos, incluyendo las características específicas buscadas o encontradas; cualquier desarrollo, investigación e implantación de procesos técnicos, comerciales e industriales en lo sucesivo, se tendrá que autorizar por entidades gubernamentales capacitadas y competentes en la materia, luego de revisar y aceptar los resultados de estudios sobre los beneficios y desventajas del proceso.
5. Asegurar, a través de legislación, que todo organismo vivo, alterado genéticamente no pueda ser liberado a propósito o accidentalmente a la vida silvestre en la medida que no se conozca los efectos a corto y largo plazo de dicha acción.
6. Obligar la admisión en la etiqueta de todo producto alimentario o para cualquier tipo de consumo humano o animal que haya sido alterado genéticamente o que uno de sus componentes haya sido alterado de esta forma, para que el consumidor pueda tener la opción de consumirlo o rechazarlo conscientemente.
7. Estimular a nivel público y privado la investigación sobre la utilización de la biotecnología para necesidades nacionales. Por ejemplo, la producción de microrganismos que puedan metabolizar contaminantes persistentes.
O. PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL
Puerto Rico ha experimentado un crecimiento residencial, industrial y comercial extenso que ha afectado otras actividades urbanas. La expansión urbana espontánea se ha caracterizado por su alto grado de centralización en el área metropolitana de San Juan. Las administraciones anteriores han aprobado reglamentos para ordenar la expansión urbana pero muy pocos han sido implantados en su totalidad. La ausencia en la implantación de los planes provoca múltiples males: recrudece el crecimiento urbano horizontal reduciendo la disponibilidad de viviendas; derrocha terrenos agrícolas; aumenta la dependencia en el automóvil y las congestiones de tránsito; produce inundaciones más frecuentes y dañinas; sobrecarga la infraestructura existente; aumenta el cierre de urbanizaciones desplazando el crimen de una zona a otra; se bloquean aceras y calles a los peatones por la falta de estacionamiento; y emerge una visión antiestética de las ciudades, entre otros.
Vemos como mientras algunos optan por emigrar de los pueblos pequeños a los grandes centros urbanos para trabajar, estudiar y poder realizar más fácilmente gestiones en agencias; otros se ven obligados a vivir en la periferia de la zona metropolitana y viajar largas distancias, aumentando en tránsito vehicular, la inversión en carreteras y disminuyendo el tiempo y la calidad de vida con sus familias.
De igual forma, el fenómeno de permitir el establecimiento de grandes centros comerciales y mega-tiendas en la periferia de las ciudades, condena los cascos urbanos de los pueblos a convertirse en vecindarios fantasmas al tiempo que liquidan del comercio local allí ubicado, lo que denota la falta de una visión urbanística integral del Gobierno. El Partido Independentista Puertorriqueño se compromete en adoptar los principios de diseño urbano de escala comunitaria conocidos como el "Nuevo Urbanismo".
Esta corriente de diseño contiene los siguientes principios de:
1. Diseño para facilitar el movimiento peatonal dentro de las áreas urbanas.
2. Fortalecer la conectividad entre los diferentes usos de terrenos alrededor de los vecindarios para minimizar dependencia del vehículo de motor.
3. Promover la integración de actividades urbanas en un mismo lugar.
4. Rediseño de áreas residenciales mixtas (condominios, "walk-up", viviendas unifamiliares conectadas)
5. Diseño arquitectónico y funcional para satisfacer la demanda y necesidades de la población residente y visitante.
6. Fortalecer las estructuras y espacios sociales de los vecindarios.
7. Aumento en la densidad poblacional de los vecindarios residenciales.
8. Proveer sistemas eficientes de transporte colectivo a los vecindarios.
9. Garantizar la sustentabilidad de la comunidad mediante el fomento de micro empresas, cooperativas y actividades no nocivas al ambiente dentro de la comunidad.
10. Mejoramiento absoluto de la calidad de vida de todos los residentes mediante la implantación de los principios antes descritos.
La falta de una política de densificación adecuada ha ocasionado también la pérdida acelerada del potencial de productividad agrícola de muchos terrenos. Se estima que en los últimos 25 años se ha reducido el terreno agrícola en más de un 15 por ciento. Esta situación abona a la preocupación de muchos científicos locales sobre nuestra seguridad alimentaria, si consideramos que importamos más del 90 por ciento de lo que consumimos y que los efectos del calentamiento global demandan medidas urgentes de los gobiernos para asegurar abastos básicos para sus poblaciones.
Todas ellas constituyen prácticas contrarias a un buen uso de terrenos y a una planificación adecuada y denota la falta de voluntad de la agencia con el deber ministerial de hacer cumplir la reglamentación y el ordenamiento vigente- Junta de Planificación de Puerto Rico. Tal ha sido el caso de la propuesta de un nuevo Plan de Uso de Terrenos y las controversias que el mismo ha generado desde sus inicios.
Por todo ello, el PIP propone:
1. Desarrollo de planes de usos de terrenos regionales que sirvan de mapas base para los planes territoriales municipales y el Plan Nacional de Uso de Terrenos. El Plan Nacional de Usos de Terrenos NO ha sido una prioridad. El mismo se ha convertido en un documento para proyectar y mercadear una iniciativa de planificación nacional que nunca ha existido. Nos comprometemos a finalizar el PUT-PR a la mayor brevedad posible para discusión de la ciudadanía general, particularmente las comunidades. El PNUT-PR debe incorporar en su primera versión los siguientes elementos:
2. Escenarios físicos-espaciales del calentamiento global y el cambio climático.
3. Actualizar y difundir los mapas de inundaciones de Puerto Rico. En la actualidad hay miles de familias puertorriqueñas que desconoces que su vivienda está ubicada en zonas inundables.
4. Actualizar archivos digitales de las fotografías aéreas e imágenes termales recientes de toda la isla para usos de planificación y educación ambiental en las escuelas.
5. Incorporación del ordenamiento territorial propuesto en el portal Puerto Rico Interactivo para uso de la ciudadanía general (particularmente en las escuelas y universidades del país). Este portal de la Junta de Planificación de Puerto Rico debe ser utilizado como herramienta entre ciudadanía y técnicos de la Junta de Planificación para mantener abierto al público las etapas de elaboración del plan nacional de usos de terrenos, planes regionales y planes de ordenación territorial municipal.
6. Desarrollar económicamente los municipios más afectados económicamente del país para disminuir las desigualdades existentes entre unos y otros. Dados los problemas de viabilidad económica de muchos municipios se considerará la formación de consorcios municipales para garantizar una mayor efectividad y coordinación en la prestación de servicios. Los mismos no estarán sujetos a la voluntariedad de los alcaldes sino a las necesidades identificadas en las regiones y a la distribución de competencias entre los municipios y el gobierno central para procurar un desarrollo equilibrado del país.
7. Revisión de las disposiciones sobre Ordenamiento Territorial y Planificación Municipal en la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico. Las disposiciones relacionadas a la preparación de los planes territoriales no han sido revisadas ni enmendadas en más de 21 años. De hecho, ¿Cuántos municipios han implantado o revisado sus planes territoriales? La contestación nos indicaría que esta ley ha sido un fracaso debido a que todos los planes territoriales debieron estar hechos para 1996. El Capítulo 13 -Ordenamiento Territorial- hay que revisarlo y ajustarlo a la realidad de la planificación en Puerto Rico hoy día. La nueva ley de planificación dentro de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico tiene que ser más amplia, e integrar sectores no-tradicionales como las comunidades, desarrolladores, ambientalistas, sectores religiosos, educadores entre otros.
8. Controlar la expansión horizontal espontánea y el derroche de terrenos con políticas de densificación adecuadas que consideren el inventario de terrenos, las viviendas y estructuras en abandono disponibles, e incentivos adecuados y razonables para promover su desarrollo
9. Centralizar gestiones de obtención y manejo de estadísticas bajo un Instituto Nacional de Estadísticas que pueda estar integrado a organismos internacionales. El manejo de los datos e información estadística en la isla es una tarea dispersa que no garantiza calidad cualitativa ni cualitativa. Por años, la Junta de Planificación fue la agencia designada para el manejo de la información necesaria para realizar los diagnósticos económicos, sociales, ambientales y urbanos de la isla pero en muchas ocasiones la información era obsoleta. Recientemente se creó una nueva dependencia para establecer unos canales de análisis y difusión más eficientes pero su estructura no garantiza que se pueda mejorar las metodologías utilizadas.
10. Estandarizar y centralizar los Sistemas de Información Geográficos (SIG) de todas las agencias y entidades públicas. En los pasados 25 años se ha invertido millones de dólares en equipo, programas y entrenamiento para el manejo de los sistemas de información geográficos. Estos SIG han aflorado en agencias, alcaldías y corporaciones públicas con grandes contratos para entrenamientos. La poca coordinación interagencial ha generado una cartografía sin estándares de diseño y presentación de información.
11. Conservar los espacios públicos en las áreas libres existentes y crear nuevos centros de esparcimiento y reunión necesarios para la vida colectiva y a tono con la variedad de usos requeridos en las ciudades
12. Desarrollar una política firme de construcción/reconstrucción de viviendas con el propósito de que no se amplíe la huella urbana. Para ello será mandatario la rehabilitación y densificación de las áreas urbanas actualmente en deterioro. A tales efectos se modificarán los tipos contributivos aplicables a la contribución sobre la propiedad para desalentar la expansión urbana horizontal, entre otras medidas
13. Declarar una moratoria en la construcción de proyectos de grandes centros comerciales e incentivar a la par el desarrollo comercial de los cascos urbanos
14. Mejorar el diseño y articular el conjunto arquitectónicamente de forma tal que produzca una imagen de ciudad reconocible para sus habitantes y visitantes
15. Requerir a la Junta de Planificación que elabore un Plan de Crecimiento Urbano Nacional de Puerto Rico que sirva también de base para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial en los municipios y que reciba el insumo de expertos de la Universidad de Puerto Rico y organizaciones profesionales tales como el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos
16. Proveer ayuda técnica y financiera a municipios pequeños para que puedan desarrollar sus planes de ordenamiento en armonía con ese Plan de Crecimiento Urbano Nacional
17. Evaluar sistemáticamente las estructuras y solares abandonados para determinar cuáles son susceptibles de expropiación con el fin de reutilizarlas o restaurarlas para vivienda de interés social.
18. Integración de programas graduados de planificación, arquitectura, ordenación territorial e ingeniería en la planificación desde el sector público en Puerto Rico. Las universidades representan un recurso importante en la planificación urbana, económica, social y ambiental en la isla. Investigaciones, tesis, disertaciones, proyectos grupales pueden ser canalizados a través de las necesidades que enfrentan muchas agencias de gobiernos en la preparación e implantación de planes.
19. Mejorar los sistemas de rotulación: señales de tránsito, identificación de carreteras, urbanizaciones y puntos de interés dentro del sistema vial de la isla.
20. Incentivar la creación de estacionamientos multipisos en estructuras abandonadas, particularmente en zonas o avenidas principales donde se mezclan usos residenciales y comerciales, para reducir el uso y bloqueo de las aceras para estacionamiento
21. Reglamentar cuándo se realizan obras de construcción o reparación de carreteras principales para que no coincidan con horarios de alto tráfico vehicular
22. Se insistirá en la aprobación de un proyecto de ley para crear el Fondo Especial de Pavimentación de Caminos y Carreteras Municipales el cual recibió el veto del gobernador.
P. MEDIOS DE TRANSPORTE INTEGRADOS
Es esencial integrar el transporte colectivo del país- Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, los porteadores privados, las lanchas de Cataño, Vieques, Culebra, el Acuaexpreso, los "trolleys" operados por los Municipios, los taxistas. Los esfuerzos llevados a cabo hasta el presente han resultado insuficientes y las agencias encargadas de operar los diversos medios de transporte aún continúan trabajando de forma fragmentada. Se precisa la integración a nivel gubernamental de todas las agencias de transporte concernidas, incluyendo a la Junta de Planificación de Puerto Rico, ARPE, la Autoridad de Carreteras, la Policía de Puerto Rico y peritos en planificación y transporte masivo, para la evaluación de políticas públicas referentes al transporte.
Por ello se propone:
1. Restructurar de forma abarcadora la Autoridad Metropolitana de Autobuses para asegurar que rinda un servicio eficiente y acorde con las necesidades de la gente Esto supone restructurar algunas rutas, ampliar otras, o crear nuevas rutas en función de la maximización de las estaciones del Tren Urbano. Además, supone extender el servicio de autobuses a otros centros urbanos del país como Caguas, Bayamón, Arecibo, Mayagüez y Ponce dentro de un plan a largo plazo que contemple transportación masiva a todo el país.
2. Estimular el desarrollo de rutas de transporte público mediante la iniciativa de choferes individuales agrupados en asociaciones o cooperativas. Se facilitará la adquisición de vehículos y se legislarán exenciones contributivas en cuanto a arbitrios y tablillas a vehículos dedicados a esos fines.
3. Continuar con los planes de desarrollo y expansión del Tren Urbano integrando a las agencias gubernamentales relacionadas con la transportación y la planificación urbana la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental, ARPE, los Municipios del área metropolitana y aquellos municipios aledaños a estaciones del Tren, tales como, Carolina, Toa Baja, Trujillo Alto, Toa Alta, Cataño, Caguas, entre otros para que se genere un proceso de planeamiento urbano en forma integral y ambientalmente responsable. Además, se establecerá una política pública clara de uso, manejo y administración del Tren Urbano.
4. El servicio de trasporte marítimo entre las islas-municipio de Vieques y Culebra será expandido hasta el terminal de lanchas de Hato Rey. De esta manera, el sistema se integra al servicio de Tren Urbano (TU) y facilitar el movimiento de los residentes de las islas-municipios hacia el área metropolitana de San Juan.
5. Establecer incentivos económicos para que las personas utilicen regularmente los sistemas de transportación colectiva- ya sea mediante exenciones, deducciones o créditos contributivos. Las personas retiradas podrán utilizar gratuitamente el sistema de transporte colectivo gubernamental.
6. Proveer el equipo a los sistemas de transporte colectivo para acomodar ciclistas y personas con limitaciones físicas dentro de las facilidades e instalaciones.
7. Integrar un curso educativo a nivel de escuela superior para futuros conductores de vehículos de motor, motoristas y ciclistas que incluya temas como: reglas de cortesía básicas al manejar, cómo interpretar la rotulación, el respeto a las leyes de tránsito, efecto del uso de alcohol y drogas al conducir, y nociones de mecánica básica para autos, motocicletas y bicicletas.
