PLAN NACIONAL DE SALUD PARA EL SIGLO 21

PRINCIPIOS BÁSICOS

El Partido Independentista Puertorriqueño reconoce como principios básicos que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y sus comunidades, y que el lograr un óptimo nivel de salud es requisito esencial para maximizar la calidad de vida y realizar al máximo el potencial de los seres humanos. Creemos firmemente que para lograr esta meta, el sistema de provisión de servicios de salud debe ser guiado por un principio fundamental de solidaridad humana y no por el afán de lucro. Más aún, entendemos que el Estado tiene una responsabilidad indelegable de garantizar el acceso equitativo a un servicio de salud adecuado, de calidad y que, para cumplir con este propósito, debe monitorear y evaluar on regularidad el mismo.

Sin embargo, también reconocemos que la disponibilidad de servicios de salud adecuados y de calidad no es suficiente para generar una nación con comunidades y ciudadanos más saludables. Nuestro programa de salud, adopta los principios de Salud Pública del movimiento global de la Promoción de la Salud, que puntualiza la necesidad de que los asuntos o problemas de salud sean analizados e intervenidos desde la perspectiva integral. Nuestro programa reconoce la dimensión cultural, social, política, económica, educativa, ética y ambiental de los asuntos o problemas de salud.

Específicamente planteamos la necesidad de reconocer e intervenir con los determinantes sociales que actúan en el detrimento de la salud : la pobreza, el colonialismo, falta de democracia, la falta de educación, el desempleo, la falta de vivienda o viviendas inadecuadas, la violencia, el calentamiento global y deterioro del ecosistema, la inequidad en la disponibilidad de servicios, entre otras. El paradigma que aquí presentamos hace imperativo que la Salud Pública, de todos los ciudadanos y sus comunidades, tome la dimensión de un asunto político, social, económico y ético para el Estado. Al implantarse un Plan de Salud cumpliendo con los criterios y principios aquí presentados, se contribuiría a cumplir con todas las dimensiones que se espera en una adecuada gobernabilidad. Por tal razón, y por el impacto directo que representa el tema de la salud en la vida de los ciudadanos y ciudadanos, urgimos a que se considere como uno de los asuntos de más alta prioridad en cualquier plan de Gobierno.

Partiendo de estos principios el Partido Independentista Puertorri queño propone un Plan Nacional de Salud para el cuatrienio del 2013 al 2016 que hemos estructurado de la siguiente manera:

I. PRIMERA PARTE: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL ESTADO DE SALUD GENERAL DE LA POBLACIÓN

Actualmente las primeras diez causas de muertes en Puerto Rico son las siguientes: enfermedades cardiovasculares, tumores malignos o cáncer, diabetes mellitus, enfermedades cerebro vasculares, enfermedad de Alzheimer, enfermedades crónicas pulmonares, hipertensión, neumonía e influenza, nefritis y nefrosis, y enfermedades del hígado. Estas condiciones crónicas y problemas de salud que afectan más severamente a nuestro pueblo son en gran medida prevenibles o controlables. Son más comunes entre los pobres y, cuando ocurren, resultan en mayor pobreza para las personas y las familias afectadas. Los factores de riesgo están en gran parte socialmente determinados e incluyen el conocimiento, las actitudes, las capacidades y el ambiente social-cultural, etc. Se pueden prevenir mediante una variedad de intervenciones, muchas de las cuales son de bajo costo.

Cuando el PIP asuma las riendas del gobierno tendrá como prioridad financiar y proveer programas y servicios de promoción, prevención, y educación en salud ya que los efectos y beneficios de éstos son usualmente de mediano y largo plazo. Al invertir con estos programas logramos mejorar el estado de salud y calidad de vida de la población que a su vez generaran considerables ahorros en gastos futuros en el sistema de salud y aumentos significativos en la productividad de la población. Además, es importante que cuando la población necesite acceder a servicios de salud clínicos ya sea para fines curativos o preventivos, pueda hacerlo sin ningún obstáculo. Para garantizar dicho acceso se necesitan mínimamente dos cosas: un seguro de salud con una cubierta adecuada con deducibles y co-pagos bajos, y una red amplia de proveedores de servicios de salud que cubra toda la extensión geográfica de nuestra nación. Para conseguir estos objetivos proponemos los siguientes proyectos y programas:

A. INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE COMUNIDADES SALUDABLES

Este Instituto se creará a través de legislación y tendrá la encomienda de desarrollar e implantar la Política Pública de Promoción de la Salud y Educación en Salud en Puerto Rico. Se requiere que la Política Pública a desarrollar, además de prescribir las acciones del Departamento de Salud, tenga un alcance intersectorial a nivel nacional. El Instituto recibirá asignaciones presupuestarias para el desarrollo de las actividades programáticas con enfoque nacional y para las acciones de evaluación e investigación sobre asuntos de pertinencia social y de salud en Puerto Rico. El Instituto tendrá la encomienda de crear una estructura operativa denominada Junta Coordinadora de Promoción de la Salud y Educación en Salud de Puerto Rico. Será la entidad y mecanismo asesor en la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas de Promoción de la Salud y Educación en Salud en Puerto Rico. La Junta estará integrada por representantes de los sectores gubernamental, privado, comunitario, académico, entre otros.

Luego de creada, la Junta Intersectorial desarrollara y divulgara un Plan Estratégico Intersectorial de Promoción de la Salud que tendrá como eje central dos importantes componentes: un programa de Comunicación y Mercadeo Social para la Promoción de la Salud y un programa para impulsar la creación de Comunidades Saludables a través de toda la nación puertorriqueña. El plan estará basado en los valores de la equidad, el bienestar social, la igualdad y los derechos humanos en salud y estrategias que propicien la intervención con los determinantes sociales de la salud, los factores protectores de la salud, los imperativos comunitarios, los estilos de vida, los factores de riesgo y los entornos asociados a la promoción de la salud.

1. Programa de Comunicación y Mercadeo Social para la Promoción de la Salud. Este programa identificará las vías y vehículos mediáticos para comunicar la importancia de tomar acciones para promover la salud y combatir las enfermedades. Se identificarán y se entrará en diálogo con portavoces y personas claves que toman las decisiones para promover el Plan; y se diseñarán mensajes para radio, televisión, prensa y los medios de comunicación social basados en las redes sociales cibernéticas. Estos mensajes se adaptarán a diversos públicos, por ejemplo, profesionales de la salud, personas que viven con enfermedades y personas que todavía disfrutan de buena salud.

2. Programa de Comunidades Saludables. La propuesta de comunidades saludables se origina en la década del ochenta en Europa, Canadá y ciertas ciudades de Estados Unidos. En 1986 en la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud se elabora la Carta de Ottawa donde se acoge la propuesta de comunidades saludables dentro de un marco amplio donde se plantea la importancia del entorno físico, económico, social, cultural y ambiental como determinantes de la salud. Desde ese momento el concepto de comunidades saludables se ha convertido en un movimiento mundial. En el caso de las Américas, desde el 1992- en particular la Organización Panamericana de la Salud (OPS)-- se ha impulsado la estrategia de comunidades o municipios saludables, particularmente en las áreas rurales. De hecho la OPS define una comunidad saludable como "...comunidad organizada capaz de intervenir y resolver sus problemas de salud y desarrollo." Es importante indicar que la definición de comunidades es una amplia que podría incluir diferentes escenarios como lo son los barrios, urbanizaciones, residenciales, condominios, municipios, centros de cuido infantil, escuelas, universidades, centros de cuido para la población de edad avanzada, lugares de trabajo y otros grupos poblacionales que se consideran parte de una comunidad. Algunos de los componentes a intervenir como parte de este programa son los siguientes:

a. Organización y participación ciudadana dirigidos empoderar las comunidades para que sean ellas mismas las que tomen control de su salud y calidad de vida.

b. Arquitectura de viviendas, escuelas, y lugares de trabajo diseñados para para promover ambientes e interacción social saludable.

c. Alimentación sana accesible en las comunidades en donde se fomente el consumo de alimentos frescos en vez de las comidas rápidas (fast foods).

d. Facilidades recreativas accesibles para fomentar la practica del ejercicio y el deporte recreacional.

e. Medio ambiente sano y sostenible donde se fomenten las actividades humanas que tengan el menor impacto negativo posible sobre los recursos naturales.

f. Educación en salud la comunidad sobre los factores de riesgo y factores protectivos de las condiciones de salud particularmente de las enfermedades crónicas.

g. Acceso a servicios de cuidado primario para toda la comunidad.

Para implementar este programa de Comunidades Saludables proponemos que en el cuatrienio del 2013 al 2016 se implemente un Proyecto Piloto donde se escogerá un grupo inicial de comunidades diversas a través de toda la isla para convertirlas en comunidades saludables. Con participación de las mismas comunidades se hará una evaluación de necesidades, proceso y resultados del programa sobre diferentes indicadores relacionados al estado de salud de la población en estas comunidades. Dependiendo de los resultados se harán los ajustes necesarios para mejora el Programa antes de extenderlos al resto de las comunidades del país.

B. EL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SNS)

Uno de los problemas graves que tiene el sistema de salud de Puerto Rico es la desigualdad que existe en el acceso y costos de los servicios de salud. El factor más importante que explica esta desigualdad es el hecho de tenemos un sistema dominado por las compañías de planes médicos privados.

Por ejemplo, está el seguro de salud del gobierno del ELA conocido anteriormente como la Reforma y hoy como Mi Salud dirigido a la población médico indigente y de ingresos bajos que cubre alrededor de un 40% de la población médico-indigente. Este seguro es financiado en su totalidad con fondos públicos estatales y federales pero desde sus inicios en el 1994 el gobierno a través de ASES siempre contrató a las aseguradoras privadas para que administraran el seguro en las diferentes regiones del país.

Por otra parte, hay cerca de un 35% de la población que tiene seguro privado, ya sea a través de su patrono o por cuenta propia y que se financia en gran parte con fondos privados (patronos y empleados), y fondos públicos en el caso de empleados gubernamentales.

Finalmente, está la población de edad avanzada que constituye cerca de un 17% de la población que está cubierta casi en su totalidad por el programa federal de Medicare. Este programa también está basado en la contratación de compañías de planes médicos privados para ofrecer acceso a los servicios de salud. En resumen, actualmente cerca de un 92% de la población tiene algún tipo de plan médico privado, pero financiado en gran parte (Mi Salud y Medicare) con fondos públicos.

Este esquema de aseguramiento ha sido de gran beneficio para las compañías aseguradoras en Puerto Rico. Estimamos que para el 2010 los planes médicos en Puerto Rico recibieron un poco más de 7,000 millones de dólares en primas de los cuales cerca de 6,100 millones los usaron para pagar servicios de salud ofrecidos a los asegurados, casi 650 millones se usaron para pagar gastos administrativos (incluyendo los salarios jugosos de los ejecutivos, publicidad, y gastos alegres), y cerca de 250 millones fueron las ganancias que las aseguradoras se echaron al bolsillo.

Sin embargo, aunque el sistema de financiamiento actual ha sido de mucho beneficio para las aseguradoras, para el sistema de salud implica los siguientes problemas: primero, los gastos administrativos ya sea de las aseguradoras o de los proveedores son altísimos; segundo, los proveedores de servicios de clínicos (hospitales, médicos, laboratorios, farmacias,...) sufren de un problema crónico de pagos tardíos; tercero, muchos proveedores y servicios no son compensados a un nivel suficiente para recuperar sus costos de operación; cuarto, hay una diversidad enorme de servicios cubiertos y niveles de co-pago entre los planes médicos y grupos asegurados que llevan a unos grupos a estar sub-asegurados y a otros a estar sobre-asegurados; quinto, muchos asegurados se quejan de dificultad en el acceso aun para servicios cubiertos debido a las políticas administrativas de control de utilización de las aseguradoras y a los altos niveles de deducibles y co-pagos; y por último, pero aun más grave, es el hecho de que hay alrededor de un 8% de la población, es decir 300 mil puertorriqueños, que no tienen ningún tipo de seguro de salud y cuyo acceso a servicios de salud es limitado.

Por lo tanto, es necesario cambiar el sistema actual de financiamiento de los servicios de salud basado en planes médicos privados, que sólo sirve para enriquecer a estas empresas, a uno donde el objetivo sea proveerle a toda la población un seguro de salud con una cubierta amplia y adecuada de la forma más costo-efectiva posible. Es decir, el objetivo del Partido Independentista Puertorriqueño es garantizar el acceso y la equidad de todos los puertorriqueños y residentes en nuestra patria a los servicios de salud que necesitan tomando en cuenta los recursos fiscales y económicos que tenemos disponibles. Basados en esta premisa proponemos lo siguiente para el período del 2013 al 2016.

1. Proponemos un Seguro Nacional de Salud (SNS) que sea universal y que cubra a toda la población, no importa su situación laboral, nivel socio-económico, ni lugar de residencia en Puerto Rico. Este seguro adoptará los mejores elementos de seguros universales ya existentes en países como en Canadá, Reino Unido, Suiza, Taiwán y de las experiencias más recientes como el estado de Vermont en Estados Unidos, que en el 2011 aprobó una ley creando un seguro universal bajo un sistema de pagador único que estará implementándose de manera gradual en los próximos años. Este seguro tendrá las siguientes características esenciales:

a. Pertenecerá al individuo residente en Puerto Rico desde su nacimiento hasta su muerte y por consiguiente será transportable con el individuo ya sea durante su tiempo de estudio, (escuela y universidad), experiencia laboral (diferentes empleos), y retiro, no importa su estado de salud.

b. Tendrá una cubierta básica que cubra servicios médicos hospitalarios, visitas a médicos generalistas y especialistas, visitas a dentistas y procedimientos relacionados a la salud oral, procedimientos quirúrgicos hospitalarios y ambulatorios, laboratorios, estudios de imágenes y rayos x, farmacia, y servicio de salud preventivos y de cernimiento. También se cubrirán servicios y terapias de medicina alternativa y natural que se hayan demostrado ser igual o más efectivos que los servicios médicos tradicionales. Las aseguradoras privadas no podrán competir con la cubierta de servicios incluidos en el Seguro Nacional de Salud; sólo podrán ofrecer planes médicos por los servicios que no se incluyan en la cubierta básica del seguro nacional.

c. Se negociará con otros países para que esta cubierta pueda ser utilizada durante períodos de viaje casual o de trabajo por ciudadanos residentes en Puerto Rico. Con relación a los indocumentados residentes en Puerto Rico se establecerán unos criterios básicos para que puedan así recibir los mismos servicios de calidad que el resto de los ciudadanos, asegurando así, la salud como principio fundamental de solidaridad humana y como derecho fundamental de todos los ciudadanos y sus comunidades del Estado, según establecido anteriormente en nuestros principios fundamentales.

2. Se creará la Corporación del Seguro Nacional de Salud (CSNS) que se encargará de canalizar y administrar los fondos para operar el seguro de salud, y de pagar a los proveedores de servicios de salud. El CSNS estará dirigido por una Junta donde habrá representantes del sector público, privado con y sin fines de lucro, del sistema de salud, y de la comunidad en general. La Administración de Seguros de Salud (ASES), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) tendrán que ser eliminadas o reorganizadas ya que gran parte de sus fondos y funciones serán absorbidos por el CSNS. Las aseguradoras privadas ya no podrán ofrecer planes médicos que cubran los mismos servicios que se ofrecen bajo la cubierta del SNS. Sin embargo, la Junta del CSNS tendría la opción, si así lo desea, de contratar a las aseguradoras privadas como administradoras del SNS por regiones de salud para administrar la red de proveedores, procesar reclamaciones y pagos. Bajo este esquema las aseguradoras no estarían a riesgo y los costos administrativos se negociarían para que tuvieran un tope máximo de un 4%. Sin embargo, los mecanismos y niveles de pago a los proveedores se negociarán directamente entre la Junta del CSNS y las diferentes organizaciones e instituciones que agrupan a los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico. Se fomentará el uso de mecanismos de pago que estén atados al desempeño de los proveedores basados en indicadores de calidad de cuido, calidad de vida, morbilidad y mortalidad. Además, es importante dada la experiencia previa con el pago per cápita ("capitation") que no se utilicen mecanismos de pago que pongan al proveedor en el dilema ético de tener que escoger entre su interés económico y ofrecer los servicios que necesita su paciente.

El financiamiento del CSNS se obtendrá de las siguientes fuentes:

a. Fondos estatales. La asignación presupuestaria del gobierno estatal actualmente asignada a ASES para el seguro publico conocido como Mi Salud será reasignada al CSNS. Además, se aprobará un nuevo impuesto de un 1.0% a las ganancias de las corporaciones foráneas en Puerto Rico, lo que representará mas de $300 millones anuales. Ésto permitirá al CSNS cubrir a los más de 300 mil individuos que actualmente no tienen seguro de salud, sea a través de subsidios u otros mecanismos.

b. Fondos federales. Los fondos que provienen actualmente de los programas federales título XIX "Medicaid", Título XXI "State Children Health Insurance Program" y "Prescription Drug Program Payments" seran canalizados al CSNS.

c. Prima. El CSNS cobrará una prima que se pagará con las aportaciones de patronos, empleados e individuos. El nivel de esta prima se determinará de forma tal que desde el punto de vista actuarial pueda sustituir las aportaciones que actualmente hacen los patronos, empleados e individuos a los planes médicos privados para pagar servicios de salud en general, las aportaciones al Fondo del Seguro del Estado para pagar servicios de salud relacionados a situaciones ocupacionales, y la prima de la ACAA para pagar por servicios de salud relacionadas a accidentes en la carretera. En el caso de los patronos, esta prima se fijará de acuerdo al tipo de empresa (público, privada con o sin fines de lucro), y nivel de ganancias. En el caso del sector público, la aportación patronal del gobierno que actualmente se utiliza para pagar la prima de los planes médicos de los empleados públicos (incluyendo las corporaciones públicas, Universidad de Puerto Rico, y los municipios) se canalizará al CSNS. Todos los patronos del sector privado, sin excepciones, harán aportaciones directamente al CSNS para pagar por la prima del seguro de salud de sus empleados. De igual manera, los empleados del sector público y privado, incluyendo los auto-empleados, harán sus aportaciones al CSNS. La aportación de los individuos se determinará a través de negociación colectiva o a través de una escala progresiva basada en el ingreso familiar donde la aportación será más alta mientras más alto sea el ingreso.

Proponemos que la implementación del SNS sea gradual y por etapas. En específico, durante el cuatrienio del 2013 al 2016 nos enfocaremos en la población de 0 a 64 años que es donde se concentra casi el 100% de los individuos que no tienen un seguro de salud. En el 2013 se legislara para crear el CSNS e imponer el impuesto de un 1% a las ganancias de las corporaciones foráneas. Se le dará un periodo de un año para que las aseguradoras privadas se preparen para el proceso de transición donde pasaran a vender planes médicos para servicios que la cubierta del SNS no cubra y/o ser administradoras del CSNS para las regiones de salud. En el 2013 se dará también el proceso de negociación con los proveedores para determinar mecanismos y niveles de pago por los servicios. En enero del 2014, entrará el SNS en efecto y toda la población de 0 a 64 años empezará a inscribirse en el seguro con la meta de que para diciembre del 2014 toda esa población esté cubierta.

Es importante apuntar que la reforma federal de salud del Presidente Obama propone como mecanismo principal para cubrir la población no asegurada el establecimiento de mercado de intercambio ("exchanges") subsidiados para que los no asegurados compren planes médicos baratos. Estos mercados subsidiados se suponen se implementen en cada estado y territorio. Nosotros argumentaremos ante el gobierno federal que el establecimiento del SNS es un mecanismo más efectivo para cubrir la población no asegurada y que por lo tanto se nos exima de establecer los mercados subsidiados de planes médicos privados. La segunda etapa se sugiere comience en el 2016 cuando se pedirá un permiso ("waiver") al gobierno federal para que la población de 65 años o más que está en gran parte cubierta por Medicare pueda ingresar al SNS pagando una prima que se negociará con el gobierno federal. De esta manera, para el 2017 se pretende que el 100% de la población en Puerto Rico esté cubierta bajo el SNS.

C. ATENCIÓN PRIMARIA

Nos proponemos fortalecer, expandir, y modernizar la red de centros de atención primaria a través de toda la isla mediante de una alianza entre el Departamento de Salud, los municipios y las organizaciones sin fines de lucro. El PIP propone recapturar el concepto de los Centros de Diagnostico y Tratamiento (CDT) pero identificados con el nombre de Centros de Atención Primaria (CAP) y dotados con la tecnología y recursos del siglo 21. Estos centros ofrecerán servicios clínicos de salud física y mental, y también proveerán servicios de prevención, promoción, y educación en salud. El personal de dichos centros consistirá de profesionales de salud como médicos generalistas, médicos de familia, internistas, pediatras, obstetras, siquiatras, psicólogos, personal de enfermería y dentistas. Pero también habrá profesionales de la salud como educadores en salud, nutricionistas, epidemiólogos, demógrafos, gerontólogos y otros, que contribuirán no sólo con sus servicios dentro del contexto clínico y preventivo, sino que formarán parte del equipo de evaluación de dichos servicios y emitirá recomendaciones basadas en las evidencias recogidas. Además de proveer servicios a los usuarios y pacientes que visiten sus facilidades, estos centros tendrán también la misión de ir a las comunidades para hacer un perfil de los problemas sociales y de salud que las mismas confrontan e intervenir en las mismas para impactarlas.

Estos centros proveerán servicios a toda la población que reside dentro del área geográfica que los rodea no importa el nivel socio económico de los individuos. Los centros serán gobernados de forma democrática por las mismas comunidades a través de juntas de Gobierno que tengan representantes de los diferentes grupos que componen la comunidad (usuarios, pacientes, y líderes comunitarios), los profesionales de la salud empleados en el centro, el Gobierno municipal, y el Departamento de Salud (parecidos a Centros 330 federales, pero con mayor amplitud de servicios como se ha descrito anteriormente). Los centros servirán como lugares de entrenamiento para los estudiantes de medicina y otras profesiones de la salud que quieran especializarse en medicina primaria. Se promoverá además que estos centros desarrollen lazos de cooperación con instituciones académicas para el desarrollo de proyectos de investigación.

Los centros serán financiados a través de una combinación de fondos: recursos directos del Departamento de Salud, fondos provenientes del cobro al seguro de salud nacional (y otros seguros como Medicare), fondos federales, fondos municipales, y donativos privados. Los centros también recibirán bonificaciones y fondos adicionales, como incentivos atados a su desempeño medido en términos del mejoramiento o mantenimiento óptimo de los indicadores de salud de la población que atienden. Los centros se organizarán bajo cada una de las regiones de salud ya definidas por el Departamento de Salud, en la isla y de igual manera se creará una coordinadora de todos los centros de cuidado primario en Puerto Rico. Esta coordinadora promoverá el intercambio de información, experiencias y la colaboración entre centros para el desarrollo de una política coherente y nacional para mejorar el cuidado primario en toda la nación.

D. LA REGIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

En las décadas del 1950 y 1960, Puerto Rico experimentó una transformación del sistema de salud bajo la tutela del Dr. Guillermo Arbona basado en el modelo de regionalización. El modelo de regionalización conceptualiza la estructura, organización, administración, y accesibilidad de los servicios de salud dentro de una región geográfica en función de las necesidades de su población. El objetivo es que los servicios de salud dentro de esa región operen como un solo sistema basado en la jerarquía de servicios entre cuidado primario, secundario, terciario, y supra-terciario. El modelo no requiere un esquema particular relacionado a la propiedad de las instalaciones de salud o al financiamiento de los servicios. Los proveedores de servicios pueden ser públicos, privados con fines de lucro, o sin fines de lucro.

Sin embargo, como producto de la mal llamada "reforma de salud" bajo la administración del Dr. Pedro Rosselló, en la década del 1990 se destruyó el sistema de salud público basado en la regionalización. Es imprescindible que rescatemos la esencia del modelo de regionalización pero a la luz de los avances recientes en la provisión de servicios y en la tecnología. Para implementar el principio de la regionalización de salud en Puerto Rico nos proponemos crear los Consejos de Salud Regionales (CSR). Los Consejos de Salud Regionales estarán compuestos por representantes del Departamento de Salud, la corporación que administra el seguro nacional de salud (equivalente a ASES), de los gobiernos municipales, de los profesionales de la salud de la región (médicos, enfermeras, dentistas, etc.), de las organizaciones que son proveedores de servicios públicos y privados (centros de cuidado primario, farmacias, laboratorios, y hospitales, etc.), y de la población en general.

Los Consejos serán responsables por hacer un perfil epidemiológico y socio demográfico de la región, identificar y priorizar los problemas de salud más importantes, evaluar la necesidad por servicios y programas de salud, elaborar un plan para la creación de un sistema integrado de servicios de salud para la región donde participen todos los proveedores. Este plan tomara ventaja de los modelos integrados de provisión de servicios conocidos en inglés como Accountable Care Organizations (ACOs) y que están siendo impulsados por la reforma federal de salud promovida por el Presidente Obama. De igual manera, el plan deberá incorporar y promover la adopción de las tecnologías de informática en salud como el expediente médico electrónico para promover el cuidado integrado y coordinado de los pacientes a través del intercambio de información de salud. Estos planes regionales serán sometidos al Departamento de Salud que los evaluará y les dará su aprobación final. El Departamento entonces creará un plan nacional de servicios de salud donde incorporará e integrará los planes regionales. Para su funcionamiento los Consejos de Salud Regionales recibirán el apoyo fiscal y logístico del Departamento de Salud.

E. ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA DE SALUD

Una de las funciones más importantes que tiene que realizar el Estado es el monitoreo y evaluación del sistema de salud. Para llevarlas a cabo, sin embargo, el estado necesita ser capaz de medir con exactitud lo que está ocurriendo en el sistema de salud a nivel de su estructura, provisión de servicios, y resultados e impactos sobre el estado de salud de la población. Es por ésto que el PIP se propone expandir, fortalecer, y modernizar las estadísticas e infraestructura informática del sistema nacional de salud. Nuestras propuestas son las siguientes:

1. Cuentas Nacionales de Salud

Actualmente no tenemos en Puerto Rico cifras oficiales de cuánto dinero se gasta en el sector de la salud ni de cómo ese dinero se gasta. Las cifras existentes no son oficiales y provienen de diferentes fuentes. Es por esto que nos proponemos crear un sistema de Cuentas Nacionales de la Salud en Puerto Rico. Este sistema ya existe en muchos de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Las Cuentas Nacionales de la Salud (CNS) es un sistema contable a nivel macroeconómico que permite medir el flujo de fondos dentro del sector de la salud. Es decir, se mide la cantidad de fondos que entran al sistema de salud desde las fuentes originales de fondos, cómo se canalizan y mueven a través de los intermediarios financieros, y en qué tipo de servicios se utilizan. Las CNS nos permitirán determinar no sólo cuánto exactamente gastamos en salud en Puerto Rico, sino cómo se distribuyen los fondos en términos de servicios, condiciones, y poblaciones.

Para poder crear estas cuentas nos proponemos aprobar legislación que obligue a todas las aseguradoras, incluyendo al Seguro Nacional de Salud, a someter al Departamento de Salud informes anuales de forma estandarizada sobre los gastos en servicios de salud. También se aprobarán fondos para que la Universidad de Puerto Rico realice anualmente una encuesta poblacional donde se recoja información sobre el uso y gasto en servicios de salud. De esta forma se obtendrán los datos que se necesitan para estimar las tablas. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, junto con la Universidad de Puerto Rico serán las entidades encargadas de producir las CNS.

2. Sistema de Estadísticas Nacionales de la Salud para la Vigilancia, Monitoreo y Evaluación

El PIP propone crear un Sistema de Estadísticas Nacionales de Salud que sea coordinado por el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, y que involucre al Departamento de Salud, la Corporación del Seguro Nacional de Salud, la Corporación de Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico, y el Instituto de Estadísticas. El mismo tendrá como objetivo el monitoreo y evaluación de la utilización, los procesos, la calidad y resultados de los servicios y programas de salud en Puerto Rico, ya sea el sector público o privado. Este sistema nos servirá para evaluar el acceso, la efectividad y la eficiencia de los servicios y programas a nivel macro y micro del sistema de salud. El objetivo es hacer análisis a nivel de diferentes condiciones, poblaciones, y regiones geográficas. También debemos medir rutinariamente los cambios de la calidad de vida y la calidad percibida, con instrumentos debidamente validados. Dada la aprobación en febrero del 2012 de la ley que establece la política pública en torno al uso de la informática en el sector de la salud y que crea la Corporación de Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico (CIEISPR) el uso del Expediente de Salud Electrónico (ESE) y del Intercambio Electrónico de Información de Salud (IEIS) se convertirán en piezas claves para un sistema de estadísticas nacionales de salud. El PIP se compromete a viabilizar, incentivar y promover el uso de estas tecnologías dentro del sistema de servicios de salud ya que también fortalecerán la administración del Seguro Nacional de Salud.

II. SEGUNDA PARTE: PROBLEMAS Y SITUACIONES DE SALUD DE INTERÉS PRIORITARIO

A. PROMOCIÓN DE LA SALUD ESCOLAR

Se estima que en Puerto Rico una cuarta parte de la población se encuentra en la edad escolar. Además, se reconoce que gran parte de las acciones de Salud Pública a nivel global se realizan en el ámbito escolar por tratarse de una población joven que es donde se deben iniciarse las acciones de promoción de estilos de vida saludables. La Escuela es el escenario idóneo, por su población cautiva y joven, para articular iniciativas de Educación en Salud y prevención sobre bases de continuidad y permanencia lo que facilitará el seguimiento y las evaluaciones de efectividad.

Se sugiere impulsar la implantación de la Política Pública de Educación en Salud Escolar en Puerto Rico contenida en la Ley 70 del 18 de agosto de 1989. (Se afirma que los fondos para la implantación de la referida Ley están siendo utilizados para otros propósitos). Se propone reorientar la planificación estratégica en el ámbito de la Educación en Salud Escolar en Puerto Rico para fortalecer las relaciones de trabajo colaborativo intersectorial entre los Departamentos de Salud y Educación. Se sugiere reactivar los proyectos de Escuelas Promotoras de la Salud en los Departamentos Gubernamentales de Salud y Educación, respectivamente. Ambas estrategias de intervención en Promoción de la Salud continúan siendo prioridad programática en salud en el ámbito regional y global. Otras medidas relacionadas a la prevención y promoción de la salud de la población escolar se mencionan en el área de salud mental, obesidad, y salud oral.

B. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La salud sexual y reproductiva contempla el disfrute de una vida sexual satisfactoria, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas, la posibilidad de elección de métodos de regulación de fecundidad seguros, eficaces y accesibles, la eliminación de la violencia doméstica y sexual, la detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, y de otros padecimientos, y el acceso a cuidados y atenciones durante el embarazo y alumbramiento. Nuestro Partido propone:

1. Ante la realidad de que aproximadamente el 37 por ciento de los adolescentes están sexualmente activos, promover otros acercamientos además de la invitación a la abstinencia, educando a los y las jóvenes sobre prácticas de sexo seguro y prevención de embarazos no deseados.

2. Garantizar, a través de Clínicas para Adolescentes, la disponibilidad de una primera visita al ginecólogo entre las edades de 13-15 años, dependiendo de la madurez psico-sexual de la joven. En esta visita, la adolescente debe recibir información sobre anticonceptivos y sexo seguro. Para aquellas jóvenes que están activas sexualmente, se les debe realizar la prueba de Clamidia y asegurar cuando sea necesario el acceso a tratamiento.

3. Establecer programas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos a toda la población, en particular los sectores más empobrecidos; restaurar y aumentar los recursos asignados a los programas correspondientes en el Departamento de Salud.

4. Promover la maternidad segura, tomando medidas para bajar la tasa de cesáreas, y fomentando la preparación de enfermeras parteras.

C. SALUD MENTAL

La salud mental es uno de los problemas principales de salud en Puerto Rico y el principal problema para la población joven. Se estima que más de medio millón de personas padecen de algún trastorno mental. De éstos, más de 100 mil son niños/as y jóvenes entre las edades de 4 a 17 años. Los problemas entre la población de edad avanzada, han aumentado, población cada día más numerosa en nuestro país. Además un 42 por ciento de las personas confinadas, según estudios de la Administración de Servicios Mentales y Contra la Adicción (ASSMCA), necesitan servicios de salud mental anualmente. Por otro lado, el suicidio (la 15ta causa de muerte en PR) es la manifestación más extrema de estos trastornos (90 por ciento de las personas que se suicidan tienen un diagnóstico psiquiátrico y 5 por ciento de las muertes por suicidio entre 1990 y 2005 eran de niños/as y adolescentes entre las edades de 15-19 años). Problemas sociales tales como la alta tasa de nacimientos a madres adolescentes, la violencia doméstica (cerca de 20 mil incidentes reportados anualmente), el maltrato de menores (más de 45 mil al año), el abuso de alcohol y sustancias controladas, y la alta incidencia de crímenes violentos son indicadores de la alta necesidad de servicios de salud mental en nuestro país.

Partiendo de la preocupante situación antes descrita el PIP hace las siguientes propuestas en el área de la salud mental:

1. Restructurar las funciones del Consejo Estatal de Planificación en Salud Mental para que el mismo sea un ente autónomo en la toma de decisiones. Este Consejo debe contar con la participación de pacientes, familiares, profesionales de la salud mental, representantes de organizaciones comunitarias que ofrecen este tipo de servicio y funcionarios/as gubernamentales. El Consejo convocará cada dos años a una Conferencia Nacional para discutir los adelantos y dificultades en el área de salud mental.

2. Se revertirá el proceso de privatización impulsado y sostenido por las pasadas administraciones, y el Gobierno retomará la prestación de servicios. Como parte de una Política Pública dirigida a la reintegración productiva y digna del paciente de salud mental a la comunidad:

3. Se restablecerán los centros comunitarios de salud mental, con aquellas salas de emergencia de salud mental que sean necesarias para garantizar un pronto acceso a ese servicio desde todos los puntos de la Isla.

4. Se corregirán las deficiencias y se subsanarán las carencias señaladas en instituciones como el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras, el Centro de Salud Mental de San Patricio, los Centros Psicosociales y de Psiquiatría Forense.

5. Se revitalizarán los servicios psiquiátricos ambulatorios en todo el país, y se establecerán con clínicas externas para ex-hospitalizados.

6. Se creará un programa para integrar servicios de cernimiento en el sistema de salud general (Ej. oficinas de médicos/as primarios, salas de espera y de emergencia de hospitales) para la identificación temprana e intervención con personas con problemas de salud mental.

7. Se iniciará un programa piloto para evaluar la efectividad de implantar programas de servicios psicológicos en hospitales en Puerto Rico. Éstos podrían ser provistos por un coordinador/a del cuidado que trabaje con el/la paciente, su médico/a de salud física y profesionales con el adiestramiento y las calificaciones necesarias para atender emergencias psicosociales (Ej. psicólogo/a, psiquiatra, trabajador/a social clínico, enfermera/o especialista en salud mental). La provisión de servicios debe ir acompañada de un sistema de referido efectivo a otros proveedores/as de servicios de salud mental.

8. Se fomentará la creación de grupos de apoyo para personas con padecimientos mentales y sus familiares y se apoyará el funcionamiento de los ya existentes.

9. Se creará un Programa de Amas de Llave para dar servicios a pacientes siquiátricas.

10. Se renovará el Programa de Hogares, a fin de que aquellas personas que requieran supervisión y cuidado fuera de una institución hospitalaria, tengan un lugar donde se les trate de forma digna y responsable, estableciendo requisitos de cumplimiento estricto que aseguren servicios de calidad en términos médicos y humanos.

11. Se atenderán las necesidades de sectores que requieren de servicios especiales, como es el caso de las personas menores de edad, para los cuales apenas hay facilidades de hospitalización o de cuidado ambulatorio, de las mujeres con trastornos mentales no vinculados al abuso de sustancias, para las cuales no existen albergues al momento, y de las personas sin hogar.

12. Partiendo del principio evidente de que la salud mental no es problema de una sola agencia, y de la visión integral del ser humano, se adiestrará personal en agencias tales como Departamento de la Familia, Corrección, Vivienda, Educación y Policía, entre otras para que puedan identificar condiciones de salud mental, atemperar el servicio que proveen en las situaciones que así lo requieran y hacer el referido correspondiente.

13. Se fortalecerán los servicios que provee la Comisión para la Implantación de la Política pública en Prevención del Suicidio para facilitar la identificación temprana, servicios de apoyo y manejo especializado de la ciudadanía que considere o intente suicidarse.

Dada la escasez de profesionales en el campo de la salud mental, y la necesidad de mantener al día a quienes ya ejercen:

1. Se establecerá un programa de becas para el estudio de disciplinas relacionadas con la salud mental.

2. Se proveerán recursos a los programas graduados de estas disciplinas en la Universidad de Puerto Rico para que puedan adiestrar nuevo personal y actualizar la preparación del personal existente.

3. Se fomentará un acuerdo entre el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico para facilitar que los psicólogos y psicólogas empleados en el DE que le interese puedan obtener una Certificación en Psicología Escolar que facilite la implantación de la Ley 170 del 12 de agosto de 2000.

4. Se implementará un programa activo de educación continua para profesionales de la salud mental.

5. Establecer el Fondo Estatal para el Estudio de la Salud Mental dirigido a realizar investigaciones sobre temas prioritarios en salud mental, incluyendo estudios epidemiológicos y proyectos preventivos. El acceso a estos fondos se hará mediante propuestas competitivas las cuales deberán evaluarse para determinar si ameritan apoyo fiscal. La asignación de fondos estará sujeta a un riguroso proceso de evaluación.

6. Se dará cumplimiento a la Ley de Psicólogos Escolares (Ley 170 del 12 de agosto de 2000), de la autoría del Representante Víctor García San Inocencio, de forma que el Departamento de Educación cuente con el número de psicólogos requeridos para brindar servicios adecuados a la población escolar.

D. ADICCIÓN A SUSTANCIAS

Durante décadas el Partido Independentista Puertorriqueño ha abogado, con propuestas de Gobierno e iniciativas legislativas, por un cambio radical en el acercamiento al tema de las adicciones.

La adicción a drogas es uno de los problemas más complejos y angustiosos que enfrenta nuestro país. Se calcula que en Puerto Rico existen al menos unas 70 mil personas dependientes a drogas ilegales. La dependencia a sustancias ilegales tiene efectos que se reflejan en renglones tan diversos como conducta delictiva, pérdida de productividad laboral, desarraigo familiar, deserción escolar, violencia en las comunidades, costos de servicios de salud y transmisión de enfermedades como VIH y hepatitis por el uso compartido de jeringuillas o parafernalia infectadas. La principal respuesta del Estado a las adicciones continúa siendo la de prohibir, procesar y castigar la conducta relacionada a la dependencia a sustancias controladas. Esa visión corresponde a ideas ya desacreditadas que consideraban las adicciones como fallas morales o de carácter. Pese ha que la "visión Salubrista" ha sido gradualmente incorporada a la discusión pública, prevalecen las estrategias penalizantes que tratan a los adictos como criminales y no como personas que padecen una enfermedad.

En los últimos años, la ciencia ha dedicado enormes esfuerzos a documentar y analizar las adicciones. Hoy se conoce que lejos de tratarse de un problema moral subsanable con una dosis suficiente de voluntad, la dependencia a ciertas sustancias es un trastorno mental crónico, producto de alteraciones en el funcionamiento de neurotransmisores. La naturaleza fisiológica de este padecimiento permite, entonces, comparar la insistencia en "curar" la adicción a drogas forzando la abstinencia como único remedio, con la pretensión de tratar a un paciente diabético privándole de insulina.

El Partido Independentista Puertorriqueño propone un auténtico cambio en el acercamiento al problema de las adicciones, en el que se materialice la visión Salubrista, se promueva la medicación efectiva a los drogodependientes, se provea amplitud de opciones de recuperación con disponibilidad inmediata, se adopten estrategias de reducción de daños, se descriminalicen las conductas asociadas a la drogodependencia, y se reconozca el papel de las organizaciones de base comunitaria.

Cambiando el Paradigma: Hacia un Acercamiento Salubrista

Las adicciones a sustancias legales e ilegales, así como el tabaquismo y el alcoholismo, serán consideradas como un problema de salud pública, y atendidas con proyectos de prevención, tratamiento y recuperación.

Como primer paso, proponemos revisar íntegramente la legislación y reglamentación de las entidades gubernamentales con inherencia sobre el tema de las adicciones (Departamento de Salud, Departamento de Corrección, Salud Correccional, Administración de Tribunales, Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico) para que respondan efectivamente al cambio paradigmático propuesto mediante estrategias adecuadas de prevención y tratamiento.

Esta revaluación debe perseguir el objetivo de proveer las estructuras adecuadas de coordinación y colaboración interagencial y la coordinación con aquellas organizaciones públicas, privadas y de base comunitaria que ofrecen servicios de prevención y operan programas de tratamiento de abuso de sustancias.

Crearemos la Comisión Nacional para el Estudio de las Drogas (CNED), como cuerpo multi-sectorial y multidisciplinario que le provea a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo una revisión objetiva de la evidencia sobre el impacto de la política de drogas vigente y recomiende alternativas viables desde la perspectiva de salud pública. A través de la Comisión, se desarrollarán alternativas que contribuyan a fortalecer la red de apoyo para respaldar el mejor desarrollo de la ciudadanía y la estabilización y funcionalidad de las personas fármaco-dependiente. Se desarrollará, además, una política integrada que atienda a las drogas legales e ilegales, incluyendo el tabaco, el alcohol y el uso y abuso de ciertos medicamentos.

Promoveremos la implantación de estudios epidemiológicos continuos sobre el consumo de substancias legales e ilegales, que sirvan para cuantificar y definir a la población fármaco-dependiente, así como para establecer los patrones más comunes de iniciación, uso, retirada y recaída, con el fin de diseñar estrategias más efectivas de prevención y rehabilitación.

Como parte del esfuerzo para atender el problema de las adicciones como uno de Salud Pública, debe revisarse además la función de los profesionales de la salud, tanto en el sector público como en el privado, empezando por el enfoque promovido por la universidades en la preparación de sus estudiantes y la necesidad de cursos de educación continua para poner al día a los proveedores de servicios de salud. Esta revisión debe considerar por una parte, el aspecto de prevención y diagnóstico y por otra, el de tratamiento a adictos en recuperación. En este último caso, es necesario superar la fragmentación de servicios y promover un acercamiento holístico, que considere las distintas necesidades médicas de los drogodependientes. Es frecuente, por ejemplo, que la adicción a drogas esté acompañada de otro trastorno psiquiátrico, o que como consecuencia del uso compartido de jeringuillas infectadas, se requiera tratamiento para VIH o hepatitis. El establecimiento de centros multidisciplinarios facilitaría el acceso a tratamiento para el paciente, a la vez que permite la evaluación conjunta de los distintos profesionales de la salud.

Como punto de partida, proponemos el diseño de adiestramientos y la redacción de publicaciones dirigidos a médicos primarios, especialistas, personal encargado de discernimiento clínico en facilidades de salud (donde con frecuencia se discrimina contra adictos en estado de gran deterioro), farmacéuticos (responsables del despacho de jeringuillas y de medicamentos como la buprenorfina) y psicólogos. Este trabajo, realizado en conjunto con la academia y organizaciones profesionales atenderá necesidades específicas como las de las mujeres adictas, adictas embarazadas, las personas sin hogar y aquellos con morbidez y procurará la desintegración de los estigmas y prejuicios que con frecuencia interfieren en la prestación de servicios a esta población.

Para garantizar el acceso a los servicios necesarios para enfrentar la dependencia a sustancias, el Seguro Nacional de Salud proveerá cubierta adecuada para el tratamiento de las adicciones a drogas legales e ilegales. La asistencia médica, sin embargo, no puede limitarse a aquellos con voluntad o recursos para procurarla. En nuestras calles, cada día es más frecuente la presencia de adictos con serios padecimientos de salud, y no son escasas las muertes por septicemia, resultado de laceraciones y heridas sin atender. Por ello, la visión Salubrista que aquí se propone debe darle especial atender a los programas de alcance que llevan asistencia médica a la población más marginada, la de los adictos sin techo.

1. Medicación Efectiva de los Drogodependientes

En otras jurisdicciones se ha experimentado con considerable éxito la administración clínica de substancias controladas como la heroína, como una medida de último recurso para drogodependientes crónicos que no han respondido a otros tratamientos. En Puerto Rico, no es viable esa forma de medicación, toda vez que nuestro régimen de subordinación política impide la adopción de tratamientos no reconocidos por el Gobierno de los Estados Unidos.

Por lo tanto, cuando hablamos de medicación nos referimos a la utilización de fármacos prescritos por un médico, formulados para atender las bases neurológicas de la dependencia y sus consecuencias psicosociales. La medicación, aunque no constituya la panacea para atender el complejo problema de las adicciones, elimina la necesidad del adicto de procurar drogas ilegales, contribuye a reducir la demanda de narcóticos en el mercado ilegal, y por lo tanto, disminuye la criminalidad relacionada a la drogodependencia. Reconoce a la adicción como un asunto de salud que exige tratamiento y no castigo, y permite recanalizar recursos actualmente destinados a penalizar, castigar y encarcelar. También facilita el proceso de reinserción social y el retorno a una vida estructurada, y al sustituir la inyección de sustancias por la ingestión de medicamentos, reduce la incidencia de VIH y hepatitis. Debe subrayarse, sin embargo, que ningún programa de medicación puede ser totalmente efectivo sin la atención necesaria a los factores psicológicos y sociales que pueden ser determinantes para la recuperación.

La forma de medicación que se ha utilizado por más tiempo en nuestra Isla es la metadona. Aunque efectiva en ciertas instancias, la reglamentación que rige la administración de la metadona actúa en contra de sus virtudes farmacológicas. Tiene que obtenerse a través de centros que funcionan en ciertos lugares y con horario limitado, lo que hace inaccesible su demanda para muchos pacientes, y como todo tratamiento, requiere de servicios psicológicos y sociales que al presente no están disponibles de forma adecuada. Proponemos aumentar la capacidad de los programas de mantenimiento con metadona, para que puedan atender de manera efectiva a aquellos/as que realmente se benefician de ellos.

Algunas de las deficiencias que plantea el uso de la metadona se superan con la administración de la buprenorfina, un medicamento aprobado para el tratamiento de la adicción a opiáceos. La buprenorfina es prescrita por médicos certificados en su uso, se obtiene en farmacias, es ingerida en la privacidad del hogar, y no requiere de visitas diarias o semanales a una clínica. Para propagar su uso, proponemos multiplicar el número de médicos preparados para su prescripción según las necesidades de cada región del país, asegurar su cubierta en el Seguro de Salud Nacional propuesto en este Programa y hacer de su uso parte de programas de tratamiento integrados, a nivel gubernamental, privado y de organizaciones de base comunitaria, que atiendan todas las necesidades de los adictos a opiáceos.

2. Amplitud de Opciones con Disponibilidad Inmediata

Tratándose de un fenómeno de especial complejidad, del cual aún no se comprenden con cabalidad las causas, predisposiciones o elementos detonantes, no existe para las adicciones un remedio único e infalible. Para los opiáceos, por ejemplo, existen alternativas de medicación como la metadona y la buprenorfina. También son medicables las adicciones a nicotina y alcohol. No hay, sin embargo, medicación disponible para la adicción a cocaína, crack o ketamina.

Las experiencias de adictos en recuperación y de quienes los han asistido en programas de desintoxicación y rehabilitación, sugieren que todo acercamiento al tema de las adicciones debe partir de la disponibilidad de distintas opciones, que correspondan a la variedad de adicciones prevalecientes, las particulares condiciones del individuo dependiente, el entorno social en el cual se maneja, la posibilidad real de recaídas, y los conocimientos que a través de investigaciones y estudios se van adquiriendo. Para la más sabia asignación de fondos públicos, se ha insistido además, y así lo proponemos en este Programa, la rendición de cuentas de todo programa de tratamiento y rehabilitación subvencionado por el Gobierno.

Para las familias que enfrentan la adicción de uno de los suyos, o para las personas que por sí mismas tratan de encontrar una salida a la dependencia de sustancias, la escasez de alternativas para desintoxicación y tratamiento se convierte a veces en una muralla insalvable. La persona drogodependiente que hoy está dispuesta a someterse a tratamiento, debe recibirlo mientras se encuentra en esa disposición. La falta de espacios en los centros administrados por el Gobierno, por clínicas privadas o por organizaciones de base comunitaria impone periodos de espera que pueden prolongarse por meses, cuando ya la persona ha desistido de su intención.

Urge entonces:

a) Duplicar anualmente la disponibilidad de tratamientos adecuados, con énfasis en los tratamientos médicamente asistidos, hasta llegar a la meta de 50 espacios de tratamiento y a un tiempo de espera para ser admitido no mayor de 24 horas.

b) Revisar los criterios y protocolos de admisión a programas de rehabilitación para hacerlos menos onerosos y desburocratizarlos.

c) Expandir la disponibilidad de tratamiento en todas las instituciones carcelarias hasta lograr capacidad para atender a los confinados y confinadas que padecen de fármaco-dependencia. Se dispondrá además, para el trato adecuado en términos médicos y humanos de las personas adictas detenidas desde el momento en que son arrestadas y a las que, en ocasiones, se les obliga a "romper en frío" sin supervisión médica, lo cual puede provocar una descompensación con consecuencias fatales.

d) Tratar de forma justa a las organizaciones de base comunitaria que prestan servicios en condiciones de desventaja con relación a instituciones privadas, pues la compensación que reciben del gobierno suele ser menor que la asignada a éstas.

3. Reducción de Daños

La estrategia de Reducción de Daños postula que los esfuerzos para combatir la adicción a sustancias no deben causar más daño que la droga misma, y que se debe mitigar las consecuencias negativas del uso de sustancias. El PIP propone:

a) Extender los programas de intercambio de jeringuillas y la distribución de materiales para reuso seguro de equipo de inyección como una medida para disminuir el contagio de hepatitis y VIH por el uso compartido de parafernalia infectada por usuarios de drogas endovenosas.

b) Colaborar con los esfuerzos de organizaciones de base comunitaria para crear espacios de inyección segura, con condiciones sanitarias y que también sirvan como mecanismo para los programas de alcance.

c) Atender necesidades cotidianas de la población dependiente a drogas más marginada, como espacios para la higiene, orientación de servicios sociales y otras.

d) Establecimiento de clínicas móviles para proveer servicios médicos a la población drogodependiente sin hogar.

e) Entrenar a los oficiales del orden público para la intervención con personas drogodependientes, incluyendo el adiestramiento para emergencias por descompensación o sobredosis.

4. Descriminalización de conductas asociadas a la drogodependencia y castigo a los responsables del tráfico de drogas.

En armonía con la visión Salubrista que el PIP ha impulsado por años, creemos que es fundamental despenalizar las conductas asociadas a la drogodependencia. El procesamiento y encarcelamiento de adictos ha demostrado ser inefectivo como proceso de rehabilitación, por lo que insistimos, como ya se intentado a través de nuestros legisladores, en descriminalizar la posesión de parafernalia para el uso de drogas y revisar la legislación (como la Ley de Tránsito y los Códigos de Orden Público) que castiga conducta relacionada con la dependencia a sustancias.

Para muchos adictos el proceso de reinserción social es uno plagado de escollos matizado por el estigma y el discrimen. Proponemos, en colaboración entre el Departamento de Corrección, las organizaciones de base comunitaria y agencias gubernamentales como el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia, facilitar la desinstitucionalización de drogodependientes encarcelados o recluidos en programas de tratamiento con hogares intermedios, asistencia en la búsqueda de empleo, creación de incentivos al sector privado para el empleo de fármaco dependientes estabilizados, y consejería individual y familiar.

Junto con las iniciativas dirigidas a dar apoyo y tratamiento a los adictos a sustancias ilegales, se deben trabajar estrategias para combatir el tráfico de drogas y para tratar con la mayor severidad a los verdaderos responsables del comercio de sustancias dañinas para nuestra gente. Hacia ese fin:

a) Se reorganizarán las estructuras de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Justicia a cargo del procesamiento criminal, para reorientar prioritariamente dichos esfuerzos hacia el procesamiento de las altas esferas del narcotráfico y sus distribuidores a gran escala y hacia el control de la entrada de drogas a Puerto Rico.

b) Los mecanismos de desvío y probatoria por la vía de la reducción en la calificación de delitos no estarán disponibles en casos de traficantes de drogas. Mediante directriz administrativa del Departamento de Justicia, los fiscales no podrán entrar en negociaciones a estos efectos.

c) Evaluar el funcionamiento de las cortes de droga para proveer para su reorientación y expansión.

5. Colaboración con las Organizaciones de Base Comunitaria y Apoyo a la Investigación Científica

Las Organizaciones de base comunitaria han sido, en Puerto Rico, fundamentales en el cambio de paradigmas en el tema de las adicciones. Proveen servicios que el gobierno, por falta de visión y voluntad, no ha podido prestar y cuentan con posibilidades de alcance a la población necesitada que no puede replicarse en las estructuras gubernamentales. Paralelamente, la academia –tanto en instituciones privadas como en la Universidad de Puerto Rico- ha dedicado importantes recursos y largos años a la investigación de muchos temas vinculados a la drogodependencia. Desafortunadamente, la experiencia de las OBC y el conocimiento de nuestros investigadores se ha utilizado más para figurar que para hacer, y sus aportaciones, a la hora de la verdad, no han recibido el reconocimiento que merecen como fundamento para el desarrollo de políticas públicas. En el PIP estamos convencidos de que todo plan dirigido a alterar el vigente y fracasado modelo de atención a las adicciones debe contar con el insumo efectivo de las OBC, y con la base científica provista por los investigadores puertorriqueños.

Para ello, es imprescindible recurrir a ambos sectores como referencia obligada, pero también asegurar que dispongan de los recursos suficientes para continuar y ampliar su tarea. En ese sentido, nos comprometemos a acabar con las tácticas dilatorias en el pago por servicios prestados a las OBC que actúan como proveedoras del gobierno, a garantizar la pronta entrega de las asignaciones hechas por otros medios, a promover la investigación a través de propuestas en universidades públicas y privadas y a facilitar intercambios de conocimiento y experiencias entre las organizaciones de base comunitaria, la academia, los proveedores de servicios y los encargados de diseñar e implementar política pública.

6. Estrategias de Prevención

Para alcanzar la aspiración de una reducción dramática en el uso de sustancias adictivas, es imprescindible desarrollar estrategias de prevención, con énfasis en los más jóvenes. Nos proponemos:

a) Desarrollar campañas masivas de educación en prevención de la fármaco-dependencia y el abuso del tabaco y el alcohol. El primer gran objetivo de estas campañas será el comprometernos a evitar el uso de cigarrillos y a retrasar lo más posible el inicio en el consumo de alcohol por parte de la juventud.

b) Reglamentar estrictamente la publicidad de bebidas alcohólicas por radio y televisión y en espacios públicos frecuentados por niños y jóvenes.

c) Establecer en las escuelas primarias programas para identificar de forma temprana aquellos niños y niñas que muestren señales de trastornos de conducta, conductas altamente oposicionales o desafiantes, o que sean víctimas de maltrato y asignarles recursos profesionales que logren reducir en estos niños y niñas los riesgos de desarrollar fármaco-dependencia.

d) Aumentar los fondos para programas de verano y de horario post escolar que atiendan prioritariamente a niños, niñas y jóvenes en alto riesgo de abusar de las drogas.

e) Proveer fondos para llevar a cabo investigación y evaluación de proyectos demostrativos de prevención de drogas en las escuelas para garantizar que los programas adoptados sean aquéllos que prueban ser efectivos y meritorios.

E. OBESIDAD

La obesidad se ha relacionado con otras condiciones de salud como: a) las enfermedades cardiovasculares, b) diabetes, c) cáncer, d) hipertensión, e) anormalidades endocrinas, f) infertilidad, g) irregularidades menstruales, h) derrames cerebrales, i) incontinencia urinaria, y j) complicaciones obstétricas y ginecológicas . Como consecuencia directa de la obesidad, la expectativa de vida es menor y ocurren muertes prematuras. Estas consecuencias han motivado al PIP a incluir este tema en su Plan Nacional para la Salud.

El estigma social hacia el obeso hace a una persona casi inhumana. Esta victimización de la persona obesa tiene serias implicaciones en su salud mental como la ansiedad y la depresión que afecta su vida cotidiana. La ansiedad les motiva a comer y a aislarse, conductas que facilitan más adquisición de peso y empeoran su situación. En la mayor parte de las personas la actividad física disminuida propende al aumento de peso; sin embargo, tanto para el proceso de engrosamiento como para la pérdida de peso, el elemento fundamental es la cuantía de la ingestión calórica. La prevención primaria de la obesidad supone, esencialmente, un proceso de educación para ingerir una dieta balanceada. Dadas las dificultades en el tratamiento de los obesos, los mejores resultados se obtienen con estos esfuerzos preventivos. Esto debe ser parte integral de la agenda del Programa de Comunicación y Mercadeo Social para la Promoción de la Salud y del Programa de Comunidades Saludables anteriormente presentado y del componente de salud escolar.

Como hemos señalado antes, la prevalencia de la obesidad está creciendo a pasos agigantados. Es evidente la importancia de proveer o desarrollar estrategias de salud pública dirigidas a prevenir la obesidad. Su prevención no debe enfocarse en la obesidad misma sino en sus implicaciones como parte de una política de salud pública a nivel global. Desde esta perspectiva, la meta debe ser: a) mejorar las condiciones de nutrición de todas las comunidades, b) reducir el riesgo de enfermedades peligrosas como diabetes, cáncer e hipertensión, entre otras, c) mejorar el estado de salubridad de las personas y, d) mejorar la calidad de vida de la población.

El tratamiento de los obesos (dieta hipocalórica, depresores del apetito, psicoterapia, sedantes, etc.) tiene en general, pobres resultados, afectados habitualmente por la falta de cooperación de los pacientes. En muchos casos, después de un periodo, se restablecen las condiciones que originaron el proceso en una situación similar a la que se observa en el tratamiento de los alcohólicos y fumadores cuando no se hace el tratamiento desde todos los aspectos que envuelven estas enfermedades crónicas de combinación adictiva que envuelven tanto la parte física (médica), la psicológica y la cultural. Entendemos que esa intervención debe darse a cuatro niveles a) individual, b) grupo pequeño, c) sistémico, y d) institucional/comunitario. Sugerimos el desarrollo de un programa estatal de salud multidisciplinario en el que profesionales de la salud trabajen y se comprometan para ayudar a las personas afectadas por la obesidad. Estos/as profesionales pueden incluir: médicos/as, psiquiatras, nutricionistas, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, entrenadores/as físicos y consejeros/as, entre otros.

F. SERVICIOS DE LARGA DURACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE EDAD AVANZADA

El aumento proporcional y numérico de la población de edad avanzada en Puerto Rico presenta un reto para el Estado en términos de la planificación de servicios y la destreza para atender las necesidades resultantes de una estructura de edad que refleja el envejecimiento de la población del país. El envejecimiento de la población de Puerto Rico es un fenómeno reciente.

La población de Puerto Rico cruzó este umbral en la década de los 1990 cuando 10 por ciento de su población sobrepasó los 65 años o más y la mediana de edad de su población llegó a los 30 años. Para el 2006, la mediana de edad del país era de 34 años y la proporción de personas de 65 años y más había ascendido a 12.5% de un total de 3.912.054 habitantes. Las proyecciones indican que para el 2020, una de cada cinco personas en Puerto Rico tendrá 65 años y la mediana de edad será de 41 años; para mediados del siglo XXI, uno de cada 4 habitantes en el país tendrá 65 años. Entre los años 1990 al 2005, la población de 65 años y más aumentó más rápido que la población total. La población de 80 años y más fue la que registró el crecimiento más rápido. El por ciento de cambio para la población total fue de 11.1% y para la de 65 años y más fue de 43.7%. Para aquéllos de 80 años y mayores (80+) fue de 66.2%.

Las características socio demográficas y de salud de la población de edad avanzada de Puerto Rico indican que, en términos de cuidado de larga duración, el incremento en edad es un factor que está relacionado con un aumento en impedimentos y en necesidad de asistencia en actividades básicas e instrumentales del diario vivir. Según avanza la edad, y específicamente a partir de los 80 años, se afecta la capacidad de la persona de edad avanzada de auto cuidado y funcionalidad, de prepararse alimentos, de tomarse adecuadamente los medicamentos, de poder quedarse sola en el hogar y de poder salir de su hogar. Los impedimentos físicos constituyen el tipo de impedimento más común entre las personas de 60 años o más indistintamente del criterio que se considere, ya bien sea, nivel de pobreza u otros impedimentos. La mayoría de las personas de edad avanzada (98 por ciento) vive en la comunidad y no en hogares sustitutos o instituciones de cuidado prolongado. La mayoría de la población que vive en estos alojamientos de grupo tiene al menos un impedimento.

Esta población tiene unas necesidades muy particulares de servicios de salud, de apoyo social, y de cuidado personal debido a las altas tasas de incapacidad. Nos proponemos expandir y fortalecer estos servicios a través de tres mecanismos. Primero, incluir los servicios de asistencia de larga duración en la cubierta del seguro nacional de salud. Segundo, expandir el servicio de amas de llave a través de las agencias gubernamentales como el Departamento de la Familia, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, y los municipios. Tercero, a través de organizaciones sin fines de lucro subsidiar los servicios de asistencia de larga duración empleando también a personas de edad avanzada.

G. SALUD ORAL

Los servicios de salud oral que estarán incluidos como parte integral de la salud general en nuestra propuesta se centran en la prevención y la intervención temprana basándose en la premisa de que el niño debe gozar de buena salud para estar listo para aprender. La salud oral es un indicio de la salud en general. Muchas enfermedades, tales como la diabetes, el VIH y algunos trastornos alimenticios, muestran sus primeras señales en forma de síntomas en la boca.

Es por eso que es importante tener la salud oral como un componente integral de todo sistema de salud. La mayor parte de nosotros piensa en los problemas de la boca en términos de caries, dolores de dientes y dientes torcidos o manchados. La carencia de encías y dientes sanos afecta la apariencia, pero también afecta la salud del organismo. Por ejemplo: el padecer enfermedades periodontales sin controlar, puede tener como resultado el aumentar la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas. La ausencia de dientes puede afectar la salud mental, ya que puede hacer que se afecte la autoestima del individuo. También existe una correlación entre enfermedades orales y otras enfermedades sistémicas como por ejemplo, si el individuo padece diabetes, puede que tenga más probabilidades de padecer enfermedades periodontales. Si padece diabetes y enfermedades periodontales, puede tener más problemas para controlar los niveles de azúcar en su sangre y también puede desarrollar problemas cardiacos.

El componente bucal del proceso salud-enfermedad de los individuos familias y colectivos de una comunidad no escapa a este complejo proceso de determinación. En caso concreto, la salud y enfermedad oral es la resultante de sus condiciones específicas: respuestas a la exposición a determinados agentes bacterianos, dieta rica o carente de carbohidratos, fluoruros y trazas específicas, hábitos higiénicos bucales, acceso a servicios dentales, capacitación en conocimientos sobre problemas buco dentales, responsabilidad individual con su propia salud, práctica o asistencia periódica o sistemática a los servicios dentales, acceso y práctica a medidas de función, etc.

Muchos niños y adultos sufren innecesariamente de enfermedades buco dentales que podrían prevenirse. No obstante, con el cuidado preventivo apropiado el riesgo de contraer enfermedades dentales puede disminuir en gran medida. La prioridad de este programa es lograr una salud oral óptima para todos los niños en Puerto Rico y el mantenimiento de la misma durante toda su vida.

Una buena salud oral para los bebés, niños pequeños y niños en edad prescolar sirve como precursora de una buena salud oral como adultos y es esencial para el crecimiento y desarrollo general, así como de conducta, del habla y lingüístico. Conforme a nuestra filosofía de prevención y de intervención temprana y para la identificación de posibles preocupaciones de salud oral tan pronto sea posible, se requiere que las siguientes actividades tengan lugar en las primeras etapas tras el ingreso de nuestros niños(as) a la escuela, como parte integral del programa de salud escolar. Se propone:

1. Establecer una oficina de prevención de salud oral en el Departamento de Salud que trabaje con la coordinación e implementación de los programas escolares de salud oral al igual que con los demás programas preventivos como fluorización de aguas y detección temprana de cáncer oral entre otros programas que se impulsarán e implementarán por medio de políticas públicas

2. Determinar si un niño tiene una fuente continua de cuidado de salud accesible, tal como un hogar dental, según éste se define más adelante;

3. Determinar si un niño está al día en su salud general según el Estado(vacunas etc.), incluyendo el dental;

4. Crear procedimientos para el control de la previsión de servicios de atención de salud y salud oral;

5. Obtener y programar exámenes diagnósticos adicionales, examen y tratamiento por un profesional diplomado o certificado para cada niño que tenga un problema de salud oral observable, conocido o que se sospeche exista;

6. Desarrollar e implementar un plan de seguimiento para cualquier condición identificada;

7. Sellar todos los dientes primarios de los niños en edad escolar como requisito para entrar a la escuela.

8. Los planes de seguimiento deben desarrollarse e implementarse y los servicios de tratamiento tienen que completarse.

Otras estrategias dirigidas al área de salud oral son las siguientes:

1. Hogar dental. Se propone que se requiera que el niño tenga una fuente continua de atención de salud oral accesible; es decir, un hogar dental. La American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) (Academia estadounidense de odontología pediátrica) define un hogar dental como una fuente continua de atención de la salud oral accesible, integral, centrada en la familia, coordinada, compasiva y culturalmente eficaz, entregada o dirigida por un dentista profesional.

2. Determinación por un profesional de la salud oral. El PIP propone un equipo multidisciplinario para atender la salud oral preventiva. Un profesional de salud que determina si un niño está al día en su salud conforme a su edad, ofrece atención de salud preventiva y primaria, incluyendo la dental, es parte del personal que tiene la formación y experiencia en salud pública, enfermería, educación para la salud, salud materno-infantil, o administración de salud, además del pediatra, dentista y la higienista dental.

3. Cuidado continuo. Con el fin de mantener la salud oral del niño, es esencial que se implementen procedimientos para identificar cualquier preocupación dental nueva. Proponemos que el personal que tiene interacciones diarias con los niños, como los conductores del autobús, maestros, auxiliares, trabajadores sociales de la familia, etc., deben conocer estos procedimientos para ayudar a identificar lo antes posible a aquellos niños que necesiten cuidados dentales.

4. Controles dentales. Se propone que las evaluaciones o controles dentales, como parte de una visita del proveedor de cuidado primario, serán servicios compulsorios para todo niño(a) en la isla. Con el fin de abordar la posible escasez de dentistas, se emplearan a higienistas dentales para llevar a cabo evaluaciones o controles de salud oral. Estos controles no remplazan el requisito de que el niño acuda a un dentista antes de cumplir los tres años y cada seis meses subsiguientes a su primera visita oral, a menos que una condición oral amerite visitas al dentista antes de los seis meses.

5. Plan Nacional de Salud Oral. La meta principal de remitir a todos los niños a un dentista es establecer un hogar dental para cada niño, donde puedan recibir cuidados de emergencia, integrales, diagnósticos, preventivos y de rehabilitación durante toda su niñez hasta su adolescencia.

6. Establecer un sistema de vigilancia de salud oral para poder basar las decisiones programáticas en evidencia científica.

Pago de los servicios dentales

Todos los servicios dentales de emergencia integral, diagnóstica, preventiva y de rehabilitación estarán incluidos en el Plan Nacional para la Salud. Sólo procedimientos estéticos como blanqueado de dientes no estarán cubiertos. Todos los servicios de ortodoncia y ortopedia preventivos antes de los 13 años de edad estarán cubiertos con un tope de cubierta anual, al igual que rehabilitaciones y tratamientos especializados por trauma u cualquier otra condición oral extrema como cáncer (Odontología oncológica).

H. POBLACIÓN LHBTT

Los individuos que pertenecen a las comunidades homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y transgéneros, en Puerto Rico, sufren de disparidades de salud únicas. Aunque en muchas ocasiones nos referimos a estas comunidades por el acrónimo de LHBTT (o LGBTT) donde todas estas poblaciones son agrupadas como una comunidad, cada una de estas letras representa distintas poblaciones de Puerto Rico con diferentes problemáticas y preocupaciones sobre su salud y calidad de vida. Además existen sub-poblaciones dentro de estos grupos basados en la raza, etnicidad, estatus socioeconómico, escolaridad, localización geográfica en la isla y edad, entre otros factores.

En Puerto Rico, estas poblaciones estigmatizadas como minorías sexuales han sido ignoradas en cuanto a la prestación de servicios de salud general. No abunda la información sobre su estatus y necesidades específicas de salud. Es importante que se integren y se hagan visibles al gobierno de tal forma que sean considerados e incluidos cuando se planifiquen los programas y sistemas de salud que regirán en Puerto Rico. Es por esto que el PIP en su plataforma de salud considera a las comunidades LHBTT como una prioridad en el desarrollo de la prestación de servicios de salud, para así eliminar una de las disparidades de salud más apremiante que existe en Puerto Rico.

El PIP entiende que estas comunidades deben ser entendidas y atendidas basando las decisiones referentes a sus servicios de salud en el contexto de los factores que influencian sus vidas. Algunos de los factores incluyen la violencia comunitaria a la que se enfrentan, el efecto del estigma, las leyes o políticas públicas o la falta de las mismas para que los protejan o cuiden de sus derechos como ciudadanos de PR, los factores demográficos y sobre todo las barreras a servicios en general pero no menos importantes a los servicios de salud. Todos estos factores del entorno en que estas comunidades se desarrollan y viven, están interrelacionados y contribuyen a que ocurra esta tan abismal disparidad en salud cuando los comparamos con el resto de la población.

Para lograr esto el PIP:

1. Espera lograr establecer una base de evidencia sólida sobre la salud de las comunidades LHBTT que permita construir un sistema adecuado y equitativo para estas comunidades y que a su vez nos permita implementar prácticas de prevención y cuidados de salud basadas y guiado por la evidencia científica. Para lograr esto se necesitaría compilar mas datos sobre:

2. demográfica a lo largo de la vida de estas comunidades y de los subgrupos dentro de ellas,

3. estructuras de apoyo social que son parte fundamental de la salud mental de los individuos,

4. inequidades en los cuidados de salud existentes en cada una de las comunidades y subgrupos,

5. posibles intervenciones exitosas de salud que han sido desarrolladas en Puerto Rico para estas poblaciones pero nunca han sido evaluadas,

6. para poder crear servicios de salud necesarios y específicos para las comunidades trans.

7. Tener profesionales de la salud capacitados para atender óptimamente a estas comunidades mediante la capacitación y educación para que sean sensitivos culturalmente a estas comunidades, ya que se ha demostrado que el desconocimiento y falta de adiestramiento son los principales factores que contribuyen a la estigmatización por los profesionales de la salud a estas comunidades y a la existencia de barreras estructurales o institucionales para el acceso de estas poblaciones a los servicios de salud.

8. La cubierta de salud por el Seguro Nacional de salud estará disponible y accesible a los integrantes de estas comunidades y cubrirá las necesidades y protocolos especiales específicos basadas en evidencia científica, de las mismas, como por ejemplo tratamiento y seguimiento de hormonas en la comunidad trans.