SOCIEDAD Y CALIDAD DE VIDA
El norte de toda acción o política social que pone en marcha un buen Gobierno debe ser mejorar las condiciones de vida y responder a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Esto supone que el desarrollo económico de un país tiene que darse de la mano de un desarrollo social que promueva una distribución más justa de la riqueza y de los beneficios asociados al crecimiento económico. El progreso, visto en función de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, debe ser una aspiración compartida por todos/as. La única forma de lograr ese progreso es ampliando el acceso, los medios y nivelando las oportunidades para que los ciudadanos/as puedan participar plenamente en el ámbito económico, social, político y cultural de su país y así disfrutar todos/as de calidad de vida.
En Puerto Rico, sin embargo, vemos como no sólo los indicadores económicos sino también los indicadores de bienestar social reflejan un progresivo y alarmante deterioro, lo que se manifiesta a través de múltiples y complejos problemas sociales.
Aunque contamos con decenas de agencias y programas de servicios esparcidos por el país para atender esos problemas y un multimillonario presupuesto, las estrategias ensayadas hasta el presente no han redundado en cambios efectivos o palpables para los diversos actores sociales ni han resultado en adelantos en materia de derechos humanos/ciudadanos. Por el contrario, vemos un aumento cada vez mayor de la violencia, la adicción a drogas, del maltrato hacia los más débiles, de la falta de acceso a vivienda y transportación, de dependencia económica y falta de responsabilidad individual, entre otros. Con una frecuencia alarmante, se registran crímenes que antes eran eventos aislados, creando un clima de inseguridad e inestabilidad insostenible. Puerto Rico está lejos de haber alcanzado el llamado progreso que alegadamente traería el proyecto modernizador del país. Al contrario, lo que impera es un alto nivel de conflictividad y frustración en las relaciones personales y sociales que refuerzan conductas ciudadanas desarraigadas e individualistas, que anteponen el bien común y malogran el logro de mayores reivindicaciones sociales.
El Partido Independentista Puertorriqueño entiende es imperativo revisar las políticas sociales de intervención y provisión de servicios para que los programas y estrategias gubernamentales atiendan de forma integral, racional, y transdisciplinaria los retos sociales presentes.
Si revisamos la Política Pública promulgada surgen tres grandes desfases que debemos sobrepasar para transformar la compleja realidad social de nuestro país:
o La resistencia y hasta renuencia por los integrantes del Gobierno de evaluar la política social promulgada en términos de su alcance y efectividad. Gobierno tras gobierno insisten en las mismas estrategias de acercamiento a los problemas, aun cuando han demostrado ser inefectivas, y se niegan a realizar los cambios y ajustes pertinentes.
o La dispersión, fragmentación y falta de rigurosidad en la recopilación de datos y en los esfuerzos gubernamentales. Se hace necesario estructurar una base de datos integrada que permita a los órganos gubernamentales trazar políticas públicas costo-efectivas, coordinadas entre sí y atemperadas a nuestra realidad de forma que los programas y servicios sean vinculantes, de fácil monitoreo y con resultados medibles. Esto evitará que se sigan aprobando decenas de leyes que resultan ser parchos y no cambios reales a los problemas existentes, y reducirá el incumplimiento de aquellas que no se implantan por falta de fondos.
o El trastoque de prioridades y la desproporción en la asignación de recursos humanos y fiscales a causa de la falla en identificar las verdaderas necesidades del país. Urge una evaluación concienzuda del presupuesto y una restructuración en la asignación de recursos a las agencias, pues el problema no es la falta de fondos sino cómo se distribuyen los mismos.
A. LA FAMILIA DEL SIGLO XXI
La familia puertorriqueña ha variado en estructura y funciones en las últimas décadas. Las repercusiones del cambio social acelerado que atravesó Puerto Rico dejaron sentir su impacto en la forma y manera que asumen los nuevos arreglos familiares. Podemos cotejar diversos indicadores vinculados al ámbito familiar o doméstico que denotan los efectos sobre la estructura familiar, tales como, (a) cambios en las tasas de matrimonio; (b) aumento significativo en separaciones y divorcios; (c) aumento en las parejas que conviven sin estar legalmente casados; (d) aumento en el número de niños/as que nacen de relaciones fuera del matrimonio; (e) aumento en el número de niños/as expuestos a padres o madres 'en serie'; (f) aumento en el número de hogares donde está a cargo una sola persona adulta, particularmente mujeres; (g) aumento de la población de edad avanzada y con mayor expectativa de vida; (h) un descenso en la tasa de natalidad en los últimos 40 años, con excepción de los nacimientos entre madres adolescentes; (i) estructuras de familia alternas a las tradicionales.
Como resultado de estos cambios acelerados, las familias han tenido que alterar su estructura y los papeles ejercidos por algunos de sus miembros para cumplir con nuevas funciones. Además de la familia nuclear tradicional compuesta por padre y madre casados legalmente y viviendo con sus hijos o hijas, hay en la actualidad una multiplicidad de estructuras familiares alternas que se diferencian en mayor o menor grado de la estructura tradicional. Sin embargo, la política pública sobre la familia permanece prácticamente inalterada y el gobierno no ha ido adaptando ni atemperando la legislación ni sus programas y servicios a las transformaciones estructurales y las nuevas necesidades de esas estructuras familiares. Incluso se ha pretendido intervenir y trastocar determinados arreglos familiares atentando contra sus derechos e integridad. En ese sentido, lo que está en 'crisis' no es la familia, sino la Política Pública en torno a la misma.
Proponemos:
• Crear un Centro de Estudios de la Familia que incorpore representantes de agencias gubernamentales -la Procuraduría de la Mujer, de las Personas de Edad Avanzada (que proponemos restablecer), de las Personas con Impedimentos, Procuradores de Menores, del Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud, del Departamento de la Familia, la Oficina de Asuntos de la Juventud-del sector académico y organizaciones profesionales y comunitarias para examinar las necesidades de las nuevas estructuras familiares, el impacto de las mismas sobre sus integrantes y los contextos sociales en los cuales interactúan (escuela, iglesia, comunidad, trabajo). De igual forma, los integrantes de este Centro evaluarán la efectividad de la política social promulgada referente a la familia y sus componentes, y recomendarán legislación para atemperar la provisión de servicios y ofrecimientos gubernamentales a sus necesidades reales. El acercamiento del Gobierno a las variadas estructuras familiares siempre partirá del respeto a la diversidad y del reconocimiento a la igualdad y los derechos humanos que le asisten a cada uno de sus componentes.
• Desarrollar y asignar recursos a programas gubernamentales y comunitarios para el desarrollo de destrezas individuales y familiares sobre temas como:
• cuido y crianza de niños y niñas
• el fomento de relaciones de respeto e igualdad entre las parejas,
• destrezas de comunicación efectiva y respetuosa entre los componentes de la familia, así como manejo de conflictos a través del diálogo y la negociación,
• necesidad de trabajo y cooperación de cada miembro de la familia con las tareas del hogar,
• destrezas para enfrentarse a cambios en las funciones familiares, así como manejo y negociación de relaciones familiares tras una separación o divorcio,
• comprendiendo cambios de la adolescencia,
• destrezas necesarias para cuidar una persona de edad avanzada en el hogar,
• destrezas necesarias para cuidar una persona con impedimento,
• manejo de situaciones familiares creadas por la adicción a sustancias legales o ilegales de uno de sus miembros
• planificación y manejo de presupuesto, plan de ahorro y planificación del retiro
• los cambios y ajustes de la funciones tradicionalmente atribuidos al hombre y a la mujer a través del tiempo.
Aunque al presente existe alguna legislación y programas sobre este particular urge evaluar su alcance y efectividad, integrar aquellos esfuerzos aislados que han resultado exitosos, así como los esfuerzos de investigación académicos.
• Se apoyarán e incentivarán esfuerzos conducentes a conciliar la esfera laboral con la doméstica de forma que las personas puedan cumplir con sus tareas de trabajo y familiares en asuntos, tales como, (a) promover legislación para flexibilizar el horario de trabajo en el gobierno, (b) identificar toda labor o actividad gubernamental que pueda ser realizada por empleados desde su hogar o a distancia sin que ello afecte sus salarios y beneficios actuales, (c) incentivar contributivamente a patronos que adopten políticas flexibles en el manejo de asuntos familiares por sus empleados.
• Se adoptará un Programa Nacional de Centro de Cuido de Niños y Niñas atendiendo los ámbitos de accesibilidad, distribución por regiones y aportación al pago de los mismos creando conciencia sobre este tipo de servicio como una inversión social beneficiosa para la comunidad en general. Se creará un Reglamento uniforme para estos centros para uso de todas las agencias reguladoras.
• Crear un Programa Nacional de Centros de Cuido de Personas de Edad Avanzada que considere la realidad demográfica actual, en la que destaca un creciente aumento de la población envejecida, con mayor expectativa de vida y nivel educativo, particularmente de mujeres, y promover programas comunitarios de respiro para ayudar a las familias trabajadoras que asumen el cuido de sus padres.
• Incorporar en el currículo escolar desde grados primarios un curso obligatorio sobre la evolución, transformación y estado actual de la familia puertorriqueña y la construcción social del género que incluya modelos exitosos de estructuras alternas a la tradicional nuclear e información de programas y servicios de apoyo gubernamentales disponibles. Con ello se reconoce a la estructura familiar como agente socializador vital con potencial de cambiar o perpetuar estigmas y estereotipos que resultan muchas veces dañinos a sus propios componentes.
• Crear programas comunitarios de apoyo y respiro para familias en estructuras alternas (madres y padres solteros, familias con personas con impedimentos, madres adolescentes, parejas de personas de edad avanzada) considerando horarios no tradicionales de servicios.
• Asignar recursos para programas de recreación comunitaria particularmente para familias de escasos o medianos recursos de forma que disfruten de teatros, ferias, museos y conciertos al aire libre, así como creación de parques pasivos y paseos tablados en diferentes regiones del país como lugares de sano esparcimiento.
• Legislar para que a través del Canal del Gobierno y con el asesoramiento de académicos y organizaciones profesionales se cree programación educativa sobre asuntos de interés de la familia, para ser distribuidos en videos, internet o discos compactos, cuyos temas aborden la prevención de la violencia, destrezas de crianza, manejo de emociones y frustraciones, entre otras problemáticas. Coordinar su transmisión mandatorio en estaciones del tren urbano, oficinas gubernamentales y que se promueva en lugares privados, tales como, salas de espera en consultorios médicos, hospitales, bancos, entre otras.
• Iniciar un readiestramiento de todo el personal gubernamental de programas dirigidos a la familia para fomentar la intervención transdisciplinaria congruente con los cambios sociales que caracterizan a la familia. Esto incluye la creación de becas para educar o re-educar estos profesionales.
• Integrar universidades y otros centros educativos a estos esfuerzos reclutando facultad y estudiantes como interventores, investigadores y evaluadores de programas de servicio y experimentales.
• Asignar los recursos necesarios para cumplir con el Plan Nacional de Prevención Primaria de la Violencia -según mandata la Ley 467 del 23 de septiembre de 2004-asignando particular atención a la violencia que se origina en el contexto doméstico y sus repercusiones en el ámbito social en general, e integrar los esfuerzos realizados por entidades similares para no fragmentar los recursos existentes.
• Se realizará campaña masiva acerca de los servicios que ofrece la Línea de Orientación y Apoyo Familiar del Departamento de la Familia y se evaluará su efectividad.
B. NIÑEZ
Luego de aprobarse la Convención de los Derechos del Niño en 1989, numerosos países, (exceptuando a los Estados Unidos y por ende Puerto Rico dada su condición colonial) consignaron una Declaración que impone las responsabilidades y deberes del Estado respecto a la niñez. A raíz de esta Convención muchos gobiernos se proclamaron Ciudades Amigas de la Niñez lo que significaba adoptar unos principios y políticas gubernamentales en asuntos como: reconocer a los niños y niñas como sujetos titulares de derechos ciudadanos; su necesidad de ser escuchados, protegidos, y ser partícipes de la política gubernamental que los afecta; apoderarlos para tomar decisiones; la promoción de valores no violentos desde la niñez y capacitar para ello a aquellos que trabajan con niños; educar sobre métodos no violentos de crianza; reducir la polarización generacional; crear un marco legal y sistemas y servicios amigables a los niños en diversos ámbitos, entre otros.
En Puerto Rico, sin embargo, la existencia de programas y servicios sociales, de salud, educativos y sicológicos para servir las necesidades de nuestros niños y niñas son totalmente insuficientes. Esto porque ciertamente no ha sido prioritario y se asignan menguados recursos humanos y presupuestarios a varias agencias que trabajan con la niñez. Tampoco vemos suficientes espacios públicos o actividades donde los niños y niñas puedan compartir de manera sana, activa y entretenida. Constantemente vemos como la niñez continúa siendo más vulnerable que el resto de la población a la violencia, al maltrato físico, sicológico o sexual, a relaciones sexuales prematuras no protegidas, y a que se les niegue su derecho a ser escuchados y a participar de diversos espacios sociales que le son pertinentes, como los programas educativos, de salud, de recreación, y de aquellos que se dedican a combatir la pobreza.
Ante esa realidad, el PIP se compromete a:
• Cambiar los currículos y políticas gubernamentales que asumen formas discriminatorias contra los niños y niñas mediante campañas que promuevan el pleno disfrute de sus derechos humanos y cambiar el paradigma de que los niños y niñas no son sujetos titulares de derecho con necesidad de participar y ser escuchados sobre lo que los afecta.
• Continuar con las existentes o poner en marcha donde no existan estrategias educativas y preventivas en las escuelas mediante coordinación intraescolar e interagencial y una integración de módulos educativos adaptados por edad al currículo regular de clases en escuelas públicas y privadas. La prioridad será el desarrollo de servicios de intervención temprana con familias que estén el alto riesgo de confrontar problemas de violencia o integración social.
• Intercalar durante la programación infantil, y mediante acuerdos con los medios de comunicación, pautas educativas sobre cómo prevenir y denunciar amenazas a su salud física y mental, maltrato, agresión sexual, prostitución infantil, valores universales, equidad de género y educarlos para que conozcan sus derechos.
• Evaluar la efectividad de los programas e iniciativas actuales del Departamento de la Familia dirigidos a fomentar la crianza adecuada y formas de disciplina no maltratantes. Se considerará que la participación en estos talleres no sea voluntaria sino por referidos de las propias agencias, de los Sistemas de Tribunales o de profesionales de ayuda que intervengan con menores o adolescentes en alto riesgo o crisis. La provisión de los talleres estará sujeta a supervisión y rendición de cuentas, de manera que se asegure el uso efectivo y prudente de los recursos que a ese fin se destinen. Se coordinarán también estrategias de intervención en las oficinas del Registro Demográfico al momento de la inscripción de un menor.
• Crear Centros de Crisis para menores en varias regiones del país para casos de maltrato, remoción de hogar, violencia doméstica, abuso sexual, entre otras situaciones, que cuente con intervención transdisciplinaria para atender de forma efectiva e integral la salud mental de los menores envueltos en situaciones que ponen en riesgo su integridad física y estabilidad emocional. Esto incluye dotar de mayores recursos humanos y fiscales al único centro de ayuda existente adscrito al Hospital Regional de Bayamón.
• Hacer cumplir varias leyes promulgadas por nuestra Delegación Legislativa: la Ley 170 que establece nombrar un Psicólogo Escolar en cada escuela, la Ley 149 que restablece el curso de Educación Física en las escuelas, la Ley 49 que establece un curso sobre Gobierno y Derechos Civiles en las escuelas. Presentar nuevamente varios proyectos sometidos en anteriores Asambleas Legislativas para viabilizar que se realicen pruebas de inventario de intereses académicos en las escuelas, educación continua para maestros sobre condiciones de salud que afectan el aprendizaje, la adopción de un Plan Nacional de Centros de Cuido de Niños y Niñas, la creación de un Fondo de Promoción y Salud Escolar, entre otros.
• Revisar la legislación existente y proveer recursos para la prevención efectiva del maltrato, ya que la intervención temprana y la reeducación de los padres reducirá el número de remociones e intervenciones por abuso o maltrato. Serán prioridades las siguientes:
• Evaluar a cabalidad el funcionamiento del Departamento de la Familia, para identificar y atender las causas en el atraso de manejo de casos y referidos; promover mayor eficiencia en los niveles intermedios de supervisión y una fiscalización estricta de todos los recursos asignados.
• Mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores sociales para que puedan cumplir efectivamente con su labor y reevaluar los mecanismos de identificación, intervención y monitoreo de casos para reducir el tiempo de espera en la resolución de los mismos, y establecer la coordinación necesaria con otras agencias o dependencias, como la Administración de Tribunales, para la intervención de las trabajadoras sociales en procesos judiciales y de otro tipo no represente, como hasta ahora, una carga de difícil manejo en términos de tiempo y comparecencias.
• Monitorear rigurosamente los procesos que el Departamento de la Familia ponga en vigor al amparo de la nueva Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, intitulada Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, según enmendada, de manera que se recopilen datos y estadísticas que sirvan para medir su adecuación y facilite, de ser necesario, la revisión periódica y las enmiendas que procedan para garantizar su eficacia.
• Fortalecer el Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud -que atiende menores con impedimentos en la etapa de 0 a 3 años-para que haya una coordinación y transición efectiva de servicios preventivos con los Departamentos de Educación y Familia. En el diseño de políticas públicas preventivas para menores se explorará el sentir y recomendaciones de organizaciones como el Colegio de Nutricionistas, la Academia de Pediatría, el Colegio de Trabajadores Sociales, sicólogos y siquiatras infantiles, demógrafos, salubristas, entre otros, para recibir insumo directo y cooperación de estos profesionales en el desarrollo e implantación de las mismas.
• Asignar mayores recursos económicos a organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios y albergue a menores, y a la par, se aumentará la fiscalización de los hogares sustitutos y de crianza, para que cumplan con parámetros estrictos en torno al bienestar y mejor interés de los menores, particularmente su estabilidad emocional. En las remociones de un menor de su hogar éste/a atravesará un proceso de estabilización emocional en los Centros de Crisis aquí propuestos.
• Crear programas para reducir vulnerabilidad de niños y niñas a enfermedades sexualmente transmisibles mediante estrategias de prevención y educación.
• Dar real cumplimiento a la Carta de Derechos del Niño -Ley 338 del 31 de diciembre de1998-y revisar toda la legislación existente en las agencias que ofrecen servicio a la niñez para evaluar su efectividad y proponer los cambios necesarios mediante la preparación de un Código de la Niñez.
• Retomar el Plan Nacional contra el Maltrato de Menores del Departamento de Familia que incorporó recomendaciones de diversos grupos y profesionales en torno a estrategias preventivas y holística para trabajar con esta problemática.
• Dar seguimiento y diseminar los programas y equipos de apoyo multisectoriales que puedan desplazarse a escuelas, el hogar o la comunidad donde reside un menor identificado tempranamente como de alto riesgo de incurrir en conductas inadecuadas. Los Departamentos de la Familia, Justicia, Educación, Salud, Recreación y Deportes, Trabajo y Salud, a través de ASSMCA, además de los municipios donde resida el menor, participarán de este esfuerzo.
C. PERSONAS DE EDAD AVANZADA
La población de personas de edad avanzada en Puerto Rico ha crecido significativamente. Se estima que para el año 2025 el sector de la población con sesenta años o más representará un 23 por ciento de nuestra población total. La mayoría de ellos viven en el área metropolitana y más de un 40 por ciento vivía bajo condiciones de pobreza. Las personas de edad avanzada necesitan con urgencia mayores y mejores servicios de salud, de cuidado diurno y residencial, acceso a medicamentos, una especial atención a los problemas de violencia que sufren, mayor estabilidad económica al momento de su retiro o vejez y mejorar su calidad de vida. Durante años no se han asignado los recursos necesarios ni se han articulado políticas adecuadas a corto, mediano y largo plazo para atender las demandas y necesidades que tiene este sector poblacional. Incluso la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (eliminada por la administración Fortuño y que el PIP propone restablecer) recibía una exigua asignación de fondos estatales dependiendo mayormente de fondos y propuestas federales para ofrecer sus servicios a esta población.
De otra parte, predomina una concepción equivocada en nuestra sociedad de que envejecer es sinónimo de aislamiento, improductividad e inutilidad, en contraste con la gran aportación que continua haciendo este sector poblacional, en términos económicos (por aquellos que continúan trabajando después de su retiro para complementar sus reducidos ingresos), en términos sociales (por el apoyo que éstos ofrecen a sus hijos/as en el cuido de nietos/as, en gestiones personales y ayuda en el pago de deudas y por los servicios voluntarios que ofrecen en múltiples organizaciones no gubernamentales), y en términos educativos (como tutores, consejeros y abuelos/as sustitutos de menores removidos), entre otros.
A pesar de su importancia para nuestra sociedad, el país ha desarrollado un clima de hostilidad hacia las personas de edad avanzada, haciéndolos altamente vulnerables al maltrato, a la pobreza, al fraude, al crimen, al aislamiento social por no contar con métodos confiables de transporte, a padecer de enfermedades prevenibles por el pobre acceso a servicios de salud, recreación, vivienda, entre otras. Es indispensable que se actúe con premura para eliminar toda forma de discrimen contra este sector, garantizarles el pleno disfrute de sus derechos humanos, una autoimagen saludable y promover medidas que los ayuden, de acuerdo a sus posibilidades, a mantener la mayor independencia física, económica, mental y emocional.
Para este sector poblacional el PIP propone:
• Restablecer la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada y dotarla de los recursos económicos y humanos necesarios para enfrentar de forma planificada la explosión demográfica en el país de manera que pueda identificar y atender las necesidades particulares de esta población.
• Recopilar investigaciones gubernamentales y académicas sobre esta población que nos permitan llevar a cabo una campaña educativa a través de los medios masivos sobre las etapas de la vida y el cambio demográfico y generacional, eliminar toda forma de discriminación contra las personas de edad avanzada, promover el disfrute pleno de sus derechos, y la importancia de conservar la salud física y mental, incluyendo que no sean víctima de maltrato, violencia o fraude.
• Organizar un Plan Nacional Integrado de Actividades y Proyectos para Personas de Edad Avanzada que contribuyan a que esta población se mantenga activa y en la manera que sea posible productiva a través de trabajos a tiempo parcial o del voluntariado, tenga una autoimagen saludable y que no estén impedidos físicamente de tener mayor independencia física, económica, mental y emocional.
• Proveer, a través de los municipios, de la Procuraduría y del Departamento de Recreación y Departes, servicios recreativos y de actividades deportivas para las personas de edad avanzada con el propósito de mantener a esa población activa y saludable.
• Diseñar una Tarjeta Única de Descuentos para hacer uso de medios de transporte, disfrutar de espectáculos, actividades de recreación y educativas similar a la utilizada por estudiantes en otras jurisdicciones del mundo que le permiten tener acceso a diversas actividades y programas, pero minimizando el perjuicio a los productores de actividades y espectáculos.
• Promover que se tome conocimiento de las necesidades particulares de este sector y de los cambios poblacionales a la hora de articular políticas públicas y en la toma de decisiones en agencias, tales como, ARPE, la Junta de Planificación, los Departamentos de Vivienda, Salud, y Familia, y en los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios.
• Promover la construcción de cooperativas de vivienda, facilidades de salud comunitaria y de servicios sociales integrados para personas de edad avanzada, dando especial atención a aquellos que no cuentan con hijos, familiares cercanos o a los cuales humanamente se les dificulta atender a sus padres.
• Proveer subsidios y descuentos especiales en la compra de medicamentos promoviendo acuerdos gubernamentales con las farmacéuticas establecidas en la isla, que a pesar de contar con numerosas exenciones contributivas y de producir aquí una gran cantidad de los medicamentos más utilizados por los envejecidas puertorriqueños/as se nos venden a precios exorbitantes.
• Hacer cumplir de forma enérgica las disposiciones de centros de cuidado diurno y residencial relativas a la supervisión, evaluación y licenciamiento aumentando el número de inspecciones y creando un reglamento uniforme para el uso de todas las agencias reguladoras.
• Aumentar los servicios de transportación asistida, acompañantes y amas de llave y apoyar organizaciones comunitarias que ofrezcan servicios de respiro a familias.
• Evaluar el impacto que han tenido los cambios en los servicios de salud a raíz de la implantación de la Reforma de Salud, las enmiendas al Medicare, y la nueva legislación federal sobre seguros de salud, y tomar medidas a corto, mediano y largo plazo para cerrar cualquier brecha o desfase en el ofrecimiento de servicios.
• Promover el cumplimiento de la Ley 17 del 23 de enero de 2006 (de nuestra Delegación Legislativa) que establece la preferencia en la otorgación de empleos para personas de edad avanzada que no han completado los trimestres necesarios para recibir su seguro social.
• Promover cambios al ordenamiento existente para dar protección a aquellos cónyuges que, al afrontar su viudez, sólo cuentan con una protección mínima en cuanto a la vivienda adquirida con su pareja.
• Establecer que las agencias y municipios tendrán la obligación de orientar a sus empleados sobre la importancia de planificar con tiempo planes de retiro y ahorro para la jubilación, manejo de presupuesto y procesos de ajuste en la etapa de jubilación.
• Se coordinarán alianzas con la empresa privada y con organizaciones de base comunitaria y de Fe en áreas como: aprovisionamiento de comidas calientes a quienes lo necesiten, reparación de daños o modificaciones en sus viviendas, arreglos menores de plomería, electricidad, filtraciones, enseres, entre otros.
• Se tomarán las medidas pertinentes para atajar el déficit previsto en los sistemas de retiro de empleados de gobierno, generado por décadas de pésima administración, y se establecerán mecanismos de supervisión y fiscalización para evitar que esta crisis se continúe repitiendo.
• Promover la educación de profesionales relacionados a la geriatría y gerontología mediante acuerdos con instituciones académicas, otorgación de becas o incentivos a investigaciones.
D. PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
La población con impedimentos es sin duda alguna uno de los sectores que ha sido víctima de numerosas prácticas de exclusión social. Aunque el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos está contemplado en muchas de nuestras leyes y reglamentos, en la práctica ésto no ha podido traducirse en servicios y programas de gobierno efectivos y en prácticas ciudadanas que fomenten la inclusión de las personas con impedimentos, sin importar sus limitaciones, y respetando siempre la diversidad. En ese sentido urge dar fiel cumplimiento a la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. Esta ley de la autoría de nuestra Delegación Legislativa dispone el marco filosófico que debe guiar la integración plena o inclusión de las personas con impedimentos a nuestra sociedad y las responsabilidades que le competen al Estado y a la sociedad en general sobre este particular.
Lamentablemente, en cada informe anual que mandata la Ley 238 a la Procuraduría de las Personas con Impedimentos surge el reclamo de la falta de asignación de recursos económicos a esta agencia para poder cumplir con los propósitos de la ley, denotando la falta de comprensión e insensibilidad que tienen los gobiernos que se han turnado en el poder sobre las necesidades particulares y legítimas de este importante sector social. De hecho, las personas con discapacidades constituyen casi un millón de personas, una cuarta parte de nuestra población total. Este dato pone en entredicho nuevamente la capacidad de los pasados gobiernos en identificar las necesidades y distribuir los recursos presupuestarios de forma efectiva.
Las propuestas del Partido Independentista Puertorriqueño en esta materia son:
o Debe revisarse la efectividad de la política social promulgada en beneficio de las personas con impedimentos para determinar cuán satisfactorios y efectivos son los programas y servicios existentes y sus limitaciones para los diversos fragmentos de esta población (niñez, juventud, adultez). Al presente existen problemas de coordinación interagencial que se constituyen en obstáculos al buen funcionamiento de estos servicios y programas. También existen organizaciones diversas que brindan servicios con exitosos resultados que se ven impedidas de continuar sus esfuerzos por falta de recursos económicos lo que debe remediarse. En esa dirección, la Ley 238 del 31 de agosto de 2004 -Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos-tiene que ser el instrumento rector de las aspiraciones individuales y colectivas de las personas con impedimentos y de una política gubernamental integrada en agencias, corporaciones públicas y municipios en alianza con organizaciones con esfuerzos y servicios exitosos que resultan ser inclusivos de este sector.
o La Procuraduría de las Personas con Impedimentos debe dar prioridad a la disposición contemplada por la Ley 238 de realizar un Censo Nacional de las Personas con Impedimentos que recoja la mayor información disponible de este sector para formular Política Pública a tono con sus necesidades.
o Se asignarán recursos para llevar a cabo una campaña masiva en los medios de comunicación, en las escuelas, comunidades y espacios del sector privado (como centros de trabajo) para educar y sensibilizar a la comunidad acerca de cómo fomentar la inclusión de este sector, el respeto a la diversidad y prácticas solidarias con los que nos rodean. Se extenderá este esfuerzo a todo el personal docente, oficinesco y administrativo del Departamento de Educación, etapa temprana donde se interviene con esta población en el área de educación especial, según establecía por una legislación de nuestra Delegación aprobada unánimemente por la Legislatura y vetada por el Ejecutivo. Se harán gestiones similares en los recintos e instituciones a nivel universitario para facilitar la adaptación, la transición y los acondicionamientos razonables requeridos por los estudiantes con impedimentos.
o Devolver a la Procuraduría de Personas con Impedimentos sus facultades legales y ampliarlas así como a organizaciones que brindan servicios a esta población a nivel comunitario, particularmente a las que promueven su mayor independencia y calidad de vida. Presentar nuevamente una medida legislativa radicada anteriormente por Nuestra Delegación Legislativa para aumentar el máximo de la cuantía de multas administrativas que impone el Procurador de $500 hasta $5,000, que ingresarían a un Fondo Monetario para el Desarrollo de las Personas con Discapacidades, para propósitos como campañas educativas, desarrollo y adquisición de tecnología, proveer experiencias de empleo, y otros.
o Organizar un Plan Integrado de Actividades y Proyectos con la participación de diversas agencias y municipios que permita una coordinación costo-efectiva de los esfuerzos y que contribuya a que mantengan su mayor independencia física, mental y emocional. Este esfuerzo debe ser integrado a los Planes Estratégicos de Servicios que mandata la Ley 238.
o Crear un Catálogo de Servicios de Agencias Gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a esta población, que esté accesible por Internet en diversos formatos, para que se conozca y haga uso efectivo de los programas y servicios existentes. Esto nos ayudará también a identificar aquellas áreas débiles o necesitadas de acción gubernamental para hacer los ajustes correspondientes ya que al presente los servicios están centralizados en el área metropolitana dificultando el acceso de personas de otras regiones. En la medida en que los Municipios y agencias desarrollen sus planes estratégicos debe aspirarse a una regionalización de los servicios para aumentar mayor acceso a los mismos.
o Se crearán alianzas con la empresa privada para promover programas e iniciativas de respiro a través de organizaciones comunitarias con peritaje en esta población, particularmente para personas con impedimentos moderados o severos, con especial atención a personas con impedimentos mayores de 21 años que quedan en un limbo al salir del Departamento de Educación.
o En el renglón de asistencia tecnológica, se estimulará la divulgación de leyes, reglamentos y derechos relacionados a la disponibilidad de tecnología adaptada a los distintos impedimentos mediante alianzas con organizaciones que brindan servicios a esta población.
o Se establecerá mediante legislación que en los requisitos de educación continua de diversos profesionales (enfermeras, consejeras de rehabilitación vocacional, psiquiatras, psicólogos, maestros, policías, bomberos, terapistas, médicos) se incorpore un taller educativo sobre asistencia tecnológica para que estos se conviertan en instrumentos de orientación adicionales para una persona con impedimento.
o Se promoverá la efectividad de la asistencia tecnológica en la vida de una persona con impedimento mediante campañas periódicas de servicio público en los medios de comunicación, estableciendo que las agencias concernidas destinen partidas presupuestarias específicas para tal propósito e integrando a los Planes Estratégicos de los Municipios la necesidad de orientar al público sobre este particular.
o Se destinará un por ciento de los recaudos por multas a patronos del Fondo de Seguridad y Salud en el Empleo, creado por la Ley 281 del 19 de diciembre de 2001 de la autoría de nuestra Delegación Legislativa, para crear un Fondo Nacional para la Adquisición y Financiamiento de Equipos de Asistencia Tecnológica.
o Se promoverá el debido funcionamiento de un Banco de Reciclaje y Reúso de Equipos de AT a tono con el mandato de la Ley 3 del 1 de febrero de 2007 y se reconocerán posibles aportaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para nutrir el mismo.
o Se creará un registro de personas mayores de 21 años no escolarizadas y que no cualifican según los criterios de la Administración de Rehabilitación Vocacional para recibir servicios de adiestramiento en empleo, para determinar sus necesidades y elaborar planes concretos de servicios especializados. Dicha tarea se hará en coordinación con OPPI y entidades como el Programa de Asistencia Tecnológica y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, entre otras.
o Explorar las oportunidades que representa el trabajo a distancia para personas con impedimentos como una alternativa viable de empleo que ha sido utilizada con éxito en otras jurisdicciones tanto para esta población como para la que no tiene impedimentos. De la mano con este esfuerzo se hará una campaña de orientación a patronos sobre el potencial y conveniencia de contratar a esta población, las disposiciones legales en torno a acomodo razonable, y se coordinarán esfuerzos con entidades gubernamentales y privadas que promueven el cooperativismo para explorar posibilidades de microempresas como opción viable de empleo.
o Ampliar el acceso y la disponibilidad a nivel nacional de servicios de transportación adaptados, con programas similares a Llame y Viaje mediante acuerdos con los Municipios y fomentando la integración de los medios de transporte en el área metropolitana como la AMA, Metrobús, el Tren Urbano, 'Trolleys' Municipales, guaguas públicas, el Acuaexpreso y los sistemas proyectados. Esto incluye que la AMA revise y repare aquellos autobuses que confrontan problemas con las rampas y accesos.
o Hacer cumplir las leyes que mandaten la eliminación de barreras arquitectónicas y velar porque en la reglamentación de la Junta de Planificación y los Planes de Ordenamiento Territorial se consideren las necesidades de esta población sobre el uso de terrenos y códigos de construcción, para que se tome en cuenta tanto la accesibilidad de personas con impedimentos, como un diseño y distribución universal de los espacios internos en diversas estructuras o lugares de convivencia o esparcimiento.
o Coordinar con los consorcios municipales y aportaciones de la empresa privada actividades recreativas y campamentos de verano especialmente diseñados para personas con impedimentos.
o Crear subsidios especiales para la compra de medicamentos en negociación con las farmacéuticas establecidas en el país.
o Promover que se adapte un diseño universal en la construcción de vivienda.
o Hacer cumplir las disposiciones relativas a cuido, supervisión y licenciamiento de centros de cuido diurno y residencial y hacer uniforme la reglamentación aplicable en todas las agencias reguladoras.
o Investigar el cumplimiento de varias leyes de la Delegación del PIP en Cámara y Senado: Ley 20 de 1 de agosto de 2004, ordena al Departamento de Educación tener en las escuelas públicas teléfonos para uso de las personas con problemas auditivos, conocidos como "TTY"; Ley 355 de 16 de septiembre de 2004 -enmienda Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985- agrega normas que protejan, defiendan y salvaguarden los derechos de las personas con impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de esta Ley como ha ocurrido en los Estados Unidos; Ley 30 de 8 de enero de 2004, "Ley para Establecer los Parámetros Tarifarios del Tren Urbano", otorga una tarifa especial a personas con impedimentos, de edad avanzada y estudiantes; Ley 163 de 14 de diciembre de 2001-enmienda la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942- "Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico", brinda alquileres de bajo costo en sus instalaciones industriales para organizaciones sin fines de lucro que establezcan emprendimientos cuyos empleados deberán ser, en su mayoría, personas con impedimentos; Ley 77 de 14 de agosto de 1997 -enmienda la Ley Núm. 21 del 20 de mayo de 1987- para evitar la construcción de estructuras permanente para obstaculizar el tránsito por calles cerradas para implantar controles de acceso.
o Revisar las disposiciones referentes a los espacios de estacionamiento para impedidos de la Ley de Vehículos y Tránsito en relación a la asignación de espacios, renovación y condiciones de salud que cualifican. Además deberá fiscalizarse por la Policía de Puerto Rico el uso indiscriminado de la identificación de persona con impedimento en los autos cuando el mismo es usado por familiares sin que esté presente la persona con discapacidad.
o Insistir en la aprobación de dos proyectos de nuestra Delegación para incluir el lenguaje de señas en el currículo a nivel elemental para evitar la segregación y fomentar la solidaridad entre pares (este proyecto fue aprobado por la Legislatura y vetado por el Gobernador); y para otorgar incentivos salariales a maestros que se certifiquen como conocedores o maestros de lenguaje de señas.
E. JUVENTUD
La juventud puertorriqueña es el sector más duramente castigado por la violencia que reina en el país. Más de la mitad de los homicidios reportados cuentan como víctimas a menores de treinta años; Puerto Rico figura entre las naciones con tasas más elevadas de homicidios entre los jóvenes de 15 a 29 años por unidad de población. Un 48 por ciento de la población penal está compuesta por jóvenes, entre los 16 y 29 años de edad, y se ha reportado que el 76% de los confinados, al momento de cometer delito, está desempleado, el nivel promedio de escolaridad es de cuarto grado escolar y que un 92 por ciento ha sido usuarios de drogas (aunque no todos padezcan de adicción).
A este escenario desolador hay que añadir la desesperanza de los más jóvenes ante un país que no logra articular respuestas al deterioro social, la estrechez económica, el reino del narcotráfico y la violencia a todos los niveles. Sin embargo, recientemente tuvimos la oportunidad de ser testigos de cómo jóvenes universitarios dieron cátedra al país de su convicción de defender una educación universitaria participativa y de oportunidades para todos los sectores. Estos jóvenes utilizaron su inteligencia y capacidad creativa al explotar métodos novedosos de comunicación interna y externa, de organizarse y además fueron víctimas de todo tipo de abuso institucional policiaco. Aunque por diversas razones no prevalecieron a corto plazo en su reclamo, lograron transmitir esperanza al país que hay una juventud capacitada, comprometida y dispuesta al sacrificio para lograr una educación equitativa y por ende un país más justo para todos y todas.
Para hacer realidad la aspiración de las generaciones más entradas en edad, de legarle a nuestra juventud un país con futuro menos sombrío, presentamos las siguientes propuestas:
1. JÓVENES EN EDAD ESCOLAR
La frustración ante las políticas mal orientadas o inefectivas de un gobierno que no le presta a los jóvenes la atención que requieren, la poca pertinencia que parea muchos de ellos tiene el sistema escolar, y las deficiencias crecientes en el aspecto psicológico, motivacional y familiar, conduce a una cantidad importante de jóvenes a la deserción escolar o a exhibir comportamientos sociales delictivos. Por estas razones el PIP se compromete a:
Iniciar una verdadera reforma educativa, la cual se analiza detalladamente en la parte de este Programa que discute el tema de Educación. Dicha reforma debe estar dirigida a lograr
1. que la educación responda a las necesidades individuales de cada estudiante. Éste debe poder jugar un rol participativo y decisional en lo que respecta a la orientación de su futuro educativo en temas tales como las materias que tomará, si sus estudios estarán concentrados hacia las artes, deportes, estudios vocacionales u otras alternativas. Para esto los salones o unidades de enseñanza deben contar con una razón adecuada de profesores a estudiantes,
2. la ampliación de las opciones educativas vocacionales construyendo o reorganizando escuelas para ampliar la oferta de cursos prácticos a tenor con la realidad del mercado de empleo y los avances tecnológicos,
3. que se provean opciones alternas a la escuela tradicional para los/as desertores/as escolares de forma tal que puedan encontrar maneras de adquirir destrezas educativas y vocacionales. Por lo general, los/as desertores/as escolares no desean regresar a la escuela por lo que necesitan otras alternativas para continuar su educación. Esta medida ayudaría a prevenir que estos menores incurran en conductas de alto riesgo dañinas para el/la joven, su familia y su comunidad. Se han configurado al presente algunos esfuerzos en esa dirección que, ante ciertos señalamientos, deben ser estrictamente evaluados y estructurados. Es indispensable que se ayude tempranamente a las familias cuando comienzan a confrontar problemas de conducta con sus adolescentes o exhiben éstos factores de riesgo mediante el desarrollo de servicios de intervención multidisciplinaria. Para lograr esto, los Departamentos de la Familia y Educación tendrán que trazar estrategias coordinadas,
4. Que se constituyan comités de trabajo multisectoriales que evalúen los factores relacionados a la violencia escolar y que desarrollen intervenciones en escuelas, mediante proyectos pilotos y sujetos a continua evaluación, que consideren las necesidades particulares de cada plantel,
5. El enriquecimiento del currículo mediante la integración de programas de bellas artes y de educación física, tan abandonados por las recientes admnistraciones.
6. La implantación de programas en horario escolar extendido que incluyan la promoción de actividades deportivas, artísticas y de servicios comunitario que conviertan a las escuelas y a las organizaciones comunitarias en recursos que promuevan el que los jóvenes se mantengan en actividades sanas y dirigidas al fortalecimiento de su desarrollo valorativo, social y emocional,
7. El desarrollo de un programa de apoyo multidisciplinario para intervenir con jóvenes en alto riesgo o identificados con problemas de conducta, que asuma los distintos escenarios en que se desenvuelven (escuela, hogar, comunidad) y que recabe el apoyo de profesionales especializados en las diversas agencias gubernamentales, tomando siempre en consideración programas o iniciativas innovadoras y efectivas ya experimentadas,
8. El establecimiento de programas de verano educativos y de interés para la juventud, que contribuyan a la formación integral del estudiante y al fortalecimiento de sus valores morales y sociales.
9. Promover la participación activa e integración de los estudiantes en los procesos organizativos, sociales y decisionales que afectan su educación y desarrollo individual. Para esto es menester:
A. Introducir legislación donde se establezca el derecho del estudiantado de escuela superior a organizarse en consejos de estudiantes con el propósito de ampliar, conjuntamente con los maestros y los padres, la participación de los estudiantes en las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, y como mecanismo de desarrollar destrezas de liderato.
B. Incentivar actividades relacionadas al arte, tanto en las escuelas como en las comunidades: estableciendo programas de teatro, música, artesanía y otras artes liberales en éstas y promoviendo y apoyando las iniciativas comunales donde se utiliza el arte como mecanismo de integración social, toma de conciencia y de compromiso social de cada individuo, además de como fuente de promoción para la salud integral para el pueblo.
C. Promover la participación e integración de figuras destacadas en las distintas áreas del deporte para que participen de clínicas dirigidas a los jóvenes, motivándolos a ver en el deporte, una vía de recreación y superación.
D. Estimular la creación o disponibilidad de empleos para jóvenes, en el sector público y en el privado, durante los períodos de receso escolar, o durante el año escolar en horas en que los jóvenes están fuera de la escuela y sujetos a supervisión mínima. Se promoverá el desarrollo de programas de estudio y trabajo similares a los que se les proveen a los estudiantes en las universidades. Áreas de trabajo podrían ser la biblioteca, el comedor escolar, mantenimiento de equipo deportivo, técnico de computadoras u otros equipos electrónicos, empleos de tutores, etc. Se fomentarán además proyectos innovadores dirigidos a que los jóvenes aprendan a desenvolverse económicamente y que desarrollen responsabilidad, buena organización del tiempo, puntualidad, entre otras.
E. Asegurar la participación de la juventud en la lucha contra la criminalidad. A esos efectos, tendrá una participación activa y destacada en las actividades de las asociaciones vecinales que se promoverán como parte de los esfuerzos de prevención de la criminalidad tales como actividades deportivas, sociales y culturales en las comunidades y urbanizaciones del país.
F. Incentivar la educación en salud y desarrollar programas de prevención y ayuda al joven estudiante, áreas que carecen de un plan eficiente y apropiado para asegurar el desenvolvimiento integral y armonioso del estudiante en su plano educativo, social y familiar. Estos programas deben además, fomentar y facilitar la integración de los jóvenes en los procesos sociales que les incumben, promoviendo su salud integral y ayudando a prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados. Para lograr esto, el Partido Independentista Puertorriqueño propone:
a) Establecer programas educativos para el desarrollo de una sexualidad sana y responsable, donde se integre a la familia, el estudiante, el personal escolar y la comunidad. El enfoque de dichos programas debe ser abarcador, firme e integral a fin de prevenir los embarazos en adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Estos programas, enfocados en la prevención en todas sus vertientes, serán ofrecidos atemperándose a las distintas etapas de desarrollo, tanto físico como mental, de los jóvenes, pero ciertamente comenzarán a ofrecerse a edad temprana.
b) Apoyar económica y organizativamente proyectos escolares y comunitarios dirigidos a trabajar con: la prevención del VIH/SIDA, así como de otras enfermedades de transmisión sexual; prevención y tratamiento de la anorexia y la bulimia; prevención del uso y abuso de drogas y prevención de suicidios, cuya tasa ha ido en constante aumento, haciendo uso de estrategias que apelen a esta población.
c) Aumentar los servicios de acompañantes y amas de llave para atender los niños y niñas con necesidades especiales. Además, establecer y apoyar organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de apoyo a las familias que tienen niños y niñas con necesidades especiales con el objetivo de que éstas puedan contar con personal que los sustituya en el cuidado de sus niños (Programas de Respiro).
d) Velar por el cumplimiento cabal de la Ley 170, la creación escalonada de plazas de psicólogos escolares en las escuelas públicas, ajustándolas periódicamente a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad escolar. Los psicólogos escolares son un pilar integral para la conservación y desarrollo de la salud mental de los estudiantes, padres y maestros.
2. JÓVENES EN EDAD UNIVERSITARIA
La Universidad debe ser instrumento de formación de profesionales comprometidos con su país; la Universidad de Puerto Rico no debe estar sujeta a directrices o intereses que responden primariamente al mandato político de turno. Se hace necesario encarrilar la educación universitaria como instrumento de los jóvenes para aportar el máximo de su potencial y capacidades a su país y al bienestar general, y no meramente como un fin de obtener un empleo bien remunerado o satisfacciones individuales. Durante los últimos años el alza en los costos y cuotas de matrícula, la imposición de cuotas especiales para sumado al aumento en los precios del hospedaje, el agua, la luz, libros, transportación, materiales, etc., han transformado la carrera universitaria en una extremadamente onerosa que ha provocado el aumento de las deudas estudiantiles, a la vez que ha desincentivado y desanimado al joven que decide continuar con sus estudios.
Como una forma de lidiar con esta problemática y romper con los esquemas ya establecidos, el PIP propone:
1. Constituir una nueva Ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico que garantice:
2. Aumento en la participación estudiantil en la dirección de la Universidad (Ej.: Junta de Síndicos), en condiciones de igualdad con los administradores académicos, la facultad y el personal no docente.
3. Injerencia en el proceso de decisión, evaluación y selección de los miembros de las juntas directoras del Sistema Universitario (Ej.: Junta de Síndicos), ya sea por votación directa o por representación en igualdad de condiciones con los demás miembros de tales juntas.
4. Revisión periódica obligatoria de los currículos, con participación directa y sustancial de la comunidad estudiantil.
5. Una matrícula justa y proporcional, que se ajuste al nivel de ingresos y capacidad de pago del estudiante, para asegurar el acceso de todos al sistema universitario sin que medien consideraciones económicas.
6. Expandir los programas de estudio y trabajo y sus remuneraciones de manera escalonada, estableciendo como prioridad que se otorgue la mayor cantidad de plazas de empleo posibles a los estudiantes de cada Recinto.
7. Promover un ambiente adecuado, ameno y saludable para el estudio dentro y fuera de la Universidad, que tenga como objetivo conservar y mejorar la salud física y mental del universitario, además de asegurar su permanencia en la universidad e incentivar la continuación de sus estudios. Para esto es necesario:
8. Reducir el hacinamiento de automóviles y escasez de estacionamientos en los Recintos de la isla, creando legislación para establecer tarifas preferenciales para el uso de trasporte público a los jóvenes universitarios.
9. Habilitar estacionamientos alternos cercanos a los Recintos, con transportación colectiva gratuita entre éstos.
10. Establecer servicios específicos, incluyendo hogares hospedajes, para la población de jóvenes residentes en hogares de crianza o sustitutos que han cumplido los 18 años y que por ello no cualifican para seguir bajo la tutela del Departamento de la Familia.
11. Clarificar y fortalecer mediante la revisión profunda y orientada de la legislación que establece el sistema de servicios de promoción de salud integral, disponible para jóvenes entre los 18 y 21 años de edad que, por ello, no cualifican para seguir bajo la custodia del Departamento de la Familia, ni cualifican para recibir ayudas económicas ni para vivienda pública. El "limbo" sistémico en la provisión de servicios a esta población los ubica en una posición vulnerable y de alto riesgo para exhibir comportamientos sociales delictivos (como integrarse a la economía subterránea del trasiego de drogas) o comportamientos que pueden ir en deterioro de su salud y bienestar pleno.
3. JÓVENES ADULTOS Y PROFESIONALES
Los jóvenes adultos y profesionales constituyen el sector económico y productivo con mayor importancia de un país. Ellos son el resultado palpable de años, dinero y esfuerzo invertido, tanto del Gobierno como de los propios individuos, en el desarrollo de nuestro capital humano. Puerto Rico se distingue por la cantidad de profesionales y trabajadores diestros que instruye y prepara. Sin embargo, nuestro sistema económico y político en extremo obsoleto, ha impedido el desarrollo de nuestros jóvenes adultos y la utilización apropiada de tan significativo recurso. No estamos creando la cantidad de empleos suficientes para satisfacer las necesidades de este grupo y muchas de las empresas existentes requieren que los jóvenes tengan experiencia antes de poder brindarles empleo.
El desempleo entre jóvenes y la fuga de talento drenan a nuestro país de su más importante recurso. Para atender las urgentes necesidades de este sector, el PIP propone:
1. Combatir toda propuesta (como la presentada por funcionarios de la Reserva Federal de reducir el salario mínimo para los menores de 25 años) de limitar los derechos laborales de los trabajadores más jóvenes.
2. Establecer incentivos contributivos a compañías que empleen jóvenes recién egresados de la Universidad con el objetivo primario de reducir el desempleo. Al presente existe legislación, Ley 81 del 26 de agosto de 2005, que dispone la promoción de empleos para jóvenes de 16 a 24 años y personas que no han tenido una experiencia de empleo mediante el Fondo de Oportunidades de Trabajo que crea la Ley de Seguridad en el Empleo de 1956, cuyo cumplimiento y funcionamiento habrá de evaluarse para asegurar su efectividad.
3. Proveer apoyo técnico, financiero y contributivo mediante legislación y programas especiales para iniciativas empresariales de jóvenes o para empresas que empleen principalmente jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, con el objetivo de enfrentar efectivamente el elevado nivel de desempleo prevaleciente en este renglón de la juventud.
4. Implantar programas de orientación sobre formas eficaces de ahorro y manejo de los ingresos para incentivar el ahorro y los planes de retiro.
5. Instituir mecanismos eficaces y libres de obstáculos innecesarios para promover el desarrollo responsable del crédito individual.
6. Crear empleos incentivando coaliciones entre jóvenes profesionales, estudiantes y universidades privadas y públicas para establecer centros de investigación y desarrollo estimulados por el Estado para beneficio nacional e internacional.
4. PARA TODOS LOS JÓVENES
El Partido Independentista Puertorriqueño se compromete firmemente con jóvenes de todas las edades de nuestro país. Nuestra misión es brindarle a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida en todas sus variantes, para de esa forma asegurar el total desarrollo de nuestros jóvenes y su preparación integral para los retos y obstáculos del presente y el futuro. Por esta razón, además de lo expuesto anteriormente, el PIP:
1. Ampliará la oferta de becas nacionales estudiantiles a jóvenes destacados en las artes, los deportes y las materias vocacionales.
2. Establecerá mediante legislación entrada gratuita o a un costo nominal a museos, reservas naturales, parques nacionales u otros lugares de alto interés educativo a todos los jóvenes de hasta 21 años de edad.
3. Reformará el sistema de justicia juvenil para garantizar la rehabilitación eficaz de los jóvenes que incurren en conducta antisocial. Es preciso dotar el sistema de suficientes recursos económicos, de recursos humanos debidamente adiestrados y re-adiestrados, y de instalaciones físicas adecuadas.
4. Dará especial atención a los jóvenes que evidencien problemas de aprendizaje de manera que se les ayude a vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y se motiven a continuar desarrollando sus destrezas.
5. Promoverá que en cada municipio del país se establezca una Junta Ciudadana Asesora de Asuntos de la Juventud, en las que participen jóvenes destacados de la escuela, la universidad, actividades deportivas y culturales, y en organizaciones sociales. Estas Juntas asesorarán al Gobierno municipal en cuanto a las necesidades de la juventud y los programas dirigidos a satisfacer dichas necesidades.
6. Constituirá la Junta Nacional Asesora de Asuntos de la Juventud, integrada por representantes de las Juntas Ciudadanas de Asuntos de la Juventud, para asesorar al Gobierno de Puerto Rico en cuanto a las necesidades de la juventud y los programas dirigidos a satisfacer dichas necesidades.
II. SEGURIDAD
La extensión de la violencia en Puerto Rico –tiroteos en lugares públicos a plena luz del día, muertes de inocentes, incluyendo niños y jóvenes, las luchas descarnadas por el control de los puntos de droga—han creado un sentido de inseguridad sin precedentes en nuestro país. La delincuencia se ha apoderado de los espacios públicos y las familias viven en continua angustia. Si algo queda claro con las terribles estadísticas (26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, según un informe de las Naciones Unidas, un promedio de 2.59 asesinatos cada día según el gobierno, sumado ésto a miles de incidentes anuales de agresión, robo, y otros delitos contra la persona y la propiedad) es que las estrategias que hasta ahora se han ensayado, han fracasado estrepitosamente. Las administraciones de los dos partidos que han compartido el poder han fallado en visualizar la violencia y el crimen como un fenómeno multifactorial y complejo, que responde a diversas causas y a procesos históricos, sociales, políticos y económicos. La propuesta para limitar el derecho a la fianza es otra muestra de cómo la desesperación y el deseo de llevar falsas representaciones al país son las guías en el desarrollo de las políticas gubernamentales en el área de seguridad.
Las raíces del crimen y la violencia están en la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, el fomento a la dependencia, al ocio y al consumismo desenfrenado, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras. A falta de un cambio paradigmático para atender esos males, se siguen reproduciendo los estímulos sociales que resultan en comportamientos inadecuados en prácticamente todas las instancias e instituciones. Por eso el PIP propone un enfoque integral al problema criminal que trabaje preventivamente con las causas pero que, a la vez, atienda sus efectos inmediatos y presentes. Creemos que urge promover y educar sobre una cultura de paz desde la edad temprana, en la que el diálogo y la negociación sean las estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos y previniendo actitudes violentas y criminales en el futuro. Es momento de modificar el enfoque mediante el cual se han dedicado la mayor parte de los recursos humanos y fiscales a estrategias de corte punitivo y remedial -entiéndase más cárceles, policías, operativos cuasi militares, salas de justicia, vigilancia electrónica – a pesar de que han demostrado no ser efectivas para disuadir conductas violentas o para evitar la incidencia criminal.
En el Partido Independentista Puertorriqueño estamos convencidos de que mientras el país continúe aferrado a iniciativas fracasadas, no hay razón para esperar una merma en la incidencia criminal. De la misma manera, creemos que en muchos temas, pero en éste de manera principalísima, se impone como punto obligado de partida un acuerdo entre sectores políticos y cívicos, con un compromiso para apoyar aquellas iniciativas que, no importa quién las genere, representen un consenso mínimo que se le pueda ofrecer al país, y reconociendo que las raíces del comportamiento criminal son extensas y complejas, abarcando entre otros factores, la educación, la marginación y el consumerismo.
Proponemos como partida para ese consenso las siguientes ideas, algunas de las cuales han sido promovidas por el PIP durante mucho tiempo, pero sobre todo, animamos a las demás instituciones políticas a hacer una revisión concienzuda de lo que han sido las experiencias de gobierno bajo distintas administraciones y de las ideas que han articulado distintos sectores, de manera que encontremos los puntos en los que podemos coincidir, conscientes de que la lucha contra el crimen requiere de medidas a largo plazo, cuyos frutos quizás no coseche quien inicie su puesta en marcha.
Por tratarse la seguridad de un tema que debe ser atendido en cada etapa, con estrategias particulares, incluimos medidas preventivas, remediales y de control.
A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La prevención es de vital importancia y con propósito dual porque evita el costo social del mal que logra evitar tempranamente y requiere de la inversión de menos recursos en comparación a los que se invierten a largo plazo en medidas remediales.
1. Hay que alterar dramáticamente el acercamiento al problema de la adicción a las drogas pues su uso y trasiego son el detonante de un 80% de los delitos violentos que se cometen en nuestro país. Las guerras por controlar los puntos de distribución de drogas, los vínculos entre la economía formal e informal (narcotráfico) para mantener vivo este negocio millonario, y las actividades al margen de la ley a las que tienen que recurrir muchos fármaco-dependientes constituyen los diversos ángulos que se verían trastocados si el Gobierno asume un enfoque Salubrista a este problema como ha predicado el PIP hace décadas. Miles de familias recuperarían, a su vez, la tranquilidad de no ver a sus hijos o familiares fallecer a causa de sus vínculos con este mal. (Véase la Sección de Adicción a Drogas).
2. Hay que articular una nueva política económica orientada hacia vencer el estancamiento económico y la pobreza, que se ha acentuado aún más con los despidos, las políticas de imposición de impuestos a la clase asalariada y la recesión económica que vive nuestro país. Hay que reducir el desempleo y el ocio y lograr que se satisfagan las expectativas y necesidades ciudadanas de formas dignas y honradas. En la Sección de Desarrollo Económico se propone un nuevo modelo de desarrollo económico para el país que fomente la generación de empleos y que integre al sector actualmente marginado de la fuerza laboral, que constituye terreno fértil para el crimen y la droga.
3. Hay que atender las deficiencias del sistema educativo desarrollando valores conducentes a una mejor convivencia social además de proveerles conocimientos y destrezas adecuadas para que cada estudiante pueda insertarse con éxito en procesos productivos al salir de la escuela o universidad. Para ello es necesario una verdadera reforma educativa. Hay que darle pertinencia a la educación en la vida de los estudiantes y que sea fuerza motriz del desarrollo de nuestro país.
4. Insistimos que en el escenario educativo es crucial la prestación de servicios de intervención temprana con poblaciones de alto riesgo, así como con situaciones de conducta al interior de los planteles que culminan en incidentes de violencia escolar. Para ello se considerarán: opciones alternas a la escuela tradicional para los desertores escolares; servicios de intervención multidisciplinaria en familias con adolescentes que evidencian problemas de conducta; intervenciones en escuelas con grupos transdisciplinarios para identificar y atender factores de riesgo presentes, proyectos pilotos para atender las necesidades particulares de cada plantel, desarrollo de modelaje positivo, entre otros.
5. Existe evidencia científica abundante que relaciona la falta de atención a las necesidades de educación especial -falta de diagnósticos tempranos y servicios efectivos de tratamiento- con problemas de deserción escolar, delincuencia juvenil, depresión en jóvenes y abuso de sustancias adictivas. La atención preventiva y efectiva de estas necesidades debe ser una prioridad gubernamental en el desarrollo de una política educativa coherente e integral. A esos fines se asignarán recursos y se fortalecerán los servicios de intervención temprana en el Departamento de Salud mediante estrategias que agencias, organizaciones profesionales con énfasis en la niñez y la academia. De igual forma, la cabal implantación de la Ley 170 de Psicólogos Escolares -de nuestra Delegación Legislativa- es fundamental en este esfuerzo. (Véase Sección de Educación).
6. La criminalidad está íntimamente relacionada con la salud mental y cada día es más evidente la falta de servicios de prevención y tratamiento. Fortaleceremos los programas de prevención de salud mental y articularemos un sistema de prestación de servicios efectivo y accesible a todas las personas que lo necesitan, desde la infancia hasta la adultez, cuyo alcance y resultados estará sujeto a evaluaciones con regularidad. Es importante que el acceso a servicios como terapia para parejas y a padres e hijos estén contemplados en las cubiertas de salud y que se amplíen las líneas telefónicas de emergencia en agencias como ASSMCA cuando una persona o familia sienta que no puede lidiar con una situación de crisis o estrés. El acceso a servicios no puede estar sujeto a consideraciones económicas que restrinjan o limiten la disponibilidad de servicios, ni delegarse ciegamente a entes privados sin la debida fiscalización.
7. La falta de destrezas para manejar los conflictos por métodos no violentos es la consecuencia de que nosotros como sociedad ni el gobierno hayamos promovido en los diversos escenarios (escuela, familia, trabajo y la sociedad en general) los valores de una cultura de paz. A esos fines, promoveremos legislativamente la implantación de estrategias e iniciativas vinculadas a la cultura de paz y a la mediación de conflictos en diversos escenarios.
8. Se fortalecerán y ampliarán los centros de mediación de conflictos integrando estrategias inter-agenciales para promover el estudio, identificación y atención a factores de riesgo que estimulan actitudes violentas y falta de control y manejo adecuado de emociones.
9. Se promoverá el estudio de los estímulos a la violencia que presentan los medios de comunicación a través de diversa programación y cómo ello puede influir en el desarrollo de comportamientos y sentimientos de coraje, frustración y lleva a insensibilizar a las personas hacia la muerte, el crimen y la violencia. Esto para impulsar la creación de una coalición de profesionales, representantes de los medios y expertos en violencia que conduzca a posibles cambios en la programación y contenido. Ejemplo de ello podría ser integrar pautas educativas cortas durante la programación infantil que motive a la reflexión sobre la violencia en los propios menores y sus padres.
10. Se estimulará la integración -mediante cápsulas informativas- de profesionales de la salud mental en el análisis de conductas, actitudes o situaciones que promueven la violencia y que son presentadas a través de los medios de comunicación, particularmente televisión y prensa escrita.
11. Establecer programas piloto que integren a toda la comunidad escolar, con la ayuda de un comité de trabajo multisectorial público y privado, que realice una evaluación completa de los planteles escolares. Este Comité identificará factores de riesgo, necesidades, efectividad de iniciativas o programas preventivos existentes, expectativas claras de conducta, planes de intervención, contingencia y manejo de crisis, así como estrategias de evaluación en cada escuela, incluyendo instrumentos de evaluación sobre la efectividad de los mismos.
12. Desarrollar una variedad de programas para la juventud que prioricen el deporte y el empleo en el sector público y privado durante los periodos de receso escolar y en horarios en que estén fuera de las escuelas y sujetos a supervisión mínima. Estos contemplarán programas de estudio y trabajo, actividades deportivas en escuelas y parques comunitarios bajo auspicio de asociaciones comunitarias, proyectos de reciclaje y embellecimiento en su comunidad, tutorías a pares con rezago, y un plan integrado de actividades en el periodo de escuela abierta con auspicios privados. (Véase también Sección Educación Física)
13. Integrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones para la criminalidad es esencial para los esfuerzos de prevención. Se desarrollará un esfuerzo interagencial vigoroso para fomentar el desarrollo de asociaciones comunitarias que son las que mejor conocen los problemas y necesidades de la comunidad, a sus integrantes para que promuevan soluciones viables a los problemas que inciden en la violencia en sus alrededores. Esto producirá a mediano y largo plazo una merma importante en la actividad criminal. Esto promoverá que: constituyan redes de comunicación para la vigilancia preventiva; promuevan actividades deportivas y recreativas para el intercambio de los integrantes de la comunidad; integren a los jóvenes a actividades para alejarlos del ocio y en tareas de utilidad social; participen de esfuerzos en Pro del ambiente y las actividades artísticas y a desarrollar un sentido de pertenencia comunal con la colaboración de los municipios; recauden fondos para sufragar actividades o causas con las que se identifiquen sus residentes; discutan y busquen soluciones dentro de la propia comunidad en vez de esperar por soluciones gubernamentales; coordinen actividades para beneficio de las escuelas de su comunidad o aprovechando ese espacio para actividades; y participen activamente en la administración y mantenimiento de complejos de residenciales públicos.
14. Crear un organismo permanente para estudiar la violencia que establezca un plan estratégico, con metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo y que incorpore mecanismos de evaluación para medir su alcance y resultados. Este tendrá la capacidad para diseñar y canalizar programas, propuestas e iniciativas de investigación, y establecer mecanismos uniformes e integrales de recopilación de datos sobre violencia a nivel ejecutivo y judicial. La recopilación de estos datos incluye el análisis sobre tendencias, prevalencia, demarcaciones geográficas del crimen, factores socioeconómicos presentes, entre otras, para trazar estrategias preventivas, de control y remediales. Véase también otras estrategias educativas y preventivas para fomentar una mejor convivencia social en las Secciones de Familia, Niñez, Mujeres, Educación Física y Jóvenes que atienden asuntos como el maltrato, la desigualdad por razón de género, re-educación sobre destrezas de crianza, entre otras.
B. MEDIDAS REMEDIALES
En lo que las estrategias preventivas surten efecto hay que tomar medidas a corto plazo para controlar el desenfreno de la actividad criminal. A esos efectos se propone:
1. Evaluar de manera crítica y realista el estado de derecho actual en Puerto Rico sobre el uso y abuso de drogas, el impacto que ello tiene en los crímenes violentos y estudiar cambios al mismo a tenor con la realidad criminal que se vive en el país. Se estudiarán alternativas con un enfoque salubrista y con la visión que hay que dedicarle mayores recursos a combatir la venta y trasiego de drogas que a combatir el uso y consumo. Ejemplo de uno de los programas que se debe evaluar es la política adoptada en otras jurisdicciones donde se descriminalizó la posesión de drogas en una cantidad menor a lo necesario para un consumo de 10 días. Una vez la policía interviene con un usuario o persona en posesión de droga, en lugar de referirlo al Tribunal con la radicación de cargos, se refiere de manera administrativa a una Comisión para la Disuasión del Uso de Drogas (CDUD), organismo compuesto por un trabajador social, consejero legal y un profesional de la medicina. El CDUD atiende el referido, impone la sanción aplicable de tipo administrativo y se refiere para el tratamiento adecuado. Ello ha permitido que los recursos del estado se dirijan a combatir el trasiego y venta de drogas.
2. Revisión de todas aquellas enmiendas a la legislación penal que sólo acentúan la fracasada estrategia de mano dura.
3. Cumplir con el mandato constitucional de la rehabilitación atendiendo las situaciones que impiden la reinserción a la sociedad de los confinados y que propician su reincidencia. A esos fines:
4. Se deben asignar recursos fiscales y humanos suficientes para proveer los servicios necesarios para la rehabilitación de los y las confinados.
5. Los confinados que requieren seguridad mínima deberán trabajar en labores agrícolas, arreglo y mantenimiento de infraestructura, manufactura o en otros sectores de la economía. Esto incluye educarlos para que desempeñen oficios como ebanistería, carpintería, electricidad, reciclaje, que les permitan posteriormente ganarse el sustento. Se promoverá además la creación de cooperativas o corporaciones en propiedad de trabajadores para confinados en ciertas instituciones penales para que puedan adiestrarse en las áreas antes señaladas y desempeñarse de manera productiva.
6. Además de proveer certificados de antecedentes penales a los patronos que así lo soliciten, se extenderán certificados de rehabilitación a toda aquella persona que se haya, en realidad, rehabilitado. Se le ofrecerán incentivos a todo patrono que emplee personas rehabilitadas aunque éstas tengan antecedentes penales.
7. Atender las necesidades y rezagos educativos por asuntos de educación especial no identificados o atendidos.
8. Ofrecer programas efectivos de salud mental.
9. Proveerles cursos sobre control de emociones y manejo de conflictos y modelaje positivo aún frente a la adversidad y condiciones socioeconómicas difíciles.
10. Establecer el cargo de Juez de Ejecución encargado de velar porque se rehabiliten los confinados que le sean asignados.
11. Es impostergable la revisión de las funciones y operación de la Policía de Puerto Rico para atender los señalamientos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles, así como las denuncias hechas por ciudadanos y organizaciones. Proponemos la designación de una Junta Ciudadana Independiente con plenas facultades de investigación como primer paso para erradicar la corrupción, la politización, el abuso y la ineficiencia del cuerpo de policía.
12. Alterar los procesos actuales de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos, nombramientos y los procedimientos administrativos por faltas de sus miembros a todos los niveles jerárquicos, con el fin de garantizar que quienes estén en el servicio estén cabalmente preparados a nivel físico, educativo y psicológico.
13. El enfoque de intervención policiaca fundamentalmente punitivo debe sustituirse por uno de educación ciudadana que integre el trabajo coordinado de agencias como ASSMCA, Familia, Educación, Justicia, en los esfuerzos de prevención e intervención.
14. Fortalecer el entrenamiento a la fuerza policíaca y proveerle el equipo moderno necesario, incluyendo la nueva tecnología de computación para incrementar la eficacia y efectividad, y adiestrarlos en técnicas de investigación y manejo de casos incorporando mecanismos de monitoreo del status de casos asignados de manera que se aumente el número de crímenes esclarecidos.
15. Tomar medidas que faciliten la comparecencia de testigos a vistas judiciales, de manera que casos meritorios no sean desestimados por falta de prueba. Estas medidas deben incluir desde la toma oportuna de declaraciones hasta la protección a testigos que puedan ser amenazados. Garantizar la fortaleza y efectividad del Programa de Protección a Testigos, con los recursos necesarios para actualizar las instalaciones físicas del Albergue de Testigos y que se logre el propósito del programa.
16. Fortalecer el sistema de comparecencia de acusados en los procesos judiciales mediante una mejor coordinación entre la Administración de Tribunales y la Administración de Corrección para evitar la suspensión de vistas, con las implicaciones que ello tiene en los términos de juicio rápido.
17. En términos económicos, hay que mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los policías para que no necesiten de empleos adicionales para subsistir.
18. Ofrecer y garantizar a los miembros de la uniformada consejería profesional sobre manejo de emociones, particularmente para poder manejar las difíciles situaciones que enfrentan día a día, y atender con mayor seriedad y prontitud los incidentes reportados relacionados con violencia familiar o en el contexto de trabajo.
19. Se revaluarán las prioridades de servicio en cada comandancia y cuartel de la Policía para destinar una mayor cantidad de uniformados a tareas de vigilancia preventiva, redirigiendo recursos concentrados actualmente en otras áreas, tales como, tareas administrativas.
20. Agilizar y extender los servicios de emergencia tanto de la Policía como de la Defensa Civil.
21. Fortalecer y revisar continuamente los adiestramientos sobre derechos civiles que recibe la Policía.
22. Reestructuración de la Unidad de Operaciones Tácticas, despojándola de todo vestigio de instrumento de abuso y represión, como se ha visto en conflictos como el de la Universidad de Puerto Rico.
23. Revaluar el papel de la Guardia Municipal y sus funciones para lograr un balance entre la ejecución de labores preventivas y labores remediales y establecer un trabajo más coordinado con la Policía Estatal.
24. Limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, condicionando, por ejemplo, la inscripción en los Registros de la Propiedad de inmuebles adquiridos sin financiamiento, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo.
C. MEDIDAS DE CONTROL
Es preciso desarrollar estrategias para lidiar con los efectos del crimen. Esto incluye tanto la situación de las personas convictas por delito que son encarceladas, y que es responsabilidad del Gobierno conducirlas a su eventual rehabilitación y reinserción a la sociedad, como la protección afirmativa de la ciudadanía que sufre el azote del crimen. Por ello la rehabilitación, además de inspirarse en propósitos humanitarios y constitucionales, debe verse también como la mejor inversión que puede hacer cualquier gobierno como medida preventiva de la reincidencia para que cuando salga la persona libre sea un ciudadano útil y no un criminal reincidente. De igual forma, es necesario diseñar un programa efectivo de compensación a víctimas del crimen, como existe en otros lugares, y establecer principios y estrategias de justicia restaurativa que integren tanto al ofensor como a la víctima en un proceso de superación de la experiencia criminal y los efectos que la violencia provoca.
A esos efectos, el PIP implantará:
1. Una abarcadora reforma del Sistema Penitenciario del país que estará inspirada en el principio y mandato constitucional de la rehabilitación. La reforma incluirá, entre otras medidas, la asignación de más recursos humanos y materiales. Específicamente se propone:
2. La expansión de servicios de salud mental en las instituciones, y el establecimiento de clínicas para el tratamiento de la drogodependencia, incluyendo clínicas de tratamiento con metadona y buprenorfina para jóvenes y adultos. Estos programas serán prioritarios y objeto de continuo monitoreo e informes.
3. Aumentar el número de profesionales de servicios de rehabilitación en todas las instituciones juveniles y de adultos de Puerto Rico. El número de profesionales debe ser proporcional a la población que requiere el servicio. Estos servicios incluyen trabajo social, orientación, rehabilitación y consejería. Este personal se encargará además de atender las necesidades sociales de esta población ayudando a la misma a restablecer los lazos de comunicación con sus familias y reintegrarse a la comunidad una vez cumplan sus sentencias. Deben considerarse las necesidades particulares de las mujeres confinadas.
4. La segregación efectiva de presos en función de la severidad de los delitos, peligrosidad y potencial de rehabilitación.
5. La creación de más centros de trabajo en los penales que los mantengan fuera del ocio y en actividades productivas.
6. La creación de centros de estudio académico y vocacional a fin de que estos jóvenes y adultos confinados adquieran destrezas que les permita tener una opción real de empleo una vez salgan a la comunidad. De igual forma, un por ciento alto de los jóvenes en instituciones juveniles evidencia problemas específicos de aprendizaje y otras condiciones que requieren educación especial. Sin embargo, las instituciones juveniles no cuentan con los servicios de educación especial suficientes para atender esta necesidad. Estos jóvenes deben ser ayudados para vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y que se motiven a continuar desarrollando sus destrezas de estudio.
7. La instauración de un programa de ubicación de ex-confinados en empleos productivos al cumplir su condena.
8. La creación de incentivos a las industrias que se integren al esfuerzo de generar opciones de trabajo en los penales y que empleen ex-confinados.
9. Fortalecer el programa de compensación a víctimas de crímenes violentos, adscrito al Departamento de Justicia. El mismo debe ser evaluado en términos de su alcance, eficacia, divulgación de servicios, criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios psicoterapéuticos, entre otros. Destinar al programa los recursos necesarios para atender a una población cada vez en aumento y diversa.
En el ámbito judicial, se propondrá estudiar o enmendar: garantías de los acusados a obtener copia de declaraciones juradas de testigos en las vistas de causa probable, participación de víctimas del crimen en proceso de enjuiciamiento e imposición de sentencia a convictos por delitos, los patrones de alegaciones pre-acordadas en juicios, las condiciones del albergue de testigos, la disponibilidad de servicios legales para menores imputados con faltas, la posible implantación de un mecanismo uniforme de citas al tribunal a los sentenciados para informar al Tribunal de condiciones carcelarias y programas de rehabilitación.
