Programa de Gobierno 2016

Programa de Gobierno 2016

Reforma Gubernamental

1. INTRODUCCIÓN

La ciudadanía ha perdido la fe en sus instituciones gubernamentales y percibe que el interés partidista y el ánimo corrupto de lucro personal (que se acompaña del inversionismo político), manipulan al monstruo gubernamental. La vocación de servicio desinteresado, la integridad, la ética y la pulcritud en la administración de la cosa pública, se plantean como aspiraciones utópicas.

El Gobierno de Puerto Rico se caracteriza por una burocracia lenta e inefectiva, incapaz de ofrecer los servicios que la ciudadanía merece y espera. Bajo distintas administraciones, se ha engañado al pueblo con estrategias de supuestas reorganizaciones gubernamentales que no se han orientado a la integración eficiente de funciones, sino en la creación de estructuras que sólo persiguen perpetuar el partidismo como criterio para la obtención de empleo en el sector público. El resultado ha sido el entronizamiento de la mediocridad y la ineficiencia, que luego son utilizados convenientemente por el PNP y el PPD para invocar la privatización de los servicios como respuesta a todos los males de las agencias, municipios y corporaciones públicas.

Como manifestación concreta de esa propuesta, se materializaron recientemente las alianzas público-privadas por medio de las cuales el gobierno, en detrimento del interés público, claudicó al ejercicio de funciones y a la prestación de servicios gubernamentales intransferibles e indelegables. Las llamadas alianzas público-privadas, han promovido que el fisco subsidie la ganancia privada. Todas las políticas de privatización a las que nos tienen acostumbrados tanto el PNP como el PPD, han contribuido invariablemente a la dilapidación del tesoro público y al correlativo enriquecimiento de los intereses económicos privados. 

1. ACCION GUBERNAMENTAL

1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

Durante los últimos años se ha evidenciado un escandaloso incremento en la corrupción gubernamental, tanto en el Gobierno de Puerto Rico como en los Gobiernos municipales. Este fenómeno involucra la fe y la confianza pública, la integridad y la transparencia, independientemente de si los beneficios del saqueo provienen de fondos públicos o privados. Lo importante es que al final del camino la factura la paga el fisco, es decir, el Pueblo. El fenómeno no responde únicamente a la presencia de individuos inmorales que actúan criminalmente contra el interés público. Se debe además a defectos estructurales en la administración pública. Por un lado, hay ausencia de procesos efectivos de auditoría y procesamiento de casos de personal corrupto. Además, no se le da publicidad a los procesos gubernamentales en que se da la mayor corrupción, por ejemplo en los procesos de subastas, otorgación de permisos y licencias y en la excesiva y discriminatoria contratación de servicios profesionales.

El mismo proceso político propende a la corrupción. En las últimas décadas han aumentado descontroladamente los gastos de las campañas políticas. Esto lleva a los políticos inescrupulosos a actividad ilegal para allegar suficientes fondos para cubrir los elevadísimos costos de una campaña política.

En buena medida, la corrupción imperante ha salido a la luz pública como resultado de la labor fiscalizadora realizada por el PIP en cuatrienios pasados. Pero no basta con disponer de voces fiscalizadoras que denuncien efectivamente el problema. Se requieren medidas legales vigorosas que sirvan efectivamente para procesar y castigar a los corruptos.

El apoyo del pueblo al PIP resultará en la implantación de las siguientes medidas:

1. Enmendar la ley que creó el Registro de Personas Convictas por Corrupción de manera que sean más abarcadoras las prohibiciones dispuestas en ella. Actualmente, la ley sólo prohíbe que las personas convictas por actos de corrupción, aspiren u ocupen cargos electivos o puestos en el servicio público. El PIP, propondrá enmiendas al estatuto de suerte que el registro, recopile y publique además la información relacionada a las corporaciones (sus accionistas, oficiales o directores); y contratistas, que hayan sido convictos en el contexto de imputaciones de corrupción gubernamental. En conjunción con el Registro de Personas Convictas por Corrupción, deberá adoptarse legislación para impedir (y convertir en ilícita), la contratación entre el gobierno y las personas o entidades inscritas en el registro y la contratación entre el gobierno y cualquier persona o entidad que sirva como parapeto, subterfugio o alter ego, en beneficio de alguna persona o entidad inscrita en el registro.
2. Crear el cargo de Procurador de la Integridad Pública como ente especializado en la fiscalización de las transacciones y contrataciones en el gobierno. La oficina del Procurador de la Integridad Pública tendrá, amplias facultades para el logro del procesamiento, tanto en la esfera civil como criminal y administrativa, de todos los funcionarios públicos y personas privadas que transgredan en el contexto de transacciones gubernativas, disposiciones reguladoras del comportamiento ético.
3. Fortalecer los poderes de la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico, otorgándole la facultad y asignando los recursos humanos y materiales necesarios para el procesamiento criminal del personal corrupto del Gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos municipales. De esta manera evitaremos que sea el Panel del Fiscal Especial Independiente, controlado por el partido en el poder, el que tenga la discreción para procesar criminalmente a personas corruptas dentro del gobierno.
4. Crear el cargo de Auditor Municipal, adscrito a la Asamblea Municipal. Este funcionario debe mantener con la Asamblea el tipo de relación que existe entre la Oficina del Contralor y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, es decir, que no responda al ejecutivo municipal, sino al cuerpo legislativo, para poder fiscalizar efectivamente la labor ejecutiva. Esto facilitará unas finanzas más claras en cada municipio.
5. Disponer por Ley que se le dé publicidad a los procesos de subasta y a la contratación de servicios profesionales incluyendo procesos ulteriores de cambios de orden, tanto por medios escritos como por la vía electrónica.
6. Reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales y establecer como requisito para la contratación de servicios profesionales que mediante criterios objetivos se determine previamente la necesidad del servicio a contratarse y la ausencia de personal capacitado en el servicio público para prestarlo.
7. Utilizar la pena de confiscación de todas las propiedades relacionadas directa o indirectamente con los bienes apropiados ilegalmente.
8. Limitar los gastos de las campañas políticas de los partidos y los candidat@s y proveer que el financiamiento de las mismas sea exclusivamente de fondos públicos.

1. MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

El mejoramiento de la calidad de las relaciones entre l@s ciudadan@s y el gobierno, y el fortalecimiento de sus derechos, constituye un pilar esencial en la reinvención de la administración pública y de la manera en que se gobierna. A tales fines, es preciso rediseñar la administración pública del país mediante una mayor participación ciudadana y el establecimiento de nuevas vías de comunicación y deliberación dentro del mismo gobierno. Para lograr este propósito, se requiere transparencia en la gestión pública y el libre acceso a la información por parte de l@s ciudadan@s, los medios de comunicación y los demás componentes de la sociedad.

El PIP entiende que se debe:

1. Fomentar la administración pública eficaz, inteligente, dialogante que implique, coopere, e integre a l@s ciudadan@s mediante la facilitación de los procesos administrativos.
2. Impulsar legislación para garantizar que todos los poderes, dependencias públicas y entidades subsidiadas con fondos públicos, faciliten de manera expedita, el libre acceso a toda información o documento oficial que no esté protegido por los privilegios, incluyendo su publicación en las páginas o redes electrónicas garantizando el acceso gratuito a los mismos.
3. Mejorar el diseño y contenido de las páginas electrónicas del gobierno para hacerlas más accesibles y sencillas.
4. Los Departamentos, Oficinas y dependencias gubernamentales publicarán en sus páginas electrónicas su presupuesto con descripción de sus partidas y darán cuenta de la manera en que es administrado. Igualmente, proveerán en tiempo real toda la información relativa a la concesión de propuestas, licencias, contratos, subastas y cambios de órdenes.
5. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han de facilitar la relación entre ciudadan@s y gobierno simplificando trámites, mejorando la accesibilidad a los servicios públicos, facilitando el proceso de presentar propuestas, reclamaciones, peticiones de ciudadanos y las respuestas administrativas, y estableciendo plataformas interactivas que, sin sustituir la necesaria relación personal, faciliten foros de encuentro para el ejercicio de la libertad y el derecho a la participación desde la igualdad. En resumen desarrollaremos servicios más rápidos, eficaces, personalizados y a plena disponibilidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
6. Se facultará a la Oficina del Procurador del Ciudadano para crear en sus sedes regionales centros que proporcionen información administrativa a la ciudadanía al igual que se le dotará de Centros de Atención Ciudadana que cuenten con acceso a la Internet, con personal dedicado a la enseñanza de las personas sin suficientes conocimientos en el uso de dicha tecnología para realizar gestiones administrativas.
7. Se establecerá una Política Pública sobre Anuncios Gubernamentales, de manera que se sancione el gasto en anuncios de gobierno innecesarios. La Junta de Anuncios adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones operará permanentemente, y en los casos de los anuncios o avisos que se permitan, se establecerá como obligación contratar su producción con productores y talento local.
8. Agilizar la solicitud y procesamiento de servicios, mediante la creación de oficinas de tramitación descentralizada en todos los municipios.
9. Establecer una Carta de Derechos de los Ciudadanos Respecto al Funcionamiento de los Servicios como garante del óptimo funcionamiento de los servicios públicos y de los derechos de la ciudadanía a un buen servicio público.
10. Divulgar entre todos los miembros de la Legislatura Municipal el resultado de las intervenciones del Auditor Municipal.
11. Legislar para prohibir que cualquier aumento en el salario, retribución o emolumento a un Alcalde tenga efectividad hasta vencido el término o cuatrienio de la Legislatura Municipal que apruebe la ordenanza, y que sólo podrá aprobarse en los primeros tres años de un cuatrienio.
12. Legislaremos para crear un Procedimiento Uniforme de Examen en las Juntas Examinadoras de Ocupaciones y Profesiones.
13. Educar para la participación ciudadana y diseñar planes de formación adecuados para fomentar la acción comunitaria.
14. A través de Planes Participativos de Desarrollo Comunitario, se creará un proyecto piloto municipal de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales.
15. Legislar para que en cada municipio se creen Consejos Asesores Sectoriales, Planes Participativos de Desarrollo Comunitario y Foros Ciudadanos forjados en torno a proyectos concretos, como elementos para dinamizar el proceso de participación ciudadana en la planificación y diseño de las prioridades municipales.
16. Crear el Observatorio Municipal de Participación Ciudadana con el propósito de conocer, analizar e informar sobre la evolución de las condiciones de la calidad de vida, de la participación ciudadana, de la calidad democrática y del crecimiento y desarrollo sostenible de los Municipios.
17. Reforzar las actuaciones destinadas a mejorar los servicios públicos municipales y la infraestructura en los Municipios pequeños, fomentando también las nuevas tecnologías.

1. REORGANIZACIÓN DE LA RAMA EJECUTIVA

La deficiencia en la conceptualización y operación de las agencias gubernamentales, además de constituir un desperdicio de recursos públicos y de ser un reflejo de los patrones de reclutamiento partidista ajenos a las necesidades del servicio, dificulta la eficiencia en la prestación de servicios. Es preciso realizar una verdadera reorganización de la rama ejecutiva para consolidar agencias que complican innecesariamente la obtención de servicios y reducir la burocracia costosa, ineficiente y asfixiante.

En el pasado han fracasado intentos de reforma gubernamental basadas en la creación de "súper agencias" o "departamentos sombrillas", bajo las cuales se debían agrupar las funciones realizadas por diversos organismos. No han funcionado estas estrategias por varias razones. En primer lugar, no han sido reorganizaciones abarcadoras, sino arreglos limitados. En segundo lugar, ha resultado en mayor burocracia.

El PIP se compromete a iniciar una abarcadora reorganización de la rama ejecutiva de la siguiente forma:

1. Se creará por legislación una Comisión Especial Independiente de Reorganización Ejecutiva, que tendrá la tarea de revisar integralmente las operaciones de la Rama Ejecutiva. La Comisión deberá someter a consideración de la Asamblea Legislativa aquellas recomendaciones que puedan maximizar la eficiencia de las operaciones del gobierno mediante la restructuración de las operaciones de la rama ejecutiva, consolidando agencias que realizan funciones similares o relacionadas, pero asegurándose siempre que se realicen todas las operaciones que requiere una buena administración pública.
2. La reorganización responderá al principio de eficiencia en la prestación de servicios, sin tomar en consideración criterios de índole partidista y deberá aprovechar al máximo los desarrollos de la tecnología moderna de la informática y las telecomunicaciones.
3. Cada instrumentalidad pública realizará un estudio de sus estructuras y operaciones, y establecerá aquellas oficinas locales y regionales que sean necesarias para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios gubernamentales.
4. La reorganización salvaguardará los derechos de l@s emplead@s que se vean afectados por los cambios que en su día se implantarán. Cuando la reestructuración de agencias resulte en la eliminación del número de plazas asignadas a determinadas funciones, se les garantizará a los empleados su reubicación, ya sea en empleos públicos o privados. A estos fines, se proveerán los servicios de readiestramiento y de reubicación.
5. Ninguna de las medidas de reforma, afectarán los derechos adquiridos por l@s emplead@s públicos ni menoscabará obligaciones contraídas con las organizaciones sindicales.
6. Establecer en cada oficina central y en las oficinas regionales de las agencias de gobierno terminales de información pública, mediante los cuales el público pueda acceder a la información publicada electrónicamente por las agencias de Gobierno.

1. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

L@s emplead@s públic@s están sujetos a vaivenes políticos, a bajos sueldos, a condiciones a veces deplorables de trabajo, y a incertidumbre sobre la seguridad del empleo (especialmente el personal transitorio). La falta de participación no facilita que estas personas se sientan parte de la agencia para la que laboran y tengan orgullo de la labor que realizan.

El PIP propone la revisión del sistema de administración de personal del Gobierno para:

1. Elevar el principio de mérito en el servicio público a rango constitucional. De esta forma, la legislación deberá reconocerlo en forma efectiva, las agencias vendrán obligadas a implantarlo y los tribunales podrán resguardarlo más efectivamente.
2. Profesionalizar la administración pública respecto a los puestos de confianza. Se evaluarán los puestos de confianza existentes a base de las funciones que real o efectivamente llevan a cabo para consolidar o eliminar todos los que no respondan a las necesidades del servicio público. Para los puestos que se mantengan, se establecerán criterios apropiados de preparación académica y experiencia en las funciones en cuestión, para fomentar el nombramiento de personal de confianza realmente capacitado.
3. Instaurar incentivos de productividad para promover una mayor efectividad en el trabajo realizado por el personal en el servicio público. Cada unidad de gobierno debe cuidar los niveles cuantitativos y cualitativos de productividad, definiendo claramente los diversos niveles de ejecución. Debe instaurarse en cada agencia un vigoroso programa de reconocimientos no económicos a aquellas personas que alcancen los niveles más altos de productividad. Igualmente, se deben conceder incentivos económicos en la forma de: ayudas de estudio; viajes y gastos de participación en actividades de mejoramiento profesional; bonos especiales no recurrentes; y aumentos salariales.
4. Eliminar los bonos que se dan a jefes de agencias y personal administrativo, que no se basan en productividad.
5. Para asegurar la eficiencia a la luz de los cambios estructurales y tecnológicos, cada agencia articulará un plan abarcador de educación continua de su personal. Mediante esfuerzos sistemáticos de adiestramiento y readiestramiento del personal en el servicio público se debe facilitar la mayor capacitación y eficacia de su labor, la mayor eficiencia en la prestación de servicios, y la mayor satisfacción del personal con su trabajo.
6. En el mayor número de oficinas gubernamentales donde resulte práctico, se promoverá la ampliación de horas de apertura extendida a base de establecer jornadas de trabajo en distintos horarios. Esto se establecerá principalmente en las oficinas que brindan servicios directamente a la ciudadanía, pero también en otras oficinas, a fin de ampliar su productividad e incluso mejorar los problemas de tránsito que resultan del hecho de que casi todas las oficinas de gobierno tienen el mismo horario de trabajo. Servirá además como instrumento de flexibilidad para que las empleadas y empleados públicos puedan ajustar su horario de trabajo a las exigencias y necesidades familiares, sin que esto conlleve extensión alguna de la jornada de trabajo.
7. A la luz de la tecnología ya disponible, es preciso hacer el mayor número de servicios gubernamentales disponibles electrónicamente por medio de la Internet. Ya no hay razón alguna para ver en las agencias del gobierno salas llenas de personas que tan solo interesan algún documento o información, o pagar algún derecho, o solicitar algún servicio que muy bien podría gestionarse electrónicamente.

1. REFORMA LEGISLATIVA

El PIP se compromete a promover una reforma legislativa que permita constituir una Asamblea Legislativa unicameral con representación proporcional para que cumpla su función constitucional de establecer Política Pública, fiscalizar el funcionamiento del gobierno, pautar el uso de los recursos fiscales del Pueblo, aprobar leyes y resoluciones, y mantener informada a la ciudadanía sobre la marcha del gobierno. No hay justificación alguna para el gasto excesivo que representa una legislatura con dos cámaras. El proceso legislativo es innecesariamente doble, repitiéndose en la segunda cámara el trámite, con sus consiguientes costos dobles, que se realizó en el cuerpo en que se originó la legislación.

Debido a la forma en que se elige la legislatura, la misma tiende a quedar dominada por un partido, aunque éste no haya logrado una mayoría del voto. El país resulta entonces gobernado por una minoría que presume de ser mayoría. En consecuencia, resulta antidemocrática la representación en la Asamblea Legislativa, al no reflejar fielmente la voluntad expresada por el Pueblo en las urnas.

Para enfrentar estas deficiencias del poder legislativo, el PIP propondrá legislación para enmendar la Constitución de Puerto Rico para establecer:

La legislatura unicameral cuya composición responda al principio de representación proporcional de todos los partidos políticos. La Asamblea Legislativa estará compuesta de una sola cámara legislativa para eliminar el despilfarro que representa un número elevado de legislador@s y la duplicidad de procesos en dos cámaras distintas. Para aumentar la representatividad de la Asamblea Legislativa de modo que refleje fielmente la voluntad del Pueblo, se reestructurará la Asamblea Legislativa para que su composición final dependa de la proporción de votos que deposite cada partido político principal a favor de sus candidat@s por acumulación de una manera compatible con el principio de la gobernabilidad.

Con relación a la operación y funcionamiento de la Asamblea Legislativa y las prerrogativas parlamentarias de sus miembros, tanto de mayoría como de minoría, el PIP propone la aprobación de las siguientes medidas:

1. Legislar para delegar en una comisión ajena a la legislatura la toma de decisiones sobre todo lo relacionado a salarios, dietas, estipendios para vehículos y cualquier otro pago o beneficio a l@s legislador@s. Las decisiones de la comisión serían vinculantes e inapelables por parte de la Asamblea Legislativa.
2. Enmendar los reglamentos de la Asamblea Legislativa para hacer compulsorio el estudio y consideración de todos los proyectos de Ley que son referidos a las comisiones, cuyo número será reducido sustancialmente. De esta manera ningún proyecto de ley, fuere de mayoría o de minoría, debe engavetarse sin que se le dé una oportunidad razonable a sus autores de defenderlo en comisión y ante el pleno del cuerpo.
3. Robustecer las comisiones de Asuntos Municipales e Informes del Contralor con el fin de que promuevan vistas públicas rutinarias en todos los municipios y en las agencias para informar regularmente a la Asamblea Legislativa sobre deficiencias y quejas comunes de la ciudadanía.
4. En relación con las comisiones legislativas el PIP propone:
1. Consolidar las comisiones legislativas para ampliar su capacidad técnica y para garantizar su funcionamiento intenso y continuo durante los doce meses del año. Se exigirá a cada comisión que los informes que rindan a los cuerpos legislativos constituyan, no sólo un registro preciso del parecer de todas las partes consultadas durante el proceso investigativo, sino un análisis riguroso del tema investigado, con propuestas específicas, bien de legislación, recomendaciones al ejecutivo o investigación adicional, a las que se les dará un seguimiento adecuado.
2. No se justifica ninguna Comisión Conjunta de las creadas por Ley a excepción de la de Revisión del Código Civil. La productividad de estas comisiones terminó hace mucho tiempo. (Ej. Comisión Conjunta de Informes del Contralor, Comisión Conjunta de los Sistemas de Retiro, Comisión de Donativos legislativos).Estas Comisiones Conjuntas quedarán eliminadas al establecerse una Asamblea Legislativa unicameral.
3. Son esenciales sólo las Comisiones de Gobierno, Hacienda, Educación, Bienestar; Desarrollo, Jurídico, Ética y Asuntos Legislativos.
4. La división temática por departamentos y agencias bajo un seudo principio de especialidad sirve sólo para la feudalización de cada cámara, para los minifundios y para garantizar los votos de cada presidente de comisión en el caucus de quien se mantiene como presidente.
5. Cada legislador o legisladora podrá ser miembro de dos comisiones y ninguna tendrá más de nueve miembros en propiedad. Sólo el presidente del cuerpo y los portavoces en propiedad serán miembros ex-oficio de todas las comisiones.
6. La minoría parlamentaria nunca tendrá menos de dos miembros por Comisión.
5. Legislar para reconocer legitimación activa especial a todo miembro de la Asamblea Legislativa para acudir a los tribunales a presentar pleitos de alto interés público que afecten a sus representados.
6. Facilitar el acceso de los medios de comunicación masiva a la Asamblea Legislativa para que difundan regularmente sus trabajos.
7. Dar mayor difusión a través de la Internet sobre los trabajos de la Asamblea Legislativa, incluyendo la publicación de los calendarios de medidas a considerarse por los cuerpos legislativos, los calendarios de vistas públicas y los textos de las ponencias presentadas, informes de medidas y enmiendas sometidas.
8. Garantizar mediante legislación el acceso del pueblo a toda la información y documentación gubernamental.
9. Aprobar leyes especiales adicionales para proteger a los testigos e informantes que acudan ante cualquier miembro de la Asamblea Legislativa o ante sus comisiones para denunciar la violación de leyes y reglamentos y para denunciar actos de corrupción.
10. Erradicar la desacreditada institución de los barriles de tocino y otros mecanismos similares o subterfugios para disfrazarlos.
11. Extender legislativamente la protección de la inmunidad parlamentaria a iniciativas individuales e investigaciones preliminares de miembros individuales de la Asamblea Legislativa dirigidas a presentar proyectos de ley o resoluciones.
12. Garantizar el derecho de cualquier miembro de la Asamblea Legislativa a recibir sin demora y libre de costo información y documentación gubernamental que solicite.
13. Aprobar estrictas normas éticas para la conducta de l@s legislador@s, para evitar conflictos de intereses y privilegios en el ejercicio de otras actividades profesionales, comerciales o financieras fuera del ámbito legislativo y garantizar la participación de miembros del interés público en la Comisión de Ética.
14. Eliminar los gastos superfluos que incluye, entre otros, viajes no relacionados directamente con asuntos legislativos, recepciones, homenajes y gastos de representación.
15. Crear la Escuela Legislativa Permanente para capacitar a l@s legislador@s y demás personal legislativo y proveerles la educación continua que necesitan para el desempeño de sus cargos.

1. ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Toda sociedad necesita de un sistema judicial adecuado para dilucidar disputas y diferencias entre la ciudadanía, y entre los individuos y el Estado. El sistema judicial debe producir la más rápida y justa solución de las controversias mediante mecanismos equitativos que le brinden a la ciudadanía confianza en su sistema de justicia y que faciliten el acceso a métodos alternos para la solución de disputas. Para que ello ocurra debe asegurarse al máximo posible la independencia judicial. Esta requiere, primero, la asignación adecuada de recursos presupuestarios. Requiere, además, que haya un proceso de nombramientos judiciales que minimice las presiones políticas que socavan la fe de la ciudadanía en su sistema judicial. Cada vez con más frecuencia y cuestionamiento público, el proceso de nombramientos judiciales depende exclusivamente del ejercicio de la discreción política del Ejecutivo, tanto para los nombramientos iniciales como para las redesignaciones una vez expiran los términos de incumbencia de los jueces. Esto ha significado que en la mayoría de estos nombramientos la afiliación político partidista sea el criterio principal, en lugar de la preparación académica y la ejecución profesional.

Uno de los problemas graves que sufre nuestro sistema de administración de la justicia se refiere a la sobrecarga de trabajo y la tardanza en la solución de asuntos, especialmente los de naturaleza civil. Es preciso desarrollar vías alternas que alivien la carga de los tribunales para que éstos se puedan dedicar principalmente a conflictos que no se pueden resolver por otros medios más eficaces y económicos. El PIP propone ampliar los métodos alternos para la solución de disputas mediante las siguientes medidas:

1. Asignar recursos suficientes a los centros de mediación ya establecidos en los Centros Judiciales, y ampliar la red de dichos centros, para aliviar la carga de los asuntos litigiosos que es preciso someter a adjudicación.
2. Aprobar legislación para disponer mecanismos compulsorios de mediación o arbitraje en asuntos civiles diversos tales como ciertos casos de relaciones de familia, desahucios, herencias, cobros de dinero, reclamaciones de daños y perjuicios, y otros análogos.
3. Revisar la legislación sobre arbitraje voluntario de disputas, para fomentar su utilización, especialmente en el área del derecho corporativo y comercial.
4. Aprobar legislación para desviar del sistema judicial asuntos no adversativos que pueden resolverse mediante procesos administrativos más sencillos y económicos.

Para asegurar el principio de la independencia judicial y erradicar la politización, el PIP propone instaurar un nuevo sistema de nombramientos judiciales que minimice la presión política sobre el sistema de justicia.

1. Proponemos una enmienda constitucional para promover la creación de la carrera judicial, y una nueva forma de seleccionar a los jueces y las juezas conforme a criterios de preparación y competencia.
2. Crear un Consejo Judicial con rango constitucional, integrado por representantes designados por las tres ramas del gobierno -la Gobernación, la Asamblea Legislativa, y el Tribunal Supremo- y por representantes del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de las facultades de derecho. Este Consejo tendrá a su cargo la evaluación de l@s candidat@s a cargos judiciales, y debe someter a consideración del Poder Ejecutivo listas de las personas idóneas, de las cuales debe éste hacer los nombramientos iniciales, con el consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa.

Por último, para hacer realidad el principio de justicia igual para todas las personas, es preciso que toda la ciudadanía tenga acceso al sistema de justicia. La realidad demuestra, sin embargo, que las desigualdades en recursos económicos impiden frecuentemente que l@s ciudadan@s de menos recursos puedan hacer efectivos sus derechos en los tribunales o ante agencias administrativas. A pesar de que forma parte de la obligación ética de todo abogad@ el prestar servicio gratuito a las personas que no tienen recursos para pagar sus servicios de abogad@, durante décadas la responsabilidad de proveer asistencia de abogad@ en casos criminales y en litigios civiles ha recaído sobre un limitado número de dedicados abogad@s que se desempeñan en organizaciones privadas. Estas organizaciones han recibido limitadísimos recursos del gobierno para su operación.

Desde hace casi dos décadas el Colegio de Abogados se ha tomado la iniciativa de facilitar el cumplimiento de la obligación ética que tienen tod@s l@s abogad@s mediante un programa de referimiento de casos a abogad@s del ejercicio privado que ofrecen su servicio gratuito a personas pobres. Sin embargo, los recursos económicos y humanos de este esfuerzo son aún limitados. Las recientes políticas congresionales de recortes de fondos durante las últimas dos décadas han afectado adversamente la capacidad de las organizaciones que proveen servicios legales en casos civiles a los pobres del país. Para dirigirse a este grave problema de desigualdad económica y jurídica, el PIP propone:

1. Promover condiciones que permitan a cada ciudadan@ tener acceso real al poder judicial para reclamar sus derechos. Para ello es necesario el mejoramiento de los programas de tele-tribunales y Pro Se, adscritos a la Rama Judicial.
2. Combatir la marginación jurídica por la falta de recursos económicos y de otra índole.
3. Reglamentar el derecho de la ciudadanía de acceso a los tribunales y a ostentar representación legal en reclamaciones civiles que involucren asuntos de salud, vivienda, vida familiar, trabajo y protección comunitaria.
4. Aprobar legislación para crear el Fondo de Acceso a la Justicia, al cual se le asignarán fondos recurrentes anuales para el financiamiento de los programas de asistencia de abogad@ para indigentes, tanto en asuntos civiles como criminales. Este Fondo operará como corporación pública, con la debida independencia del gobierno que asegure la efectividad de la representación legal de los programas financiados por el Fondo. La dirección del Fondo estará a cargo de una Junta que quedará integrada por representantes del interés público, de la Rama Judicial, del Colegio de Abogados, de los programas que se dedican a prestar servicios legales a indigentes (incluyendo las clínicas de las escuelas de derecho), y de las comunidades de clientes elegibles.
5. Para fomentar los esfuerzos y aportaciones de los abogad@s en términos de prestar servicios legales a los pobres, se creará un crédito contributivo hasta cierta cantidad máxima, que podrán reclamar aquellos abogad@s que presten servicios legales gratuitos a clientes indigentes o hagan aportaciones económicas al Fondo de Acceso a la Justicia.

Además, de manera especial, el Partido Independentista Puertorriqueño se compromete a presentar legislación para restaurar la colegiación compulsoria de los abogad@s, y con presentar la oposición más firme a las propuestas de descolegiación de otros sectores.

1. REFORMA MUNICIPAL

Gran parte de la gestión pública en el país está en manos de los gobiernos de los diversos municipios. Sin embargo, no existen suficientes mecanismos de control que aseguren la eficiencia gerencial y administrativa, prevengan la corrupción y permitan la fiscalización efectiva de la gestión municipal por la ciudadanía y por los partidos de minoría.

La situación se ha complicado aún más por la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos de 1991, que incrementó las funciones y áreas de competencia municipal, sin las precauciones debidas. Tal legislación ya ha resultado en más politización, ineficiencia, corrupción y descontrol. Lejos de promover la descentralización y la "autonomía municipal", ese estatuto ha provocado un grado mayor de dependencia del Gobierno central. Sólo los municipios grandes, de suficientes recursos económicos, han podido aprovechar las posibilidades bajo la nueva ley, mientras que los municipios pequeños no cuentan con el personal, ni el adiestramiento, ni los recursos económicos para comenzar a reorganizar sus estructuras gubernamentales. En consecuencia, la llamada reforma municipal ha polarizado la relación entre los municipios grandes y los municipios pequeños.

Es preciso iniciar una verdadera reforma municipal que garantice la democratización y despolitización de la gestión del gobierno municipal, la mayor eficiencia gerencial y administrativa, la mayor protección contra la corrupción y la mayor participación fiscalizadora de la ciudadanía y los partidos de minoría.

A estos efectos, el PIP aprobará legislación dirigida a:

1. Revisar integralmente la Ley de Municipios Autónomos, particularmente para ajustarla a las necesidades de los municipios pequeños.
2. Iniciar un proceso de consulta para la consolidación de operaciones municipales en unidades demográficas y geográficas compatibles y viables. Someter a votaciones entre los residentes durante el cuatrienio las consolidaciones. Brindar incentivos económicos y fiscales que las viabilicen.
3. Completar la separación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en los gobiernos municipales. Ello incluye: forma de elección con distribución territorial y composición proporcional.
4. Reestructurar las Legislaturas Municipales para que su composición refleje en forma justa el apoyo de los partidos de la oposición, que garantize en todo caso un mínimo de representación de todos los partidos principales para asegurar la fiscalización efectiva de la obra de todos los gobiernos municipales.
5. Hacer compulsorio el estudio y consideración de todos los Proyectos de Ordenanza y Resoluciones que son referidos a las comisiones municipales.
6. Creación de la Oficina del Inspector Municipal, con la función primaria de garantizar que los procesos de Auditoría se efectúen por personas ajenas al Alcalde y la Administración Municipal.
7. Adoptar legislación para limitar el número de asesor@s municipales y establecer requisitos de preparación y experiencia.
8. Someter a Auditorías periódicas todas las transacciones municipales que excedan de $10,000.
9. Reglamentar estrictamente la adquisición de bienes y la creación de corporaciones municipales.
10. Legislar para garantizar la protección de las comunidades históricas.
11. Prohibir la expropiación de residentes para la reventa a desarrolladores privados.
12. Regular estrictamente los contratos que privatizan la administración de bienes o los procesos de prestar servicios.
13. Acabar con las pensiones de privilegio de los electos al cargo de "Alcalde" o Ejecutivo municipal y con el escandaloso sistema que les permite aumentos instantáneos de sueldo.
14. Adscribir el cargo de auditor municipal a la Legislatura Municipal a la cual le rendirá sus informes con copia a todos sus miembros.
15. Crear una Junta Evaluadora de la Auditoría Municipal, compuesta por un representante designado por cada partido representado en la Legislatura Municipal y un representante del alcalde, con el fin de facilitar el más amplio conocimiento de las operaciones financieras del municipio.
16. Asegurar representación de todos los partidos de minoría en las Juntas de Subasta.
17. Establecer requisitos mínimos de divulgación amplia de subastas para obras cuyo costo sea menor de $40 mil, para asegurar competencia efectiva de todos los posibles licitadores.
18. Requerir que se realicen todas las gestiones dirigidas a obtener la mayor diversidad de cotizaciones para obras y servicios de menos de $40 mil.
19. Crear Juntas Ciudadanas Asesoras para diversas dependencias del gobierno municipal (tales como los centros de servicios múltiples, programas de ayuda social y de emergencia, servicios a la juventud, ornato, etcétera) que faciliten la participación de la ciudadanía en los procesos decisorios del municipio. 
20. Prohibir el uso de los recursos públicos en medios informativos municipales para la promoción de la imagen, figura y personalidades políticas.
21. Garantizar el derecho de los miembros de las Legislaturas Municipales a recibir sin demora y libre de costo, información y documentación gubernamental que solicite.

1. ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO

La ausencia de datos fidedignos en el renglón de incidentes de violencia sexual y doméstica imposibilita el desarrollo de respuestas coherentes que incidan en la prevención y reducción de este terrible flagelo social. Esta falta de coherencia ocurre por razones diversas, todas vinculadas a la deficiente e inefectiva gestión de administración pública en general y de la Oficina de la Procuradora de la Mujer en particular. Es, además, imperativo atender las condiciones de disparidad social que enfrentan las mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, jóvenes y adultas mayor. 

A pesar de que el problema de la violencia doméstica surge de fisuras sociales que emergen en múltiples espacios, la ley habilitadora que dio curso a la creación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer establece que en su función cuenta con poderes investigativos, fiscalizadores y cuasi judiciales para implantar política pública. Sin embargo, la gestión pública de esta agencia dista mucho de vincular las gestiones que propendan en reducir y erradicar la inequidad de género. Es por ello que postulamos que una de las gestiones prioritarias que propone el Partido Independentista Puertorriqueño es replantear la gestión de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, resolviendo ineficiencias operacionales con el fin de crear un espacio vinculante que viabilice el estudio de la situación actual de las mujeres en Puerto Rico, así como iniciativas que permitan alcanzar la integración de inserten exitosamente las agencias concernidas, organizaciones no gubernamentales, personas expertas, y representantes de la diversidad de mujeres y géneros que componen nuestra sociedad. 

Proponemos el Observatorio Nacional de Género como la herramienta de incidencia política, un espacio que sirva para viabilizar una evaluación consensuada de la realidad social, política, económica e individual de los derechos en Puerto Rico en materia de género. El Observatorio Nacional de Género servirá para reforzar iniciativas de vigilancia social y exigencia colectiva en materia de derechos de mujeres y equidad de género, convirtiéndose en la plataforma de información sobre el estado de situación de los derechos humanos de las mujeres y el género en áreas temáticas priorizadas. Será un espacio público virtual, abierto al debate, la reflexión, la generación de conocimientos y propuestas.

Mediante el Observatorio Nacional de Género, se hará viable:

1. Establecer el Registro Maestro de Estadísticas con el fin de validar los tipos y cantidades de casos reportados por la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, Departamento de la Familia, Administración de Tribunales, entre otras dependencias. El fin primordial es contar con datos que permitan desarrollar un manejo adecuado de política pública que redunde en una reducción y eliminación de casos en los que las mujeres son víctimas de violencia, maltrato, o discrimen.
2. Reorganizar y renovar los protocolos existentes entre instrumentalidades públicas, centros de salud y ONGs para la prevención, atención, investigación y manejo de casos de agresión sexual y violación, promoviendo la efectividad en el manejo de dichos casos. Extender los servicios sanitarios disponibles para víctimas de agresiones sexuales y de violencia doméstica, con personal especialmente adiestrado y que funcione en sintonía con la asistencia sicológica, legal y social que requieren estas mujeres.
3. Proveer adiestramiento adecuado a todo el personal de Policía que interviene en la atención y manejo de querellas de violencia doméstica, proveyendo, además de cursos básicos de la Academia, un programa de educación continua.
4. Asignar recursos suficientes a las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de orientación, asistencia y albergue a mujeres víctimas de violencia doméstica y a sus hijos e hijas.
5. Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género y raza. 
6. Documentar las incidencias de discrimen por género y raza en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.
7. Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan estereotipos por géneros, que expongan una imagen despectiva de la mujer o que fomenten o justifiquen la violencia de género. Contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género y raza en la sociedad tanto a través de campañas de orientación como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias.

VIII. REFORMA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La confianza del pueblo en su sistema electoral es esencial para la salud democrática de una sociedad. Por ello las garantías de la pureza electoral han requerido en el pasado un engorroso proceso de votación y escrutinio que no ha sufrido modificación desde hace más de dos décadas. Los adelantos tecnológicos disponibles en la actualidad permitirían la agilización de los procesos de votación y escrutinio, manteniéndose las necesarias garantías de la pureza electoral sin dificultar el acceso al ejercicio informado, directo y secreto del voto.

La confianza del pueblo y la calidad de la democracia requieren que el proceso electoral y las campañas políticas no estén determinados por la cantidad de recursos económicos que tenga disponible un partido o candidato. Deben prevalecer las ideas y no el dinero. Por ello es necesario, dentro de los parámetros constitucionales existentes, limitar los gastos de las campañas políticas y asegurar un financiamiento igualitario suficiente para que todos los partidos políticos puedan comunicar al electorado sus ideas y programas, sin depender de las aportaciones de los grandes intereses económicos que pretenden controlar el proceso político.

Por último, la participación ciudadana en los procesos públicos no se debe limitar al proceso electoral cada cuatro años. Cada ciudadano debe poder influir a diario sobre las operaciones de su gobierno, y en especial aquellas personas que reciben servicios públicos del Gobierno. Desafortunadamente, la ciudadanía no tiene a su alcance un mecanismo para comunicarle su parecer al gobierno y a las corporaciones públicas de las que recibe servicios, ya sea para expresar satisfacción por un buen servicio o para sugerir formas de mejorar. Esa comunicación se debe viabilizar para facilitar que los servicios respondan a las necesidades del Pueblo y para que éste tenga la oportunidad de hacer su aportación a la estructuración de los servicios cotidianos del gobierno.

Para poder participar efectivamente en las operaciones de su gobierno, la ciudadanía necesita acceso a la información relacionada con las leyes y reglamentos propuestos y aprobados. En la actualidad hay acceso mínimo a la información legislativa, pero hay casi total ausencia de información disponible a la ciudadanía sobre propuestas de reglamentación administrativa de las agencias del ejecutivo. Algunos servicios privados de información jurídica proveen acceso limitado a alguna reglamentación administrativa ya aprobada. Resulta inaplazable instaurar un mecanismo público de información administrativa que le dé publicidad no sólo a toda reglamentación aprobada por agencias administrativas, sino también a toda propuesta de reglamentación, de manera que la ciudadanía -en particular grupos afectados de la comunidad- tenga la oportunidad de enterarse de la acción propuesta, y pueda comparecer para participar en el proceso administrativo.

A estos efectos, el PIP propone las siguientes medidas:

1. Promover que la Comisión Estatal de Elecciones elabore un plan para la modernización de los procesos electorales mediante la incorporación de la tecnología moderna de computación al proceso de votación y escrutinio, compatible con mantener la pureza de los procesos electorales.
2. Enmendar la Ley Electoral para proveer el financiamiento público exclusivo de los gastos de las campañas políticas de los partidos y l@s candidat@s.
3. Castigar severamente el fraude en los procesos eleccionarios con términos fijos de interdicción candidaticia de 15 a 96 años.
4. Derogar la subvención pública a las primarias presidenciales de EEUU que le cuestan al erario cientos de miles de dólares.
5. Reglamentar estrictamente la publicidad gubernamental durante todo el cuatrienio para evitar su uso como un subterfugio para la propaganda político partidista.
6. Reglamentar la manera en que se pauta la publicidad gubernamental en los diversos medios de difusión para evitar que se utilice el poder económico del Estado como un premio o un castigo a determinados medios.
7. Prohibir que personas naturales o jurídicas que tengan contratos de servicios profesionales con dependencias gubernamentales puedan hacer aportaciones económicas a l@s candidat@s o al partido político al que pertenezca el oficial nombrado o electo que intervino, evaluó o autorizó dichos contratos.
8. Se viabilizará la evaluación de todo servicio público que reciba la ciudadanía en agencias del Gobierno y en corporaciones públicas. Cada agencia o corporación pública vendrá obligada por Ley a diseñar un sencillo formulario de evaluación de sus servicios, y hacerlo disponible a la ciudadanía que hace uso de los mismos. Igualmente, cada agencia debe procesar la información recopilada en estas evaluaciones para revisar periódicamente la estructuración de sus servicios.
9. Aprobar legislación para crear la "Gaceta Administrativa de Puerto Rico" como publicación periódica del Departamento de Estado, en la que se le dé difusión a toda la reglamentación administrativa propuesta y aprobada por agencias del Gobierno de Puerto Rico. La publicación en la Gaceta sería requisito indispensable para que un reglamento pueda entrar en vigor. Además, la Gaceta le dará publicidad a todos los procesos de aprobación de reglamentos en los que la ciudadanía puede participar (por ejemplo la celebración de vistas públicas, la disponibilidad de estudios en agencias, etc.) e incluirá el texto completo de toda la legislación. Habrá asimismo una edición electrónica de la Gaceta Administrativa que incluirá el texto de toda Orden Ejecutiva, ordenanza, reglamento y ley con las debidas contra-referencias e índices variados para facilitar su búsqueda.

Programa de Gobierno 2016

Desarrollo Social

1. SOCIEDAD Y CALIDAD DE VIDA

El norte de toda política social debe ser atender las necesidades y mejorar las condiciones de vida de l@s ciudadan@s. El desarrollo económico tiene que darse de la mano de un desarrollo social que promueva la distribución más justa de la riqueza y los beneficios asociados al crecimiento económico. La única forma de lograr el progreso de tod@s es ampliando el acceso, los medios y nivelando las oportunidades para que l@s ciudadan@s participen plenamente en el ámbito económico, social, político y cultural de su país y así disfrutar tod@s de calidad de vida.

En Puerto Rico, sin embargo, los indicadores económicos y los indicadores de bienestar social reflejan un progresivo deterioro, lo que se manifiesta a través complejos problemas sociales.

Aunque contamos con decenas de agencias y programas de servicios esparcidos por el país para atender esos problemas y un multimillonario presupuesto, las estrategias ensayadas hasta el presente no han redundado en cambios efectivos para l@s divers@s actor@s sociales ni han resultado en adelantos en materia de derechos humanos/ciudadanos. Por el contrario, aumenta cada vez más la violencia, la adicción a drogas, el maltrato hacia los más débiles, la falta de acceso a vivienda y transportación, la dependencia económica y falta de responsabilidad individual, entre otros. Con frecuencia alarmante, se registran crímenes que antes eran eventos aislados, creando un clima de inseguridad insostenible. Puerto Rico está lejos de haber alcanzado el progreso que alegadamente traería el proyecto modernizador del país. Al contrario, lo que impera es la conflictividad en las relaciones personales y sociales que refuerzan conductas ciudadanas desarraigadas e individualistas, que se anteponen al bien común y malogran el logro de mayores reivindicaciones sociales.

Es imperativo revisar las políticas sociales de intervención y provisión de servicios para que los programas y estrategias gubernamentales atiendan de forma integral, racional, y transdisciplinaria los retos sociales.

Si revisamos la Política Pública promulgada surgen tres grandes desfases que debemos sobrepasar para transformar la compleja realidad social de nuestro país:

1. Existe una resistencia por los integrantes del Gobierno de evaluar la política social promulgada en términos de su alcance y efectividad. Insisten en las mismas estrategias de acercamiento a los problemas, aun cuando han demostrado ser inefectivas, y se niegan a realizar los cambios y ajustes necesarios.
2. La dispersión, fragmentación y falta de rigurosidad en la recopilación de datos y en los esfuerzos gubernamentales. Se hace necesario estructurar una base de datos integrada que permita a los órganos gubernamentales trazar políticas públicas costo-efectivas, coordinadas entre sí, atemperadas a nuestra realidad, de fácil monitoreo y con resultados medibles. 

1. LA FAMILIA DEL SIGLO XXI

La familia puertorriqueña ha variado en estructura y funciones en las últimas décadas. Las repercusiones del cambio social acelerado que atravesó Puerto Rico dejaron sentir su impacto en lasnuevas estructuras familiares. Diversos indicadores denotan los efectos sobre la estructura familiar, tales como: (a) cambios en las tasas de matrimonio; (b) aumento en separaciones y divorcios; (c) aumento en las parejas que conviven sin estar casados; (d) aumento en el número de niñ@s que nacen de relaciones fuera del matrimonio; (e) aumento en el número de niñ@s expuestos a padres o madres 'en serie' o sucesivos; (f) aumento en el número de hogares donde está a cargo una sola persona adulta, particularmente mujeres; (g) aumento de la población de edad avanzada y con mayor expectativa de vida; (h) descenso en la tasa de natalidad en los últimos 40 años, con excepción de los nacimientos entre madres adolescentes; (i) estructuras de familia alternas a las tradicionales.

Como resultado de estos cambios, las familias han tenido que alterar los papeles ejercidos por algunos de sus miembros para cumplir con nuevas funciones. Sin embargo, la política pública sobre la familia permanece prácticamente inalterada y el gobierno no ha atemperado la legislación ni sus programas y servicios a las transformaciones estructurales familiares.

Proponemos:

1. Crear un Centro de Estudios de la Familia (CEF) que incorpore representantes de agencias gubernamentales -la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, de las Personas con Impedimentos, Procuradores de Menores, del Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud, del Departamento de la Familia, la Oficina de Asuntos de la Juventud, el Observatorio de Género (propuesto en este Programa), del sector académico y organizaciones profesionales y comunitarias para examinar las necesidades de las nuevas estructuras familiares, el impacto de las mismas sobre sus integrantes y los contextos sociales en los cuales interactúan (escuela, iglesia, comunidad, trabajo). Los integrantes de este Centro evaluarán la efectividad de la política social promulgada referente a la familia y sus componentes, y recomendarán legislación para atemperar la provisión de servicios y ofrecimientos gubernamentales a sus necesidades reales. El acercamiento del Gobierno a las variadas estructuras familiares partirá del respeto a la diversidad y del reconocimiento a la igualdad y los derechos humanos que le asisten a cada uno de sus componentes.
2. Desarrollar y asignar recursos a programas gubernamentales y comunitarios para el desarrollo de destrezas individuales y familiares sobre temas como:
1. cuido y crianza de niñ@s
1. el fomento de relaciones de respeto e igualdad entre las parejas
2. destrezas de comunicación efectiva y respetuosa entre los componentes de la familia, así como manejo de conflictos a través del diálogo y la negociación
3. necesidad de trabajo y cooperación de cada miembro de la familia con las tareas del hogar
4. destrezas para enfrentarse a cambios en las funciones familiares, así como manejo y negociación de relaciones familiares tras una separación o divorcio
5. comprendiendo cambios de la adolescencia
6. destrezas necesarias para cuidar una persona de edad avanzada en el hogar
7. destrezas necesarias para cuidar una persona con impedimento
1. manejo de situaciones familiares creadas por la adicción a sustancias legales o ilegales de uno de sus miembros

1. planificación y manejo de presupuesto, plan de ahorro y planificación del retiro
2. los cambios y ajustes de la funciones tradicionalmente atribuidos al hombre y a la mujer a través del tiempo.

Aunque al presente existe alguna legislación y programas sobre este particular, urge evaluar su alcance y efectividad, integrar aquellos esfuerzos aislados que han resultado exitosos, así como los esfuerzos de investigación académicos.

1. Incentivar esfuerzos conducentes a conciliar la esfera laboral con la doméstica, de forma que las personas puedan cumplir con sus tareas de trabajo y familiares en asuntos, tales como, (a) promover legislación para flexibilizar el horario de trabajo en el gobierno, (b) identificar toda labor o actividad gubernamental que pueda ser realizada por emplead@s desde su hogar o a distancia sin que ello afecte sus salarios y beneficios actuales, (c) incentivar contributivamente a patronos que adopten políticas flexibles en el manejo de asuntos familiares por sus emplead@s.
2. Se adoptará un Programa Nacional de Centro de Cuido de Niños y Niñas atendiendo los ámbitos de accesibilidad, distribución por regiones y aportación al pago de los mismos creando conciencia sobre este tipo de servicio como una inversión social beneficiosa para la comunidad. Se creará un Reglamento uniforme para estos centros para uso de todas las agencias reguladoras.
3. Aumentar los servicios de acompañantes y amas de llave para atender los niñ@s con necesidades especiales. 
4. Establecer y apoyar organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de apoyo a las familias que tienen niñ@s con necesidades especiales con el objetivo de que éstas puedan contar con personal que los sustituya en el cuidado de sus niñ@s (Programas de Respiro).
5. Crear un Programa Nacional de Centros de Cuido de Adult@s Mayores que considere la realidad demográfica actual, en la que destaca un creciente aumento de la población envejecida, con mayor expectativa de vida y nivel educativo, particularmente de mujeres, y promover programas comunitarios de respiro para ayudar a las familias trabajadoras que asumen el cuido de sus padres.
6. Incorporar en el currículo escolar desde grados primarios cursos sobre la evolución, transformación y estado actual de la familia puertorriqueña y la construcción social del género que incluya modelos exitosos de estructuras alternas a la tradicional nuclear e información de programas y servicios de apoyo gubernamentales disponibles. Con ello se reconoce a la estructura familiar como agente socializador vital con potencial de cambiar o perpetuar estigmas y estereotipos que resultan muchas veces dañinos a sus propios componentes.
7. Crear programas comunitarios de apoyo y respiro para familias en estructuras alternas (madres solteras y padres solteros, familias con personas con impedimentos, madres adolescentes, parejas de adult@s mayores) considerando horarios no tradicionales de servicios.
8. Asignar recursos para programas de recreación comunitaria, particularmente para familias de escasos o medianos recursos de forma que disfruten de teatros, ferias, museos y conciertos al aire libre, así como creación de parques pasivos en diferentes regiones del país como lugares de sano esparcimiento.
9. Legislar para que, a través del Canal del Gobierno y con el asesoramiento de académicos y organizaciones profesionales, se cree programación educativa sobre asuntos de interés de la familia, para ser distribuidos en videos, internet o discos compactos, cuyos temas aborden la prevención de la violencia, destrezas de crianza, manejo de emociones y frustraciones, entre otras problemáticas. Coordinar su transmisión mandatoria en estaciones del Tren Urbano, oficinas gubernamentales y que se promueva en lugares privados, tales como, salas de espera en consultorios médicos, hospitales, bancos, entre otras.
10. Iniciar el readiestramiento de todo el personal gubernamental de programas dirigidos a la familia para fomentar la intervención transdisciplinaria congruente con los cambios sociales que caracterizan a la familia. Esto incluye la creación de becas para educar o re-educar estos profesionales.
11. Integrar universidades y otros centros educativos a estos esfuerzos reclutando facultad y estudiantes como interventores, investigadores y evaluadores de programas de servicio y experimentales.
12. Asignar los recursos necesarios para cumplir con el Plan Nacional de Prevención Primaria de la Violencia -según mandata la Ley 467 del 23 de septiembre de 2004-asignando particular atención a la violencia que se origina en el contexto doméstico y sus repercusiones en el ámbito social en general, e integrar los esfuerzos realizados por entidades similares para no fragmentar los recursos existentes.
13. Se realizará campaña masiva acerca de los servicios que ofrece la Línea de Orientación y Apoyo Familiar del Departamento de la Familia y se evaluará su efectividad.

1. NIÑEZ

Luego de aprobarse la Convención de los Derechos del Niño en 1989, numerosos países, (exceptuando a los Estados Unidos y por ende Puerto Rico dada su condición colonial) consignaron una Declaración que impone las responsabilidades y deberes del Estado respecto a la niñez. A raíz de esta Convención muchos gobiernos se proclamaron Ciudades Amigas de la Niñez lo que significaba adoptar principios y políticas gubernamentales en asuntos como: reconocer a los niñ@s como sujetos titulares de derechos ciudadanos; su necesidad de ser escuchados, protegidos, y ser partícipes de la política gubernamental que los afecta; apoderarlos para tomar decisiones; la promoción de valores no violentos desde la niñez y capacitar para ello a aquellos que trabajan con niñ@s; educar sobre métodos no violentos de crianza; reducir la polarización generacional; entre otros.

En Puerto Rico, sin embargo, los programas y servicios sociales, de salud, educativos y sicológicos para servir las necesidades de nuestros niñ@s son insuficientes. Tampoco vemos suficientes espacios públicos o actividades donde los niñ@s puedan compartir de manera sana, activa y entretenida. La niñez continúa siendo más vulnerable que el resto de la población a la violencia, al maltrato físico, sicológico o sexual, a relaciones sexuales prematuras no protegidas, y a que se les niegue su derecho a ser escuchados y a participar de diversos espacios sociales que le son pertinentes, como los programas educativos, de salud, de recreación, y de aquellos que se dedican a combatir la pobreza.

Ante esa realidad, el PIP se compromete a:

1. Cambiar los currículos y políticas gubernamentales que asumen formas discriminatorias contra los niñ@s mediante campañas que promuevan el pleno disfrute de sus derechos humanos y cambiar el paradigma de que los niñ@s no son sujetos titulares de derecho con necesidad de participar y ser escuchados sobre lo que los afecta.
2. Continuar con las estrategias educativas y preventivas existentes, o poner en marcha donde no existan, mediante coordinación intraescolar e interagencial y una integración de módulos educativos adaptados por edad al currículo regular de clases en escuelas públicas y privadas. La prioridad será el desarrollo de servicios de intervención temprana con familias que estén el alto riesgo de confrontar problemas de violencia o integración social.
3. Intercalar durante la programación infantil, y mediante acuerdos con los medios de comunicación, pautas educativas sobre cómo prevenir y denunciar amenazas a su salud física y mental, maltrato, violencia  sexual, prostitución infantil, valores universales, equidad de género y educarlos para que conozcan sus derechos.
4. Evaluar la efectividad de los programas e iniciativas actuales del Departamento de la Familia dirigidos a fomentar la crianza adecuada y formas de disciplina no maltratantes. Se considerará que la participación en estos talleres no sea voluntaria sino por referidos de las propias agencias, de los Sistemas de Tribunales o de profesionales de ayuda que intervengan con menores o adolescentes en alto riesgo o crisis. La provisión de los talleres estará sujeta a supervisión y rendición de cuentas, de manera que se asegure el uso efectivo y prudente de los recursos que a ese fin se destinen. Se coordinarán también estrategias de intervención en las oficinas del Registro Demográfico al momento de la inscripción de un menor.
5. Crear Centros de Crisis para menores en varias regiones del país para casos de maltrato, remoción de hogar, violencia doméstica, abuso sexual, entre otras situaciones, que cuente con intervención transdisciplinaria para atender la salud mental de los menores envueltos en situaciones que ponen en riesgo su integridad física y estabilidad emocional. Esto incluye dotar de mayores recursos humanos y fiscales al único centro de ayuda existente, adscrito al Hospital Regional de Bayamón.
6. Hacer cumplir la Ley 170 que requiere nombrar un Psicólogo Escolar en cada escuela, la Ley 149 que restablece el curso de Educación Física en las escuelas, la Ley 49 que establece un curso sobre Gobierno y Derechos Civiles en las escuelas. Presentar proyectos para viabilizar que se realicen pruebas de inventario de intereses académicos en las escuelas, educación continua para maestros, sobre condiciones de salud que afectan el aprendizaje, la creación de un Fondo de Promoción y Salud Escolar, entre otros.
7. Revisar la legislación existente y proveer recursos para la prevención del maltrato, ya que la intervención temprana y la reeducación de los padres reducirá el número de remociones e intervenciones por abuso o maltrato. Serán prioridades las siguientes:
1. Evaluar el funcionamiento del Departamento de la Familia, para identificar y atender las causas en el atraso de manejo de casos y referidos; promover mayor eficiencia en los niveles intermedios de supervisión y una fiscalización estricta los recursos asignados.
2. Mejorar las condiciones laborales de las trabajador@s sociales y reevaluar los mecanismos de identificación, intervención y monitoreo de casos para reducir el tiempo de espera en la resolución de los mismos, y establecer la coordinación necesaria con otras agencias o dependencias, como la Administración de Tribunales, para la intervención de l@s trabajador@s sociales en procesos judiciales y de otro tipo no represente, como hasta ahora, una carga de difícil manejo en términos de tiempo y comparecencias.
3. Monitorear los procesos que el Departamento de la Familia ponga en vigor al amparo de la Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, intitulada Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, según enmendada, de manera que se recopilen datos y estadísticas que sirvan para medir su adecuación y facilite la revisión periódica y las enmiendas que procedan para garantizar su eficacia.
4. Fortalecer el Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud -que atiende menores con impedimentos en la etapa de 0 a 3 años-para que haya una coordinación y transición efectiva de servicios preventivos con los Departamentos de Educación y Familia. En el diseño de políticas públicas preventivas para menores se explorará el sentir y recomendaciones de organizaciones como el Colegio de Nutricionistas, la Academia de Pediatría, el Colegio de Trabajadores Sociales, psicólog@s y psiquiatras infantiles, demógrafos, salubristas, entre otros.
5. Asignar mayores recursos económicos a organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios y albergue a menores, y a la par, se aumentará la fiscalización de los hogares sustitutos y de crianza, para que cumplan con parámetros estrictos en torno al bienestar y mejor interés de los menores, particularmente su estabilidad emocional. En las remociones de un menor de su hogar ést@ atravesará un proceso de estabilización emocional en los Centros de Crisis aquí propuestos.
6. Crear programas para reducir vulnerabilidad de niñ@s a enfermedades sexualmente transmisibles mediante estrategias de prevención y educación.
7. Dar cumplimiento a la Carta de Derechos del Niño -Ley 338 del 31 de diciembre de1998-y revisar la legislación existente en las agencias que ofrecen servicio a la niñez para evaluar su efectividad y proponer los cambios necesarios mediante la preparación de un Código de la Niñez.
8. Dar seguimiento al Plan Nacional contra el Maltrato de Menores del Departamento de Familia que incorporó recomendaciones de diversos grupos y profesionales en torno a estrategias preventivas y holística para trabajar con esta problemática.
9. Dar seguimiento y diseminar los programas y equipos de apoyo multisectoriales que puedan desplazarse a escuelas, el hogar o la comunidad donde reside un menor identificado tempranamente como de alto riesgo de incurrir en conductas inadecuadas. Los Departamentos de la Familia, Justicia, Educación, Salud, Recreación y Deportes, Trabajo y Salud, a través de ASSMCA, además de los municipios donde resida el menor, participarán de este esfuerzo.

1. JUVENTUD

La juventud puertorriqueña es el sector más duramente castigado por la violencia que reina en el país. Más de la mitad de los homicidios reportados cuentan como víctimas a menores de treinta años. Puerto Rico figura entre las naciones con tasas más elevadas de homicidios entre los jóvenes de 15 a 29 años por unidad de población. Un 36 por ciento de la población penal está compuesta por jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, y se ha reportado que el 57 por ciento de l@s confinad@s, al momento de cometer delito, está desempleado, el 48 por ciento tenían ingresos anuales de $20,000 o menos, el 38 por ciento tiene un nivel de escolaridad de 9no grado o menos y un 69 por ciento ha sido usuarios de drogas (aunque no todos padezcan de adicción).

Otro gran reto que enfrentamos, al proponernos un proyecto político para construir un país próspero en el cual impere la justicia social, es el éxodo masivo de nuestra juventud. Perdemos a nuestros ciudadanos en edad productiva que tienen el potencial de emprender gestiones empresariales y laborales que aportarían al desarrollo económico de Puerto Rico. La emigración representa la fuga de las destrezas, talentos y capacidades en las cuales nuestro pueblo invirtió a través del Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico e instituciones privadas. Para el año fiscal 2015-16 los presupuestos del Departamento de Educación (DE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) ascendieron 3.2 mil millones y 1.4 mil millones de dólares respectivamente.  En ambos casos, sobre el 60 por ciento de esta inversión proviene del Fondo General. No podemos permitir que nuestra inversión se diluya en el abismo de la emigración. En esta coyuntura de crisis económica nos corresponde crear las condiciones para que nuestros jóvenes no se vean obligados a abandonar su terruño. 

Proponemos invertir los recursos del Estado en proyectos de desarrollo económico que creen las condiciones laborales para retener a nuestros jóvenes. Crear las condiciones socioeconómicas adecuadas en las instituciones que forjan y emplean a nuestros jóvenes contrarresta la desigualdad conducente al crimen y la deserción escolar-universitaria. 

Esta generación de puertorriqueños sólo han conocido la debacle y la crisis del ELA colonial, esta sección del programa de gobierno busca inculcarle la esperanza, la seguridad y la acometividad a nuestros jóvenes para enfrentar los retos

Para hacer realidad la aspiración de las generaciones más entradas en edad, de legarle a nuestra juventud un país con futuro menos sombrío, presentamos las siguientes propuestas:

1. JÓVENES EN EDAD ESCOLAR

Los jóvenes en edad escolar expresan frustración ante los efectos de políticas educativas que durante décadas han estado mal orientadas. Las mismas han mostrado ser medidas inefectivas por parte de un gobierno que no le presta la atención que los jóvenes requieren. Es por eso que el sistema escolar pierde pertinencia.  Por otra parte, las deficiencias crecientes en el aspecto psicológico, motivacional y familiar conducen a una cantidad importante de jóvenes a sentirse desmotivados, a no mostrar apego a su escuela y a su comunidad, a desertar o exhibir comportamientos sociales delictivos. Por estas razones el PIP se compromete a: 

Iniciar una verdadera reforma educativa, la cual se analiza detalladamente en la parte de este Programa que discute el tema de Educación. Dicha reforma debe lograr:

1. Que la educación responda a las necesidades individuales de cada estudiante. Éste debe poder jugar un rol participativo, de acuerdo a su edad o estado de desarrollo, y decisional en lo que respecta a la orientación de su futuro educativo en temas tales como las materias que tomará, si sus estudios estarán concentrados hacia las artes, deportes, estudios vocacionales u otras alternativas. Para esto los salones o unidades de enseñanza deben contar con una razón adecuada de profesores a estudiantes.
2. La ampliación de las opciones educativas vocacionales, construyendo o reorganizando escuelas para ampliar la oferta de cursos prácticos a tenor con la realidad del mercado de empleo y los avances tecnológicos.
3. Que se provean opciones alternas a la escuela tradicional para l@s desertor@s escolares de forma tal que puedan encontrar maneras de adquirir destrezas educativas y vocacionales. Por lo general, l@s desertor@s escolares no desean regresar a la escuela por lo que necesitan otras alternativas para continuar su educación. Es indispensable que se ayude tempranamente a las familias cuando comienzan a confrontar problemas de conducta con sus adolescentes o exhiben éstos factores de riesgo mediante el desarrollo de servicios de intervención multidisciplinaria. Para lograr esto, los Departamentos de la Familia y Educación tendrán que trazar estrategias coordinadas.
4. Devolver al currículo regular la integración de programas de idiomas,  bellas artes y de educación física, tan abandonados por las pasadas administraciones.
5. Implantación de programas en horario escolar extendido que incluyan la promoción de actividades deportivas, artísticas y de servicios comunitario que conviertan a las escuelas y a las organizaciones comunitarias en recursos que promuevan el que los jóvenes se mantengan en actividades sanas y dirigidas al fortalecimiento de su desarrollo valorativo, social y emocional.
6. Desarrollo de un programa de apoyo multidisciplinario para intervenir con jóvenes en alto riesgo o identificados con problemas de conducta, que asuma los distintos escenarios en que se desenvuelven (escuela, hogar, comunidad) y que recabe el apoyo de profesionales especializados en las diversas agencias gubernamentales, tomando siempre en consideración programas o iniciativas innovadoras y efectivas ya experimentadas;
7. Programas de verano educativos y de interés para la juventud, que contribuyan a la formación integral del estudiante y al fortalecimiento de sus valores morales y sociales.
8. Establecer política pública para prevenir, atender, orientar, penalizar y dar seguimiento a la violencia en el noviazgo, tanto con y entre menores como mayores de edad.
9. Promover la participación activa e integración de l@s estudiantes en los procesos organizativos, sociales y decisionales que afectan su educación y desarrollo individual. Para esto es menester:
1. Introducir legislación donde se establezca el derecho del estudiantado de escuela superior a organizarse en consejos de estudiantes con el propósito de ampliar, conjuntamente con l@s maestr@s y los padres, la participación de los estudiantes en las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, y como mecanismo de desarrollar destrezas de liderato.
10. Incentivar actividades relacionadas al arte, tanto en las escuelas como en las comunidades: estableciendo programas de teatro, música, artesanía y otras artes liberales en éstas y promoviendo y apoyando las iniciativas comunales donde se utiliza el arte como mecanismo de integración social, toma de conciencia y de compromiso social de cada individuo, además de como fuente de promoción para la salud integral para el pueblo.
11. Promover la participación e integración de figuras destacadas en las distintas áreas del deporte y de las bellas artes para que participen de clínicas y talleres dirigidas a los jóvenes, motivándolos a ver en el deporte, una vía de recreación y superación.
12. Estimular la creación o disponibilidad de empleos para jóvenes, en el sector público y en el privado, durante los períodos de receso escolar, o durante el año escolar en horas en que los jóvenes están fuera de la escuela y sujetos a supervisión mínima. Se promoverá el desarrollo de programas de estudio y trabajo similares a los que se les proveen a l@s estudiantes en las universidades. Áreas de trabajo podrían ser la biblioteca, el comedor escolar, mantenimiento de equipo deportivo, técnico de computadoras u otros equipos electrónicos, empleos de tutores, entre otros. Se fomentarán además proyectos innovadores dirigidos a que los jóvenes aprendan a desenvolverse económicamente y que desarrollen responsabilidad, buena organización del tiempo, puntualidad, entre otras.
13. Asegurar la participación de la juventud en la lucha contra la criminalidad. A esos efectos, tendrá una participación activa y destacada en las actividades de las asociaciones vecinales que se promoverán como parte de los esfuerzos de prevención de la criminalidad tales como actividades deportivas, sociales y culturales en las comunidades y urbanizaciones del país.
14. Incentivar la educación en salud y desarrollar programas de prevención y ayuda al joven estudiante, áreas que carecen de un plan eficiente y apropiado para asegurar el desenvolvimiento integral y armonioso del estudiante en su plano educativo, social y familiar. Estos programas deben además, fomentar y facilitar la integración de los jóvenes en los procesos sociales que les incumben, promoviendo su salud integral y ayudando a prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados. Para lograr esto, proponemos:

1. Establecer programas educativos para el desarrollo de una sexualidad sana y responsable, donde se integre a la familia, el estudiante, el personal escolar y la comunidad,  a fin de prevenir los embarazos en adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Estos programas, enfocados en la prevención en todas sus vertientes, serán ofrecidos atemperándose a las distintas etapas de desarrollo, tanto físico como mental, de los jóvenes, pero comenzarán a ofrecerse a edad temprana.
2. Apoyar económica y organizativamente proyectos escolares y comunitarios dirigidos a trabajar con: la prevención del VIH/SIDA, así como de otras enfermedades de transmisión sexual; prevención y tratamiento de la anorexia y la bulimia; prevención del uso y abuso de drogas y prevención de suicidios, cuya tasa ha ido en constante aumento, haciendo uso de estrategias que apelen a esta población.
3. Velar por el cumplimiento cabal de la Ley 170, la creación escalonada de plazas de psicólog@s escolares en las escuelas públicas, ajustándolas periódicamente a las necesidades de l@s estudiantes y de la comunidad escolar. L@s psicólog@s escolares son un pilar integral para la conservación y desarrollo de la salud mental de los estudiantes, padres y maestros.

1. JÓVENES EN EDAD UNIVERSITARIA

La Universidad debe ser instrumento de formación de profesionales comprometidos con su país; la Universidad de Puerto Rico no debe estar sujeta a directrices o intereses que responden primariamente al mandato político de turno. Se hace necesario encarrilar la educación universitaria como instrumento de los jóvenes para aportar el máximo de su potencial y capacidades a su país y al bienestar general, y no meramente como un fin de obtener un empleo bien remunerado o satisfacciones individuales. Durante los últimos años el alza en los costos y cuotas de matrícula, la imposición de cuotas especiales, sumado al aumento en los precios del hospedaje, el agua, la luz, libros, transportación, materiales, etc., han transformado la carrera universitaria en una extremadamente onerosa que ha provocado el aumento de las deudas estudiantiles, a la vez que ha desincentivado y desanimado al joven que decide continuar con sus estudios.

Como una forma de lidiar con esta problemática, el PIP propone:

a.   Constituir una nueva Ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico que garantice:

1. Aumento en la participación estudiantil en la dirección de la Universidad (Ej. Junta de Gobierno), en condiciones de igualdad con los administradores académicos, la facultad y el personal no docente.
2. Injerencia en el proceso de decisión, evaluación y selección de los miembros de las juntas rectoras del Sistema Universitario (Ej.: Junta de Gobierno), ya sea por votación directa o por representación, en igualdad de condiciones con los demás miembros de tales juntas.
3. Revisión periódica obligatoria de los currículos, con participación directa y sustancial de la comunidad estudiantil.
4. Una matrícula justa y proporcional, que se ajuste al nivel de ingresos y capacidad de pago del estudiante, para asegurar el acceso de todos al sistema universitario sin que medien consideraciones económicas.
5. Expandir los programas de estudio y trabajo y sus remuneraciones de manera escalonada, estableciendo como prioridad que se otorgue la mayor cantidad de plazas de empleo posibles a los estudiantes de cada Recinto.
6. Promover un ambiente adecuado, ameno y saludable para el estudio, dentro y fuera de la Universidad, que tenga como objetivo conservar y mejorar la salud física y mental del universitario, además de asegurar su permanencia en la universidad e incentivar la continuación de sus estudios.
7. Reducir el hacinamiento de automóviles y escasez de estacionamientos en los Recintos de la isla, creando legislación para establecer tarifas preferenciales para el uso de trasporte público a los jóvenes universitarios.
8. Habilitar estacionamientos alternos cercanos a los Recintos, con transportación colectiva gratuita entre éstos.
9. Establecer servicios específicos, incluyendo hogares hospedajes, para la población de jóvenes residentes en hogares de crianza o sustitutos que han cumplido los 18 años y que por ello no cualifican para seguir bajo la tutela del Departamento de la Familia.
10. Establecer incentivos para estudiantes sobre salientes a través de becas (estatales y municipales), descuentos matrícula, entre otros.
11. Clarificar y fortalecer mediante la revisión profunda y orientada de la legislación que establece el sistema de servicios de promoción de salud integral, disponible para jóvenes entre 18 y 21 años de edad que, por ello, no cualifican para seguir bajo la custodia del Departamento de la Familia, ni cualifican para recibir ayudas económicas ni para vivienda pública. El "limbo" sistémico en la provisión de servicios a esta población los ubica en una posición vulnerable y de alto riesgo para exhibir comportamientos sociales delictivos (como integrarse a la economía subterránea del trasiego de drogas) o comportamientos que pueden ir en deterioro de su salud y bienestar pleno.
12. Impulsar una reestructuración administrativa y académica de la Universidad de Puerto Rico que elimine las ineficiencias que redundan en gastos excesivos  con el fin de invertir las economías en proyectos que revitalicen la institución.
13. Legislar para que el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico desarrollen planes estratégicos quinquenales para atender el aprovechamiento académico de l@s estudiantes del DE y así lograr economías en cursos básicos y remediales de la UPR.

1. JÓVENES ADULTOS Y PROFESIONALES

Los jóvenes adultos y profesionales constituyen un sector económico y productivo de gran importancia. Son el resultado de años, dinero y esfuerzo invertido, tanto del Gobierno como de los propios individuos, en el desarrollo de nuestro capital humano. Puerto Rico se distingue por la cantidad de profesionales y trabajador@s diestr@s que instruye y prepara. Sin embargo, nuestro sistema económico y político en extremo obsoleto, ha impedido el desarrollo de nuestros jóvenes adultos y la utilización apropiada de tan significativo recurso. No estamos creando la cantidad de empleos suficientes para satisfacer las necesidades de este grupo lo cual los impulsa a emigrar en busca de oportunidades.

El desempleo entre jóvenes y la fuga de talento drenan a nuestro país de su más importante recurso. Para atender las urgentes necesidades de este sector, el proponemos:

1. Combatir toda propuesta (como la presentada por el Informe Krueger y mal llamado Plan de Recuperación Económica del PPD del 2015) de reducir el salario mínimo, los beneficios y de limitar los derechos laborales de l@s trabajador@s más jóvenes.
2. Establecer incentivos contributivos a compañías que empleen jóvenes recién egresados de la Universidad con el objetivo primario de reducir el desempleo.
3. Proveer apoyo técnico, financiero y contributivo a iniciativas empresariales de jóvenes o para empresas que empleen principalmente jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, con el objetivo de enfrentar efectivamente el elevado nivel de desempleo prevaleciente en este renglón de la juventud.
4. Implantar programas de orientación sobre formas eficaces de ahorro y manejo de los ingresos, para incentivar el ahorro y los planes de retiro.
5. Instituir mecanismos eficaces para promover el desarrollo responsable del crédito individual.
6. Crear empleos, incentivando coaliciones entre jóvenes profesionales, estudiantes y universidades privadas y públicas para establecer centros de investigación y desarrollo, estimulados por el Estado.
7. Diversificar la economía incrementando así la demanda de empleo para las carreras profesionales relegadas en el modelo económico actual, teniendo en consideración una política económica coordinada que sirva los intereses nacionales. Es imperativo desarrollar la industria del conocimiento, informática, farmacéutica, eco-turística, liviana y agrícola para asentar una economía de prosperidad y desarrollo sostenible.

1. PARA TODOS LOS JÓVENES

Nuestra misión es brindarle a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida en todas sus variantes, para de esa forma asegurar el total desarrollo de nuestros jóvenes y su preparación integral para los retos del presente y del futuro. Por esta razón, además de lo expuesto anteriormente, el PIP:

1. Ampliará la oferta de becas estudiantiles a jóvenes destacados en las artes, los deportes y las materias vocacionales.
2. Establecerá mediante legislación la entrada gratuita o a un costo nominal a museos, reservas naturales, parques nacionales u otros lugares de alto interés educativo a todos los jóvenes de hasta 21 años de edad.
3. Reformará el sistema de justicia juvenil para ofrecer la rehabilitación eficaz de los jóvenes que incurren en conducta antisocial. Es preciso dotar el sistema de suficientes recursos económicos, de recursos humanos debidamente adiestrados y re-adiestrados, y de instalaciones físicas adecuadas.
4. Dará especial atención a los jóvenes que evidencien problemas de aprendizaje de manera que se les ayude a vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y se motiven a continuar desarrollando sus destrezas.

1. ADULT@S MAYORES

La población de adult@s mayores en Puerto Rico ha crecido significativamente. Se estima que para el año 2025 el sector con sesenta años o más representará un 23 por ciento de nuestra población total. La mayoría de ellos viven en el área metropolitana y más de un 40 por ciento vive bajo condiciones de pobreza. Los adult@s mayores necesitan más y mejores servicios de salud, de cuidado diurno y residencial, acceso a medicamentos, atención a los problemas de violencia, mayor estabilidad económica al momento de su retiro o vejez y mejorar su calidad de vida. Durante años no se han asignado los recursos necesarios ni se han articulado políticas adecuadas a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades que tiene este sector poblacional. 

De otra parte, predomina una concepción equivocada en nuestra sociedad de que envejecer es sinónimo de aislamiento, improductividad e inutilidad, en contraste con la gran aportación que continua haciendo este sector poblacional, en términos económicos (por aquell@s que continúan trabajando después de su retiro para complementar sus reducidos ingresos), en términos sociales (por el apoyo que éstos ofrecen a sus hij@s en el cuido de niet@s, en gestiones personales y ayuda en el pago de deudas y por los servicios voluntarios que ofrecen en organizaciones no gubernamentales), y en términos educativos (como tutores, consejeros y abuel@s sustitutos de menores removidos), entre otros.

A pesar de su importancia, el país ha desarrollado un clima de hostilidad hacia los adult@s mayores, haciéndolos altamente vulnerables al maltrato, a la pobreza, al fraude, al crimen, al aislamiento social por no contar con métodos confiables de transporte, a padecer de enfermedades prevenibles por el pobre acceso a servicios de salud, recreación, vivienda, entre otras. Es indispensable eliminar toda forma de discrimen contra este sector, garantizarles el pleno disfrute de sus derechos humanos, una autoimagen saludable y promover medidas que los ayuden, de acuerdo a sus posibilidades, a mantener la mayor independencia física, económica, mental y emocional.

Para este sector poblacional proponemos:

1. Dotar a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada de los recursos económicos y humanos necesarios para enfrentar de forma planificada la explosión demográfica en el país de manera que pueda identificar y atender las necesidades particulares de esta población.
2. Tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas de retiro de los emplead@s gubernamentales.
3. Recopilar investigaciones gubernamentales y académicas que nos permitan llevar a cabo campañas educativas a través de los medios masivos sobre las etapas de la vida y el cambio demográfico y generacional, eliminar toda forma de discrimen contra las personas de edad avanzada, promover el disfrute pleno de sus derechos, y la importancia de conservar la salud física y mental, y evitar que sean víctimas de maltrato, violencia o fraude.
4. Organizar un Plan Nacional Integrado de Actividades y Proyectos para Adult@s Mayores que contribuya a que esta población se mantenga activa, y en la manera que sea posible, productiva a través de trabajos a tiempo parcial, del voluntariado, o desarrollo empresarial, que tenga una autoimagen saludable y que no estén impedidos de tener mayor independencia física, económica, mental y emocional.
5. Proveer, a través de los municipios, de la Procuraduría y del Departamento de Recreación y Deportes, servicios recreativos y de actividades deportivas para adult@s mayores.
6. Diseñar una Tarjeta Única de Descuentos para hacer uso de medios de transporte, disfrutar de espectáculos, actividades de recreación y educativas, pero minimizando el perjuicio a los productores de actividades y espectáculos.
7. Promover que se tome conocimiento de las necesidades particulares de este sector y de los cambios poblacionales a la hora de articular políticas públicas y en la toma de decisiones en agencias, tales como, Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, los Departamentos de Vivienda, Salud, y Familia, y en los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios.
8. Promover cooperativas de vivienda, facilidades de salud comunitaria y de servicios sociales integrados para adult@s mayores, dando especial atención a aquellos que no cuentan con hijos, familiares cercanos o a los cuales se les dificulta ser atendidos por sus hijos.
9. Proveer subsidios y descuentos especiales en la compra de medicamentos promoviendo acuerdos gubernamentales con las farmacéuticas establecidas en la isla, que a pesar de contar con numerosas exenciones contributivas y de producir aquí una gran cantidad de los medicamentos más utilizados por l@s adult@s mayores puertorriqueñ@s se nos venden a precios exorbitantes.
10. Hacer cumplir las disposiciones de centros de cuidado diurno y residencial, relativas a la supervisión, evaluación y licenciamiento, aumentando el número de inspecciones y creando un reglamento uniforme para el uso de todas las agencias reguladoras.
11. Aumentar los servicios de transportación asistida, acompañantes y amas de llave y apoyar organizaciones comunitarias que ofrezcan servicios de respiro a familias.
12. Promover el cumplimiento de la Ley 17 del 23 de enero de 2006 (de nuestra Delegación Legislativa) que establece la preferencia en la otorgación de empleos para adult@s mayores que no han completado los trimestres necesarios para recibir su seguro social.
13. Promover cambios al ordenamiento existente para dar protección a aquellos cónyuges que, al afrontar su viudez, sólo cuentan con una protección mínima en cuanto a la vivienda adquirida con su pareja.
14. Obligar a las agencias y municipios tendrán la obligación de orientar a sus empleados sobre la importancia de planificar con tiempo planes de retiro y ahorro para la jubilación, manejo de presupuesto y procesos de ajuste en la etapa de jubilación.
15. Se coordinarán alianzas con empresas privadas, organizaciones de base comunitaria y de Fe, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, en áreas como: aprovisionamiento de comidas calientes a quienes lo necesiten, reparación de daños o modificaciones en sus viviendas, arreglos menores de plomería, electricidad, filtraciones, enseres, entre otros.
16. Se tomarán las medidas para atajar el déficit previsto en los sistemas de retiro de empleados de gobierno, generado por décadas de pésima administración, y se establecerán mecanismos de supervisión y fiscalización para evitar que esta crisis se continúe repitiendo.
17. Promover la educación de profesionales relacionados a la geriatría y gerontología mediante acuerdos con instituciones académicas, otorgación de becas o incentivos a investigaciones.
18. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad económica de personas envejecidas, con impedimento o incapacitadas por condiciones de salud.
19. Considerar en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.
20. Promover la integración de adult@s mayores a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado, de voluntariado o desarrollo empresarial.
21. Promover el desarrollo de comunidades de vida asistida para personas envejecidas y ampliar los servicios de ama de llaves.
22. Desarrollar política pública para establecer programas de educación y apoyo a personas cuidadoras de pacientes de enfermedades debilitantes tales como Alzheimer, fibromialgia o de condiciones que requieran la atención continua de personas envejecidas.

1. PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

La población con diversidad funcional es uno de los sectores que ha sido víctima de numerosas prácticas de exclusión social. Aunque el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos está contenido en muchas de nuestras leyes y reglamentos, no ha podido traducirse en servicios y programas de gobierno efectivos y en prácticas ciudadanas que fomenten la inclusión de las personas con diversidad funcional. Urge dar fiel cumplimiento a la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. Esta ley, de la autoría de nuestra Delegación Legislativa, dispone el marco filosófico que debe guiar la integración plena o inclusión de las personas con diversidad funcional a nuestra sociedad y las responsabilidades que le competen al Estado y a la sociedad en general.

Lamentablemente, en cada informe anual que mandata la Ley 238 a la Procuraduría de las Personas con Impedimentos surge el reclamo de la falta de asignación de recursos económicos a esta agencia para poder cumplir con los propósitos de la ley. De acuerdo con el censo efectuado en el año 2010, se estimó que en la Isla residen alrededor de novecientas mil (900,000) personas con diversidad funcional en nuestro país, lo que constituye casi una cuarta parte de nuestra población total. Este dato pone en entredicho la capacidad de los pasados gobiernos en identificar las necesidades y distribuir los recursos presupuestarios de forma efectiva.

Las propuestas del Partido Independentista Puertorriqueño en esta materia son:

1. Debe revisarse la efectividad de la política social promulgada en beneficio de las personas con diversidad funcional para determinar cuán satisfactorios y efectivos son los programas y servicios existentes y sus limitaciones para los diversos grupos de esta población (niñez, juventud, adultez). Al presente existen problemas de coordinación interagencial que se constituyen en obstáculos al buen funcionamiento de estos servicios y programas. También existen organizaciones diversas que brindan servicios con exitosos resultados que se ven impedidas de continuar sus esfuerzos por falta de recursos económicos. La Ley 238 del 31 de agosto de 2004 -Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos-tiene que ser el instrumento rector de las aspiraciones individuales y colectivas de las personas con diversidad funcional y de una política gubernamental integrada en agencias, corporaciones públicas y municipios en alianza con organizaciones con esfuerzos y servicios exitosos que resultan ser inclusivos de este sector.
2. La Procuraduría de las Personas con Impedimentos debe dar prioridad a la disposición contenida por la Ley 238 de realizar un Censo Nacional de las Personas con Impedimentos que recoja la mayor información disponible de este sector para formular Política Pública a tono con sus necesidades.
3. Se asignarán recursos para llevar a cabo una campaña masiva en los medios de comunicación, en las escuelas, comunidades y espacios del sector privado (como centros de trabajo) para educar y sensibilizar a la comunidad acerca de cómo fomentar la inclusión de este sector, el respeto a la diversidad y prácticas solidarias. Se extenderá este esfuerzo a todo el personal docente, oficinesco y administrativo del Departamento de Educación, etapa temprana donde se interviene con esta población en el área de educación especial, según establecía por una legislación de nuestra Delegación aprobada unánimemente por la Legislatura y vetada por el Ejecutivo. Se harán gestiones similares en los recintos e instituciones a nivel universitario para facilitar la adaptación, la transición y los acondicionamientos razonables requeridos por los estudiantes con diversidad funcional.
4. Fortalecer la Procuraduría de Personas con Impedimentos así como a organizaciones que brindan servicios a esta población a nivel comunitario, particularmente a las que promueven su mayor independencia y calidad de vida. Presentar nuevamente una medida legislativa radicada anteriormente por Nuestra Delegación Legislativa para aumentar el máximo de la cuantía de multas administrativas que impone el Procurador de $500 hasta $5,000, que ingresarían a un Fondo Monetario para el Desarrollo de las Personas con Diversidad Funcional, para campañas educativas, desarrollo y adquisición de tecnología, proveer experiencias de empleo, y otros.
5. Organizar un Plan Integrado de Actividades y Proyectos con la participación de diversas agencias y municipios que permita una coordinación costo-efectiva de los esfuerzos y que contribuya a que mantengan su mayor independencia física, mental y emocional. Este esfuerzo debe ser integrado a los Planes Estratégicos de Servicios que mandata la Ley 238.
6. Crear un Catálogo de Servicios de Agencias Gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a esta población, que esté accesible por Internet en diversos formatos, para que se conozca y haga uso efectivo de los programas y servicios existentes. Esto nos ayudará también a identificar aquellas áreas necesitadas de acción gubernamental para hacer los ajustes correspondientes ya que al presente los servicios están centralizados en el área metropolitana dificultando el acceso de personas de otras regiones. En la medida en que los Municipios y agencias desarrollen sus planes estratégicos debe aspirarse a una regionalización de los servicios para aumentar mayor acceso a los mismos.
7. Se crearán alianzas con la empresa privada para promover programas e iniciativas de respiro a través de organizaciones comunitarias con peritaje en esta población, particularmente para personas con impedimentos moderados o severos, con especial atención a personas con diversidad funcional mayores de 21 años que quedan en un limbo al salir del Departamento de Educación.
8. Se estimulará la divulgación de leyes, reglamentos y derechos relacionados a la disponibilidad de tecnología adaptada a todas las diversidades funcionales mediante alianzas con organizaciones que brindan servicios a esta población.
9. Se incorporará en los requisitos de educación continua de diversos profesionales (enfermer@s, consejer@s de rehabilitación vocacional, psiquiatras, psicólog@s, maestr@s, policías, bomber@s, terapistas, médic@s) se incorpore un taller educativo sobre asistencia tecnológica para que estos se conviertan en instrumentos de orientación adicionales para una persona con diversidad funcional.
10. Se promoverá la efectividad de la asistencia tecnológica en la vida de una persona con diversidad funcional mediante campañas periódicas de servicio público en los medios de comunicación, estableciendo que las agencias concernidas destinen partidas presupuestarias específicas para tal propósito e integrando a los Planes Estratégicos de los Municipios la necesidad de orientar al público sobre este particular.
11. Se destinará un por ciento de los recaudos por multas a patronos del Fondo de Seguridad y Salud en el Empleo, creado por la Ley 281 del 19 de diciembre de 2001 de la autoría de nuestra Delegación Legislativa, para crear un Fondo Nacional para la Adquisición y Financiamiento de Equipos de Asistencia Tecnológica.
12. Se promoverá el debido funcionamiento de un Banco de Reciclaje y Reúso de Equipos de Asistencia Técnica a tono con el mandato de la Ley 3 del 1 de febrero de 2007, a ser establecido por el Departamento de Recursos Post Consumo propuesto en el área ambiental de este Programa de Gobierno.
13. Se creará un registro de personas mayores de 21 años no escolarizadas y que no cualifican según los criterios de la Administración de Rehabilitación Vocacional para recibir servicios de adiestramiento en empleo, para determinar sus necesidades y elaborar planes concretos de servicios especializados. Dicha tarea se hará en coordinación con OPPI y entidades como el Programa de Asistencia Tecnológica y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, entre otras.
14. Explorar las oportunidades que representa el trabajo a distancia para personas con diversidad funcional como una alternativa viable de empleo. De la mano con este esfuerzo se hará una campaña de orientación a patronos sobre el potencial y conveniencia de contratar a esta población, las disposiciones legales en torno a acomodo razonable, y se coordinarán esfuerzos con entidades gubernamentales y privadas que promueven el cooperativismo para explorar posibilidades de microempresas como opción viable de empleo.
15. Ampliar el acceso y la disponibilidad a nivel nacional de servicios de transportación adaptados, con programas similares a “Llame y Viaje” mediante acuerdos con los Municipios.  Fomentar la integración de los medios de transporte en el área metropolitana como la AMA, Metrobús, el Tren Urbano, 'Trolleys' Municipales, guaguas públicas y el Acuaexpreso. Esto incluye que la AMA revise y repare aquellos autobuses que confrontan problemas con las rampas y accesos.
16. Hacer cumplir las leyes que mandaten la eliminación de barreras arquitectónicas y velar porque en la reglamentación de la Junta de Planificación y los Planes de Ordenamiento Territorial se consideren las necesidades de esta población sobre el uso de terrenos y códigos de construcción, para que se tome en cuenta tanto la accesibilidad de personas con diversidad funcional, como un diseño y distribución universal de los espacios internos en diversas estructuras, lugares de convivencia o esparcimiento y vivienda.
17. Coordinar con los consorcios municipales y aportaciones de la empresa privada actividades recreativas y campamentos de verano especialmente diseñados para personas con diversidad funcional.
18. Crear subsidios especiales para la compra de medicamentos en negociación con las farmacéuticas establecidas en el país.
19. Hacer cumplir las disposiciones relativas a cuido, supervisión y licenciamiento de centros de cuido diurno y residencial, y hacer uniforme la reglamentación aplicable en todas las agencias reguladoras.
20. Investigar el cumplimiento de varias leyes de la Delegación del PIP en Cámara y Senado: Ley 20 de 1 de agosto de 2004, ordena al Departamento de Educación tener en las escuelas públicas teléfonos para uso de las personas con problemas auditivos, conocidos como "TTY"; Ley 355 de 16 de septiembre de 2004 -enmienda Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985- agrega normas que protejan, defiendan y salvaguarden los derechos de las personas con impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de esta Ley como ha ocurrido en los Estados Unidos; Ley 30 de 8 de enero de 2004, "Ley para Establecer los Parámetros Tarifarios del Tren Urbano", otorga una tarifa especial a personas con diversidad funcional, de edad avanzada y estudiantes; Ley 163 de 14 de diciembre de 2001-enmienda la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942- "Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico", brinda alquileres de bajo costo en sus instalaciones industriales para organizaciones sin fines de lucro que establezcan emprendimientos cuyos empleados deberán ser, en su mayoría, personas con diversidad funcional; Ley 77 de 14 de agosto de 1997 -enmienda la Ley Núm. 21 del 20 de mayo de 1987- para evitar la construcción de estructuras permanentes para obstaculizar el tránsito por calles cerradas.
21. Insistir en la aprobación de dos proyectos de nuestra Delegación para incluir el lenguaje de señas en el currículo a nivel elemental para evitar la segregación y fomentar la solidaridad entre pares (este proyecto fue aprobado por la Legislatura y vetado por el Gobernador); y para otorgar incentivos salariales a maestros que se certifiquen como conocedores o maestros de lenguaje de señas.

1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

1. INTRODUCCION

En Puerto Rico se debe promover la inclusión de la mujer en el desarrollo social y la actividad económica de Puerto Rico, que vaya más allá de etiquetar ciertos asuntos como de género.  Más que legislación, de la cual tenemos en abundancia, debemos procurar la articulación de políticas públicas, y los cambios en actitudes, que materialicen los buenos propósitos que anima el ordenamiento vigente para promover la inclusión de la mujer en el desarrollo económico en Puerto Rico.  Es urgente desarrollar, a través de la educación, un acercamiento franco a la perspectiva de género de la que carecen hombres y mujeres en las estructuras gubernamentales.

Para subsanar la desigualdad que prevalece en algunas relaciones familiares y afectivas, en primer lugar, hay que trabajar la aplicación transversal de la perspectiva de género, es decir, la identificación del efecto particular sobre las mujeres en medidas aparentemente neutrales en cuanto al género. El mejor ejemplo es la educación pública: la mayor parte de las custodias son mujeres, de hecho, el 24.5 por ciento de los hogares puertorriqueños tienen una jefatura femenina comparado con el 6.2 por ciento que tiene la jefatura masculina; la gran mayoría de las maestras son mujeres al igual que la inmensa mayoría de las proveedoras de servicios de l@s niñ@s de educación especial, las políticas, las determinaciones de no pagar a las terapistas, o las campañas de descrédito contra el magisterio, el desamparo de la escuela pública hacen blanco principalmente en las mujeres puertorriqueñas.

A esto también hay que añadir la evidente falta de representatividad de la mujer en puestos electivos y del Ejecutivo; la adopción de políticas a favor de comercios que promueven empleos en precario, con salario mínimo a tiempo parcial, en los que prevalecen las mujeres, como sucede, por ejemplo, con la Ley de Empleos Ahora; la situación particular de las mujeres respecto a las políticas de vivienda y de servicios de salud tomando en consideración que la expectativa de vida de una mujer hoy en día es de 82.7 años, 11 años más que en el 1990; el panorama de una población envejecida con un mayor número de mujeres, que además, son también el sector más empobrecido en el país y el efecto de los recortes a las pensiones propuesto por la Junta de Control Fiscal.

Por esto proponemos:

1. Promover una visión que no sea exclusivamente jurídica del tema de la violencia doméstica, y contar, para el desarrollo de un Plan Estratégico para la Erradicación de la Violencia Doméstica, con organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas con experiencia en programas de prevención y de atención a víctimas. Mediante dicho Plan, trazar una estrategia que vaya desde la prevención y educación a la comunidad sobre las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres hasta la atención de las necesidades apremiantes de las mujeres víctimas, como vivienda, servicios de salud, medidas de seguridad, servicios legales del ámbito civil, servicios de inmigración y de desarrollo económico. Se considerarán, en el desarrollo de esas estrategias, los factores individuales, de pareja y de entorno social que afectan la incidencia de violencia hacia la mujer.
2. Fomentar el establecimiento de centros de cuido tanto en el trabajo público como en la empresa privada, con atención particular a la necesidad de guarderías en horarios no tradicionales.
3. Establecer el Programa de Inserción para la Mujer Migrante con el fin de desarrollar y viabilizar un proyecto de justicia social y equidad a las mujeres que, en muchas ocasiones no perciben beneficios marginales ni cubiertas de salud debido a su condición migratoria.
4. Promover la inclusión equitativa y abarcadora de la mujer en los espacios públicos políticos, económicos, sociales y culturales.
5. Elaborar mecanismos adecuados para estimular a las mujeres que reciben ayudas gubernamentales a salir de la dependencia de los programas de asistencia nutricional y económica.

1. RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL
1. Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género. A manera de ejemplo, la imposición del IVU ha afectado de forma negativa a las mujeres trabajadoras jefas de familia.
2. Promover participación equitativa de hombres y mujeres en posiciones electivas y gubernamentales.
3. Documentar las incidencias de discrimen por géneros en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.
4. Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan estereotipos por géneros, que expongan una imagen despectiva de la mujer o que fomenten o justifiquen la violencia de género. Por el contrario, el gobierno debe contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género en la sociedad tanto a través de campañas de orientación como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias.

1. MUJERES ADULTAS MAYORES

La pobreza, la soledad, la falta de acceso a servicios sociales y médicos se acentúa en el sector poblacional más envejecido. El aumento en el costo de vida, la insuficiencia de los planes de pensiones, la amenaza que se cierne sobre el retiro de las empleadas públicas contribuye a hacer de este sector de nuestro país uno especialmente vulnerable.

Para ellas proponemos:

1. Considerar, en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.
2. Desarrollar programas a nivel municipal o regional que incentiven la actividad física y el acceso a servicios médicos.
3. Promover la integración de mujeres de mayor edad a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado, voluntariado o desarrollo empresarial, brindándole la oportunidad de continuar siendo productivas según su necesidad y deseo de aportar al desarrollo económico individual y del país.

1. MUJERES SIN TECHO

En Puerto Rico, los gobiernos de turno han demostrado una gran apatía para atender y mitigar las condiciones de personas sin hogar. La mujer sin techo presenta características diferentes a las de los hombres, teniendo el agravante de que las causas para su condición social puede surgir de ramificaciones relacionadas con el maltrato intrafamiliar. La población de mujeres sin techo está compuesta por trabajadoras sexuales, usuarias de drogas, condiciones de salud mental, entre otros.

Muchas de estas mujeres son madres que por falta de techo se ven separadas de sus hijos e hijas, rompiendo así con su núcleo familiar. Además, la condición de inequidad de género y la vulnerabilidad de su lugar de reposo exponen a estas mujeres a agresiones sexuales que, en ocasiones, han puesto en riesgo la vida de la víctima. Estructurar un proyecto colectivo para la atención de las mujeres sin techo requiere la integración de iniciativas desarrolladas por el gobierno y la labor que realizan cientos de organizaciones no gubernamentales que atienden a esta población.

Presentamos las siguientes propuestas:

1. Viabilizar el manejo de los casos de mujeres sin techo con un enfoque salubrista para establecer alianzas entre instrumentalidades del gobierno y organizaciones no gubernamentales con el fin de desarrollar una red de servicios a mujeres sin techo.
2. Desarrollar mecanismos de recopilación de datos para la población marginada que incluya inventarios de servicios brindados por el gobierno, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones sin fines de lucro para así viabilizar la atención efectiva y eficiente a mujeres sin techo.
3. Desarrollar campañas de concienciación de conductas de riesgo usando métodos de difusión que estén al alcance de las poblaciones marginadas.

1. SEGURIDAD

La extensión de la violencia en Puerto Rico –tiroteos en lugares públicos a plena luz del día, muertes de inocentes, las luchas armadas por el control de los puntos de droga—ha creado un sentido de inseguridad sin precedentes en nuestro país. Si algo queda claro con las terribles estadísticas (20.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, según un informe del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico del 2014), sumado esto a miles de incidentes anuales de agresión, robo, y otros delitos contra la persona y la propiedad, y con los impactantes asesinatos ocurridos a principios del 2016, es que las estrategias que hasta ahora se han ensayado, han fracasado estrepitosamente. Las administraciones de los dos partidos que han compartido el poder han fallado en visualizar la violencia y el crimen como un fenómeno multifactorial y complejo, que responde a diversas causas y a procesos sociales y económicos.

Las raíces del crimen y la violencia están en la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, la dependencia, el ocio y al consumismo desenfrenado, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras. A falta de un cambio paradigmático para atender esos males, se siguen reproduciendo los estímulos sociales que resultan en comportamientos inadecuados en prácticamente todas las instancias e instituciones. Por eso, el PIP propone un enfoque integral al problema criminal que trabaje preventivamente con las causas pero que, a la vez, atienda sus efectos inmediatos y presentes. Urge promover y educar sobre una cultura de paz desde la edad temprana, en la que el diálogo y la negociación sean las estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos y previniendo actitudes violentas y criminales en el futuro. Es momento de modificar el enfoque mediante el cual se han dedicado la mayor parte de los recursos humanos y fiscales a estrategias de corte punitivo y remedial -entiéndase cárceles, policías, operativos cuasi militares, salas de justicia, vigilancia electrónica – a pesar de que han demostrado no ser efectivas para disuadir conductas violentas o para evitar la incidencia criminal.

Mientras el país continúe aferrado a iniciativas fracasadas, no hay razón para esperar una merma en la incidencia criminal. Por tratarse la seguridad de un tema que debe ser atendido en cada etapa, con estrategias particulares, incluimos medidas preventivas, remediales y de control.

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La prevención es de vital importancia y con propósito dual porque evita el costo social del mal que logra evitar, y requiere de la inversión menos recursos en comparación a los que se invierten a largo plazo en medidas remediales.

1. Hay que alterar el acercamiento al problema de la adicción a las drogas, pues su uso y trasiego son el detonante del 80% de los delitos violentos. Las guerras por controlar los puntos de distribución de drogas, los vínculos entre la economía formal e informal (narcotráfico) para mantener vivo este negocio millonario, y las actividades al margen de la ley a las que tienen que recurrir muchos fármaco-dependientes, constituyen los diversos ángulos que se verían trastocados si el Gobierno asume un enfoque Salubrista a este problema como ha propuesto el PIP hace décadas. Miles de familias recuperarían, a su vez, la tranquilidad de no ver a sus hijos o familiares fallecer a causa de sus vínculos con este mal.
2. Hay que articular una nueva política económica orientada a vencer el estancamiento económico y la pobreza, que se ha acentuado aún más con los despidos, las políticas de imposición de impuestos a la clase asalariada y la recesión económica que vive nuestro país. Hay que reducir el desempleo y el ocio, y lograr que se satisfagan las necesidades ciudadanas de formas dignas y honradas. En la Sección de Desarrollo Económico se propone un nuevo modelo de desarrollo económico para el país que fomente la generación de empleos y que integre al sector actualmente marginado de la fuerza laboral, que constituye terreno fértil para el crimen y la droga.
3. Hay que atender las deficiencias del sistema educativo desarrollando valores conducentes a una mejor convivencia social, además de proveerles conocimientos y destrezas adecuadas para que cada estudiante pueda insertarse con éxito en procesos productivos al salir de la escuela o universidad. Para ello es necesario una verdadera reforma educativa. Hay que darle pertinencia a la educación en la vida de l@s estudiantes y que sea fuerza motriz del desarrollo de nuestro país.
4. Insistimos que en el escenario educativo es crucial la prestación de servicios de intervención temprana con poblaciones de alto riesgo, así como con situaciones de conducta al interior de los planteles que culminan en incidentes de violencia escolar. (Véase la Sección de Jóvenes en Edad Escolar)
5. Existe evidencia científica abundante que relaciona la falta de atención a las necesidades de educación especial -falta de diagnósticos tempranos y servicios efectivos de tratamiento- con problemas de deserción escolar, delincuencia juvenil, depresión en jóvenes y abuso de sustancias adictivas. La atención preventiva de estas necesidades debe ser una prioridad gubernamental en el desarrollo de una política educativa coherente e integral. A esos fines se asignarán recursos y se fortalecerán los servicios de intervención temprana en el Departamento de Educación mediante estrategias con agencias, organizaciones profesionales con énfasis en la niñez y la academia. De igual forma, la cabal implantación de la Ley 170 de Psicólogos Escolares -de nuestra Delegación Legislativa- es fundamental en este esfuerzo. (Véase Sección de Educación).
6. La criminalidad está íntimamente relacionada con la salud mental y cada día es más evidente la falta de servicios de prevención y tratamiento. Fortaleceremos los programas de prevención de salud mental y articularemos un sistema de prestación de servicios efectivo y accesible a todas las personas que lo necesitan, desde la infancia hasta la adultez, cuyo alcance y resultados estará sujeto a evaluaciones con regularidad. Es importante que el acceso a servicios como terapia para parejas y a padres e hijos estén incluidos en las cubiertas de salud y que se amplíen las líneas telefónicas de emergencia en agencias como ASSMCA situaciones de crisis o estrés. El acceso a servicios no puede estar sujeto a consideraciones económicas que restrinjan o limiten la disponibilidad de servicios, ni delegarse a entes privados sin la debida fiscalización.
7. La falta de destrezas para manejar los conflictos por métodos no violentos es la consecuencia de que nosotros como sociedad ni el gobierno hayamos promovido en los diversos escenarios (escuela, familia, trabajo y la sociedad en general) los valores de una cultura de paz. A esos fines, promoveremos legislativamente la implantación de estrategias e iniciativas vinculadas a la cultura de paz y a la mediación de conflictos.
8. Se fortalecerán y ampliarán los centros de mediación de conflictos integrando estrategias interagenciales para promover el estudio, identificación y atención a factores de riesgo que estimulan actitudes violentas y falta de control y manejo adecuado de emociones.
9. Se estimulará la integración -mediante cápsulas informativas- de profesionales de la salud mental en el análisis de conductas, actitudes o situaciones que promueven la violencia y que son presentadas a través de los medios de comunicación, particularmente televisión y prensa escrita.
10. Desarrollar programas para la juventud que prioricen el deporte y el empleo en el sector público y privado durante los periodos de receso escolar y en horarios en que estén fuera de las escuelas y sujetos a supervisión mínima. Estos contemplarán programas de estudio y trabajo, actividades deportivas en escuelas y parques comunitarios bajo auspicio de asociaciones comunitarias, proyectos de reciclaje y embellecimiento en su comunidad, tutorías a pares con rezago, y un plan integrado de actividades en el periodo de escuela abierta con auspicios privados. (Véase también Sección Educación Física)
11. Integrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones para la criminalidad, ya que es esencial para los esfuerzos de prevención. Se desarrollará un esfuerzo interagencial vigoroso para fomentar el desarrollo de asociaciones comunitarias que son las que mejor conocen los problemas y necesidades de la comunidad, a sus integrantes para que promuevan soluciones viables a los problemas que inciden en la violencia en sus alrededores. Esto promoverá que: constituyan redes de comunicación para la vigilancia preventiva; promuevan actividades deportivas y recreativas para el intercambio de los integrantes de la comunidad; integren a los jóvenes a actividades para alejarlos del ocio y en tareas de utilidad social; participen de esfuerzos en Pro del ambiente y las actividades artísticas y a desarrollar un sentido de pertenencia comunal con la colaboración de los municipios; recauden fondos para sufragar actividades o causas con las que se identifiquen sus residentes; discutan y busquen soluciones dentro de la propia comunidad en vez de esperar por soluciones gubernamentales; coordinen actividades para beneficio de las escuelas de su comunidad o aprovechando ese espacio para actividades; y participen activamente en la administración y mantenimiento de complejos de residenciales públicos.
12. Crear un organismo permanente para estudiar la violencia que establezca un plan estratégico, con metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo y que incorpore mecanismos de evaluación para medir su alcance y resultados. Este tendrá la capacidad para diseñar y canalizar programas, propuestas e iniciativas de investigación, y establecer mecanismos uniformes e integrales de recopilación de datos sobre violencia a nivel ejecutivo y judicial. La recopilación de estos datos incluye el análisis sobre tendencias, prevalencia, demarcaciones geográficas del crimen, factores socioeconómicos presentes, entre otras, para trazar estrategias preventivas, de control y remediales. Véase también otras estrategias educativas y preventivas para fomentar una mejor convivencia social en las Secciones de Familia, Niñez, Mujeres, Educación Física y Jóvenes que atienden asuntos como el maltrato, la desigualdad por razón de género, re-educación sobre destrezas de crianza, entre otras.
13. Establecer política pública que integre agencias, academia, ONGs y sociedad civil en el Observatorio de Trata Humana. Este Observatorio implantará, coordinará, y dará seguimiento a que en Puerto Rico se brinden servicios de prevención, orientación, investigación, análisis, protección y sanción del delito de la Trata, enfatizando en poblaciones de mayor grado de vulnerabilidad (menores y mujeres).

1. MEDIDAS REMEDIALES

En lo que las estrategias preventivas surten efecto hay que tomar medidas a corto plazo para controlar el desenfreno de la actividad criminal. A esos efectos se propone:

1. Evaluar de manera crítica y realista el estado de derecho actual en Puerto Rico sobre el uso y abuso de drogas, el impacto que ello tiene en los crímenes violentos y estudiar cambios al mismo, a tenor con la realidad criminal que se vive en el país. Se estudiarán alternativas con un enfoque salubrista y con la visión de que hay que dedicarle mayores recursos a combatir la venta y trasiego de drogas que a combatir el uso y consumo. Ejemplo de uno de los programas que se debe evaluar es la política adoptada en otras jurisdicciones donde se descriminalizó la posesión de drogas en una cantidad menor a lo necesario para un consumo de 10 días. Una vez la policía interviene con un usuario o persona en posesión de droga, en lugar de referirlo al Tribunal con la radicación de cargos, se refiere de manera administrativa a una Comisión para la Disuasión del Uso de Drogas (CDUD), organismo compuesto por un trabajador(a) social, consejer@ legal y un profesional de la medicina. El CDUD atiende el referido, impone la sanción aplicable de tipo administrativo y se refiere para el tratamiento adecuado. Ello ha permitido que los recursos del estado se dirijan a combatir el trasiego y venta de drogas.
2. Revisión de todas aquellas enmiendas a la legislación penal que sólo acentúan la fracasada estrategia punitiva.
3. Realizar una abarcadora reforma del Sistema Penitenciario del país que estará inspirada en el principio y mandato constitucional de la rehabilitación. Específicamente se propone:
1. asignar recursos fiscales y humanos suficientes para proveer los servicios necesarios para la rehabilitación de l@s confinad@s.
2. L@s confinad@s que requieren seguridad mínima deberán trabajar en labores agrícolas, arreglo y mantenimiento de infraestructura, manufactura o en otros sectores de la economía. Esto incluye educarl@s para que desempeñen oficios como ebanistería, carpintería, electricidad, reciclaje, que les permitan posteriormente ganarse el sustento. Se promoverá la creación de cooperativas o corporaciones en propiedad de trabajadores para confinad@s en ciertas instituciones penales para que puedan adiestrarse en las áreas antes señaladas y desempeñarse de manera productiva.
3. Además de proveer certificados de antecedentes penales a los patronos que así lo soliciten, se extenderán certificados de rehabilitación a toda aquella persona que se haya, en realidad, rehabilitado. Se le ofrecerán incentivos a todo patrono que emplee personas rehabilitadas aunque éstas tengan antecedentes penales.
4. Atender las necesidades y rezagos educativos por asuntos de educación especial no identificados o atendidos.
5. Ofrecer programas efectivos de salud mental.
6. Proveer cursos sobre control de emociones y manejo de conflictos y modelaje positivo frente a la adversidad y condiciones socioeconómicas difíciles.
7. Establecer el cargo de Juez de Ejecución encargado de velar porque se rehabiliten l@s confinad@s que le sean asignados.
4. Es impostergable la revisión de las funciones y operación de la Policía de Puerto Rico para atender los señalamientos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles, así como las denuncias hechas por ciudadanos y organizaciones. Proponemos la designación de un Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial con plenas facultades de investigación como primer paso para erradicar la corrupción, la politización, el abuso y la ineficiencia del cuerpo de policía.
5. Cambiar los procesos actuales de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos, nombramientos y procedimientos administrativos por faltas de sus miembros, con el fin de garantizar que quienes estén en cada nivel de la policía estén cabalmente preparados a nivel físico, educativo y psicológico.
6. El enfoque de intervención policiaca fundamentalmente punitivo debe sustituirse por uno de educación ciudadana que integre el trabajo coordinado de agencias como ASSMCA, Familia, Educación, Justicia, en los esfuerzos de prevención e intervención.
7. Fortalecer el entrenamiento a la fuerza policíaca y proveerle el equipo moderno necesario, incluyendo la nueva tecnología para incrementar la eficacia y efectividad, y adiestrarlos en técnicas de investigación, manejo y monitoreo de casos para aumentar el número de crímenes esclarecidos.
8. Tomar medidas para garantizar la fortaleza y efectividad del Programa de Protección a Testigos, con los recursos necesarios para actualizar las instalaciones físicas del Albergue de Testigos y que se logre el propósito del programa.
9. Mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de l@s policías para que no necesiten de empleos adicionales para subsistir.
10. Ofrecer y garantizar a los miembros de la uniformada consejería profesional sobre manejo de emociones, particularmente para poder manejar las difíciles situaciones que enfrentan día a día, y atender con mayor seriedad y prontitud los incidentes reportados relacionados con violencia familiar o en el contexto de trabajo.
11. Se revaluarán las prioridades de servicio en cada comandancia y cuartel de la Policía para destinar una mayor cantidad de uniformados a tareas de vigilancia preventiva, redirigiendo recursos concentrados actualmente en otras áreas, tales como, tareas administrativas.
12. Agilizar y extender los servicios de emergencia tanto de la Policía como de la Defensa Civil.
13. Fortalecer y revisar continuamente los adiestramientos sobre derechos civiles que recibe la Policía.
14. Reestructuración de la Unidad de Operaciones Tácticas, despojándola de todo vestigio de instrumento de abuso y represión, como se ha visto en conflictos como el de la Universidad de Puerto Rico.
15. Revaluar el papel de la Guardia Municipal y sus funciones para lograr un balance entre la ejecución de labores preventivas y labores remediales y establecer un trabajo más coordinado con la Policía Estatal.
16. Limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, condicionando, por ejemplo, la inscripción en los Registros de la Propiedad de inmuebles adquiridos sin financiamiento, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo.

1. MEDIDAS DE CONTROL

Es preciso desarrollar estrategias para lidiar con los efectos del crimen. Esto incluye a las personas convictas por delito que son encarceladas. Es responsabilidad del Gobierno conducirlas a su eventual rehabilitación y reinserción a la sociedad. También incluye la protección de la ciudadanía que sufre el azote del crimen. La rehabilitación, además de inspirarse en propósitos humanitarios y constitucionales, debe verse también como medida preventiva a la reincidencia. De igual forma, es necesario diseñar un programa efectivo de compensación a víctimas del crimen, como existe en otros lugares, y establecer principios y estrategias de justicia restaurativa que integren tanto al ofensor como a la víctima en un proceso de superación de la experiencia criminal y sus efectos que la violencia provoca.

A esos efectos, implantaremos:

1. La expansión de servicios de salud mental en las instituciones, y el establecimiento de clínicas para el tratamiento de la drogodependencia, incluyendo clínicas de tratamiento con metadona y buprenorfina para jóvenes y adultos. 
2. Aumentar el número de profesionales de servicios de rehabilitación en todas las instituciones juveniles y de adultos de Puerto Rico, para que sea proporcional a la población que requiere el servicio. Estos servicios incluyen trabajo social, orientación, rehabilitación y consejería. Este personal se encargará además de atender las necesidades sociales de esta población ayudando a la misma a restablecer los lazos de comunicación con sus familias y reintegrarse a la comunidad una vez cumplan sus sentencias. Deben considerarse las necesidades particulares de las mujeres confinadas.
3. La segregación efectiva de presos en función de la severidad de los delitos, peligrosidad y potencial de rehabilitación.
4. La creación de centros de estudio académico y vocacional a fin de que estos jóvenes y adultos confinados adquieran destrezas que les permita tener una opción real de empleo una vez salgan a la comunidad. De igual forma, un por ciento alto de los jóvenes en instituciones juveniles evidencia problemas específicos de aprendizaje y otras condiciones que requieren educación especial. Sin embargo, las instituciones juveniles no cuentan con los servicios de educación especial suficientes para atender esta necesidad. Estos jóvenes deben ser ayudados para vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y que se motiven a continuar desarrollando sus destrezas de estudio.
5. La instauración de un programa de ubicación de ex-confinados en empleos productivos al cumplir su condena.
6. Fortalecer el programa de compensación a víctimas de crímenes violentos, adscrito al Departamento de Justicia. El mismo debe ser evaluado en términos de su alcance, eficacia, divulgación de servicios, criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios psicoterapéuticos, entre otros. Destinar al programa los recursos necesarios para atender a una población cada vez en aumento y diversa.
7. Garantizar el derecho de los acusados a obtener toda la prueba incluyendo declaraciones juradas.

1. VIOLENCIA SEXUAL

El tema de violencia sexual es un tema muy incómodo del que pocas personas quieren hablar. Sin embargo, las estadísticas publicadas por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) arrojan números realmente alarmantes: el 58% de las sobrevivientes de violencia sexual es menor de 14 años, y se estima que anualmente ocurren unas 9,500 agresiones sexuales. Si a esta realidad añadimos la nulidad de los servicios de apoyo a las sobrevivientes, enfrentamos una crisis sanitaria de proporciones alarmantes que es urgente atender.

Como parte del apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y sus familiares, una recopilación de datos efectiva y encausar el proceso de investigación criminal, proponemos establecer los Servicios Clínicos Forenses Comprensivos (SCFC) que incluyan:

1. Reformular y vincular las estrategias de prevención, manejo y seguimiento de violencia sexual para desarrollar un modelo integral desde las perspectivas:

1. salubrista (atención médica y sicológica para las sobrevivientes)
2. académica (mecanismos de apoyo para minimizar el riesgo de deserción como resultado de agresiones sexuales)
3. sociológica (erradicación de condiciones de desigualdad) 
4. penal (manejo adecuado de querella, investigación, radicación y convicción de agresores). 

2. Un protocolo uniforme para la recopilación de datos.
3. El manejo clínico de las víctimas y sus familiares.
4. Apoyo en la recopilación y presentación de elementos evidenciarios para el procesamiento de agresores.
5. Servicios de ginecología forense: acceso a sala de operaciones para sedaciones, biopsias bajo sedación y evaluación de casos post mortem.
6. Crear un programa de pasantía para policías y fiscales en la Unidad de Delitos Sexuales.
7. Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de derecho para educar a los futuros defensores en el procesamiento de los casos.
8. Equipo de apoyo a jueces y fiscales.
9. Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de medicina-Convertirlo en un centro en la rotación de ObGyn.
10. Tiempo voluntario de profesionales de la salud.
11. Obligación (responsabilidad social) de instituciones médico privadas.
12. Campañas educativas de medios.

Programa de Gobierno 2016

Arte y Cultura

1. INTRODUCCIÓN

Puerto Rico es una nación hispanoamericana y caribeña cuyas raíces culturales se nutren del idioma español y del mestizaje, como elementos esenciales. A pesar de que la cultura de una nación se forja a lo largo de su historia y se desarrolla nutriéndose de otras, la nuestra, ha sido intervenida y asfixiada durante más de un siglo por una nación extranjera, imperialista y totalmente diferente.

Las manifestaciones culturales de una sociedad pueden promoverse, enriquecerse y crecer o por el contrario, quedar aisladas, anquilosadas, congeladas en el tiempo o absorbidas. A lo largo de nuestra historia colonial, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha promovido agendas de asimilación que han atentado manifiestamente contra nuestra cultura. A su vez, los gobiernos coloniales que se han turnado al poder, han intentado convertir nuestra cultura en un elemento estático y folklórico. Esta situación se encuentra en abierta contradicción con lo que son las legítimas aspiraciones de una nación culturalmente válida como la nuestra, vivificada a su vez por un pueblo culturalmente vigoroso y orgulloso de su identidad nacional.

En todo contexto, es vital la mayor inversión presupuestaria posible en los programas de arte y cultura. Además, el Gobierno tiene la responsabilidad de impedir que las acciones culturales sean entorpecidas. El Gobierno debe adoptar una Política Pública clara que estimule al máximo las diversas manifestaciones artísticas. Así también, la protección de los derechos de l@s trabajador@s en el quehacer cultural, incluyendo artistas y artesan@s en todas sus manifestaciones, resulta imperiosa. El fomento de consorcios con la empresa privada es indispensable para la masificación de la educación dirigida al pleno desarrollo del arte y de la cultura.

La preparación de materiales escolares y su actualización para la enseñanza de las artes y para desarrollar su aprecio y apreciación, son de extrema importancia y suponen la creación de empleos de trabajador@s de la cultura y la contratación de artistas que contribuyan a la divulgación.

Hay asuntos que sólo pueden resolverse satisfactoriamente con los poderes de la soberanía e Independencia nacional. No obstante, aún con las graves limitaciones que nos imponen el régimen colonial y la condición de nación intervenida, existen problemas que pueden ser atendidos con medidas a corto plazo.

1. OBJETIVOS INMEDIATOS

Para el logro de objetivos inmediatos, el PIP propone con carácter urgente:

1. La derogación de la Ley de los idiomas oficiales, la restauración del español como idioma oficial de Puerto Rico y el fortalecimiento del aprendizaje de otros idiomas importantes, incluyendo el inglés.
2. El fortalecimiento del sistema educativo en cuanto a la educación para el desempeño y la apreciación de las bellas artes, las artes representativas y otras artes afines, integrando programas que cumplan con lo anterior en los currículos regulares a todos los niveles.
3. La creación de un Departamento de Cultura que servirá a la integración de los diversos programas culturales existentes en las agencias e instrumentalidades del gobierno estatal y los gobiernos municipales; en el sistema universitario; en las corporaciones públicas, y en las juntas, comisiones, institutos y otros, relacionados directa o indirectamente con el desarrollo y la exhibición de actividades culturales. Dicho departamento será un facilitador de servicios a beneficio de las entidades colaboradoras del quehacer cultural, incluyendo museos, acuarios, exhibidores, grupos de teatro, grupos de danza, empresas cinematográficas, artistas plásticos, artistas circenses y aquellos vinculados a la radio y la televisión.
4. La creación de un Programa Internacional con el propósito de viabilizar toda clase de intercambio de los asuntos relacionados con la difusión del arte y la cultura, incluyendo ayuda directa para la participación de nuestros artistas y para el fomento de las invitaciones a éstos en eventos internacionales. Esto deberá incluir artistas de las artes representativas, artistas plásticos, músicos, escritores, cineastas, danzantes y otros. Deberá ser política prioritaria, y es la del PIP, romper el aislamiento, en reconocimiento de que es un mecanismo fundamental para el crecimiento y el fortalecimiento de la cultura, el contacto y la interacción con otras. Por ello el PIP reafirma el respeto a la diversidad no jerárquica (proclamada por la UNESCO) que respalda una concepción de cultura amplia, basada en un patrimonio constituido por las múltiples y valiosas diferencias y diversidades de productos de los seres humanos.
5. Se creará la Biblioteca Nacional Puertorriqueña, como instrumento para facilitar la investigación y la plena divulgación y constituirá la sede fundamental de un sistema de bibliotecas públicas en todos los municipios de Puerto Rico.
6. Se estructurará un sistema integrado de museos de Puerto Rico que exponga toda la riqueza cultural puertorriqueña en la historia, las artes plásticas, gráficas, pictóricas, cinematográficas, de la danza, la música y otras artes, así como ciencias naturales, médicas, morales y otras y los referentes a otras disciplinas como acuarios, botánica y zoología. Será un sistema en coordinación con el sistema educativo del país para el desarrollo y fomento de actividades y exposiciones afines.
7. Se creará una Comisión Especial para la Revisión de la Legislación sobre las Artes y los Artistas, integrada por legisladores, representantes de agencias de Gobierno y representantes de organizaciones dedicadas al quehacer cultural y a las artes, así como las universidades. Esta comisión tendrá la siguiente encomienda:
1. Estudiar toda la legislación relacionada con las artes, la cultura y los derechos de los artistas.
2. Facilitar la participación activa de la comunidad artística en la formulación de legislación y programas gubernamentales orientados al fomento y al desarrollo de las artes y la cultura
3. Formular recomendaciones a la Asamblea Legislativa en cuanto a enmiendas a la legislación vigente o a la presentación de nueva legislación.
4. Poner en vigor mecanismos de comunicación directa entre el Gobierno y l@s trabajador@s de la cultura, de suerte que los segundos, por medio de informes periódicos comenten el estado de situación del quehacer cultural en Puerto Rico y las necesidades o carencias que requieren intervención en los diversos renglones.

1. TEATRO, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS
1. Establecer una oficina de permisos y asistencia económica que facilite los trámites burocráticos y ayude a obtener los subsidios económicos y ayudas disponibles en el país.
2. Fomentar la creación de compañías regionales que generen un movimiento de creación y exhibición regional o municipal.
3. Incentivar la apertura de salas independientes mediante el apoyo a las compañías y escuelas de danza y teatro. Ese apoyo incluirá, sin limitarse a lo aquí sugerido, tarifas reducidas en la energía; eliminación del IVU; exenciones contributivas; facilidades para planes médicos, seguros de toda índole y pensiones de retiro.
4. Se fomentará la creación de entidades de Gobierno, de funcionamiento autónomo, con garantías económicas y absoluta libertad de expresión, que permitan la contratación de artistas y técnicos y la organización de clases y talleres. Los talleres deberán incluir aquellos necesarios para la formación de artistas, técnicos, escritores, dramaturgos, coreógrafos, compositores y otros artistas del espectáculo.
5. Las artes serán parte integral del proceso educativo desde el nivel elemental hasta el superior, en el sistema público de enseñanza. Se modificará el programa escolar para incluir las artes como parte esencial del currículo en todos los niveles. Con esto lograremos desarrollar una mayor sensibilidad en el estudiantado, mientras estimulamos a los futuros artistas, escritores, críticos, técnicos, mecenas y sobre todo, a un nuevo público apreciador del arte.
6. Como parte del fomento cultural deberán identificarse estructuras de Gobierno en desuso que sirvan para la creación de pequeñas salas, espacios de ensayo o instrucción, para almacenes para escenografías, vestuarios u otras necesidades.
7. Es urgente estudiar otros asuntos y hacer todos los esfuerzos para la pronta implantación de otras actividades; revisar la legislación existente que afecta las manifestaciones culturales, especialmente danza, teatro, cine y televisión dirigido a la creación de un Instituto de Estudios Avanzados de las Artes Escénicas; trato igual a las compañías de teatro y de danza existentes; la atención especial al acceso a las personas con diversidad funcional y al fortalecimiento de instituciones independientes, cuyos fines estén dirigidos a servir a l@s trabajador@s de la cultura.
8. Es necesario hacer un examen profundo de las industrias creativas como mecanismo alternativo para el desarrollo cultural, la exportación de nuestros valores nacionales y el desarrollo de una industria económicamente viable y que aporte al desarrollo de la economía nacional.
9. Fomentar la creación de la Compañía Nacional de Teatro de Puerto Rico la cual, entre otras iniciativas, promoverá las siguientes:
1. Producción y presentación de piezas relativas a nuestra historia
2. El intercambio cultural y artístico por medio de la celebración de festivales teatrales para la representación de la historia de los países de la América Latina
3. Ofrecimiento de cursos de dramaturgia, dirección y actuación, y en torno a los aspectos técnicos de la producción teatral.
4. Conjuntamente con la Compañía de Turismo, la Compañía Nacional de Teatro de Puerto Rico generará el Proyecto de Turismo Cultural. Dicho proyecto estará enfocado en atraer al visitante extranjero con este distintivo nacional, al incluir las entradas o boletos para eventos culturales en ofertas concretas de programas vacacionales para pasajeros en cruceros y huéspedes en los hoteles locales.
10. Asegurar que todas las emisoras y estaciones afiliadas a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, garanticen la creación de producciones con artistas puertorriqueños, hasta tanto podamos resolver la situación colonial y trascendamos así a la regulación opresiva a los medios de comunicación (derivada de las fuentes del derecho federal), que limitan la capacidad nacional de otorgar mayor protección a nuestros artistas locales.
11. Las emisoras y estaciones afiliadas a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, promoverán los eventos artísticos que se realicen en Puerto Rico, sobre todo las producciones puertorriqueñas, y cubrirán las aperturas y los cierres de los festivales, exposiciones y eventos que enaltezcan el quehacer cultural.
12. Establecer, dentro del Observatorio de Mujeres y Género, iniciativas  para alertar, orientar y dar seguimiento a que la imagen proyectada a través de los medios de difusión masiva propicie el respeto a la diversidad de género.
2. CINE

El cine es una manifestación del arte, que también constituye una importante industria. Sirve, entre otros propósitos, para fomentar la creación cultural, el desarrollo de la cultura, la diseminación internacional de los valores nuestros, el desarrollo de una industria limpia, generadora de empleos y directamente relacionada con el esparcimiento espiritual y el aprendizaje de nuestro pueblo. En el pasado, el único intento por darle un impulso gubernamental efectivo, resultó en un estilo de propaganda política y dirigismo cultural. En años recientes la existente Corporación de Cine no ha servido los propósitos para lo que fue creada y se ha convertido en una oficina que no necesariamente fomenta la cinematografía.

1. Proponemos la creación del Instituto Nacional de Cinematografía en sustitución de la Corporación de Cine de Puerto Rico, con las siguientes encomiendas:
1. Revisión de toda la legislación existente relacionada con el cine incluyendo la que tiene que ver con el cine hecho expresamente para la televisión a través de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.
2. Creación de un fondo cinematográfico que se utilice principalmente en proyectos que cumplan con la mayor parte de los elementos contenidos en este programa político, incluyendo de forma preferente todo lo relacionado con los compromisos culturales que aquí se señalan.
3. La creación de comités evaluadores independientes, integrados por personas vinculados al quehacer cinematográficos en algunas de sus vertientes para seleccionar proyectos acreedores a préstamos, incentivos o ayudas; a certámenes internacionales y a ayudas especiales para su divulgación. L@s integrantes de los comités de evaluación no podrán tener conflictos de intereses.
4. Creación de una división especial para la distribución y venta del cine puertorriqueño en los mercados internacionales, incluyendo a los Estados Unidos. Parte de este mercadeo puede ser la ayuda financiera para asuntos técnicos incluyendo cosas como el subtitulaje, el doblaje o la obtención de copias adicionales. El cine debe convertirse en una industria creativa.
2. Para la exhibición de películas puertorriqueñas, deberán darse incentivos especiales a los exhibidores, adquirirse salas de exhibición por compra o alquiler o construir salas.
3. Todos los asuntos relacionados con la exhibición, promoción, ayuda e incentivación expresadas en la sección de teatro y danza se incorporan a esta sección.

1. LITERATURA

La base del conocimiento, que es el camino a la libertad, es la lectura. El aprecio por ésta debe iniciarse en los primeros años de formación y es deber ineludible del Estado reformular la política educativa para fortalecer las destrezas de escritura y lectura. Para culminar el proceso educativo es necesario tomar algunas medidas urgentes:

1. Es necesario aumentar significativamente las exenciones contributivas a los autores y fomentar por legislación la obtención de planes médicos, seguros y pensiones que permitan ejercer la escritura como una profesión.
2. Las casas editoras puertorriqueñas y las librerías puertorriqueñas deben tener exención contributiva total hasta ingresos de un millón de dólares.
3. Es necesaria la implantación de becas para la creación literaria, como secuela de un estudio que determine los requisitos al margen de la política partidaria para la adjudicación de dichas becas.
4. La creación de una comisión para el fomento de intercambios culturales internacionales que incluyan no solamente artistas escénicos, plásticos, cinematógrafos y otros, sino también a escritores.

1. MÚSICA

En la actualidad existen en Puerto Rico diversas entidades que agrupan a su vez grupos musicales con funcionamiento independiente unas de otras y sin coordinación entre ellas. Ejemplo de esto es la existencia separada y sin vinculación de entidades como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta Filarmónica, La Banda Estatal, las orquestas adscritas al Conservatorio de Música y otras. Es imperativo hacer un estudio que permita la creación de un organismo que coordine los distintos esfuerzos, que integre currículos académicos, que permita la creación de cursos y talleres para los músicos, que sirva de fuente de trabajo y que fomente el establecimiento de planes de seguros, pensiones y otros beneficios para los músicos.

1. Debe revisarse de forma integral los salarios de los profesionales de la música que son totalmente diferentes dependiendo de la entidad que paga y la legislación protectora de l@s ejecutantes, tanto públicos como privados, es insuficiente o confusa.
2. Es imprescindible incrementar las oportunidades de empleo de los músicos puertorriqueños, establecer la protección de l@s puertorriqueñ@s frente a l@s extranjer@s, ampliar la contratación de l@s artistas puertorriqueñ@s por las entidades gubernamentales y redefinir la música o l@s ejecutantes protegidos para ser contratados con preferencia en las actividades públicas o pagadas en todo o en parte con fondos públicos. Músicos ejecutantes y compositor@s puertorriqueñ@s necesitan especiales protecciones en nuestro país. Para ello es necesario ampliar el concepto de lo que es la música autóctona para adicionar protecciones a la música tradicional que sin ser específicamente autóctona se ha convertido también en música puertorriqueña dentro de ese marco proteccionista de nuestra música y nuestros músicos.
3. La creación de grupos musicales, incluyendo orquestas, son elemento primordial para el desarrollo social y el enriquecimiento cultural del país por lo que es asunto principal de este Partido.

1. BIBLIOTECA NACIONAL PUERTORRIQUEÑA
1. La creación de la Biblioteca Nacional Puertorriqueña, como ha sido definida anteriormente en este Programa.
2. La autonomía y fortalecimiento del Archivo General de Puerto Rico que deberá contener en sí, entre otros, el Archivo de la Imagen en Movimiento; el Archivo de Música y Sonido; el Archivo de la Palabra; el Archivo de la Medicina; el Archivo del Derecho entre otros.
3. El Archivo General deberá adquirir, catalogar y digitalizar todos los fondos documentales existentes en el actual Archivo General de Puerto Rico y en todos los archivos del país públicos o privados y también tendrá como responsabilidad identificar todos los archivos existentes en otros lugares del mundo que contengan fondos documentales sobre Puerto Rico o vinculados directa o indirectamente a Puerto Rico para oportunamente traerlos a sus facilidades y también catalogarlos y digitalizarlos.
4. El Archivo tendrá la responsabilidad de, a la misma vez que custodia bien y fielmente esa documentación, ponerla a la disposición de los investigadores interesados en trabajar con ella.
5. La Biblioteca Nacional Puertorriqueña además generará un proyecto de audio-libros por medio del cual, la población con diversidad funcional y deficiencias en el desarrollo, que no domina el sistema braille de lectura, podrá acceder a materiales grabados. La Biblioteca Nacional Puertorriqueña coordinará la generación del proyecto de audio-libros con las emisoras y estudios de WIPR y WRTU – Radio Universidad de Puerto Rico. El material auditivo deberá ser grabado por artistas nacionales de manera que además, se creen fuentes de empleo para amplios sectores de la clase actoral del país.

1. EDIFICIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS

Los edificios y los monumentos históricos de Puerto Rico, desde el punto de vista de la propiedad, la conservación, el mantenimiento y el uso se encuentran dispersos en diversas entidades o agencias públicas, incluyendo agencias del Gobierno central, municipios, institutos y corporaciones y la propia Autoridad de Edificios Públicos. Es imprescindible la creación de una institución que prepare una reglamentación uniforme para la plena protección de esos edificios o monumentos, incluyendo la capacidad para requerir aportaciones económicas de las agencias o municipios que tengan su uso o usufructo o en cuyas jurisdicciones estén establecidos esos patrimonios históricos y con capacidad para demandar a nombre del Pueblo de Puerto Rico a cualquiera que atente contra la integridad de los mismos y para establecer guías que propendan a la conservación de las propiedades e impidan las violaciones contra estas.

1. DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO

Una nación es la suma de las diversas características, compartidas por un grupo social, en un territorio definido. Entre estas características, podemos destacar: una personalidad propia que los identifica, una trayectoria histórica que les imparte singularidad, un idioma que los une, un desarrollo cultural colectivo y una idiosincrasia que los particulariza como grupo social. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña con una trayectoria histórico-cultural que nos define.

El Patrimonio Puertorriqueño está compuesto por nuestra herencia cultural, manifestada en lo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, científico o técnico; el patrimonio documental y bibliográfico; los yacimientos y zonas arqueológicas, tanto terrestres como subacuáticos; los sitios naturales y los jardines y parques que tienen valor artístico, histórico o antropológico.

El Estado debe auspiciar y financiar esfuerzos y enfoques de investigación arqueológica, porque mediante éstos, se fortalecen los cimientos de la nación. En nuestros días, la arqueología se ha reducido a un enfoque contractual, que redunda en endosos, sin recabar ni enfatizar en la investigación científica seria. Esto debilita el engranaje patrimonial que se sostiene mediante los estudios de rigor arqueológicos. Nos enfrentamos en estos tiempos al principio de privatización y comercialización de los esfuerzos culturales y del patrimonio. Esto está dramatizado, en el caso de la Ley de protección de los recursos arqueológicos subacuáticos, que permite la privatización de nuestro patrimonio cultural sumergido. En muchos casos, la investigación arqueológica en Puerto Rico, está limitada a los trabajos de contratos durante la construcción de proyectos. Este tipo de arqueología tiene grandes limitaciones en términos de tiempo, estudio y de opciones reales para la protección del patrimonio arqueológico.

La disciplina de la arqueología es la ciencia que estudia e investiga los restos materiales del pasado. Nos permite recuperar la historia no escrita o corregir interpretaciones distorsionadas de nuestro pasado. Es vital que el Estado reconozca el protagonismo de esta disciplina en el desarrollo de esfuerzos para la protección de nuestro entorno histórico/cultural. Tomemos como ejemplo, la importancia de la Arqueología Subacuática en nuestra realidad geográfica insular. El desarrollo histórico, económico y social está atado al ambiente marino. Nuestros primeros pobladores, al igual que los conquistadores, llegaron por la vía marítima; por lo que el mar, guarda gran parte de nuestra historia. Es mediante el estudio de esta fuente, que podremos entender nuestro engranaje como nación y nuestro rol en la región y en el mundo entero. A la luz de las necesidades de nuestros tiempos y en aras de atender con seriedad nuestro patrimonio cultural, desde un enfoque arqueológico e histórico, proponemos:

1. El desarrollo de una Ley que proteja y estimule la investigación de nuestro patrimonio histórico cultural.
2. Exigir que las leyes de protección arqueológica y patrimonial, sean ejecutadas y respetadas por las entidades y agencias federales en Puerto Rico.
3. Que las leyes de protección arqueológica subacuáticas de Puerto Rico, no permitan la privatización del patrimonio y se ajusten para estar en armonía con la convención internacional de la UNESCO del 2001 relacionada al Patrimonio Cultural Sumergido.
4. Que el Gobierno estatal imponga un impuesto del 1 por ciento al costo bruto de construcción, a los proyectos de más de un millón de dólares, para financiar las investigaciones y estudios arqueológicos en Puerto Rico. El 40 por ciento de los fondos se le otorgarían al Centro de Investigación Arqueológica en la Universidad de Puerto Rico, 20 por ciento a la División de Arqueología de ICP, 20 por ciento al Consejo de Arqueología Terrestre, 20 por ciento al Consejo de Arqueología Subacuática.
5. Que las entidades gubernamentales que aprueben o endosen proyectos de construcción, que puedan impactar sitios de valor arqueológico, sean dirigidas y formadas por arqueólogos y no por burócratas, jefes de agencias o miembros de gabinete del gobernador de turno.
6. La colegiación de la profesión de todas las ramas de la arqueología científica que incluya las diversas especialidades: la histórica, la prehistórica, la paleontología y la subacuática, entre otras.

1. EN EL EJERCICIO DE LA PLENA SOBERANÍA

Algunos asuntos, muchos de extrema importancia, no pueden resolverse en todo o en parte, nada más que mediante el ejercicio de la plena Independencia. Porque éste es el programa de acción política para las elecciones de 2016 y para los años sucesivos hasta la aprobación de otro programa que lo sustituya, no habremos de entrar en el detalle y pormenores. Baste con señalar a modo de ejemplo, algunos asuntos fundamentales:

1. Las comunicaciones de radio y televisión están reglamentadas por la Comisión Federal de Comunicaciones que nos ha sido impuesta. Por ello estamos imposibilitados de ofrecer las más elementales protecciones a l@s trabajador@s de esos medios de comunicación.
2. El establecimiento de una política nacional puertorriqueña en torno a las comunicaciones, incluyendo las nuevas modalidades que han surgido y que incluyen, entre otras, las comunicaciones electrónicas, las comunicaciones celulares por satélites, la digitalización de la radio y la televisión y otros, actualmente están regidas en lo fundamental por la política norteamericana que impide el establecimiento de unos principios necesarios para la protección de l@s puertorriqueñ@s.
3. Los programas de intercambio cultural, las delegaciones de artistas o grupos culturales a otras naciones, el mercadeo y la venta de productos culturales, como por ejemplo los cinematográficos, están vinculados en todos los países que tienen productos de esta naturaleza para ofrecer, incluyendo música, teatro, danza y artes plásticas, entre otros, a las embajadas y a los agregados culturales que son solo posibles en la Independencia.
4. El mercadeo internacional mediante acuerdos o tratados internacionales, como la compraventa de libros y otros materiales de la cultura son solo factibles entre naciones soberanas e independientes.

Programa de Gobierno 2016

Educación Física, Deporte y Recreación

1. INTRODUCCIÓN

El Partido Independentista Puertorriqueño, consciente del papel que juega el deporte, la educación física y la recreación en el desarrollo integral y la salud holística de nuestra sociedad puertorriqueña, se siente comprometido con la promoción y auspicio de estas indispensables disciplinas formativas, no solamente para beneficio de los sectores más privilegiados y físicamente dotados, sino para tod@s l@s puertorriqueñ@s.  Estas disciplinas, que han formado parte del quehacer social a través de las edades, son instrumentos de expresión cultural y excelentes recursos para la promoción de la salud, el bienestar colectivo y el mejoramiento cognitivo de nuestra juventud contemporánea. De ahí nuestra postura institucional de percibirlas como un “derecho para toda la vida y para todos los sectores demográficos de nuestra sociedad”.

Reconocemos, igualmente, que la actividad física en todas sus manifestaciones constituye un extraordinario aliado de la salud preventiva y como tal, lo percibimos no como un gasto, sino como una importante inversión gubernamental. Estudios recientes indican que el 65% de la población adulta y el 34% de la niñez puertorriqueña confrontan problemas de sobrepeso y obesidad con las implicaciones que ello representa para la salud, la productividad y la economía de los pueblos. La recreación, por su parte, nos permite emplear nuestro tiempo libre en actividades de sana participación para el esparcimiento individual y para combatir el estrés y la fatiga corporal de nuestros tiempos.

Desde ese punto de vista,  entendemos que el gobierno tiene el deber ministerial de designar los recursos necesarios (personal, instalaciones, materiales y presupuesto) para optimizar la participación de la ciudadanía en las tres disciplinas anteriormente indicadas.  Entendemos, además, que el programa de educación física escolar debe ser la punta de lanza de todo plan de desarrollo deportivo a corto, mediano y a largo plazo. De ahí la urgente necesidad de fortalecer la educación física escolar en todos los niveles educativos, no solamente para fomentar la salud, el desarrollo motor y las capacidades cognitivas del estudiantado, sino para identificar niñ@s físicamente talentosos para beneficio de los programas formativos de las federaciones adscritas al Comité Olímpico de Puerto Rico.

A tales efectos, el Partido Independentista Puertorriqueño se propone impulsar e implementar las siguientes propuestas para maximizar la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña mediante la sana participación en estas disciplinas:

A. METAS Y OBJETIVOS

1. Hacer cumplir el currículo vigente de educación física escolar basado en el Modelo de Significado Personal (Jewett y Bain, 1986) con su esquema conceptual de propósito-proceso (Jewett y Mullan, 1976) según reza la ley orgánica 149.

2. Reconocer y valorizar la importancia de la educación física en el Currículo Escolar para que se cumpla con la enseñanza de los 22 conceptos de la educación física. Estos conceptos, a su vez, están alineados secuencialmente permitiendo el desarrollo de los estándares y expectativas por grado. (Carta circular de organización escolar - documento de estándares y expectativas por grado del DEPR, 2011).

3. Ofrecer becas a los maestros para estudios de Maestría y Doctorado (5 Maestrías y 5 Doctorados anualmente).

4. Establecer pareo de fondos recurrentes para capacitación, educación continua y mejoramiento profesional del educador físico.

B. COMPROMISOS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

1. Designar, como mínimo, un Maestro certificado por cada nivel educativo.

2. Designar un Maestro certificado por cada 150 estudiantes.

3. Elevar la enseñanza a 5 días a la semana.

4. Enfatizar la fase instruccional del programa.

5. Dotar al programa de salón e instalaciones adecuadas.

6. Elevar el presupuesto anual del programa a $2,000 por Escuela.

7. Establecer el Instituto Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación (INDER) con recursos humanos (maestr@s de Educación Física, entrenador@s deportiv@s, preparador@s físicos, promotor@s de recreación) altamente cualificado para la planificación, reglamentación e implantación de un programa científicamente diseñado para el fortalecimiento de estas tres disciplinas.

8. Reconocer el rango constitucional de la Educación Física y la Educación Especial que le ha conferido el gobierno, para garantizar el fiel cumplimiento ministerial del Departamento de Educación de Puerto Rico.

9. Establecer dos Escuelas Técnico-deportivas similares a la del Albergue Olímpico de Salinas para beneficio de los estudiantes atletas de las regiones educativas de Mayagüez y Arecibo.

10. Despolitizar el Departamento de Recreación y Deportes designando administradores y líderes por términos de 10 años. Los mismos serán especialistas en educación física, deportes y recreación.

11. Restablecer el Programa formativo de Masificación del Deporte para desahogar económicamente a los padres de los altos costos del deporte infantil y juvenil.

12. Establecer política pública para proteger y evitar el desplazamiento de nuestros atletas de alto rendimiento ante la avalancha de refuerzos extranjeros en las ligas universitarias y profesionales.

13. Revitalizar los servicios recreativos y desarrollar programas de actividades y eficiencia física en las comunidades para las poblaciones con diversidad funcional, incluyendo a los adult@s mayores.

14. Convertir al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en facilitador, asesor y promotor de actividades deportivas y eficiencia física en las comunidades. Ello implica que el DRD deberá transferir a los municipios su función de administrar y conducir los programas de desarrollo deportivo infantil y juvenil para evitar la dualidad de programas.  De allí deberán salir las niñ@s deportivamente talentosos para los programas de las federaciones adscritas al Comité Olímpico de Puerto Rico.

15. Combatir la exclusión de niñ@s de escasos recursos en los programas de desarrollo deportivo ante los altos costos de matrícula en los clubes privados. En ese sentido, los municipios deberán organizar programas de desarrollo deportivo similar a los clubes privados.

16. Implantar Pruebas antropométricas en todos los niveles educativos para establecer el Perfil fisiológico del estudiante puertorriqueño.

17. Coordinar esfuerzos entre los Departamentos de Recreación y Deportes, Educación, UPR, Salud, Familia y Corrección para instaurar un Programa Nacional de Eficiencia Física, en el cual se incluyan los Promotores de Salud Comunitaria (PSC) y el concepto de Comunidades Saludables discutidos en la sección del Plan Nacional de Salud para el Siglo XXI de este Programa de Gobierno 2016. 

18. Promover la construcción de Complejos Deportivos infantiles y juveniles municipales para liberar a las urbanizaciones y áreas residenciales de eventos deportivos.

19. Impulsar la revisión del Reglamento de elegibilidad de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) a los efectos de declarar elegibles a los estudiantes atletas de primer año de estudios universitarios.

20. Establecer un Programa Nacional de Atletismo infantil y juvenil con guías curriculares científicamente diseñadas bajo la supervisión y dirección de especialistas de Pista y Campo.

21. Todas y cada una de las propuestas aquí incluidas, más otras que puedan ser eventualmente incorporadas, deberán formar parte de un Plan Nacional que le dé sentido y dirección a la participación de la ciudadanía en estas disciplinas.