NO MÁS COMPLICIDAD
Por Denis Márquez
Secretario de Organización
Partido Independentista Puertorriqueño
Artículo METRO 13/marzo/2015
Los sectores mas disimiles de la sociedad puertorriqueña se han expresado en contra del llamado proyecto de ley de "transformación del sistema contributivo". Múltiples han sido las razones para objetar comenzando por la clandestinidad que asumió el gobierno con respecto a los estudios e información que dieron base al proyecto. Su negativa de hacer pública la información fue el preámbulo a semanas de cuestionamiento general al contenido del proyecto, a la demagógica campaña política del gobernador pagada con fondos públicos y finalmente al bochornoso espectáculo de su mensaje televisivo que, lejos de ser un acto de reflexión sobre las objeciones al proyecto y de búsqueda de consenso, fue un burdo acto de fanfarronería política.
El falaz argumento de que más de 160 países independientes en el mundo tienen un sistema contributivo similar deja de considerar las particulares realidades económicas y sociales de cada uno. Brillaron por su ausencia en el proyecto planteamientos sobre crecimiento y desarrollo económico, programas y políticas de bienestar social, fortalecimiento de los servicios públicos -en particular de educación y de salud-, y la estructuración de un departamento, ministerio o entidad gubernamental capaz de recaudar los impuestos y fiscalizar a todos los contribuyentes. Igualmente ausentes están estos planteamientos en la administración pública del país.
Para transformar realmente el sistema contributivo de Puerto Rico es urgente e imperativo revisar todas las leyes e incentivos que cobijan a personas y sobre todo aquellas que conciernen a las corporaciones, en particular a las del exterior que reciben del gobierno "regalos" contributivos. Es alarmante el hecho de que a estas corporaciones se les exija el mínimo y a veces ningún pago de contribuciones, como vacas sagradas que el gobierno no quiere tocar. Mientras, apuñalan el bolsillo de miles de familias con un IVA que no va a garantizarnos los servicios sociales básicos y necesarios.
En los últimos años se han perdido miles de empleos, miles de personas continúan saliendo de Puerto Rico arropados por la desesperanza. Una caminata por el paseo de Diego de la ciudad universitaria de Rio Piedras y sus calles aledañas con decenas de negocios cerrados y edificios abandonados son el mejor ejemplo para entender nuestra crisis económica. Cada día se acrecienta la desigualdad social que se manifiesta en la violencia social, la drogodependencia, el aumento constante en el número de personas afectadas con diversas enfermedades. Para las mujeres el escenario es especialmente dramático. Un grupo de pipiolas señalaron recientemente en su Declaración en repudio al IVA: "En un país en el que el 59% de las mujeres vive bajo el nivel de la pobreza y el 24.2% de las mujeres son custodias de menores de edad, el impacto del IVA tendrá como efecto perpetuar las condiciones de desigualdad que vivimos las mujeres en Puerto Rico". Es en esta realidad económica estancada, quebrada, que se insiste en imponer el regresivo IVA del 16%.
Recae en las mayorías legislativas de Cámara y Senado la responsabilidad de detener la obstinación de su líder político de imponer lo que la mayoría del pueblo no quiere. Será su responsabilidad escuchar, entender y admitir los reclamos de los variados grupos sociales. Se trata no ya de enmendar un proyecto sino de detenerlo. Rechazarlo para no volver a ser cómplices como lo fueron con la mutilación a los sistemas de retiro, con la Ley 66 que afectó a miles de servidores públicos, con el impuesto a la gasolina. Complicidad que hoy nos hace tener ninguna esperanza en esa mayoría.
