UNA SOCIEDAD DIVERSA Y SOLIDARIA
Por Denis Márquez
Secretario de Organización PIP
Publicado en Periódico METRO
27 de marzo de 2015
Estamos en el siglo 21 y, afortunadamente, existen hace ya algún tiempo declaraciones de derechos humanos y constituciones que promulgan la igualdad de los seres humanos en sus derechos frente al estado. Su existencia es producto de intensas luchas por erradicar los diversos tipos de discrimen en las también diversas sociedades. Luchas dolorosas, históricas y fundamentales.
Puerto Rico no ha estado exento. Ejemplos importantes, por mencionar pocos, son las luchas contra la esclavitud y el prejuicio étnico-racial, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres al voto, a no ser discriminadas en el mundo del trabajo y las de las personas con diversidad funcional tanto en la educación como en la vida cotidiana, por su derecho a estudiar, trabajar y vivir con dignidad. En el contexto de los discrímenes contra sectores de la sociedad por pensar diferente y luchar por sus ideas, uno de los ejemplos más dramáticos de intolerancia, persecución y criminalización por parte de los gobiernos PPD/PNP ha sido el histórico discrimen contra el independentismo a pesar de la prohibición constitucional.
Otro ejemplo más reciente ha sido el de las comunidades LGBTTQ. Luchan por que se les reconozcan sus relaciones en igualdad de condiciones que al resto de la ciudadanía, para ejercer los mismo derechos concedidos al resto de la población, bajo la misma protección de las leyes. El derecho a casarse que está regulado por el Código Civil de Puerto Rico es uno de esos derechos.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico tomó recientemente la correcta determinación de no continuar con su oposición a la demanda radicada en el Tribunal Federal que plantea la inconstitucionalidad de la prohibición de que las parejas del mismo género puedan contraer matrimonio. Esta nueva determinación es consecuencia directa de la segura validación, el próximo verano, del derecho al matrimonio civil de los miembros de las comunidades LGBTTQ por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que, por nuestra realidad colonial, no solo es aplicable sino que obliga al gobierno de Puerto Rico. Abona al discrimen el que la legislatura y el ejecutivo no hayan actuado todavía para atemperar el Código Civil a nuestra realidad social y a la exigencia de derechos igualitarios. Tampoco podemos perder de perspectiva que aunque la Ley 22-2013 estableció como política pública el rechazo al discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo, en su proceso de aprobación la mayoría legislativa eliminó la política pública mucho más abarcadora que incluía una protección en todos los ámbitos de la gestión gubernamental, pública y privada. En respuesta, el PIP a través de la Senadora María de Lourdes Santiago, radicó el Proyecto de Ley 1139 para corregir la mutilación de derechos efectuada al aprobarse aquella ley prohibiendo el discrimen en el empleo. Este Proyecto, al igual que otros que amplían derechos, no ha sido considerado por las mayorías de ninguno de los cuerpos legislativos.
En el ámbito privado, el ejercicio al derecho de separación de iglesia y estado, las iglesias podrán ejercer distinciones en sus propios ritos religiosos. Pero el gobierno, quien debe ser el principal garante de la protección de nuestros derechos constitucionales, sobre todo de los derechos humanos, tiene la obligación no solo de promover la igualdad y la equidad, sino de protegernos a través de las leyes y la gestión pública. Eso es el derecho a casarse sin importar género u orientación sexual y sólo quienes contraen ese compromiso pueden determinar si quieren o no ejercerlo. La igual protección de las leyes, la inviolabilidad de la dignidad, la eliminación del discrimen tienen que incluir a todos los seres humanos, sus afectos, más allá de orientaciones sexuales. De esa forma es que aspiramos y concretamos una sociedad inclusiva, solidaria y sobre todo más justa para nuestras relaciones humanas.
